Nuevo León: “calientan la plaza”

Fecha: 8 Noviembre 2009 Archivo en: Articulos.

por: Arturo Rodríguez fecha: 07 de Noviembre, 2009

Nuevo León: “calientan la plaza”

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

San Pedro Garza Garcia, NL; 07 de noviembre.- El alcalde Mauricio Fernández Garza se envalentona ante el crimen organizado: “¿Quieren seguir? Pues ahí están las consecuencias, y ya”, advierte en entrevista días después de que anunció la ejecución de Héctor Saldaña Perales, El Negro –supuesto operador de los hermanos Beltrán Leyva–, y de tres personas más, en la Ciudad de México… cuatro horas antes de que los cuerpos fueran localizados por la policía capitalina.
Fernández Garza, connotado panista y miembro del influyente clan Garza Sada, aprovechó el marco de su toma de posesión como presidente municipal para confirmar la creación de un cuerpo de inteligencia –que ya le reportaba directamente– y de un “cuerpo de limpieza” para “hacer el trabajo rudo”. Y lanzó el reto: “Les anuncio que voy a tomar atribuciones que no me corresponden (en materia de seguridad), porque vamos a tomar el toro por los cuernos”.
El discurso inaugural del alcalde –el sábado 31 de octubre– causó alarma, pues implica la operación de un escuadrón de la muerte para combatir delitos de alto impacto, en el mejor de los casos, si no es que se dedicará a hacer una limpieza social, según varios analistas. Él lo niega; reconoce que está actuando fuera de la ley, “pero los delincuentes también”, se justifica.
Los presuntos delincuentes ejecutados presuntamente formaban parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Según el propio Fernández Garza, El Negro Saldaña era responsable de la reciente ola de secuestros en San Pedro y pretendía asesinarlo. El domingo 1 de noviembre, los diarios del grupo Reforma informaron que el alcalde anunció las ejecuciones cuatro horas antes de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal descubriera los cuerpos de Héctor Saldaña Perales y su hermano, Alan Mauricio, así como de César Rodríguez García y Carlos Cristian Saldaña Rodríguez.
De acuerdo con la procuraduría capitalina, fueron ejecutados el día anterior. Sus cuerpos estaban en una camioneta Chevrolet Equinox, con placas de Nuevo León, abandonada en la colonia Daniel Garza de la delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal.
Fernández Garza alega que consultó al gobernador Rodrigo Medina antes de hacer públicos los asesinatos. El mandatario priista le confirmó la información, dice el alcalde, pero el gobernador negó tener conocimiento de los hechos.
Mauricio Fernández Garza es alcalde de San Pedro por segunda ocasión (la primera fue de 1989 a 1991), y ya desde entonces se le conoce por rebasar sus atribuciones legales, pero ahora ha hecho del crimen organizado una bandera que rebasa el escándalo mediático. Apenas en junio pasado, la revista electrónica Reporte Índigo difundió una grabación en la que el entonces candidato panista asegura que los Beltrán Leyva viven en el municipio, que no se dedican al secuestro y que son ellos quienes mantienen el orden en la ciudad, no la policía.
En el audio, ampliamente difundido por la radio, Fernández Garza parece estar dispuesto a hacer un pacto con los narcotraficantes. Ante las reacciones de incredulidad y condena generalizadas, el panista acusó a Reporte Índigo de sacar de contexto sus declaraciones.

DE ESCUADRONES Y SECUESTROS
En San Pedro Garza García, asiento de grandes corporaciones y lugar de residencia de los personajes más ricos de la zona metropolitana de Monterrey, desde hace meses empezaron a circular rumores de secuestros que, por primera vez, afectaban a familias de la élite empresarial.
Los cotilleos en sus pomposos restaurantes y clubes privados señalan como víctimas a descendientes de los clanes de mayor prosapia: Zambrano, Garza Sada, Barragán… Salvo el intento de secuestro de la hija del propio Mauricio Fernández Garza, en 2007, ningún otro fue confirmado por las autoridades, quienes han negado que existan denuncias.
En su edición 1709, Proceso publicó un reportaje titulado Monterrey, la multiplicación de los secuestros, en el que se daba cuenta del incremento de los casos vinculados a los grupos del narcotráfico que han incursionado en ese delito.
También desde hace por lo menos dos años existe el rumor de la existencia aquí de escuadrones de la muerte. Sin embargo, la única posible evidencia son los mensajes dejados en cadáveres.
El pasado 5 de octubre, una pareja fue ejecutada de varios balazos en la cabeza y sus cuerpos fueron encontrados en calles de la colonia Lucio Blanco, de San Pedro. Tenían escrito en su espalda: “Por secuestradores”.
Los cuerpos encontrados la semana pasada en la Ciudad de México tenían la misma característica: en su espalda escribieron “secuestrador”. A su lado había un cartel que decía: “Por secuestradores”, y lo firmaba el “Jefe de Jefes”. Otra cartulina tenía una cita bíblica de Job 38, versículo 15: “Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado”.
Según el grupo Reforma, el “Jefe de Jefes” es Arturo Beltrán Leyva y su firma ha acompañado los cuerpos de al menos 32 asesinados entre septiembre y octubre en diferentes zonas del país.
La procuraduría del Distrito Federal negó tener indicios que involucraran a los cuatro ejecutados con algún grupo criminal; el procurador de justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, aseguró que no había ninguna causa contra Saldaña ni sus acompañantes. Pese a ello, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso porque, presuntamente, el Negro era jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro.

“LO PAGÓ CON SU VIDA”
El impacto de los secuestros, levantones, desapariciones, extorsiones y cobro de piso no es privativo de San Pedro; ocurre en los 12 municipios de la zona metropolitana y afecta desde tenderos de barrio hasta encumbradas familias del empresariado regiomontano.
El número de ejecuciones durante 2009 llegó a 53 con el ataque al titular de Seguridad Pública del municipio de García, el general Juan Arturo Esparza García, y sus escoltas, el pasado 4 de noviembre. En tanto, los levantones y las desapariciones –que se atribuyen a Los Zetas– son incontables. Supuestamente, entre los responsables hay policías de distintas corporaciones, como denunció en abril la senadora Rosario Ibarra de Piedra.
Hasta el gobernador Rodrigo Medina –quien apenas lleva un mes en el cargo– y todo su gabinete de seguridad han sido objeto de amenazas, a pesar de mantener prácticamente la misma estructura que dejó su antecesor, Natividad González Parás. El tema no es nuevo para ellos: el propio Medina fue jefe del gabinete de seguridad durante el sexenio pasado, como secretario de Gobierno, y el actual procurador, Alejandro Garza y Garza, fue subprocurador con amplio manejo de información y operatividad.
En entrevista con Proceso, Fernández Garza afirma que en San Pedro opera el grupo de los Beltrán Leyva desde 1998, pero dice que “a ellos no les daba por el secuestro”.
Sostiene que el Negro Saldaña empezó a secuestrar y cobrar derechos de piso tras la aprehensión de Héctor Huerta Ríos, La Burra, jefe de plaza de los Beltrán Leyva, detenido el pasado 24 de marzo.
“La Burra andaba en sus cosas de drogas y demás, que también es un tema que vamos a enfrentar, pero muy diferente a este del secuestro. Este señor Saldaña, yo creo que se vuelve medio loquito. Sabemos que iba a discotecas con muchachas muy guapas, pedía champaña y luego ni pagaba las cuentas. Se brincaba el horario de cierre. Andaba con guaruras armados. Mucha prepotencia.”
De hecho, un video filtrado a Televisa Monterrey exhibe a Saldaña conduciendo un Lamborghini Murciélago amarillo, supuestamente robado.
Fernández Garza asegura que Saldaña cometía hasta tres secuestros por semana y pedía rescates por alrededor de 5 millones de pesos.
“Yo te digo: San Pedro es de los sampetrinos y de nadie más; aquí no vamos a permitir que ningún cuate de esos se ponga a secuestrar y pedir 5 millones. Están locos… (Saldaña) lo pagó con su vida, pero aquí no lo vamos a tolerar.”
A partir de la detención de Huerta Ríos, los presuntos operadores de los Beltrán Leyva han sufrido varios reveses. El 18 de mayo, en el llamado Aeropuerto Internacional del Norte –utilizado principalmente para vuelos de carga y privados– fue detenido Rodolfo López Ibarra, El Nito, quien según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había llegado de Sonora como relevo de Huerta Ríos. El 25 de junio, el sucesor de El Nito, Omar Ibarra Lozano, El 34, también fue detenido.
Según el diario El Norte, las detenciones desataron una guerra intestina por el control de la organización criminal en San Pedro. Uno de los protagonistas era El Negro Saldaña, quien por cierto estuvo preso en el penal del Topochico en 2007, sentenciado a 10 años por delitos contra la salud, pero fue liberado por un amparo en 2008.

“QUE ENTIENDAN”
La primera semana de marzo, en sus oficinas particulares, Mauricio Fernández explicó a este corresponsal sus planes para “blindar” el municipio. Dijo que se estaba asesorando con militares y expertos mexicanos y extranjeros, para establecer un circuito de inteligencia y tomar medidas radicales.
Lo ha repetido con insistencia desde entonces. Por eso no sorprendió a nadie que designara titular de Seguridad Pública al general Gonzalo Miguel Adalid Mier.
Sobre la anticipación con que anunció la muerte de El Negro Saldaña, asegura que esa información la compartió previamente con el gobernador y con el procurador del estado, quienes se la confirmaron, y niega que él o los empresarios cuenten con un grupo especial o escuadrón de la muerte.
“Son mentiras. Aquí la seguridad que hay es la que tienen los empresarios, seguridad personal muy sofisticada, sin duda. Lo otro es una locura, porque para empezar no hay centros de inteligencia. El primero que se está creando lo estoy creando yo. De nada sirve un escuadrón de la muerte si no tienes información para utilizarla para que ese escuadrón funcione. Si existieran no sabrían qué van a hacer, a quién van a agarrar”, argumenta.
Desde la década de los setenta, los empresarios locales reforzaron algo más que sus escoltas: crearon direcciones de “investigaciones sociales” en sus corporativos. Estas estructuras proliferaron luego del asesinato de Eugenio Garza Sada, en 1973. Fernández Garza insiste en que esos grupos garantizan la seguridad de las personas, coordinándose con los cuerpos policiacos, pero asegura que jamás han tenido otro tipo de operaciones.
Lo que él ha creado es la primera versión pública de un grupo de este tipo: “Las cosas que pueda las haré yo y el grupo de limpieza, que entrará a disuadir, para que entiendan que no vamos a tolerar el secuestro ni el cobro de pisos. San Pedro es de los ciudadanos y al que quiera hacer esa actividad aquí le va a ir muy mal; el grupo estará autorizado a hacer lo que sea necesario, para que esa gente no trabaje en ese crimen”.
–¿Lo que sea necesario?
–Es convencerlos por las buenas o por las malas. Al buen entendedor, pocas palabras.
Fernández Garza sabe que carece de atribuciones constitucionales para combatir al crimen organizado, pero alega que toda la información se genera en los municipios, al extremo de que es más fácil que se entere un alcalde sobre lo que sucede, que el presidente de la República.
“Hay que decirlo a los medios: como no es bronca del alcalde, todos (los alcaldes) se hacen güeyes.
“Pero sí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, compartir con el Ejército la información. Yo ahorita ya tengo información de quién está pidiendo pisos. No he terminado, voy a seguir y los voy a agarrar. Yo lo estoy advirtiendo. Les estoy avisando que no pueden seguir haciendo eso. ¿Quieren seguir? Pues ahí están las consecuencias, y ya.
“Ahora, ¿qué va a pasar? Pues no sé si te agarre yo, el Ejército o quien sea, pero de que te va a ir mal, te va a ir mal. Bien no te va a ir. Voy a actuar.”
Ante las críticas, Fernández Garza se queja de que la gente “es media cuadradita”, pero a veces es necesario “saltarse las trancas” para resolver problemas, como hizo la primera vez que fue alcalde, al convocar un referéndum al margen de la ley.
“Te dicen: no está en la regla. Pues sí, no está en la regla, pero lo que nos urge es arreglar el país. Yo ya no quiero tanta teoría ni tanta tesis. Resultados es lo que el pueblo quiere y a lo que yo me comprometo.”
Y ni se inmuta al reconocer que se está extralimitando:
“¿Que está fuera de la ley? Sí, pero ellos (los delincuentes) también, o ¿dónde dice que se puede secuestrar y hacer lo que se te antoje? Los que están absolutamente fuera de la ley son ellos, no nosotros. Les estamos advirtiendo: si siguen, aténganse a las consecuencias.”
Y alardea:
“Conmigo no anda el miedo. Estoy haciendo esto porque aquí quiero seguir viviendo aquí y que mis hijos y nietos vivan aquí. Y no quiero que esta bola de bárbaros nos traigan a todos con una pesadilla de a ver a quién le toca el secuestro la siguiente semana. Yo no estoy de acuerdo con eso y el problema no se arregla solo. Yo decidí entrarle y lo voy a arreglar.”(apro)