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Lo que es conocido por cualquier experto, lo que es sabido popularmente de extremo a extremo de la República, el presidente Felipe Calderón decidió reconocerlo apenas después del atentado terrorista de la noche del Grito en Morelia, Michoacán |
Ricardo Ravelo/ Proceso
MÉXICO, DF, 20 DE SEPTIEMBRE /Mediante “cañonazos” de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además, en algunas regiones, han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político.
Lo anterior forma parte de la radiografía del crimen elaborada por Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la ONU.
Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política “creando estructuras patrimoniales y redes criminales” que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el país.
El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Michoacán, la noche del grito de Independencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos y más de 100 heridos.
Para el investigador no hay duda: “Se trató de un acto terrorista” que coloca a México entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que se evidencia en su territorio.
Dos días después de este crimen, el presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe “una cobertura de carácter político”, y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico.
“Porque esas plagas –dijo– sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales”.
Y agrega: “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano”.
El presidente parece haber asumido el reto demasiado tarde, pues el poder del crimen organizado sigue avanzando en el país. Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones… y ahora, terrorismo.
De acuerdo con Buscaglia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del país a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más del 63% de las más de 2 mil 800 alcaldías “están infiltradas” por sus células operativas, y de éstas, un 8% “están totalmente bajo el control del narcotráfico”.
En poco más de 15 estados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del país operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen.
–¿Cuáles regiones del país están dominadas por las células del narcotráfico? –se le pregunta.
–El narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de impunidad sino de infraestructura criminal visible para operar.
“En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales que se traducen en una suerte de fiscalización criminal, para poder operar con cierta libertad sus negocios”.
Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado –ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo –Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrados por las organizaciones criminales, y expone sus razones:
“Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar de ser controlados por el poder político, como ocurría antes, ahora estén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios.”
–Si los narcos controlan un municipio se explica que ganan impunidad y adquieren nuevas rutas de trasiego. ¿En qué le puede servir un diputado federal o local al narcotráfico?
–El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para que le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas.
Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de Seguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico.
“Igual que pasó en Colombia, los barones de la droga también pueden invertir todo el dinero del mundo en corromper a legisladores para que las reformas no prosperen o no tengan los alcances adecuados”, dice.
Y añade que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejadas sólo en manos de un grupo se senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. “Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van ser clave contra el crimen”, apunta.
–¿Entonces usted ve latente la posibilidad de que en las reformas constitucionales que vienen fluya dinero del narco en el Congreso?
–Es factible, sobre todo porque, como pasó en Colombia, al narco no le conviene la ley de extinción de dominio, porque implica despojarlos de su patrimonio. Y los señores del narcotráfico no sólo pueden corromper legisladores, sino a sus propios asesores para que las leyes sean débiles y no de amplio espectro como en otros países.
Buscaglia -quien, entre otras funciones, colabora en el proceso de selección de personal de la ONU, incluidos los Cascos Azules– sostiene que en la medida en que el gobierno de Calderón imprime fuerza y represión al combate del crimen organizado, “mayor es la respuesta violenta de las células criminales”.
–¿Por qué no se frena este espiral de violencia?
–Lo que sucede es que cuando a estas empresas criminales se les ataca con ejércitos no van a bajar la guardia. Los criminales, y esa es una de las fallas de Calderón, disponen de cientos de millones de dólares y otras fuentes de financiamiento que el gobierno no está destruyendo. El dinero de los criminales se está usando, en plena guerra, para infiltrar al propio Estado.
“Según cifras del gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado en México genera ganancias de entre 300y 400 millones de dólares anuales. Y conforme el gobierno los ataca (a los criminales), ellos invierten cada vez más dinero para corromper niveles cada vez más altos del Estado. Es decir, en la medida en que aumenta la fuerza del Estado también se incrementa la corrupción.
“La violencia que se ve gradualmente aumentando en México en los últimos meses se manifestó en su momento en Rusia y en Colombia. Lo que a mi juicio se tiene hacer es utilizar los operativos para rodear las asambleas y gobiernos municipales; atacar las redes patrimoniales que están alimentando la corrupción y la violencia.”
Sostiene que en México llegará un momento en que el hartazgo social genere dolor al poder político, pero este fenómeno demorará por lo menos 10 años:
“Debe haber organizaciones civiles auténticas y no extensiones gubernamentales. En Italia, los políticos ligados al crimen fueron incluso apedreados por la gente. En el seno del poder hubo dolor y el poder oficial entendió que es mejor subirse al caballo de la autolimpieza. En México aún no se manifiesta ese dolor entre la clase gobernante. Frente a este escenario tan complicado, el político que no demuestre transparencia, no tendrá viabilidad electoral.”
La invasión del narco
La invasión del narcotráfico en zonas pobres del país fue detectada desde 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al advertir que en distintas regiones había obstáculos para aterrizar los programas sociales debido a la fuerte presencia grupos criminales.
En el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias realizado por Sedesol en 2003 se identifican a municipios indígenas de Jalisco, Durango y Nayarit como lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en el campo como en la actividad política.
En el documento también resaltan como feudos del narco las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, que se ubica entre Durango y Sinaloa, el llamado “triángulo dorado” del narcotráfico.
De acuerdo con el mapa, estas demarcaciones están detectadas por el gobierno federal como de alta producción e intenso tránsito de estupefacientes. La presencia del narco es tan poderosa que, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron obstáculos para desarrollar el programa “Contigo, manos a la obra”. La razón: que los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
La “feudalización” municipal fue reconocida el sexenio pasado por la entonces titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, quien dijo que en unos 80 municipios marginados había cultivos de enervantes. “Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo, de muy alta marginación, y en un 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes”, expuso.
En el escenario político actual surgen diputados federales y precandidatos a gobernadores, como Jesús Vizcarra Calderón, aspirante priista al gobierno de Sinaloa, quien presuntamente estuvo relacionado con Jesús Inés Calderón Quintero, un famoso narcotraficante asesinado en 1988, a quien se le relacionó con Ismael El Mayo Zambada. De éste se afirma que es uno de los impulsores de Vizcarra.
No es el único caso. En el norte de Veracruz, particularmente en la zona de Costa Esmeralda y Papantla –enclaves del cártel del Golfo–, Rómulo Salazar García, personaje presuntamente ligado al narcotráfico, se postula por segunda vez como precandidato a diputado federal.
El precandidato priista despliega su activismo político a pesar de que también se le involucra en dos asesinatos: el del periodista Raúl Gibb, fundador del periódico La Opinión, de Poza Rica, ocurrido en abril de 2005, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.
De este segundo crimen lo acusa el gatillero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 sostiene “que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar”, por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios para que lo ejecutaran.
Según autoridades federales, a Vizcarra también se le relaciona con dos presuntos operadores del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza del capo Osiel Cárdenas Guillén.
En los últimos ocho años, los escándalos por la vinculación de políticos y funcionarios públicos con el narcotráfico han estallado incluso en la Presidencia de la República y en instituciones responsables de combatir el tráfico de drogas.
No faltan, incluso, casos en los que legisladores del PAN, del PRI o del PRD asisten a velorios de narcotraficantes amigos suyos, como ocurrió en octubre de 2004, cuando Saúl Rubio Ayala (entonces candidato del PAN a diputado) y Wilfrido Véliz (candidato panista a la alcaldía de Culiacán) asistieron al funeral de Miguel Angel Lugo Beltrán, El Ceja Güera, capo del cártel de Sinaloa asesinado en La Palma.
En el año 2005, uno de los escándalos que encendió los “focos rojos” dentro y fuera de México fue el de Nahum Acosta Lugo, jefe de giras del presidente Vicente Fox, quien fue acusado por la PGR de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
El caso fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de que la DEA entregó grabaciones a la PGR que acreditaban la comunicación que desde Los Pinos mantenía Acosta Lugo con el presunto narcotraficante.
No fue el único: en 1992, el exsecretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicochea Luna, se reunió en privado con Genaro Caro Quintero, hermano del capo Rafael Caro, cuando era aspirante a la gubernatura de Sinaloa.
El Cisen sabe
En julio pasado, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, puso el dedo en la llaga al declarar al diario estadunidense Financial Times que el Congreso no está exento de ser blanco de los cárteles de la droga, y lo peor: que dinero del narcotráfico puede estar involucrado en algunas campañas (políticas) de legisladores.
El funcionario fue aún más enfático al añadir: “Los narcotraficantes se han convertido en la principal amenaza porque están tratando de asumir el poder del Estado”.
Cuando se le pidieron los nombres de los llamados narcolegisladores, Valdés matizó: “A la fecha no existe indicio sobre algún caso concreto o en particular. Si lo hubiera ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley; simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México”, y agregó que las investigaciones sobre el dinero de la droga en las campañas “apenas están comenzando”.
Uno de los primeros escándalos del actual sexenio tronó en la Presidencia de la República cinco meses después de que Felipe Calderón asumió el poder. La PGR aseguró poco más de 200 millones de dólares ocultos en una casa de Las Lomas. El dinero pertenecía al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente preso Washington acusado de traficar con efedrina, base para elaborar drogas sintéticas.
El aseguramiento del dinero –el decomiso más cuantioso en la historia del crimen organizado– derivó en un conflicto: Zhenli Ye Gon dijo que el dinero decomisado se había destinado, tiempo atrás, para financiar la campaña presidencial del PAN; dijo también que un tal Javier Alarcón –inicialmente se indicó que se trataba de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo– se había entrevistado con el empresario para tratar asuntos relacionados con el financiamiento de la campaña de Calderón.
El caso, hasta ahora no aclarado, sigue desahogándose en una corte de Estados Unidos, a donde Ye Gon continúa detenido.
En el pasado reciente como en la actualidad han surgido datos y evidencias que colocaron a algunos legisladores bajo sospecha de servir a los intereses del narcotráfico. Por ejemplo, el exdiputado federal priista Jesús Humberto Martínez le propuso al presidente Fox resolver la violencia del país “pactando con el narco”.
Y narró su experiencia como regidor del Ayuntamiento de Matamoros: “Cuando fungí como regidor… yo personalmente negocié e hice pactos con los narcotraficantes para detener la violencia urbana”, recrudecida por el choque entre las bandas.
Según él, la negociación funcionó, por lo que en septiembre de 2006, en medio de la violencia desatada por crimen organizado, le sugirió al presidente Fox sustituir el programa México Seguro por un acuerdo con los narcos.
Según afirma Buscaglia, en la actualidad existen indicios de que grupos políticos le sugieren al presidente de la República “pactar con el narcotráfico”.
–¿Esa sería la mejor salida para Calderón y para el país?
–La experiencia de otros países indica que la violencia a estos niveles se reduce al desmantelarse las estructuras patrimoniales de las empresas criminales, o cuando los países se feudalizan y negocian con el crimen organizado. Si esto ocurre en México, la presión internacional sobre el gobierno de Calderón será brutal.
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