La farsa legislativa
CARLOS ACOSTA CóRDOVA
Más allá de los detalles técnicos del paquete fiscal 2010 –algunos difíciles de entender en el papel pero cuyos efectos experimentaremos en carne propia–, el jaloneo en el Congreso reveló que detrás de las posturas que parecían irreconciliables estaban los cálculos electorales. En realidad los partidos están de acuerdo en que la única forma de tapar los boquetes presupuestales es el incremento de impuestos. Es decir, se descubrió lo que ya se sabía, incluida la eficacia real de dicha “solución” para la mayoría de los mexicanos...
Con el paquete fiscal, que tuvo al país en vilo y mantiene irritada a la población, pasó de todo:
–La Bolsa de Valores se convulsionó y el peso se tambaleó por la indefinición de los legisladores.
–Los dos grandes partidos chocaron de frente, pero también se dividieron internamente, no sin antes evidenciar que por encima de los intereses del país están los propios.
–Los legisladores, en particular los senadores, enseñaron el cobre: no sólo hicieron tarde la tarea de analizar el paquete fiscal, que llegó al Congreso desde el 8 de septiembre, pero que sabían iban a revisar cuando se los mandara la Cámara de Diputados; además, demostraron que poco entienden de cuestiones económicas.
–El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, debió haber bajado algunos kilos de tanto ir y venir, y arrastrar personalmente el lápiz ante legisladores para cuadrar las cuentas del paquete y convencerlos de lo graves que están las finanzas públicas y de la urgencia de sacar recursos hasta de las piedras.
Además, Carstens tuvo que hacerla de apagafuegos dos veces: primero, para calmar a los priistas, que hicieron un megaberrinche porque César Nava, el presidente del PAN, les imputó a los diputados la confección de un paquete fiscal “incompleto e insuficiente”; después, para tranquilizar a unos airados empresarios que se sintieron ofendidos y humillados porque el presidente de la República los acusó de no pagar impuestos o de hacerlo rara vez y en montos ínfimos.
–Una virulenta reacción de los empresarios nacionales, sobre todo de los grandes, contra el gobierno, los partidos, los legisladores y los políticos en general –son “mediocres” y “no tienen visión de largo plazo”, calificaron algunos hombres de negocios–, pues ahora sí sintieron lastimados sus intereses y sus comodidades, con mayores cargas impositivas y la exhibición pública de que trampean olímpicamente al fisco.
–En medio de todo ello, el presidente Calderón extraviado, sin liderazgo ni entre los legisladores de su partido; sin capacidad de decisión, atrapado en lo que otros resuelvan, hechos que lo han llevado a la desesperación, al extremo de enfrentarse de manera insólita al gran empresariado… a muchos de cuyos miembros debe, en parte, la Presidencia.
Pero al final de todo el circo que protagonizaron legisladores y gobierno, el resultado es el mismo que se esperaba desde el principio: todos a pagar.
En 2010, todo lo que compremos será más caro, pues el IVA será de 16%; los asalariados y los profesionistas independientes con ingresos superiores a 10 mil 300 pesos mensuales ganarán, en términos netos, menos que en este año; las empresas, como éstos, deberán pagar un ISR máximo de 30%.
Los grandes consorcios que consolidan y difieren tributos tendrán que empezar a pagar los impuestos que le deben al fisco; usuarios de televisión por cable y de telefonía celular pagarán más por ellos, lo mismo que los aficionados a los juegos y sorteos, así como los consumidores de tabaco, las cervezas y otras bebidas alcohólicas.
Pequeños comerciantes, microempresarios, informales los más, pero también quienes se dedican al lavado de dinero y, en general a la economía criminal, sufrirán un descuento de 3% cada vez que depositen –en un mes– más de 15 mil pesos en el banco.
u u u
Ningún año ha sido fácil la discusión del paquete económico en el Congreso, pero esta vez se complicó por la extrema politización y partidización de las negociaciones. La mira puesta en las elecciones de 2012 estropeó y entrampó el proceso de discusión y aprobación del paquete económico, en la parte de ingresos. Y todavía falta el presupuesto, que de suyo es siempre conflictivo: todos quieren más recursos.
Con mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI fue mano en darle ese giro a las negociaciones. En mente la posibilidad real de encabezar la próxima Presidencia de la República, se dedicó desde el principio a golpetear la propuesta gubernamental de programa económico para el próximo año.
Desde que llegaron al Congreso las iniciativas, los priistas fueron incisivos: que era una aberración crear y aumentar impuestos en medio de la recesión; que saldría lastimada la población más pobre; que, sin imaginación de la Secretaría de Hacienda, el fisco se recargaría en los contribuyentes cautivos, en los de siempre; que el gobierno no tenía idea de lo que estaba haciendo; que no incentivaba la economía; que marchaba a contrapelo de lo que se hace en otras economías del mundo; que sólo buscaba llenar el boquete fiscal de 300 mil millones del próximo año; que…
Y, entonces, prometió el PRI enmendarle la plana al gobierno; que le diría cómo se hacen las cosas, porque el partido sí sabe cómo gobernar.
Al final resultó que no hubo mayor esfuerzo intelectual ni técnico ni financiero del PRI. Sus legisladores sólo bordaron sobre lo que propuso el gobierno, con ajustes y parches, pero con el mismo resultado que buscaba el gobierno federal.
Sólo les quedó el expediente de la retórica. Politizar el tema de los impuestos y tratar de endilgarle el costo político al PAN y al gobierno. Así fue desde el principio, antes de que en la Cámara de Diputados se aprobara el paquete fiscal.
Y así lo dejó entrever el diputado David Penchyna, en entrevista con Proceso previa a dicha aprobación:
“El grado de politización de los impuestos en nuestra joven democracia ha sido brutal. El PAN usó en campaña el IVA para matar al PRI en el 2000 (cinco años antes el PRI aprobó un aumento del IVA de 10% a 15%). Fue el PAN el que satanizó al IVA, fue el PAN el que satanizó la reforma energética (con Zedillo), fue el PAN.”
Pero todo eso se revierte, dice, “porque la democracia no es más que un sistema de gobierno que te da la oportunidad de quitar y poner gobernantes. No es ni más ni menos que eso. Y no es menor.
“La materia impositiva es lumbre. Nadie va a estar contento si pones o subes un impuesto”, dice Penchyna.
Y el PRI actuó en consecuencia. Había que politizar el tema de los impuestos. Cargarle el costo político al gobierno y a su partido.
Aunque fueron conflictivos todos los temas –los nuevos impuestos a telecomunicaciones y las alzas en ISR, IDE y IEPS–, los que incendiaron el debate fueron, precisamente, el IVA y el acotamiento en el esquema de consolidación fiscal, que permite a los corporativos diferir impuestos, lo que en la práctica se ha traducido en no pagarlos.
Rechazado el nuevo impuesto propuesto por el gobierno, de 2% generalizado al consumo –que gravaba alimentos y medicinas–, la salida compartida entre PRI y gobierno fue aumentar un punto porcentual a la tasa del IVA para dejarla en 16% a nivel general y en 11% en la frontera.
Pero el PRI prácticamente obligó al gobierno a asumir la paternidad del cambio, aunque una gran mayoría de legisladores priistas, impulsados por sus gobernadores, avalaron el cambio, pues éste garantizaba recursos para estados y municipios.
Nunca hubo una discusión técnica en torno del IVA. No se puso sobre la mesa, por ejemplo, que por los tratamientos diferenciados en ese impuesto no sólo se subsidia más a la gente de mayores recursos –obvio: los que ganan más, los que más tienen, consumen más–, sino que el fisco deja de recibir cada año enormes cantidades de dinero.
Por ejemplo, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la tasa cero aplicable a alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, suministro de agua potable, maquiladoras y servicios de hotelería y conexos para extranjeros, este año dejarán de entrar a las arcas públicas 108 mil 400 millones de pesos.
También, por los servicios que están exentos del pago de IVA –servicios médicos, de enseñanza, transporte público terrestre de personas, espectáculos públicos y vivienda (venta, renta, pago de intereses de créditos hipotecarios)– no ingresarán al erario 34 mil 500 millones de pesos.
Y por la tasa baja en la frontera, se esfumarán 15 mil 600 millones.
No se discutió siquiera que por esos tratamientos y tasas diferenciadas, además del gran beneficio para los que más consumen, se da el gran abuso de las grandes empresas, que ha significado la abultada interposición de juicios de amparo que obligan a la autoridad a devolver a esos contribuyentes grandes sumas de dinero.
Cifras de Hacienda señalan que entre 2001 y 2005, por concepto de ISR, pero sobre todo de IVA, el gobierno hizo devoluciones por 47 mil 200 millones de pesos, una cantidad que, por ejemplo, duplica el presupuesto anual de la UNAM.
Eso por la vía de los amparos. Pero según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el total de las devoluciones –con y sin amparo– alcanza cifras estratosféricas. Entre 2000 y 2005 –según la revisión de la Cuenta Pública del último año, publicada en 2007 por la ASF– dichas devoluciones fueron por 680 mil millones de pesos, y de esa cantidad casi 80% (544 mil millones de pesos) fue por IVA.
Nada de eso se discutió. Palabra “maldita” y políticamente “incorrecta”, pues es sinónimo de ir contra los pobres –aunque se subsidie generosamente a los ricos–, el IVA transitó entre el fundamentalismo de los partidos de izquierda y el cálculo político de PAN y PRI, que los enfrentaría con sus electores. En el PRD y los partidos afines ni siquiera discutieron internamente el tema, pues por default iban a rechazar cualquier cambio. Y por eso mismo sorprendió que, en tribuna, el senador perredista René Arce hiciera una insólita y extraña defensa del IVA.
PAN y PRI debieron apechugar, pero se fueron por la vía más fácil, que era aumentar la tasa un punto antes que discutir la estructura del impuesto y revisar sus huecos, por lo menos para evitar las exorbitantes devoluciones. Así, con todo y el ruido que se hizo en el Senado, se aprobó aumentar la tasa un punto porcentual, como decidieron los diputados, para quedar en 16%, que le dejará al fisco 30 mil millones de pesos, muy por debajo de los 77 mil millones que quería el gobierno con el 2% “contra la pobreza”.
En ello, por supuesto, operaron con fuerza los gobernadores –del PRI sobre todo–, pues estaba en juego la tajada que de esa recaudación les tocaría.
El otro tema que incendió el debate fue el de la consolidación fiscal, un esquema preferencial dentro del ISR que permite a los corporativos tributar como una sola entidad, compensando pérdidas contra ganancias de las empresas del mismo grupo, y les autoriza a diferir el pago del impuesto.
Desde la propia iniciativa presidencial venían argumentos contundentes: en el país hay 4 mil 862 empresas que consolidan, integradas en 422 grupos empresariales. Todos éstos, en 2008, hicieron un pago promedio de ISR por 1.78%, cuando la tasa general es de 28%.
Si bien muchos países tienen el esquema de la consolidación –cuyo propósito es facilitarles a los conglomerados empresariales la posibilidad de invertir, modernizarse, contar con liquidez–, el problema en México es que dichos grupos, por defectos de la ley, siempre encuentran la manera de diferir al infinito el pago de sus impuestos.
O como dijo Calderón: no pagan, rara vez lo hacen, y cuando lo hacen pagan una cantidad mínima.
La propuesta presidencial era acotar a cinco años el diferimiento y que a partir de 2010 empezaran a pagar el saldo de los impuestos diferidos en los cinco años anteriores. Quería el gobierno que el primer pago fuera de 60% y luego cuatro anualidades de 10%; los diputados le bajaron: el primer pago, el próximo año, sería de 40%, y de 15% los siguientes cuatro años.
Pero los empresarios entraron en rebelión. No pudieron hacer gran cosa con los diputados –no les pareció suficiente la reducción; querían que la consolidación se quedara como está– y emprendieron un cabildeo intenso con los senadores. Amagaron con una lluvia de amparos, pues la medida, según ellos, es inconstitucional porque es retroactiva.
Los senadores terminaron aprobando la propuesta oficial, avalada por los diputados, pero con cambios que suavizan el golpe a los corporativos y que, no obstante, al final los obligará a pagar. Ya la Auditoría Superior de la Federación, desde hace dos años, había detectado y denunciado –aunque nuca le hicieron caso– que había empresas con ingresos superiores a 500 millones de pesos cuyo pago neto de impuestos, en IVA y ISR, no llegaba ni a 100 pesos.
Así, las grandes empresas que consolidan y difieren impuestos pagarán hasta junio de 2010 el 25% del saldo de los impuestos diferidos de 2004 a 2009; un año después pagarán otro 25%; al tercer año, pagarán 20%, y los dos siguientes 15% cada uno. Y así será en lo sucesivo: sólo podrán diferir por cinco años; al sexto, a pagar.
Vaya, por lo menos.
Pero el resto no se olvida: el IVA pasa de 15% a 16%; el ISR, de 28 a 30%; el IDE, de 2% a 3%; las telecomunicaciones, con un nuevo impuesto de 3%; suben la cerveza, otras bebidas alcohólicas, cigarros y juegos y sorteos.
Todos, pues, a pagar más. Y a ganar menos. Como quería el gobierno. Como aceptaron diputados y senadores.
Con el paquete fiscal, que tuvo al país en vilo y mantiene irritada a la población, pasó de todo:
–La Bolsa de Valores se convulsionó y el peso se tambaleó por la indefinición de los legisladores.
–Los dos grandes partidos chocaron de frente, pero también se dividieron internamente, no sin antes evidenciar que por encima de los intereses del país están los propios.
–Los legisladores, en particular los senadores, enseñaron el cobre: no sólo hicieron tarde la tarea de analizar el paquete fiscal, que llegó al Congreso desde el 8 de septiembre, pero que sabían iban a revisar cuando se los mandara la Cámara de Diputados; además, demostraron que poco entienden de cuestiones económicas.
–El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, debió haber bajado algunos kilos de tanto ir y venir, y arrastrar personalmente el lápiz ante legisladores para cuadrar las cuentas del paquete y convencerlos de lo graves que están las finanzas públicas y de la urgencia de sacar recursos hasta de las piedras.
Además, Carstens tuvo que hacerla de apagafuegos dos veces: primero, para calmar a los priistas, que hicieron un megaberrinche porque César Nava, el presidente del PAN, les imputó a los diputados la confección de un paquete fiscal “incompleto e insuficiente”; después, para tranquilizar a unos airados empresarios que se sintieron ofendidos y humillados porque el presidente de la República los acusó de no pagar impuestos o de hacerlo rara vez y en montos ínfimos.
–Una virulenta reacción de los empresarios nacionales, sobre todo de los grandes, contra el gobierno, los partidos, los legisladores y los políticos en general –son “mediocres” y “no tienen visión de largo plazo”, calificaron algunos hombres de negocios–, pues ahora sí sintieron lastimados sus intereses y sus comodidades, con mayores cargas impositivas y la exhibición pública de que trampean olímpicamente al fisco.
–En medio de todo ello, el presidente Calderón extraviado, sin liderazgo ni entre los legisladores de su partido; sin capacidad de decisión, atrapado en lo que otros resuelvan, hechos que lo han llevado a la desesperación, al extremo de enfrentarse de manera insólita al gran empresariado… a muchos de cuyos miembros debe, en parte, la Presidencia.
Pero al final de todo el circo que protagonizaron legisladores y gobierno, el resultado es el mismo que se esperaba desde el principio: todos a pagar.
En 2010, todo lo que compremos será más caro, pues el IVA será de 16%; los asalariados y los profesionistas independientes con ingresos superiores a 10 mil 300 pesos mensuales ganarán, en términos netos, menos que en este año; las empresas, como éstos, deberán pagar un ISR máximo de 30%.
Los grandes consorcios que consolidan y difieren tributos tendrán que empezar a pagar los impuestos que le deben al fisco; usuarios de televisión por cable y de telefonía celular pagarán más por ellos, lo mismo que los aficionados a los juegos y sorteos, así como los consumidores de tabaco, las cervezas y otras bebidas alcohólicas.
Pequeños comerciantes, microempresarios, informales los más, pero también quienes se dedican al lavado de dinero y, en general a la economía criminal, sufrirán un descuento de 3% cada vez que depositen –en un mes– más de 15 mil pesos en el banco.
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Ningún año ha sido fácil la discusión del paquete económico en el Congreso, pero esta vez se complicó por la extrema politización y partidización de las negociaciones. La mira puesta en las elecciones de 2012 estropeó y entrampó el proceso de discusión y aprobación del paquete económico, en la parte de ingresos. Y todavía falta el presupuesto, que de suyo es siempre conflictivo: todos quieren más recursos.
Con mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI fue mano en darle ese giro a las negociaciones. En mente la posibilidad real de encabezar la próxima Presidencia de la República, se dedicó desde el principio a golpetear la propuesta gubernamental de programa económico para el próximo año.
Desde que llegaron al Congreso las iniciativas, los priistas fueron incisivos: que era una aberración crear y aumentar impuestos en medio de la recesión; que saldría lastimada la población más pobre; que, sin imaginación de la Secretaría de Hacienda, el fisco se recargaría en los contribuyentes cautivos, en los de siempre; que el gobierno no tenía idea de lo que estaba haciendo; que no incentivaba la economía; que marchaba a contrapelo de lo que se hace en otras economías del mundo; que sólo buscaba llenar el boquete fiscal de 300 mil millones del próximo año; que…
Y, entonces, prometió el PRI enmendarle la plana al gobierno; que le diría cómo se hacen las cosas, porque el partido sí sabe cómo gobernar.
Al final resultó que no hubo mayor esfuerzo intelectual ni técnico ni financiero del PRI. Sus legisladores sólo bordaron sobre lo que propuso el gobierno, con ajustes y parches, pero con el mismo resultado que buscaba el gobierno federal.
Sólo les quedó el expediente de la retórica. Politizar el tema de los impuestos y tratar de endilgarle el costo político al PAN y al gobierno. Así fue desde el principio, antes de que en la Cámara de Diputados se aprobara el paquete fiscal.
Y así lo dejó entrever el diputado David Penchyna, en entrevista con Proceso previa a dicha aprobación:
“El grado de politización de los impuestos en nuestra joven democracia ha sido brutal. El PAN usó en campaña el IVA para matar al PRI en el 2000 (cinco años antes el PRI aprobó un aumento del IVA de 10% a 15%). Fue el PAN el que satanizó al IVA, fue el PAN el que satanizó la reforma energética (con Zedillo), fue el PAN.”
Pero todo eso se revierte, dice, “porque la democracia no es más que un sistema de gobierno que te da la oportunidad de quitar y poner gobernantes. No es ni más ni menos que eso. Y no es menor.
“La materia impositiva es lumbre. Nadie va a estar contento si pones o subes un impuesto”, dice Penchyna.
Y el PRI actuó en consecuencia. Había que politizar el tema de los impuestos. Cargarle el costo político al gobierno y a su partido.
Aunque fueron conflictivos todos los temas –los nuevos impuestos a telecomunicaciones y las alzas en ISR, IDE y IEPS–, los que incendiaron el debate fueron, precisamente, el IVA y el acotamiento en el esquema de consolidación fiscal, que permite a los corporativos diferir impuestos, lo que en la práctica se ha traducido en no pagarlos.
Rechazado el nuevo impuesto propuesto por el gobierno, de 2% generalizado al consumo –que gravaba alimentos y medicinas–, la salida compartida entre PRI y gobierno fue aumentar un punto porcentual a la tasa del IVA para dejarla en 16% a nivel general y en 11% en la frontera.
Pero el PRI prácticamente obligó al gobierno a asumir la paternidad del cambio, aunque una gran mayoría de legisladores priistas, impulsados por sus gobernadores, avalaron el cambio, pues éste garantizaba recursos para estados y municipios.
Nunca hubo una discusión técnica en torno del IVA. No se puso sobre la mesa, por ejemplo, que por los tratamientos diferenciados en ese impuesto no sólo se subsidia más a la gente de mayores recursos –obvio: los que ganan más, los que más tienen, consumen más–, sino que el fisco deja de recibir cada año enormes cantidades de dinero.
Por ejemplo, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la tasa cero aplicable a alimentos, medicinas, libros, periódicos y revistas, suministro de agua potable, maquiladoras y servicios de hotelería y conexos para extranjeros, este año dejarán de entrar a las arcas públicas 108 mil 400 millones de pesos.
También, por los servicios que están exentos del pago de IVA –servicios médicos, de enseñanza, transporte público terrestre de personas, espectáculos públicos y vivienda (venta, renta, pago de intereses de créditos hipotecarios)– no ingresarán al erario 34 mil 500 millones de pesos.
Y por la tasa baja en la frontera, se esfumarán 15 mil 600 millones.
No se discutió siquiera que por esos tratamientos y tasas diferenciadas, además del gran beneficio para los que más consumen, se da el gran abuso de las grandes empresas, que ha significado la abultada interposición de juicios de amparo que obligan a la autoridad a devolver a esos contribuyentes grandes sumas de dinero.
Cifras de Hacienda señalan que entre 2001 y 2005, por concepto de ISR, pero sobre todo de IVA, el gobierno hizo devoluciones por 47 mil 200 millones de pesos, una cantidad que, por ejemplo, duplica el presupuesto anual de la UNAM.
Eso por la vía de los amparos. Pero según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el total de las devoluciones –con y sin amparo– alcanza cifras estratosféricas. Entre 2000 y 2005 –según la revisión de la Cuenta Pública del último año, publicada en 2007 por la ASF– dichas devoluciones fueron por 680 mil millones de pesos, y de esa cantidad casi 80% (544 mil millones de pesos) fue por IVA.
Nada de eso se discutió. Palabra “maldita” y políticamente “incorrecta”, pues es sinónimo de ir contra los pobres –aunque se subsidie generosamente a los ricos–, el IVA transitó entre el fundamentalismo de los partidos de izquierda y el cálculo político de PAN y PRI, que los enfrentaría con sus electores. En el PRD y los partidos afines ni siquiera discutieron internamente el tema, pues por default iban a rechazar cualquier cambio. Y por eso mismo sorprendió que, en tribuna, el senador perredista René Arce hiciera una insólita y extraña defensa del IVA.
PAN y PRI debieron apechugar, pero se fueron por la vía más fácil, que era aumentar la tasa un punto antes que discutir la estructura del impuesto y revisar sus huecos, por lo menos para evitar las exorbitantes devoluciones. Así, con todo y el ruido que se hizo en el Senado, se aprobó aumentar la tasa un punto porcentual, como decidieron los diputados, para quedar en 16%, que le dejará al fisco 30 mil millones de pesos, muy por debajo de los 77 mil millones que quería el gobierno con el 2% “contra la pobreza”.
En ello, por supuesto, operaron con fuerza los gobernadores –del PRI sobre todo–, pues estaba en juego la tajada que de esa recaudación les tocaría.
El otro tema que incendió el debate fue el de la consolidación fiscal, un esquema preferencial dentro del ISR que permite a los corporativos tributar como una sola entidad, compensando pérdidas contra ganancias de las empresas del mismo grupo, y les autoriza a diferir el pago del impuesto.
Desde la propia iniciativa presidencial venían argumentos contundentes: en el país hay 4 mil 862 empresas que consolidan, integradas en 422 grupos empresariales. Todos éstos, en 2008, hicieron un pago promedio de ISR por 1.78%, cuando la tasa general es de 28%.
Si bien muchos países tienen el esquema de la consolidación –cuyo propósito es facilitarles a los conglomerados empresariales la posibilidad de invertir, modernizarse, contar con liquidez–, el problema en México es que dichos grupos, por defectos de la ley, siempre encuentran la manera de diferir al infinito el pago de sus impuestos.
O como dijo Calderón: no pagan, rara vez lo hacen, y cuando lo hacen pagan una cantidad mínima.
La propuesta presidencial era acotar a cinco años el diferimiento y que a partir de 2010 empezaran a pagar el saldo de los impuestos diferidos en los cinco años anteriores. Quería el gobierno que el primer pago fuera de 60% y luego cuatro anualidades de 10%; los diputados le bajaron: el primer pago, el próximo año, sería de 40%, y de 15% los siguientes cuatro años.
Pero los empresarios entraron en rebelión. No pudieron hacer gran cosa con los diputados –no les pareció suficiente la reducción; querían que la consolidación se quedara como está– y emprendieron un cabildeo intenso con los senadores. Amagaron con una lluvia de amparos, pues la medida, según ellos, es inconstitucional porque es retroactiva.
Los senadores terminaron aprobando la propuesta oficial, avalada por los diputados, pero con cambios que suavizan el golpe a los corporativos y que, no obstante, al final los obligará a pagar. Ya la Auditoría Superior de la Federación, desde hace dos años, había detectado y denunciado –aunque nuca le hicieron caso– que había empresas con ingresos superiores a 500 millones de pesos cuyo pago neto de impuestos, en IVA y ISR, no llegaba ni a 100 pesos.
Así, las grandes empresas que consolidan y difieren impuestos pagarán hasta junio de 2010 el 25% del saldo de los impuestos diferidos de 2004 a 2009; un año después pagarán otro 25%; al tercer año, pagarán 20%, y los dos siguientes 15% cada uno. Y así será en lo sucesivo: sólo podrán diferir por cinco años; al sexto, a pagar.
Vaya, por lo menos.
Pero el resto no se olvida: el IVA pasa de 15% a 16%; el ISR, de 28 a 30%; el IDE, de 2% a 3%; las telecomunicaciones, con un nuevo impuesto de 3%; suben la cerveza, otras bebidas alcohólicas, cigarros y juegos y sorteos.
Todos, pues, a pagar más. Y a ganar menos. Como quería el gobierno. Como aceptaron diputados y senadores.
El Senado discute temas sensibles de la Ley de Ingresos
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