El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Con motivo del V Foro Mundial del Agua, que se celebrará en Estambul del 16 al 22 de marzo, el Tribunal está llevando a cabo una nueva audiencia con la que dirimir nuevas denuncias.
En los 11 años de vida del Tribunal Latinoamericano del Agua ¿Cuál es la tendencia observada con respecto a las amenazas contra los sistemas hídricos, objeto de sus actuaciones?
Realmente hemos observado cambios. En primer lugar, los gobiernos y las compañías privadas han venido acogiendo con más respeto las decisiones del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Por ejemplo en las audiencias seguidas en México, autoridades locales y empresas se personaron en alguno de los procesos onde se llegaron a alcanzar acuerdos entre las partes. Eso nos pareció muy importante, pues para el TLA es un logro actuar como mediador en los conflictos y forzar a la reflexión por parte de los gobiernos y las empresas cuando hay problemas como los que nos ocupan.
Por otro lado parece que están aumentando los problemas por el incumplimiento de la legalidad en diferentes países. Esta crisis de legalidad, a partir de la cual comienza a trabajar el tribunal buscando justicia cuando ésta no se aplica, viene motivada fundamentalmente por la globalización económica. Toda la noción de valores de uso, de lucro sobre el agua, y el mercantilismo están asociados a los Tratados de Libre Comercio (TLC), donde las normativas de protección ambiental quedan supeditadas a estos Tratados, que son de una jerarquía superior. Esto en países como México, El Salvador, Guatemala o Colombia ha causado un aumento de los problemas y una menor vigilancia sobre la situación hídrica. A ello hay que unir los intereses de las grandes embotelladoras que vienen a abastecer a grandes ciudades como México DF, Guadalajara, Lima, etc. y en donde se obliga a las familias a comprar el agua ante la falta de garantías de la red pública.
Todo ello genera un aumento de la crisis hídrica, ambiental y social, y hace que se acumulen las denuncias ante nuestro tribunal y tengamos una saturación de trabajo. Algunos de estos casos tenemos pensado estudiarlos en próximas audiencias.
La crisis del actual sistema neoliberal ¿puede beneficiar de alguna manera a la salud ambiental, al frenarse la financiación de alguno de estos proyectos?
Sí. Esta crisis de la globalización económica está haciendo replantearse muchos de estos proyectos tanto de represas como de explotaciones mineras o grandes infraestructuras turísticas. Este freno a las políticas desarrollistas va a permitir un respiro para la organización y el debate social. Lo cierto es que se están llevando a cabo actuaciones absolutamente insostenibles y depredadoras.
¿Por qué se desarrolla ese modelo que antepone el beneficio a la propia vida? ¿No hay normativa que lo impida o no se aplica?
Si se estudian las legislaciones de manera general se observa que la protección del agua, como parte del derecho a la vida o a la salud, está contemplada en constituciones e, incluso, en otras leyes de carácter orgánico. El problema se da en la eficacia de la ley, incluso en el cumplimiento de convenios internacionales que son frecuentemente vulnerados. Lo que ocurre es que hay un momento en que se da una ruptura con la legalidad, sea por corrupción, por ineficacia o por ignorancia. Actualmente los ministerios de medio ambiente se han convertido en ministerios de desarrollo para los que la naturaleza se define como un bien productivo o, incluso, abiertamente comercial como en el caso de Chile. En Latinoamérica esto está sucediendo cada vez más debido, fundamentalmente, a los TLC.
Estas políticas desarrollistas y de apertura de los recursos naturales a los mercados hace que la situación hídrica haya empeorado en beneficio de las transnacionales que comercian con el agua embotellada como Nestle, Coca Cola, Pepsi Cola, y otras muchas. Nosotros no estamos en contra de estas empresas, siempre y cuando se cumpla previamente la Declaración Latinoamericana del Agua y los gobiernos asuman su responsabilidad de abastecer en cantidad y calidad a todos sus habitantes.
Lo que está sucediendo es que ya hay países en situación de estrés hídrico como es el caso de Haití, República Dominicana, México, Perú y El Salvador. Podríamos decir que se hallan en alerta verde, pero este estrés no se debe a una carencia de agua sino a la mala utilización de los recursos y al absoluto descontrol del desarrollo turístico, inmobiliario o industrial, que sobrepasan las capacidades de los territorios sin posibilidad de ser sostenibles. Y esta tendencia se va acentuando cada vez más.
Con este panorama, ¿cómo será el futuro?
Hay una circunstancia a tener en cuenta de cara al futuro y se refiere a la decisión del nuevo presidente de EEUU Barack Obama de revisar el capítulo ambiental incluido en los TLC, y saber si definitivamente se van a detener la proliferación de estos proyectos hidroeléctricos, inmobiliarios y mineros, depredadores del territorio.
Veamos como ejemplo un grave problema ambiental que sufre la ciudad mexicana de Guadalajara. Empresas ganaderas de los EEUU se han trasladado allí al existir menores controles ambientales, y hay dos millones de cerdos que están contaminando el suelo y los acuíferos al no contar con sistemas de tratamiento de los residuos.
Y en el caso de Turquía ¿Cómo definen la situación una vez que han iniciado la audiencia y estudiado los casos que debe analizar el Tribunal?
Encontramos ciertas similitudes con la situación de México. En pocos años Turquía puede llegar a una situación se estrés hídrico. Actualmente ya hay problemas en zonas agrícolas que se han quedado sin agua, ello impulsa a los pobladores a emigrar a las ciudades. En el caso de Estambul la población se ha duplicado en la última década y ello ha generado que el abastecimiento de agua se realice por empresas privadas, generalizándose la venta de agua embotellada ante el creciente temor e inseguridad por parte de la población.
En general, los gobiernos deberían ser más cuidadosos con la planificación urbanística e industrial, pues uno de los problemas más importantes es la pérdida de la soberanía y seguridad hídrica al quedar las poblaciones a merced de las multinacionales que hacen negocio con el agua.
Uno de los capítulos que más denuncias acumula es la construcción de grandes presas para aprovechamiento eléctrico ¿Cómo enfrentan este problema?
El tema de las centrales hidroeléctricas es muy complejo. Es muy delicado pues no hay que olvidar que la energía eléctrica puede ayudar a las comunidades locales, evita la deforestación de las mismas y reduce la emisión de CO2 a la atmósfera, al ser una fuentes energética menos contaminante que otras mucho más catastróficas.
Lo que hemos conocido tras el estudio de numerosos casos es que no parecen existir lugares idóneos para la construcción de estas infraestructuras. Siempre hay protestas y nadie las quiere en su lugar, porque no está claro a dónde irá a parar esa electricidad. Supuestamente es una forma de autonomía energética, pero los denunciantes siempre dudan de que esa producción vaya a repercutir y quede en la región.
Además estas presas acaban con el equilibrio hidrológico y rompen las cadenas tróficas, motivando con ello una modificación del ecosistema. Muchas comunidades que viven de la pesca o la irrigación quedan desabastecidas teniendo que emigrar o cambiar su forma de vida y sus tradiciones.
¿Qué nuevos proyectos tiene preparados el Tribunal Latinoamericano del Agua?
Tenemos prevista una nueva audiencia que tendrá lugar en Argentina a finales del presente año o al inicio del siguiente. Allí veremos una veintena de casos entre los que incluiremos también denuncias de países no latinoamericanos. La audiencia de Turquía ha sido muy interesante pues nos ha desvelado la importancia que tiene para muchas organizaciones el TLA. Por esta razón trataremos de abrir nuestro campo de actuación en futuras audiencias.
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