España

La dislexia ideológica de la ministra de Economía

Alberto Montero Soler
Rebelión


Este domingo pasado el periódico El País publicaba una entrevista a la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, de esas que no tienen desperdicio.

De entre todas las respuestas que podrían extraerse de esa entrevista me quedo con una que creo que resulta muy expresiva de la continuidad en las posiciones ideológicas mantenidas por los sucesivos ministros que han ocupado esa cartera durante los últimos gobiernos del partido socialista.

Y es que a la pregunta concreta del periodista de si “¿Vuelve a ser de izquierdas subir los impuestos?”, la ministra responde con dos perlas de esas de las que gusta recopilar mi amigo Pascual Serrano.

De entrada responde que “lo que es de izquierdas es tener los recursos suficientes para mantener la protección social”. Y se queda tan pancha. No parece darse cuenta de que con esa declaración está dejando al desnudo los fundamentos de la política fiscal de su gobierno durante los últimos años. Una política que, precisamente, no puede ser catalogada de izquierdas.

Y no puede serlo porque se trata de una política que se ha centrado en convencer a la ciudadanía de su carácter progresista aludiendo básicamente a la preservación del gasto social pero que, sin embargo, en la vertiente de los ingresos públicos es cada vez más regresiva. De forma que, mientras que defiende su condición socialista aludiendo a la relativa importancia del gasto social, calla que esos recursos los ha allegado realizando reformas fiscales conservadoras que gravan proporcionalmente más a las rentas medias y bajas que a las altas.

Así, aunque no puedo negarle a la ministra que mantener e incrementar el gasto social no sea una política de izquierdas, lo que sí puedo rebatirle es que financiar ese gasto mediante un incremento de la imposición indirecta a costa de reducir la directa (vía reformas en el IRPF o supresión del Impuesto sobre el Patrimonio) sea una política de izquierdas.

Pero es que, además, aún centrándonos en el capítulo de los gastos sociales, siempre se le puede reprochar a este gobierno el limitado esfuerzo realizado durante los años de crecimiento económico que han precedido a esta crisis al no aplicar políticas fiscales de la suficiente potencia redistributiva como para alterar significativamente la distribución de la renta y la riqueza en este país. Por el contrario, optó por reformas impositivas que implicaban disminuciones de los recursos públicos disponibles y, con ello, eliminaba el margen de maniobra para promover incrementos del gasto social que permitieran reducir el diferencial que nos distanciaba de Europa en esa materia.

De esa forma, la apuesta por una política fiscal que buscaba incrementar la renta disponible para los ciudadanos vía reducciones impositivas en detrimento de los ingresos públicos, justificada sobre el eslogan simplista de que “reducir impuestos era de izquierda”, se encuentra en la base de que, según los datos de Eurostat más recientes (para el año 2006), España dedicara 5.163 estándars de poder adquisitivo per cápita mientras que la media de la Unión Europea a 15 era de 7.278 estándars, por no hablar de los casi 9.100 que dedica Holanda, los casi 9.000 de Suecia o los 8.200 de nuestros vecinos galos.

Y es que no debemos ocultar que, durante estos años, el gasto en protección social en España, aunque ha crecido en términos absolutos, no lo ha hecho si se valora en términos de porcentaje del PIB. Así, en el año 2000 el porcentaje del gasto social en el PIB era del 20,3%; en 2004, cuando inicia su primer mandato Rodríguez Zapatero, ese porcentaje era del 20,7% y, dos años después, a pesar del intenso crecimiento del producto, el gasto social sólo se había incrementado hasta el 20,9%.

Si comparamos el porcentaje que, por término medio, dedican a gasto social como porcentaje del PIB los países de la UE-15 durante esos mismos años de referencia, nos encontramos con el sorprendente dato de que, mientras que en el año 2000 la diferencia era de 6,5 puntos (el porcentaje medio en la UE-15 era de 26,8%), en el año 2006 esa diferencia era de 6,6 puntos (con un porcentaje medio de 27,5%), esto es, una décima más.

Creo que es evidente que no se puede seguir manteniendo, sobre la base del planteamiento simplista de que ser de izquierdas es aumentar el gasto social, que nuestro gobierno socialista es más de izquierdas que la media de los gobiernos europeos que integran la Unión Europea a 15 miembros dado que estos han aumentado en mayor medida su gasto social en porcentaje del PIB que España.



¿Será disléxica la ministra de Economía?

Pero, además, no contenta con lo que acababa de decir, la ministra continuaba su respuesta con esta reveladora afirmación: “Y tenemos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que no sé si es de izquierdas o de derechas pero que hay que cumplir”. Eso se llama tener las cosas claras.

Resulta revelador que nuestra ministra no sepa si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impuesto como complemento en materia de política fiscal a la cesión de soberanía sobre la política monetaria a un banco central independiente en el proceso de creación del euro, es o no una política de izquierdas.

Sin embargo, yo no creo que haya que tener una formación especialmente avanzada en materia económica ni un excesivo criterio político-ideológico (bastaría, creo, con el que se le debe suponer a quien ocupa una cartera ministerial) para saber que ese Pacto es profundamente conservador.

Y es que una regla de política fiscal de esa naturaleza, que limita la capacidad de los gobiernos para incurrir en déficit fiscal o para incrementar su nivel de deuda pública en relación al PIB para financiar ese déficit, es conservadora, en primer lugar, porque impide la aplicación de políticas fiscales contracíclicas en momentos de recesión económica, como el que estamos viviendo. Incurriendo, además, en la contradicción de sancionar monetariamente –o, al menos, así está establecido y debería aplicarse- a aquellos Estados que mantengan esos desequilibrios precisamente cuando su situación económica se encuentra debilitada.

Pero, sobre todo, es profundamente conservadora porque trata de expulsar a la política del ámbito de las decisiones económicas, negando a los gobiernos la posibilidad de gestionar políticamente las finanzas públicas y sustituyendo la discrecionalidad por el automatismo y la política por la tecnocracia.

De esa forma, en el mismo sentido de lo que se consiguió con la concesión generalizada de independencia para los bancos centrales, este tipo de medidas limitadoras de la capacidad discrecional de aplicar políticas por parte de los gobiernos viene a consolidar la expulsión de la política del ámbito de la economía; una expulsión muy querida en los planteamientos neoliberales cuyos fundamentos ha conseguido sepultar esta crisis. Se consigue, así, restringir la capacidad de decisión y gestión política en una materia tan sensible, desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía popular, como es la fiscal: la capacidad para establecer y recaudar impuestos y decidir políticamente el uso y destino de los mismos.

Pues bien, parece que la nueva ministra de Economía de este gobierno socialista no sabe distinguir si una medida que cortocircuita la toma de decisiones democrática como fundamento de la política económica y que se ha revelado, además, como tremendamente inoperante es de izquierda o de derechas. Al menos Solbes lo tenía claro y no lo ocultaba.



Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.

ENTREVISTA: ELENA SALGADO Vicepresidenta segunda y ministra de Economía

"La crisis está tocando fondo, pero el empleo tardará más en crecer"

M. JIMÉNEZ / C.. MARTÍN A. BOLAÑOS - Madrid - 21/06/2009

Las obras en la vecina Puerta del Sol sitian la sede del Ministerio de Economía, donde Elena Salgado (Ourense, 1949) apura otra maratoniana jornada. No lleva ni cien días en el cargo y ha tenido que encajar las peores estadísticas de la historia económica reciente.

Las obras en la vecina Puerta del Sol sitian la sede del Ministerio de Economía, donde Elena Salgado (Ourense, 1949) apura otra maratoniana jornada. No lleva ni cien días en el cargo y ha tenido que encajar las peores estadísticas de la historia económica reciente. Cuatro millones de parados y un déficit público galopante obligan a la vicepresidenta a un arriesgado ejercicio de equilibrismo. Salgado cree que ya dejó atrás la zona más profunda del precipicio.

Pregunta. ¿Se imaginaba que la situación era tan mala?

Respuesta. Tenía una cierta idea, porque con los datos del primer trimestre se veía una atonía muy fuerte. No tan mala, pero sí era consciente de que la situación era muy difícil.

P. Prevén una tasa de paro de más del 17% para toda la legislatura, ¿los brotes verdes se han marchitado o dan para decir que lo peor de la crisis ha pasado ya?

R. Si por lo peor entendemos una caída rápida, creemos que estamos llegando a una situación de estabilidad, que es la base para comenzar después a crecer. Ahora seguimos decreciendo y vamos a seguir así durante todo este año, pero a una velocidad ya muchísimo menor. Nos estabilizaremos a final de año o hacia el primer trimestre del año que viene. Comenzaremos con crecimientos muy débiles en términos trimestrales y creceremos más rápidamente después, a partir de 2011.

P. Muchos expertos creen que sus previsiones para el próximo año pecan de optimistas.

R. Hemos hecho una previsión peor que los organismos internacionales para 2009 y un poco mejor para 2010. Creemos que nuestras previsiones son ajustadas para este año, en el que ya hemos puesto en marcha los estímulos fiscales. En 2010, nuestra idea es ir retirando estímulos fiscales. El fondo local de inversiones, por ejemplo, pasará de 8.000 millones a 5.000 millones de euros. El fondo de 3.000 millones para la dinamización de la economía no está previsto para el año que viene. Pero, evidentemente, 2010 tiene un punto de incertidumbre, y ahí somos más optimistas que los analistas internacionales.

P. ¿Retirar los estímulos fiscales implica revisar la deducción de los 400 euros del IRPF?

R. Hay medidas fiscales que se pueden adoptar en cualquier momento del año. Por ejemplo, lo que hemos hecho con los impuestos especiales. Cualquier medida que afecte al impuesto sobre la renta no tiene mucho sentido adoptarla a mitad de año. Lo que hemos dicho es que, a la hora de elaborar los Presupuestos de 2010, examinaremos todas las medidas que hemos adoptado y actuaremos en consecuencia.

P. La deducción de los 400 euros tenía por objeto incentivar el consumo. ¿Ha fracasado?

R. No sabemos si el hecho de que crezca la tasa de ahorro, que es algo que deseamos a medio plazo, tiene que ver con esa medida, aunque es verdad que lo que queríamos era incentivar el consumo. Hay que señalar que un gran número de personas que tienen trabajo han visto cómo su renta disponible se incrementaba por la bajada de las hipotecas. Eso supone para muchas familias unos 200 euros más al mes, una cantidad mucho mayor que 400 euros al año. Decir qué euros han ido al consumo y qué euros han ido al ahorro es muy complicado. En septiembre tendremos mejores datos y será el momento de tomar decisiones.

P. No descarta, por tanto, subida de impuestos o pérdida de beneficios fiscales.

R. No las habrá en 2009. Para 2010, tenemos que volver a hacer cuentas. Después del verano tendremos datos mejores.

P. Hay quien propone subir el IVA para reducir el déficit.

R. Hay que controlar el déficit en todo caso, pero en estos momentos uno de los impuestos que presenta mayor debilidad es el IVA, lo cual tiene mucho que ver con el consumo. La caída de recaudación en 2009 está siendo muy importante. Se unen dos efectos: la devolución mensual, que se ha incorporado este año, y la caída del consumo. Antes de tomar esa decisión tenemos que tener en cuenta que la debilidad mayor es la baja demanda interna. Cuando se pide que se reduzcan las cotizaciones sociales a cambio de subir el IVA, hay que ser prudente.

P. Entonces, la respuesta es que no lo subirá.

R. En todo caso, cuando los datos están cambiando a tal velocidad, yo no soy capaz de anticipar cómo irá la recaudación en el segundo o el tercer trimestre.

P. ¿Vuelve a ser de izquierdas subir los impuestos?

R. Lo que es de izquierdas es tener los recursos suficientes para mantener la protección social. Y tenemos un Pacto de Estabilidad y Crecimiento que no sé si es de izquierdas o de derechas pero que hay que cumplir.

P. En la cumbre del G-20 se debatió poner límites a las retribuciones de los ejecutivos o penalizarlas fiscalmente. ¿Se está pensando algo en este sentido?

R. En realidad, los países no han adoptado este tipo de medidas. El presidente de EE UU ha lanzado la idea en alguna ocasión, pero no se ha concretado. Decir cómo las empresas tienen que retribuir a sus directivos es algo que se puede dar si reciben ayudas públicas, pero no en el caso contrario. Si se quiere, se pueden adoptar medidas fiscales.

P. ¿Van a adoptarlas?

R. No creemos que tengan un impacto recaudatorio importante, aunque hay países que han tomado decisiones en este sentido como una medida ejemplarizante, para que los colectivos más favorecidos contribuyan al esfuerzo común para salir de la crisis. Pero nuestro IRPF es ya muy progresivo. Dicho esto, es una medida que también consideraremos, porque se nos ha pedido que lo hagamos desde el Congreso.

P. El IRPF es muy progresivo pero hay excepciones como la de Cristiano Ronaldo y otros futbolistas extranjeros que se amparan en la llamada Ley Beckham para tributar al 24%, el tipo aplicado a las rentas bajas, ganando millones de euros al año. ¿No cree que sería necesario cambiar esto?

R. Esto se justificó en su día por el hecho de que había profesiones con una vida muy corta. En este momento no se plantea cambiar todo un esquema de retribución por un caso concreto.

P. No es sólo un caso...

R. Una contratación como la que menciona se ha hecho en unas determinadas condiciones, y un cambio en la fiscalidad nunca podría ser retroactivo. Son cuestiones a examinar de forma más reposada.

P. ¿En qué límites va a quedar la deducción por vivienda?

R. Seguimos trabajando con el umbral de los 24.000 euros, como límite a partir del cual la deducción desaparece. Y entre 17.000 y 24.000 euros la deducción va siendo cada vez menor. Por encima de 24.000 euros hay sólo un tercio de las declaraciones del IRPF.

P. Se marcó como meta reconducir el déficit público al 3% del PIB en 2012. Y acaba de elevar el límite de déficit de las comunidades para 2010. Mal empezamos...

R. Esperamos de las comunidades un comportamiento razonable. Que sean conscientes de la crisis en la que estamos. Lo que nos dicen las comunidades es que para cumplir las competencias que tienen asignadas, sobre todo en materia social, necesitan disponer de más recursos. Lo que se ha hecho es autorizarles un techo de déficit inicial, pero, a la vez, tienen que presentar un plan de recuperación de ese déficit, en el que se comprometen a reconducirlo en 2011 y 2012.

P. Las comunidades gobernadas por el PP insistieron en dejar el límite en el 1%.

R. Como me dijo un consejero del PP el martes pasado, adoptaron esa postura porque sabían que no se iba a aprobar. Era una posición de cara a la galería. Les planteamos si querían renunciar a una parte de déficit y así poder aumentar el de otras comunidades sin alterar el resultado final. No quisieron.

P. ¿Cómo encaja el plan de infraestructuras pactado por el ministro José Blanco por 15.000 millones de euros en el objetivo de reconducir el déficit?

R. Las infraestructuras se pueden pagar en muchos años y sólo afecta en la anualidad correspondiente. Aún queda articular todo, pero estamos de acuerdo en que las infraestructuras son un motor para la economía.

P. ¿Excluye de ese objetivo el posible aumento de la prestación para los parados?

R. Somos un Gobierno socialista y, por tanto, no vamos a dejar personas completamente desprotegidas. Es una prestación, por otra parte, que va a estar siempre asociada a la formación. Necesitamos que personas que tienen un nivel de capacitación bajo porque dejaron los estudios hagan cursos de formación para poder incorporarse a sectores de futuro. La duración sería temporal, unos meses. El diálogo social lo acordará.

P. ¿Estaría dispuesta a dimitir si se llega a los cinco millones de parados?

R. No creo que dimitiendo se arregle nada. Y quiero contextualizar mis últimas manifestaciones. Con un 18% de tasa de paro, alguien me pregunto si llegaríamos a cinco millones de parados el año que viene. Yo contesté: con esas cifras, ni de lejos se llega a cinco millones. Para llegar a esa cifra, haría falta una población activa de 25 millones y un 20% de tasa de paro. Estamos lejos de los 25 millones de población activa y creemos que no llegaremos al 20%. Pero lo que no podemos prever es el incremento de la población activa. Ahora está bastante estabilizado y creemos que va a seguir así. Pero no depende de mí, de mí puede depender hacer planes de estímulo para el empleo. Dicho todo esto, no entra en nuestras previsiones llegar a cinco millones de desempleados.

P. ¿Comparte el diagnóstico de que la recuperación del empleo va a ser mucho más lenta que la del conjunto de la economía?

R. Es un diagnóstico que ha hecho el G-8. Estamos tocando fondo en la crisis, pero el empleo va a tardar más en crecer. Esto es así en todos los países de la UE. El empleo es una variable retrasada y va a seguir a la baja probablemente hasta 2011.

P. ¿Cree imprescindible una reforma laboral, como dice el gobernador del Banco de España?

R. Yo me quedo más con lo que ha dicho Miguel Boyer: que ahora no es imprescindible una reforma laboral. Conviene no sólo leer las opiniones del Banco de España, sino también otras a las que hemos considerado siempre en el ala más liberal del pensamiento socialdemócrata.

P. Su nuevo secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, sí defendió la necesidad de una reforma.

R. Firmó un documento al respecto, pero seguramente ahora tiene más datos y puede pensar algo diferente.

P. También planteó recortes salariales para salir de la crisis...

R. Soy partidaria de una cierta flexibilización en la negociación colectiva. De eso se hablan en el diálogo social. Esto quiere decir que puedan tenerse en cuenta las circunstancias de cada empresa en la negociación colectiva.

P. ¿Qué perspectivas hay de un gran acuerdo social?

R. Yo creo que acuerdo hay todos los días. En una situación como la actual, con cuatro millones de parados, si se mira el número de horas perdidas por conflictos laborales se ve que hay un permanente ejercicio de responsabilidad de los agentes sociales. Estamos todos, en efecto, pensando en un gran acuerdo, pero creemos que debe configurarse en torno a la formación para establecer un nuevo modelo productivo.

P. ¿El acuerdo se limitará entonces a aumentar la prestación a los parados?

R. Se está trabajando también en otros aspectos. Pero éste es un tema central.

P. Otros asuntos como el coste del despido, los ERE, las prejubilaciones, ¿están en la agenda?

R. Se está trabajando en definir esas prestaciones y flexibilizar el marco de la negociación colectiva. En cuanto a los ERE, hay que constatar que, en estos momentos, los trabajadores afectados han crecido mucho. Por tanto, algo que era un fenómeno muy restringido se está ampliando. Pero yo no participo en las mesas de diálogo social y no sé su agenda concreta. Hay, por otra parte, un Pacto de Toledo que sigue trabajando con una perspectiva de largo plazo. Nuestro sistema de pensiones está más que sobrado en cuanto a su viabilidad.

P. El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, aseguró esta semana que algo se ha movido en la negociación del sistema de financiación autonómica, ¿puede aclarar qué ha cambiado?

R. Creo que nos hemos movido todos, nos hemos movido para atender sus peticiones, nos hemos movido en el cálculo de porcentajes para demostrar que el Estatuto de Cataluña se cumple. Nos hemos movido en un trabajo constante y discreto en todos los niveles. Y nos hemos movido con otras autonomías.

P. Garantizan a Cataluña que recibirá más recursos por habitante que la media, ¿será posible casar todos los intereses?

R. El Estatuto de Cataluña dice que se tenga en cuenta la capacidad fiscal. Y es verdad que, con los datos de liquidación de 2007, Cataluña quedaba por debajo de la media y nos parece razonable que mejore su posición relativa.

P. Competencia les acaba de reprochar que, en la trasposición de la directiva de servicios, permitan a las comunidades mantener su licencia en la apertura de centros comerciales.

R. Creemos que la ley también tiene que ser respetuosa con las competencias autonómicas. Lo que se pretende es situar la responsabilidad en las comunidades, que decidirán si quieren imponer y en qué casos una segunda licencia. Si Bruselas entiende que se vulnera la trasposición de la directiva por la actuación de una comunidad, será la comunidad autónoma la responsable.