Plan B

Lydia Cacho El Universal Lunes 21 de septiembre de 2009

Cada vez que el presidente Calderón alude al patriotismo manipulador para convencernos de sus equivocadas decisiones políticas (desde una guerra imposible de ganar hasta los impuestos que nos empobrecerán más) me invade un sentimiento de desazón. Todo México está bombardeado por falsos mensajes mediáticos acompañados de famosos periodistas que se han convertido en voceros presidenciales y policiacos. Argumentan que no hay más remedio que solapar la guerra, la militarización y el espectáculo justiciero a costa de la injusticia. Calderón sabe que somos un país abrazado por el miedo y la incertidumbre que lo mejor es dividir, regañar y simplificar aludiendo al fervor patriótico. El problema es que cada vez le resulta más difícil ocultar el agujero negro de esta guerra: la ausencia de estado de derecho. Nadie puede negar la necesidad de combatir al crimen organizado o indignarse ante la ola de secuestros; sin embargo no hay excusa para promover la simulación de la justicia y una crisis de derechos humanos. Por un lado Calderón asegura que la militarización de Chihuahua no es negociable por el historial de corrupción de los cuerpos policiacos, cuyos culpables son las anteriores administraciones. Acto seguido elige como abogado de la nación al ex procurador de Chihuahua, que según la propia hipótesis presidencial es parte de esa poluta corporación que entregó el estado al cártel de Juárez. Las cárceles del país están rebasadas, los gobernadores se quejan sistemáticamente de que los cárteles están tomando las prisiones, atiborradas de delincuentes cuyas redes externas les permiten crear una industria privada tras las rejas. Los jueces liberan a sicarios y narcos encerrados hace tres años para recibir a los recién llegados. El Consejo de la Judicatura Federal asegura que mil 289 denuncias contra secuestradores están archivadas por falta de arrestos. Ese número es de antes del 2008, del boom antisecuestro. Imagino las cifras del 2010. Al mismo tiempo los casos más simbólicos, como el de Florence Casséz, hacen agua con expedientes mal armados, testigos falsos, contradicciones evidentes, manipulación mediática y “pruebas” inexistentes que incitan a la sospecha. Tremendo escándalo internacional se armará si los abogados logran demostrar, como en el caso de Miss Sinaloa, que el pecado de la francesa fue hacerse novia de un truhán. Los juzgados del país, sumidos en un gran desconcierto, están rebasados por una guerra que no contempló que se necesitaba un sistema de justicia penal estructurado y funcional antes de arrestar a miles de personas. Cada vez se consignan más casos de obtención de confesiones ayudadas con 48 horas de privación de sueño, torturas físicas y sicológicas. Bajo el precepto de que todos son culpables antes de demostrar lo contrario, esta guerra ofrece un macabro espectáculo de circo romano a una población que exige justicia al estilo haiga sido como haiga sido (Calderón dixit). La PGR en este año arrestó a 45 mil 141 delincuentes vinculados con el narcotráfico; según la autoridad sólo representan al 10% de los que deben ser apresados para debilitar a los siete grandes cárteles mexicanos. Eso sin contar a las bandas de secuestradores y tratantes de personas. La estructura judicial de México no está lista más que para fracasar en esta guerra, ¿lo habrá pensado el Presidente? ¿Seguirán jugando a que funciona?