Secuestro equiparado, esa infamia
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
La autoridad se ha parapetado tras la ley, a la que usa como escudo en defensa propia. Menudea en los códigos penales, con esa o denominación parecida, el delito de secuestro equiparado. Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas, solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee, y al calor de las discusiones propias del desencuentro con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de la competencia de los retenidos.
Esas retenciones, u otras como las que enseguida presentamos, que son de índole semejante, se hacen aparecer en la ley como privación ilegal de la libertad y se les fijan penas equiparables a las del secuestro. No las conductas sino las penas son las que pueden ser comparadas con las que se imponen a la captura de una persona para obtener dinero a cambio de su libertad. Como si ese fuera el ruin propósito de los ciudadanos en movimiento que retienen a funcionarios, se les asestan castigos semejantes o aun mayores que los del secuestro mercenario. Es que la ley, como expresión del autoritarismo que ve en las personas súbditos y no ciudadanos, busca inhibir cualquier intento de que en la base social se crea que los gobernados son iguales que los gobernantes, investidos éstos temporalmente de potestades necesarias para la convivencia.
En la aplicación de ese delito, aberrante por definición, se llega a extremos infames. Ese es el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana, ñahñú, condenada a 23 años de prisión después de tres de un agotador proceso en que la víctima no contó con traductor a su lengua, que en general es conocida como otomí. Según lo narró Ricardo Rocha en su artículo del jueves pasado en El Universal, el 26 de marzo de 2006 la señora Jacinta y otras mujeres en el poblado de Santiago Mexquititlán, Qro. fueron virtualmente asaltadas mientras vendían aguas frescas en el tianguis semanal. Agentes federales de investigación, que se distinguen de los antiguos y brutales policías judiciales federales (perjudiciales se les llamaba) en que son exactamente lo mismo, agredieron a las personas y causaron destrozos pretextando la lucha contra la piratería. La gente no se dejó, y redujo a cinco de los agentes agresores, que sin daño alguno y sin el menor problema fueron rescatados por un agente del Ministerio Público y un superior de los guardias abusivos. Tan claro fue que de eso se trataba, de un abuso, que el superior resolvió reparar los daños y al efecto dejó a uno de los agresores en Santiago Mexquititlán, en garantía de que su palabra se cumpliría. Cuando eso ocurrió, el agente de la AFI pudo retirarse.
Los federales deben haberse quedado con la espina de que su brutalidad fue corregida en lo que cabe y decidieron vengarse de la población. Aprovecharon que contaban con fotografías de los tironeos iniciales, y presentaron denuncia por su retención. La señora Jacinta fue detenida, sometida a proceso y ahora sentenciada a 21 años de prisión, la mitad del trayecto vital que hasta ahora ha recorrido. No obtuvo ningún beneficio de la breve retención de los policías, y sin embargo su conducta se equipara al secuestro. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el propio Ricardo Rocha han hecho suya la indignación que despierta este maltrato extremo y se proponen obtener la libertad de la señora Francisco Marcial, que en el Día Internacional de la Mujer –hoy, 8 de marzo– ejemplifica las lacras contra las que es preciso luchar pues, como ha resumido el prestigiado periodista de la radio y la televisión, ella “sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre”.
Padecen penas aun mayores, igualmente por secuestro equiparado, 13 personas presas en dos penales en el Estado de México a partir de mayo de 2006. Tres de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en esa fecha por sucesos en que se les involucra, ocurridos meses atrás, en febrero y abril. En la gestión de servicios necesarios para sus comunidades en San Salvador Atenco retuvieron a funcionarios del gobierno mexiquense. Lejos de ser el procedimiento idóneo para solicitar la atención gubernamental, la desidia y el desdén de la gente del gobierno, que es impuntual, falta a las citas o en ellas pretende atropellar la dignidad de las personas, orilla a éstas a situaciones extremas que no pueden ser cohonestadas pero sí comprendidas. Los tres, detenidos el 3 de mayo en Texcoco, sin haber participado en los acontecimientos de esa fecha sino en relación con los ya mencionados, padecen varios procesos, resueltos en sentencias a 67 años y seis meses de prisión cada uno de ellos. Del Valle enfrentó un tercer juicio donde fue tratado con mayor severidad aún, pues se le impusieron 45 años más de reclusión. Los tres se encuentran, como si fueran secuestradores de verdad, y por ende individuos de alta peligrosidad, en el penal del Altiplano.
Diez personas más, detenidas al día siguiente que Del Valle, Álvarez y Galindo, viven su cautiverio en el penal de Molino de Flores. Indigna que ese reclusorio, donde se atenta contra los derechos humanos manteniendo a inocentes recluidos por largo tiempo, lleve el nombre de Alfonso Quiroz Cuarón, un humanista que hizo de la criminología una ciencia al servicio de la justicia. Allí están presos Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Escalante, los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano. Todos y cada uno de ellos están condenados a 31 años de cárcel, señalados por haber retenido a agentes policiacos que sin derecho se introdujeron a domicilios y espacios públicos en busca de gente a la cual golpear y trasladarla al penal de Santiaguito en la feroz jornada de aprehensiones y ataques del cuatro de mayo de 2006.
Presos ya durante casi tres años, sus vidas han sido destrozadas, pero pueden ser quebrantadas aun más si persiste la injusticia de hacerlos pagar penas notoriamente excedentes a las que ameritarían las conductas que se les imputan. Por eso está en curso una campaña a favor de su libertad, que la necesitan y la merecen. Esta campaña incluye el que cese la persecución ministerial contra América del Valle, Bernabé Ortiz Cruz y Adán Espinosa, técnicamente prófugos de la justicia, en realidad ciudadanos que como el resto de sus compañeros no han asesinado a nadie, a nadie robaron nada.
En cambio, ninguno de los más de 2 mil agentes y funcionarios que los reprimieron en aquellas funestas jornadas ha pisado la cárcel. l
Esas retenciones, u otras como las que enseguida presentamos, que son de índole semejante, se hacen aparecer en la ley como privación ilegal de la libertad y se les fijan penas equiparables a las del secuestro. No las conductas sino las penas son las que pueden ser comparadas con las que se imponen a la captura de una persona para obtener dinero a cambio de su libertad. Como si ese fuera el ruin propósito de los ciudadanos en movimiento que retienen a funcionarios, se les asestan castigos semejantes o aun mayores que los del secuestro mercenario. Es que la ley, como expresión del autoritarismo que ve en las personas súbditos y no ciudadanos, busca inhibir cualquier intento de que en la base social se crea que los gobernados son iguales que los gobernantes, investidos éstos temporalmente de potestades necesarias para la convivencia.
En la aplicación de ese delito, aberrante por definición, se llega a extremos infames. Ese es el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana, ñahñú, condenada a 23 años de prisión después de tres de un agotador proceso en que la víctima no contó con traductor a su lengua, que en general es conocida como otomí. Según lo narró Ricardo Rocha en su artículo del jueves pasado en El Universal, el 26 de marzo de 2006 la señora Jacinta y otras mujeres en el poblado de Santiago Mexquititlán, Qro. fueron virtualmente asaltadas mientras vendían aguas frescas en el tianguis semanal. Agentes federales de investigación, que se distinguen de los antiguos y brutales policías judiciales federales (perjudiciales se les llamaba) en que son exactamente lo mismo, agredieron a las personas y causaron destrozos pretextando la lucha contra la piratería. La gente no se dejó, y redujo a cinco de los agentes agresores, que sin daño alguno y sin el menor problema fueron rescatados por un agente del Ministerio Público y un superior de los guardias abusivos. Tan claro fue que de eso se trataba, de un abuso, que el superior resolvió reparar los daños y al efecto dejó a uno de los agresores en Santiago Mexquititlán, en garantía de que su palabra se cumpliría. Cuando eso ocurrió, el agente de la AFI pudo retirarse.
Los federales deben haberse quedado con la espina de que su brutalidad fue corregida en lo que cabe y decidieron vengarse de la población. Aprovecharon que contaban con fotografías de los tironeos iniciales, y presentaron denuncia por su retención. La señora Jacinta fue detenida, sometida a proceso y ahora sentenciada a 21 años de prisión, la mitad del trayecto vital que hasta ahora ha recorrido. No obtuvo ningún beneficio de la breve retención de los policías, y sin embargo su conducta se equipara al secuestro. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el propio Ricardo Rocha han hecho suya la indignación que despierta este maltrato extremo y se proponen obtener la libertad de la señora Francisco Marcial, que en el Día Internacional de la Mujer –hoy, 8 de marzo– ejemplifica las lacras contra las que es preciso luchar pues, como ha resumido el prestigiado periodista de la radio y la televisión, ella “sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre”.
Padecen penas aun mayores, igualmente por secuestro equiparado, 13 personas presas en dos penales en el Estado de México a partir de mayo de 2006. Tres de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en esa fecha por sucesos en que se les involucra, ocurridos meses atrás, en febrero y abril. En la gestión de servicios necesarios para sus comunidades en San Salvador Atenco retuvieron a funcionarios del gobierno mexiquense. Lejos de ser el procedimiento idóneo para solicitar la atención gubernamental, la desidia y el desdén de la gente del gobierno, que es impuntual, falta a las citas o en ellas pretende atropellar la dignidad de las personas, orilla a éstas a situaciones extremas que no pueden ser cohonestadas pero sí comprendidas. Los tres, detenidos el 3 de mayo en Texcoco, sin haber participado en los acontecimientos de esa fecha sino en relación con los ya mencionados, padecen varios procesos, resueltos en sentencias a 67 años y seis meses de prisión cada uno de ellos. Del Valle enfrentó un tercer juicio donde fue tratado con mayor severidad aún, pues se le impusieron 45 años más de reclusión. Los tres se encuentran, como si fueran secuestradores de verdad, y por ende individuos de alta peligrosidad, en el penal del Altiplano.
Diez personas más, detenidas al día siguiente que Del Valle, Álvarez y Galindo, viven su cautiverio en el penal de Molino de Flores. Indigna que ese reclusorio, donde se atenta contra los derechos humanos manteniendo a inocentes recluidos por largo tiempo, lleve el nombre de Alfonso Quiroz Cuarón, un humanista que hizo de la criminología una ciencia al servicio de la justicia. Allí están presos Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Escalante, los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano. Todos y cada uno de ellos están condenados a 31 años de cárcel, señalados por haber retenido a agentes policiacos que sin derecho se introdujeron a domicilios y espacios públicos en busca de gente a la cual golpear y trasladarla al penal de Santiaguito en la feroz jornada de aprehensiones y ataques del cuatro de mayo de 2006.
Presos ya durante casi tres años, sus vidas han sido destrozadas, pero pueden ser quebrantadas aun más si persiste la injusticia de hacerlos pagar penas notoriamente excedentes a las que ameritarían las conductas que se les imputan. Por eso está en curso una campaña a favor de su libertad, que la necesitan y la merecen. Esta campaña incluye el que cese la persecución ministerial contra América del Valle, Bernabé Ortiz Cruz y Adán Espinosa, técnicamente prófugos de la justicia, en realidad ciudadanos que como el resto de sus compañeros no han asesinado a nadie, a nadie robaron nada.
En cambio, ninguno de los más de 2 mil agentes y funcionarios que los reprimieron en aquellas funestas jornadas ha pisado la cárcel. l
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