| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Por primera vez en la historia, los militares de EE.UU. están desplegando una unidad de combate del Ejército en servicio activo regular para uso a tiempo completo dentro del país a fin de encarar emergencias, incluidos potenciales disturbios civiles.
Desde el 1º de octubre, el Equipo de Combate de la Primera Brigada de la Tercera División será colocado bajo el comando del Ejército Norte de EE.UU., el componente del ejército del Comando Norte (NorthCom) del Pentágono, que fue creado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 con la misión declarada de defender la “patria” y ayudar a autoridades federales, estatales y locales.
La unidad – conocida como “Raiders” [asaltantes] – es una de las de más “selectas” del Ejército. Ha pasado casi tres de los últimos cinco años en Iraq, dirigiendo el asalto contra Bagdad en 2003 y realizando combates casa por casa en la represión de la resistencia en la ciudad de Ramadi. Fue el primer equipo de combate de brigada enviado tres veces a Iraq.
Aunque se han utilizado previamente unidades en servicio activo en tareas temporales, como ser las tropas con equipo de combate desplegadas en Nueva Orleans, que fue colocada efectivamente bajo la ley marcial después del huracán Katrina, esto marca la primera vez en que una unidad de combate del Ejército recibe tareas específicas en las que suelo estadounidense constituye su “zona de combate.”
Los pronunciamientos oficiales del Pentágono subrayaron el papel de unidades especializadas en una reacción potencial a un ataque terrorista dentro de EE.UU. El general George Casey, jefe del Estado Mayor del Ejército, asistió la semana pasada a un ejercicio de entrenamiento de unos 250 miembros de la unidad en Fort Stewart, Georgia. El centro del ejercicio, según la oficina de asuntos públicos del Ejército, fue como los soldados “podrían volar misiones de búsqueda y rescate, extraer víctimas y descontaminar a gente después de un catastrófico ataque nuclear en la región vital de la nación.”
“Estamos en guerra contra una red extremista global que no desaparece,” dijo Casey a los soldados. “Espero que no tengamos que usarla, pero necesitamos la capacidad de hacerlo.”
Sin embargo, la misión asignada a los casi 4.000 soldados del Equipo de Combate de la Primera Brigada no es sólo rescatar a víctimas de ataques terroristas. Un artículo que apareció este mes en Army Times (“Brigade homeland tours start Oct. 1” [Recorridos de brigada por el interior comienzan el 1º de octubre]), una publicación que es ampliamente leída por los militares, pinta un cuadro diferente y mucho más siniestro.
“Se podrá recurrir a ellos para ayudar en casos de descontento social y control de multitudes,” informa el periódico. Cita al comandante de la unidad, coronel Robert Cloutier, diciendo que los soldados están siendo entrenados en el uso del “primer paquete no-letal que jamás haya presentado el Ejército.” Las armas, informa la publicación, están “destinadas a someter a individuos revoltosos o peligrosos sin matarlos.” El equipo incluye “beanbag bullets”[Cartuchos en los que tras la pólvora se inserta un taco separador y una cantidad de perdigones esféricos envueltos en un saquete de tela y con una falsa ojiva plástica que les proporciona protección aerodinámica], escudos y porras y equipos para erigir bloques de ruta.
Parece que como parte del entrenamiento para su despliegue dentro de EE.UU., se ha ordenado a los soldados que prueben parte de este equipo no-letal los unos sobre los otros.
“Fui el primero en la brigada al que le aplicaron el Taser [porra de electrochoque]”, dijo Cloutier al Army Times. Describió los efectos del arma como “el peor calambre muscular de tu vida – multiplicado por 10 en todo tu cuerpo.”
La observación del coronel sugiere que, en preparación para sus deberes en el “frente interior”, soldados rasos también son sometidos rutinariamente al Taser. El efecto y el propósito embrutecedor de un ejercicio de entrenamiento tan macabro es insensibilizar a los soldados contra la conmiseración por el dolor y el sufrimiento que se les puede pedir que inflijan a la población civil utilizando esas mismas armas “no-letales.”
Según funcionarios militares citados por el Army Times, el despliegue de tropas regulares del Ejército en EE.UU., iniciado con el Primer Equipo de Combate de Brigada, se hará permanente. Diferentes unidades serán rotadas en la tarea sobre una base anual.
En una entrevista en línea con periodistas durante este mes, se preguntó a oficiales sobre las implicaciones del nuevo despliegue para la Ley Posse Comitatus, el estatuto legal de 230 años de antigüedad que prohíbe el uso de fuerzas militares de EE.UU. para propósitos de mantenimiento del orden dentro del propio EE.UU.
El coronel Lou Volger, jefe de operaciones futuras de NorthCom, trató de minimizar cualquier rol de mantenimiento del orden, pero agregó: “Nos integraremos con el mantenimiento del orden para comprender la situación y asegurar que sepamos de cualesquiera amenazas.”
Volger reconoció lo obvio: que el Equipo de Combate de Brigada es una fuerza militar, mientras intentaba descartar la probabilidad de que tendría algún rol militar. “Incluye fuerzas para seguridad,” dijo “pero eso es realmente – lo llaman fuerzas de seguridad, pero eso es realmente sólo para establecer nuestra propia marca y asegurar que podamos operar y mantener nuestras propias bases.”
El teniente coronel James Shores, otro oficial de NorthCom, se sumó a la conversación: “Digamos que incluso si hubiera un escenario que se desarrollara hacia un cierto disturbio civil – incluso en ese momento se necesitaría una directiva presidencial para incluso llegar cerca de algo como lo que usted está sugiriendo.”
Sea lo que sea que se requiera para provocar una tal intervención, es obvio que el coronel Cloutier y sus soldados se están preparando para ello con su entrenamiento práctico en el uso de medios “no-letales” de represión.
A pesar de la extrema susceptibilidad de los mandamases militares respecto al tema, la realidad es que la intervención de militares en asuntos interiores ha aumentado fuertemente durante el período reciente bajo condiciones en las que su participación en dos guerras de estilo colonial en el exterior les ha dado un papel mucho más destacado en la vida política estadounidense.
El gobierno de Bush ha trabajado para derribar todas las barreras para el uso de los militares en la represión interior. Por consiguiente, incluyó en la ley de gastos del Pentágono para 2007 una medida para enmendar la Ley Posse Comitatus a fin de allanar el camino para el despliegue en el interior de los militares en casos de desastres naturales, ataque terrorista u “otras condiciones en las que el presidente determine que ha ocurrido violencia interior hasta tal punto que funcionarios estatales no puedan mantener el orden público.”
La cláusula otorga al presidente amplios nuevos poderes para imponer la ley marcial declarando una “emergencia pública” prácticamente por cualquier motivo, permitiéndole desplegar tropas en cualquier sitio de EE.UU. y tomar el control de unidades de la Guardia Nacional basadas en los Estados sin el consentimiento de los gobernadores estatales a fin de “reprimir el desorden público.”
La estipulación fue posteriormente revocada por el Congreso como parte de la legislación de gastos militares para 2008, pero la intención sigue existiendo. Considerando los amplios poderes reivindicados por la Casa Blanca en nombre del “comandante en jefe” en una guerra global contra el terror – poderes para suspender el habeas corpus, realizar un espionaje interior generalizado y torturas – no hay motivos para creer que respetaría restricciones legales contra el uso de la fuerza militar en el interior.
Es notable que el despliegue de tropas de combate de EE.UU. “como una fuerza federal disponible para emergencias y desastres naturales o causados por humanos” – en la formulación de Army Times – coincida con el estallido de la mayor emergencia económica y desastre financiero desde la Gran Depresión de los años treinta.
Justificado como una reacción ante amenazas terroristas, la verdadera fuente de los crecientes preparativos para el uso de fuerza militar estadounidense dentro de las fronteras de EE.UU. no proviene de los eventos del 11 de septiembre de 2001 o del peligro de que se repitan. Más bien, la movilización interior de las fuerzas armadas es una reacción del establishment gobernante de EE.UU. a la creciente amenaza para la estabilidad política.
Bajo condiciones de una profundización de la crisis económica, el abismo social sin precedentes que separa a la gente trabajadora del país de la elite poseedora de una riqueza obscena se hace insostenible dentro del marco político existente.
Army deploys combat unit in US for possible civil unrest
By Bill Van Auken
25 September 2008
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For the first time ever, the US military is deploying an active duty regular Army combat unit for full-time use inside the United States to deal with emergencies, including potential civil unrest.
Beginning on October 1, the First Brigade Combat Team of the Third Division will be placed under the command of US Army North, the Army’s component of the Pentagon’s Northern Command (NorthCom), which was created in the wake of the September 11, 2001 terrorist attacks with the stated mission of defending the US “homeland” and aiding federal, state and local authorities.
The unit—known as the “Raiders”—is among the Army’s most “blooded.” It has spent nearly three out of the last five years deployed in Iraq, leading the assault on Baghdad in 2003 and carrying out house-to-house combat in the suppression of resistance in the city of Ramadi. It was the first brigade combat team to be sent to Iraq three times.
While active-duty units previously have been used in temporary assignments, such as the combat-equipped troops deployed in New Orleans, which was effectively placed under martial law in the wake of Hurricane Katrina, this marks the first time that an Army combat unit has been given a dedicated assignment in which US soil constitutes its “battle zone.”
The Pentagon’s official pronouncements have stressed the role of specialized units in a potential response to terrorist attack within the US. Gen. George Casey, the Army chief of staff, attended a training exercise last week for about 250 members of the unit at Fort Stewart, Georgia. The focus of the exercise, according to the Army’s public affairs office, was how troops “might fly search and rescue missions, extract casualties and decontaminate people following a catastrophic nuclear attack in the nation’s heartland.”
“We are at war with a global extremist network that is not going away,” Casey told the soldiers. “I hope we don’t have to use it, but we need the capability.”
However, the mission assigned to the nearly 4,000 troops of the First Brigade Combat Team does not consist merely of rescuing victims of terrorist attacks. An article that appeared earlier this month in the Army Times (“Brigade homeland tours start Oct. 1”), a publication that is widely read within the military, paints a different and far more ominous picture.
“They may be called upon to help with civil unrest and crowd control,” the paper reports. It quotes the unit’s commander, Col. Robert Cloutier, as saying that the 1st BCT’s soldiers are being trained in the use of “the first ever nonlethal package the Army has fielded.” The weapons, the paper reported, are “designed to subdue unruly or dangerous individuals without killing them.” The equipment includes beanbag bullets, shields and batons and equipment for erecting roadblocks.
It appears that as part of the training for deployment within the US, the soldiers have been ordered to test some of this non-lethal equipment on each other.
“I was the first guy in the brigade to get Tasered,” Cloutier told the Army Times. He described the effects of the electroshock weapon as “your worst muscle cramp ever—times 10 throughout your whole body.”
The colonel’s remark suggests that, in preparation for their “homefront” duties, rank-and-file troops are also being routinely Tasered. The brutalizing effect and intent of such a macabre training exercise is to inure troops against sympathy for the pain and suffering they may be called upon to inflict on the civilian population using these same “non-lethal” weapons.
According to military officials quoted by the Army Times, the deployment of regular Army troops in the US begun with the First Brigade Combat Team is to become permanent, with different units rotated into the assignment on an annual basis.
In an online interview with reporters earlier this month, NorthCom officers were asked about the implications of the new deployment for the Posse Comitatus Act, the 230-year-old legal statute that bars the use of US military forces for law enforcement purposes within the US itself.
Col. Lou Volger, NorthCom’s chief of future operations, tried to downplay any enforcement role, but added, “We will integrate with law enforcement to understand the situation and make sure we’re aware of any threats.”
Volger acknowledged the obvious, that the Brigade Combat Team is a military force, while attempting to dismiss the likelihood that it would play any military role. It “has forces for security,” he said, “but that’s really—they call them security forces, but that’s really just to establish our own footprint and make sure that we can operate and run our own bases.”
Lt. Col. James Shores, another NorthCom officer, chimed in, “Let’s say even if there was a scenario that developed into a branch of a civil disturbance—even at that point it would take a presidential directive to even get it close to anything that you’re suggesting.”
Whatever is required to trigger such an intervention, clearly Col. Cloutier and his troops are preparing for it with their hands-on training in the use of “non-lethal” means of repression.
The extreme sensitivity of the military brass on this issue notwithstanding, the reality is that the intervention of the military in domestic affairs has grown sharply over the last period under conditions in which its involvement in two colonial-style wars abroad has given it a far more prominent role in American political life.
The Bush administration has worked to tear down any barriers to the use of the military in domestic repression. Thus, in the 2007 Pentagon spending bill it inserted a measure to amend the Posse Comitatus Act to clear the way for the domestic deployment of the military in the event of natural disaster, terrorist attack or “other conditions in which the president determines that domestic violence has occurred to the extent that state officials cannot maintain public order.”
The provision granted the president sweeping new powers to impose martial law by declaring a “public emergency” for virtually any reason, allowing him to deploy troops anywhere in the US and to take control of state-based National Guard units without the consent of state governors in order to “suppress public disorder.”
The provision was subsequently repealed by Congress as part of the 2008 military appropriations legislation, but the intent remains. Given the sweeping powers claimed by the White House in the name of the “commander in chief” in a global war on terror—powers to suspend habeas corpus, carry out wholesale domestic spying and conduct torture—there is no reason to believe it would respect legal restrictions against the use of military force at home.
It is noteworthy that the deployment of US combat troops “as an on-call federal response force for natural or manmade emergencies and disasters”—in the words of the Army Times—coincides with the eruption of the greatest economic emergency and financial disaster since the Great Depression of the 1930s.
Justified as a response to terrorist threats, the real source of the growing preparations for the use of US military force within America’s borders lies not in the events of September 11, 2001 or the danger that they will be repeated. Rather, the domestic mobilization of the armed forces is a response by the US ruling establishment to the growing threat to political stability.
Under conditions of deepening economic crisis, the unprecedented social chasm separating the country’s working people from the obscenely wealthy financial elite becomes unsustainable within the existing political framework.
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