Lo que estalló en Morelia

Fue la demostración de que nadie está a salvo; de que se puede golpear duramente al gobierno sin enfrentarse a sus Fuerzas Armadas. Pero con el artero asesinato de civiles en plena festividad cívica del 15 de septiembre en la capital michoacana, se hizo añicos la de por sí mermada confianza en el Estado, que no es capaz de brindar seguridad pública. Lo peor es que el fenómeno se está reproduciendo en el resto del país, con todo tipo de autoridades.

El atentado estaba dirigido contra el gobernador Leonel Godoy, presuntamente en represalia por acuerdos incumplidos con el crimen organizado en Michoacán

Jorge Carrasco Araizaga

Francisco Castellanos/ Proceso

MORELIA, MICH., 21 DE SEPTIEMBRE /Una de las líneas de investigación del gobierno federal sobre el ataque del 15 de septiembre contra civiles en Morelia –según reportes de inteligencia civil y militar– es que el atentado estaba dirigido contra el gobernador Leonel Godoy, presuntamente en represalia por acuerdos incumplidos con el crimen organizado en Michoacán.

En entrevista, Godoy niega que su gobierno tenga vínculo alguno con la delincuencia organizada y que esté en la mira de los narcotraficantes. Señala que si la administración federal tiene información sobre nexos de funcionarios estatales o municipales con el narcotráfico, tiene que actuar legalmente.

El gobierno de Michoacán realiza sus propias indagatorias y, de acuerdo con el procurador general de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, el Ejército es uno de los objetivos de los narcotraficantes que actúan en el estado.

Según el funcionario, hasta el gobierno de Michoacán han llegado advertencias dirigidas a los militares. Una de éstas anticipó que habría un ataque contra los que participaran en el desfile castrense del 16 de septiembre. Semanas antes hubo otras advertencias sobre un atentado.

De todas formas, la parada militar fue suspendida por el atentado de la noche anterior, cuando un grupo de desconocidos atacó con granadas a la multitud que festejaba en el centro cívico de Morelia el 198 aniversario del Grito de Independencia. Los ataques dejaron un saldo de siete muertos y 132 heridos.

Las granadas fueron lanzadas con cinco minutos de diferencia y a una distancia de menos de medio kilómetro una de la otra, en lo que los reportes federales inscriben dentro de la “teoría de la confusión”.

Según estas investigaciones, el propósito de los atacantes pudo ser detonar los artefactos lo más cerca de Godoy cuando saliera al balcón a dar el Grito, pero una vez que la primera granada estalló en la plaza al momento en que el gobernador tañía la campana del palacio de gobierno, es probable que decidieran lanzar la segunda mientras escapaban por el lado poniente del centro cívico. Su salida –se acota en uno de los reportes– fue facilitada por una patrulla policial.

Dentro de las investigaciones, en las que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se estima que esa noche estaban presentes en el centro de Morelia por lo menos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Con esa versión, desestiman que el ataque tuviera como destinatario al gobierno federal: “Si hubieran querido dar un mensaje a Calderón era muy fácil atacar la casa donde vive su mamá, que está ubicada en un lugar vulnerable”.

Juan Luis Calderón Hinojosa, uno de los tres hermanos del presidente de la República que viven en la ciudad, y director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, asegura que pese al atentado, su familia no tiene pensado mudarse.

“Esta es nuestra casa y nuestra ciudad. Aquí hemos estado siempre. Miedo no le tenemos a nadie. Así sea por seguridad, de Morelia no nos vamos a ir. Nadie nos va a sacar del pueblo, sin duda alguna”, declaró a Proceso en el “acto de unidad” convocado el miércoles 17 por Godoy en el palacio de Gobierno, durante el cual la clase política michoacana condenó los asesinatos.

A su vez Godoy, entrevistado en la Casa de Gobierno la noche del jueves, asegura que hasta ahora la autoridad federal no ha comprobado que existan vínculos de protección política al narcotráfico en Michoacán, aunque sí se han dado casos de protección policiaca.

Sin embargo, enfatiza que no bastan los señalamientos políticos ni periodísticos contra los policías o los presidentes municipales, sino que “tiene que haber un procedimiento legal” para actuar contra ellos. Reitera: “Yo no tengo ningún caso de un presidente municipal que, conforme a derecho, esté demostrado que esté vinculado con el crimen organizado, porque yo ya lo hubiera hecho del conocimiento de la autoridad federal”.

Más aún, dice, “nosotros no hemos recibido ninguna presión, llamada u ofrecimiento. Nada. Sería grave que nos hubiera ocurrido y que lo estuviéramos negando”.

Y rechaza que sea objeto de amagos: “No tenemos ninguna amenaza directa. Ayer (miércoles), en Uruapan, avisaron que en una casa estaba preparándose (un acto) en contra nuestra. Fuimos y resultó falso. Tenemos que estar muy precavidos, actuar conforme a la ley, pero no siento que en el caso del gobernador debamos de tomar decisiones irresponsables. No puedo andar diciendo que estoy presionado, acosado o intimidado, si no ha ocurrido eso”.

De acuerdo con elementos federales que participan en la investigación, en las reuniones de Calderón y Godoy (el martes 16 en Los Pinos y el miércoles 17 en Morelia), el presidente manifestó su molestia y advirtió que los ataques contra la población civil tendrán consecuencias graves. Pero Godoy niega que haya ocurrido así: “A mí no me dijo él nada de ese tema… Aunque sí hemos compartido la preocupación de que han dicho que determinado presidente municipal fue apoyado, pero hasta ahí han llegado nuestras conversaciones”.

La noche del miércoles, cuando regresó al Distrito Federal para participar en el aniversario 69 del Partido Acción Nacional, Calderón condenó la protección política que recibe el narcotráfico en el país. Sin mencionar directamente a Michoacán, dijo que los narcotraficantes no sólo tienen protección de las corporaciones policiacas, sino también “una cobertura de carácter político (…) que debe ser rechazada”.

Dominios de La Familia

Ciudad natal de Calderón, Morelia es la base de operaciones de La Familia, una poderosa organización delictiva que se dedica a la venta de cocaína y mariguana, así como al secuestro, la extorsión, el cobro de protección, control de la prostitución y la piratería en 87 de los 113 municipios del estado.

Según las mencionadas investigaciones federales, la organización tiene colocados a varios funcionarios de alto nivel tanto en la Secretaría de Seguridad Pública del estado como en la PGJE. Algunos de ellos han sido procesados por protección al crimen organizado, como Jehová Cortés López, primer comandante de la Policía Ministerial durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel. El procurador García Hurtado confirmó que Cortés López regresó a la dependencia en la actual administración.

Si bien las primeras versiones difundidas por la prensa apuntaban hacia La Familia como la responsable de los atentados de Morelia, esa organización se los atribuye a sus antiguos aliados del cártel del Golfo, en particular a Los Zetas, a quienes después de una breve alianza han logrado desplazar del estado.

A través de mensajes electrónicos difundidos el miércoles 17 y el jueves 18 entre funcionarios y periodistas estatales, además de las mantas que aparecieron la mañana del viernes en los puentes peatonales de las salidas a Salamanca y Quiroga, La Familia se deslindó del ataque con granadas.

Además anunció que haría sus propias investigaciones para ubicar y castigar a los verdaderos autores del atentado.

De la preeminencia de La Familia en el estado da cuenta lo ocurrido el pasado 13 de junio, cuando varios productores de aguacate y frutas de Tacámbaro, Acuitzio del Canje, Pátzcuaro, Villa Madero y Santa Clara del Cobre, entre otros municipios, fueron convocados al restaurante Los Escudos, en el centro de Pátzcuaro.

Funcionarios federales señalan que a ese encuentro llegaron jefes de la organización, uno de ellos vestido con uniforme militar pero que no pertenece a las Fuerzas Armadas.

Según las mismas fuentes, el mensaje a los agricultores fue claro: que no debían preocuparse porque La Familia tenía el control de las autoridades estatales y federales, por lo que esta organización resolvería cualquier problema con la policía del estado o la federal. Sin embargo, se les recordó que todo tiene un costo y por eso cada uno de los presentes tenía que aportar el dinero que se le pidiera.

Así mismo, se les dijo que La Familia había tenido que matar a muchas personas, pues no entendieron que la organización está por encima de todo. Aquellos que no quisieran cooperar se atendrían a las consecuencias.

En una entrevista para Proceso (edición 1569), uno de los jefes del grupo delictivo aseguró que éste cuenta con más de 4 mil miembros y que cada uno gana entre mil 500 y 2 mil dólares mensuales. Según explicó, uno de sus objetivos es “proteger” al estado de organizaciones delictivas foráneas.

Además de La Familia y Los Zetas, en Michoacán operan células de prácticamente todos los cárteles mexicanos del narcotráfico.

Temas explosivos

Ni el gobierno de Calderón ni el de Godoy habían presentado, hasta el cierre de esta edición, indicios sólidos acerca de los culpables del atentado ni de sus motivos.

La PGJE está a cargo de la investigación para hallar a los homicidas, que según el gobernador deben ser castigados también por terrorismo, delito tipificado en el Código Penal de Michoacán.

A su vez, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tiene la tarea de determinar la responsabilidad por el uso de los explosivos, reservados para las Fuerzas Armadas.

El procurador García Hurtado –un abogado en cuya formación profesional prevalece el tema agrario– dio a conocer el jueves el retrato hablado de uno de los presuntos responsables: un individuo robusto, como de 28 años y 1.75 metros de estatura.

Entrevistado el miércoles 17 en sus oficinas de la PGJE, el funcionario asegura que cuenta con cinco videos grabados con las cámaras ubicadas alrededor de la plaza.

Explica que las amenazas se remontan al primer trimestre del año, cuando se anunciaron atentados con explosivos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la central camionera. Sin embargo, dice, para el 15 de septiembre se habían recibido advertencias de ataque contra las ciudades de Huetamo, en la Tierra Caliente; Lázaro Cárdenas, en la costa; y la presidencia municipal de Tancítaro, en la meseta purépecha.

“En Morelia no esperábamos ninguna agresión para ese día, pues las llamadas que habíamos recibido decían que podía haber un atentado en contra de elementos del Ejército durante el desfile cívico militar”, asegura el procurador michoacano.

Y si la información ha sido escasa por parte del gobierno estatal, el gobierno de Felipe Calderón es igual de reticente. Ante los escasos resultados de sus pesquisas, la noche del viernes 19 la PGR ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien le proporcione información sólida sobre los autores de los ataques.

Más allá de la retórica desafiante que Calderón desplegó en Morelia cuando visitó a los deudos de las personas asesinadas y a los heridos, el Ejecutivo federal no ha informado sobre las características de las granadas, aunque no es la primera vez que se investiga un atentado con esos artefactos para el uso exclusivo del Ejército en Michoacán.

El pasado 26 de agosto, un comando armado lanzó dos granadas contra la Subprocuraduría Regional de la PGJE en Lázaro Cárdenas. Los explosivos eran similares a los utilizados la noche del lunes 15, explicaron los investigadores federales.

Hay varios hechos delictivos recientes que los reportes de inteligencia relacionan con el atentado. Uno de ellos es que el Ejército tiene motivos para estar agraviado con las autoridades locales porque desde hace semanas está desaparecido el teniente coronel retirado Carlos Negrete Lezama, quien fue subdirector de la Policía Ministerial de Michoacán en la administración de Lázaro Cárdenas Batel.

Su más reciente cargo fue el de director de Policía y Tránsito de Uruapan, territorio controlado por La Familia.

Procedente de Aguascalientes, donde fue director de la Policía Ministerial, el militar en retiro es investigado por violaciones a los derechos humanos.

El 29 de agosto acudió a las instalaciones de la PGJE para participar en la última sesión del curso “Preservación de evidencia”, impartido por instructores del FBI adscritos a la embajada de Estados Unidos en México.

Cuando abandonaba el lugar, el procurador García Hurtado le pidió a su director Antisecuestros, Efraín Loaiza Farías, que le presentara a Negrete Lezama. El exmilitar fue llevado al edificio central de la Procuraduría.

Desde entonces se desconoce dónde está, aunque su familia informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les alcanzó a llamar por teléfono para decirles que era trasladado por agentes de la procuraduría a Uruapan, en una camioneta del grupo Antisecuestros con placas PGJE 00-358.

Cinco días antes, la noche del 24 de agosto, fue raptada la secretaria del Ayuntamiento de Uruapan, Maribel Martínez Martínez, cuando salía de un evento en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad. En esa acción resultaron heridos de gravedad un escolta y dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública que se enfrentaron a los secuestradores.

Las investigaciones federales destacan que la creciente violencia registrada en Uruapan, desde robos hasta levantones y ejecuciones, puede estar relacionada también con incumplimientos de acuerdos por parte de la administración de Antonio González, el presidente municipal panista. De acuerdo con esa vertiente, la administración de González –que inició el 1 de enero de este año– pudo comprometerse a darle a La Familia la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Obras Públicas, la Feria y el palenque a cambio de apoyo en su campaña electoral, y “al no hacerlo, pese al apoyo que recibió, le están pasando la factura”, dicen los reportes a los que tuvo acceso este semanario.

Con el artero asesinato de civiles en plena festividad cívica del 15 de septiembre en la capital michoacana, se hizo añicos la de por sí mermada confianza en el Estado, que no es capaz de brindar seguridad pública