Escrito por Miguel Ángel Granados Chapa
23 de septiembre de 2008
Con resultados variopintos se reunió este fin de semana el undécimo congreso nacional ordinario del Partido de la Revolución Democrática. Tal como están las cosas en esa organización, la noticia principal fue que el congreso se realizó (porque pudo no haber sido así, o pudo haberse instalado y quedarse a medio camino), aunque no estuvo a salvo del clima de rijosidad que se ha instalado en ese partido, especialmente después de la fallida elección del 17 de marzo, que no acaba de ser resuelta.
El Congreso mismo estuvo en vilo hasta que la Comisión nacional de garantías declaró legal la elección de los delegados a esa reunión que, sin embargo, no contó con la presencia de todos los perredistas que deberían ser elegidos en el seno de los consejos estatales, pues como resultado de la rebatiña electoral de marzo, quince de esos consejos no han sido instalados. Una vez definido que el Congreso se reuniría el 20 y 21 de septiembre, la comisión organizadora, y señaladamente dos de los candidatos a la presidencia que alcanzaron pocos votos, Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuéllar, asumieron la tarea de preparar una reunión donde las querellas no hicieran imposible los debates. Lo consiguieron al punto de que lograron reunir, en la víspera del Congreso, a Jesús Ortega y Alejandro Encinas, que se encararon después de meses de sólo remitirse mensajes de confrontación. De esa manera, si bien no fue posible evitar vociferaciones y rispideces, el Congreso logró tomar acuerdos. El más promisorio para la vida interna del PRD es la reforma estatutaria que establece una nueva forma de gobierno interior. El congreso votó mayoritariamente por integrar una comisión política, que dirija al partido, compuesta por quince miembros, incluidos el presidente y el secretario general. Quien encabece la Comisión designará a los trece miembros restantes, pero no podrá hacerlo a capricho o según intereses particulares. Se ordena que lo haga “considerando la pluralidad del partido”, lo que puede traducirse en una suerte de representación proporcional no sujeta a cuotas rígidas. Para asegurar que así sea, la integración del nuevo órgano, la lista de sus trece miembros, deberá ser aprobada en el Consejo nacional por al menos el setenta por ciento de sus integrantes. El porcentaje es alto para impedir que una sola corriente pueda avalar a la Comisión, sino que para hacerlo se requiera el concurso de más de una de las expresiones partidarias, como eufemísticamente se llama a los grupos, a los que, con ánimo peyorativo no exento de precisión se denomina también tribus.
La idoneidad de la fórmula no correspondió con la compleja composición del partido evidenciada en su congreso. No fue posible que el presidente Guadalupe Acosta Naranjo nombrara a los 13 comisionados, entre otros factores porque su posición misma está en entredicho. Él fue nombrado para sustituir a Leonel Cota, que terminó su periodo y una vez que se imposibilitó que sucediera al ex gobernador de Baja California sur Encinas u Ortega. Izquierda unida, la corriente encinista, llama espurio a Acosta Naranjo, que ha exacerbado las críticas en su contra adoptando decisiones o actitudes que son impropias de álguien que,en rigor, está sólo encargado del despacho, para evitar que el partido quede sin representación jurídica. Nueva Izquierda, en tanto, insiste en que Acosta siga en el cargo, a menos que la justicia electoral avalara a Ortega como presidente surgido de la fallida jornada del 17 de marzo.
Un factor adicional hizo que, desde el momento mismo de ser aprobada, la reforma que crea la Comisión política quedara abollada. El Congreso debía elegir a 64 consejeros nacionales (es decir integrantes del órgano que aprobará a los 13 comisionados políticos), que se sumarían a los 300 elegidos en aquella fecha, cuya legitimidad también debió ser calificada por una Comisión nacional de garantías a su vez puesta en cuestión. Pero en la madrugada de ayer lunes, a las 2.30 de la mañana los congresistas desistieron de hacer esos nombramientos y lo más que acordaron fue aplazarlos al once de octubre próximo.
El Congreso logró aprobar, en cambio, una reforma relativa a la política de alianzas, que deberá ser establecida conforme a circunstancias locales específicas. Ya no estará vigente, sin embargo, la prohibición expresa, acordada por el anterior Congreso de aliarse con el PAN y el PRI. No se decidió lo contrario, pero se dejó abierta esa posibilidad, que tendría visos de realidad, quien lo creyera, con el partido tricolor, y ya no con Acción nacional, con quien el PRD se coaligó en varias oportunidades, hasta que dejó de hacerlo en 2004. En ese año todavía fueron candidatos de ambas organizaciones el panista Javier Corral en su búsqueda de la gubernatura de Chihuahua y Gabino Cue, ex priísta, miembro de Convergencia que en contienda contra Ulises Ruiz en Oaxaca contó con el apoyo de los dos partidos mayores de la oposición en esos estados.
Independientemente de los magros, y aun malos resultados de alianzas con el PAN en comicios locales donde la coalición alcanzó a formar gobierno, la polarización evidente en el país a partir de 2006, que tiene a esos partidos antagonizados, hace imposible pensar siquiera en nuevos compromisos comunes. Lo mismo debería suceder respecto de aliarse con el PRI. Sería una decisión contra natura, no justificable siquiera con el argumento de que unidos perredistas y priístas podrían derrotar, en Guanajuato y Jalisco a gobiernos de extrema derecha.
El Congreso mismo estuvo en vilo hasta que la Comisión nacional de garantías declaró legal la elección de los delegados a esa reunión que, sin embargo, no contó con la presencia de todos los perredistas que deberían ser elegidos en el seno de los consejos estatales, pues como resultado de la rebatiña electoral de marzo, quince de esos consejos no han sido instalados. Una vez definido que el Congreso se reuniría el 20 y 21 de septiembre, la comisión organizadora, y señaladamente dos de los candidatos a la presidencia que alcanzaron pocos votos, Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuéllar, asumieron la tarea de preparar una reunión donde las querellas no hicieran imposible los debates. Lo consiguieron al punto de que lograron reunir, en la víspera del Congreso, a Jesús Ortega y Alejandro Encinas, que se encararon después de meses de sólo remitirse mensajes de confrontación. De esa manera, si bien no fue posible evitar vociferaciones y rispideces, el Congreso logró tomar acuerdos. El más promisorio para la vida interna del PRD es la reforma estatutaria que establece una nueva forma de gobierno interior. El congreso votó mayoritariamente por integrar una comisión política, que dirija al partido, compuesta por quince miembros, incluidos el presidente y el secretario general. Quien encabece la Comisión designará a los trece miembros restantes, pero no podrá hacerlo a capricho o según intereses particulares. Se ordena que lo haga “considerando la pluralidad del partido”, lo que puede traducirse en una suerte de representación proporcional no sujeta a cuotas rígidas. Para asegurar que así sea, la integración del nuevo órgano, la lista de sus trece miembros, deberá ser aprobada en el Consejo nacional por al menos el setenta por ciento de sus integrantes. El porcentaje es alto para impedir que una sola corriente pueda avalar a la Comisión, sino que para hacerlo se requiera el concurso de más de una de las expresiones partidarias, como eufemísticamente se llama a los grupos, a los que, con ánimo peyorativo no exento de precisión se denomina también tribus.
La idoneidad de la fórmula no correspondió con la compleja composición del partido evidenciada en su congreso. No fue posible que el presidente Guadalupe Acosta Naranjo nombrara a los 13 comisionados, entre otros factores porque su posición misma está en entredicho. Él fue nombrado para sustituir a Leonel Cota, que terminó su periodo y una vez que se imposibilitó que sucediera al ex gobernador de Baja California sur Encinas u Ortega. Izquierda unida, la corriente encinista, llama espurio a Acosta Naranjo, que ha exacerbado las críticas en su contra adoptando decisiones o actitudes que son impropias de álguien que,en rigor, está sólo encargado del despacho, para evitar que el partido quede sin representación jurídica. Nueva Izquierda, en tanto, insiste en que Acosta siga en el cargo, a menos que la justicia electoral avalara a Ortega como presidente surgido de la fallida jornada del 17 de marzo.
Un factor adicional hizo que, desde el momento mismo de ser aprobada, la reforma que crea la Comisión política quedara abollada. El Congreso debía elegir a 64 consejeros nacionales (es decir integrantes del órgano que aprobará a los 13 comisionados políticos), que se sumarían a los 300 elegidos en aquella fecha, cuya legitimidad también debió ser calificada por una Comisión nacional de garantías a su vez puesta en cuestión. Pero en la madrugada de ayer lunes, a las 2.30 de la mañana los congresistas desistieron de hacer esos nombramientos y lo más que acordaron fue aplazarlos al once de octubre próximo.
El Congreso logró aprobar, en cambio, una reforma relativa a la política de alianzas, que deberá ser establecida conforme a circunstancias locales específicas. Ya no estará vigente, sin embargo, la prohibición expresa, acordada por el anterior Congreso de aliarse con el PAN y el PRI. No se decidió lo contrario, pero se dejó abierta esa posibilidad, que tendría visos de realidad, quien lo creyera, con el partido tricolor, y ya no con Acción nacional, con quien el PRD se coaligó en varias oportunidades, hasta que dejó de hacerlo en 2004. En ese año todavía fueron candidatos de ambas organizaciones el panista Javier Corral en su búsqueda de la gubernatura de Chihuahua y Gabino Cue, ex priísta, miembro de Convergencia que en contienda contra Ulises Ruiz en Oaxaca contó con el apoyo de los dos partidos mayores de la oposición en esos estados.
Independientemente de los magros, y aun malos resultados de alianzas con el PAN en comicios locales donde la coalición alcanzó a formar gobierno, la polarización evidente en el país a partir de 2006, que tiene a esos partidos antagonizados, hace imposible pensar siquiera en nuevos compromisos comunes. Lo mismo debería suceder respecto de aliarse con el PRI. Sería una decisión contra natura, no justificable siquiera con el argumento de que unidos perredistas y priístas podrían derrotar, en Guanajuato y Jalisco a gobiernos de extrema derecha.
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