El anterior presidente estadounidense, George Bush, previno a su sucesor, Barack Obama: el poder someterá a la prueba de la realidad el compromiso de romper con las prácticas prohibidos que su Administración empleó en la «lucha contra el terrorismo».
Los colaboradores de Obama aseguran que éste no ha renegado de su promesa. Pero decisiones como la de oponerse a la publicación de las fotos que muestran los malos tratos que soldados estadounidenses practicaron contra presos en Irak, Afganistán u otras zonas del mundo confirman que la herencia dejada por Bush será difícil de liquidar.
Poco antes de ceder el mando, Bush explicó que había tomado estas decisiones sin tener en cuenta el escándalo que podrían provocar. «Obama se encontrará también en la misma situación. Tendrá que hacer aquello que considere justo», predijo Bush.
Dos días después de su investidura, Obama hizo una de estas cosas que creía justas y ordenó el cierre del campo de Guantánamo, prohibiendo los métodos de interrogatorio autorizados por la Administración Bush para hacer hablar a los sopechosos de «terrorismo» y denunciados como actos de tortura.
Sin embargo, desde entonces, la Presidencia de Obama tiene que hacer frente a los fantasmas de la Presidencia de Bush.
Con la decisión de Obama de bloquear una decisión de la Justicia que ordenaba al Pentágono que publicase decenas de fotos de malos tratos, la realidad es que la nueva era de justicia y de transparencia que prometió el nuevo presidente está en cuestión.
Otra nueva polémica surge con el anuncio, realizado ayer, del restablecimiento de los tribunales militares de excepción que Bush puso en marcha para juzgar a algunos sospechosos de «terrorismo», aunque prevé mejorar las garantías legales de los presos.
Críticas a izquierda y derecha
La izquierda que se alineó con Obama, considerado como el liquidador de la «guerra mundial contra el terrorismo» de Bush, comienza a dudar. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acaba de explicar que conocía el tipo de interrogatorios que hacía la CIA. Es decir, que sabía que torturaban a los detenidos.
Sus adversarios republicanos vuelven a alzar la voz y utilizan contra los demócratas los mismos argumentos que éstos emplearon para vencerles en las urnas.
Una gran organización de defensa de las libertades acusa abiertamente a la Administración Obama de adoptar las «políticas opacas» de la Administración Bush al negarse a difundir las fotos de los malos tratos.
La decepción ha sido especialmente profunda teniendo en cuenta que el Gobierno anunció previamente que publicaría las fotos. Mientras tanto, los generales manifestaron su inquietud en las más altas instancias del Estado.
Obama se ha convertido en el «comandante en jefe», explica su portavoz, Robert Gibbs. Es un título al que Bush recorría constantemente para justificar sus decisiones más polémicas.
«Obama es transparente en su posición, que es fuerte y bien conocida, pero tiene límites», dijo a la cadena PBS su consejero David Axelrod.
La publicación en abril de notas secretas que reforzaron el argumentario legal para justificar la tortura empleada durante la Presidencia de Bush ha provocado confusión y emoción.
La izquierda reprochó a Obama que se opusiera a la persecución de los mandos que habían autorizado la práctica de la tortura. La derecha le acusó de proporcionar armas a los «terroristas». El antiguo vicepresidente, Dick Cheney, ha salido a la palestra para reclamar la publicación de otras notas que muestran la eficacia de los interrorogatorios realizados con la tortura.
Irónicamente, la decisión de Obama de detener la publicación de las fotos que mostraban los malos tratos le ha servido para recoger las alabanzas de sus adversarios.
«La Administración de Bush y Cheney ha concluido, pero irónicamente gobierna desde la tumba», dijo a Efe Eugene Fidell, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar.
Dicha administración «puso en marcha una sucesión de acontecimientos que ha limitado las opciones del Ejecutivo de Obama», añadió Fidell.
Los tribunales militares de excepción vuelven a la vidaObama anunció ayer que mantendrá los tribunales militares de excepción de Bush para juzgar a algunos sospechosos de «terrorismo» encarcelados en Guantánamo, aunque prometió que introducirá reformas en un sistema que él mismo criticó duramente antes de ser presidente.
En un comunicado, Obama anunció un cambio de las reglas de funcionamiento de los tribunales de excepción para reforzar los derechos de los sospechosos, comenzando por la prohibición de utilizar las pruebas obtenidas mediante tortura.
Estas reformas contribuirán a restablecer «el papel que los tribunales militares deben desempeñar para alcanzar la Justicia, situándose siempre bajo la autoridad de la Ley», señaló Obama
Con estas modificaciones, unidas a otras que la Administración Obama presentará en el Congreso, constituyen «el mejor modo de proteger nuestra país respetando los valores que tenemos».
Los consejeros de Obama parecen haber llegado a la conclusión de que no es posible juzgar a todos los sospechosos de «terrorismo» en tribunales civiles debido a dificultades legales a las que tendrían que enfrentarse». Concretamente, la Administración Obama va a solicitar una prórroga de la suspensión, ordenada e enero, de nueve procedimientos que actualmente se encuentran en los tribunales para poder disponer del tiempo necesario para proceder a reformar las reglas. Además de prohibir las pruebas obtenidas bajo tortura, los presos dispondrán de libertad para elegir a su abogado.Obama to continue military tribunals at Guantánamo
The administration said it would introduce a number of reforms to the military commissions
- guardian.co.uk, Friday 15 May 2009 18.43 BST
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Barack Obama has incurred the criticism of civil libertarians for the second time in a week by confirming that he is to continue to try Guantánamo detainees under the widely discredited military tribunal system set up under George Bush.
The Obama administration said it would introduce a number of reforms to the military commissions that are already processing 13 of the most serious cases of terrorist suspects held in the US base in Cuba. The reforms would make the system fairer and more in line with US justice, the administration insisted.
But lawyers who have campaigned against the tribunal system since it was introduced by Congress in 2006 under pressure from President Bush said they were disappointed to see it revived. In his first week in the White House, Obama promised to close down Guantánamo within a year, raising hopes that he also intended to end the tribunals and transfer cases to civilian federal trials within the US.
The decision comes as the second blow this week to liberal opinion from the new administration. On Wednesday the president instructed White House lawyers to try and block the release of photographs showing the abuse of prisoners in Iraq and Afghanistan by US soldiers on the grounds that it would put American personnel at risk of reprisals.
On the campaign trail last year Obama consistently called for the closure of Guantánamo and for normal rights and protections to be afforded the detainees. His view of the tribunals was more nuanced: he opposed their final form, calling them "an enormous failure".
But he voted in favour of an earlier form of military hearings in which prisoners were granted more rights.
Constitutional lawyers however have rejected the argument that the
tribunals can be improved to make them acceptable and workable. Shayana Kadidal, a Guantánamo lawyer with the New York-based Centre for Constitutional Rights, said that fairness was clearly an issue but no matter how extensively the system was reformed "there is a problem of public confidence in the process both here and overseas".
Kadidal said the tribunals were a "disaster" that played into the hands of the terrorists. "By trying them in a military setting, it allows terrorists to portray themselves as military figures and their victims as 'collateral damage'."
Pulling the president in the other direction has been a growing groundswell of political opposition in Washington towards the idea of allowing any of the 241 detainees still held in Guantánamo to be tried on US soil. The issue has increasingly been highlighted by Republican politicians who see it as a potential stick with which to beat the administration, and many Democrats, nervous about the reaction of their constituents, have also expressed their alarm.
A plea for $50m from the White House to pay for the closure of Guantánamo and transfer the prisoners elsewhere has provoked a hostile response from Capitol Hill. A bill put forward by Democrats in the Senate would give the president the money, but on condition that none of the detainees ended up in any of the 50 states.
Only a small number of the detainees are expected to fall under the revised tribunals. Most of the Guantánamo prisoners are likely to be sent back to their countries of origin or, if deemed unacceptable for human rights reasons, to third party countries where those can be found.
Among the reforms that the administration is proposing are block on the presentation of evidence obtained from harsh interrogation techniques in line with Obama's promise to ban torture; restrictions on the use of hearsay evidence; greater choice for prisoners over their military lawyers; and extending to defendants the right not to incriminate themselves should they refuse to testify.
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