Chiapas: paramilitares vigentes
ISAíN MANDUJANO
En Chiapas no sólo se mantienen impunes las atrocidades cometidas por el grupo paramilitar Paz y Justicia, al que se atribuye haber consumado –con apoyo del gobierno de Zedillo, del Ejército y de autoridades estatales– al menos 122 asesinatos y desapariciones forzadas. También se teme que los pocos líderes del mismo que fueron detenidos sean excarcelados, mientras que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas espera que, en los próximos meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA llame a cuentas al Estado mexicano para que explique por qué no ha hecho justicia en los casos que ese centro documentó ante el organismo internacional.
MASOJÁ SHUCJÁ, TILA, Chis.- Sentado junto a una tumba vacía en esta pequeña localidad del norte de Chiapas, Sebastián Pérez Torres, un viejo indígena chol, espera que algún día alguien revele dónde quedó el cuerpo de su hija y se lo entregue.
Cuando era estudiante de secundaria en la cabecera municipal de Tila, Minerva Guadalupe Pérez Torres, de 15 años de edad, fue capturada el 20 de junio de 1996 por miembros del grupo Paz y Justicia en un retén que habían puesto en la localidad de Miguel Alemán, a menos de tres kilómetros de esta población.
Testigos de su captura y encierro confiaron al padre de Minerva que durante una semana fue torturada física y psicológicamente, que sufrió violaciones tumultuarias e interrogatorios sobre quiénes eran los mandos zapatistas en su comunidad. Conforme a dichas versiones, enseguida fue llevada al monte y su cuerpo, descuartizado a machetazos, fue arrojado a una cueva ubicada en un lugar desconocido de esta zona montañosa.
A sus 74 años, Sebastián Pérez Torres apenas habla el castilla. Recuerda que tras la desaparición de su hija a manos de Paz y Justicia, su esposa Ana Torres Pérez se puso muy triste y se empezó a enfermar de todo hasta que, finalmente, la diabetes la mató apenas el pasado mes de mayo.
Sebastián enciende una vela en la tumba sin cuerpo y pasa el incensario sobre las pocas flores que ha venido a dejar en este espacio donde se han depositado algunos objetos personales de Minerva.
Teme que la muerte lo alcance sin poder recuperar siquiera los restos de su hija, pues está convencido de que, en ese tiempo, “caer en manos de Paz y Justicia sin ser priista era una sentencia de muerte segura”.
Al igual que el de Minerva Guadalupe, los cuerpos de otras tres personas de esta localidad no han sido localizados. Nadie sabe dónde quedaron los cadáveres del profesor rural indígena bilingüe Juan Ramírez Torres –hombre de 30 años que dejó en el desamparo a su mujer y a cinco hijas pequeñas–, de Encarnación Pérez Pérez, de 28, y de su hermana María Rebeca Pérez, quien había cumplido 15 antes de desaparecer.
También ellos, según los pobladores de esta localidad, cayeron en manos de Paz y Justicia, un grupo paramilitar que se creó al amparo de las fuerzas policiacas estatales y del Ejército Mexicano para contrarrestar el avance del zapatismo en esta región –donde las etnias tzeltal y chol se fusionan– y para detener el crecimiento del PRD, que cada vez ganaba más adeptos en la zona.
Otros de los caídos de esta población –Héctor Pérez Torres, de 23 años; Mateo Hernández López, de 76; Sebastián Pérez López, de 45, y Romeo Pérez Pérez, de 15– tuvieron el privilegio de que sus cuerpos fueron depositados en tumbas adonde sus familiares van a rezar por sus almas.
Pero tanto los cuatro desaparecidos como los cuatro sepultados de Masojá Shucjá que se mencionan son sólo la punta de la estela de muertes que dejó Paz y Justicia en la región.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que ya llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ha documentado 37 desapariciones forzadas –32 de hombres y cinco de mujeres– y las ejecuciones de 78 hombres y siete mujeres.
En las oficinas de la CIDH en Washington permanece la petición número 1121-04 para que esa instancia internacional ventile los asesinatos y desapariciones cometidos por Paz y Justicia, y se espera que en los próximos meses sea aceptada.
Si bien el documento respectivo sólo incluye los casos de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate, así como las desapariciones forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán, esa es una pequeña muestra del vasto escenario de guerra que, según el director del Frayba, Diego Cadenas Gordillo, se implantó en la zona norte de Chiapas.
Para ellos no hay duda: Los paramilitares de Paz y Justicia contaron con la anuencia del gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo, así como del gobierno estatal y del Ejército, que los impulsaron, entrenaron y financiaron con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror entre la población civil.
Paz y Justicia asoló los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua desde 1995, “hasta que las divisiones internas y el cambio de correlación de fuerzas en el año 2000 desdibujaron a la organización, aun y cuando siguen armados y sólo tres de sus líderes se encuentran en la cárcel”, comenta Cadenas.
Se ha denunciado que las ligas del Ejército con Paz y Justicia fueron muy estrechas, y se estableció que ese grupo tuvo siempre el apoyo de una organización policiaca estatal especial creada tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994.
A esa organización, denominada Agrupamiento Maya, únicamente podían ingresar exmilitares. Además, el entrenamiento que recibían era de corte militar. Una base de ese agrupamiento se asentaba en El Limar, uno de los dos bastiones de Paz y Justicia, al igual que Miguel Alemán.
El coordinador de la policía estatal, el general retirado Julio César Gamboa Solís, creador del Agrupamiento Maya, se mantenía bajo la observación permanente del general de división y comandante de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo Fernández.
Ese grupo desapareció poco después de la matanza de Acteal, y únicamente una vieja foto del cuartel policiaco del mismo en El Limar se halla contenida en un informe del Frayba sobre las agresiones de Paz y Justicia.
De acuerdo con dicho documento, el general Castillo Fernández siempre estaba al tanto de las operaciones de Paz y Justicia, cuyos principales líderes sostenían reuniones esporádicas con él tanto en la capital del estado como en la región donde operaron.
Samuel Sánchez Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo –actualmente muerto–, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López y Marcos Albino Torres solían ser anfitriones del general en las montañas del norte de Chiapas o lo visitaban en su cuartel militar de Tuxtla.
Los archivos del Frayba registran otros nombres de militares ligados a Paz y Justicia: un coronel de infantería al que sólo se identifica con el apellido “Ramírez”; el mayor de infantería Ricardo Eduardo Sosa del Río y el ahora general Leopoldo Díaz López.
En un documento fechado el 27 de diciembre de 1997 y encontrado en los archivos de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que presidió el hoy obispo emérito Samuel Ruiz García, aparecen registrados los nombres de 77 personas de Paz y Justicia que se encontraban armados con pistolas, rifles .22, escopetas, fusiles R15 y cuernos de chivo.
Allí figuran, entre otros, los exmilitares Pascual Gómez Velasco, Gilberto Gómez Jiménez, Clemente Díaz Parcero, Miguel Gómez Pérez y Jorge Gómez Jiménez.
Y aunque no lo refiere ese documento, se dice que uno de los máximos líderes de Paz y Justicia, Sabelino Torres Martínez, también tuvo una formación militar en su juventud a su paso por las Fuerzas Armadas de 1986 a 1988, en el estado de Campeche.
Cuando capturaron a Sabelino, en septiembre del 2002, se montó un gran despliegue policiaco y militar. Para el gobierno estatal era un sujeto muy peligroso pues se trataba de uno de los principales y más radicales líderes de Paz y Justicia. Se dijo entonces que Paz y Justicia actuó con total impunidad de 1995 a 2000, “sembrando violencia y terror entre los simpatizantes” del PRD y del EZLN.
Sabelino Torres Martínez se encuentra preso en el penal de El Amate desde 2002. Tras la llegada del gobernador Juan Sabines Guerrero, en febrero del año pasado, tanto él como Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López y Urgenio Torres Martínez y Juan Méndez Arcos –también exmiembros de Paz y Justicia– firmaron una carta elogiando al gobernador chiapaneco por su labor para liberar presos de las cárceles chiapanecas.
Con ese desplegado, que se publicó como inserción pagada en los medios locales de Chiapas, todos ellos pretendían ganarse “la voluntad” del gobernador para obtener su libertad, señala Cadenas Gordillo.
Y advierte que la liberación de los primeros 20 implicados en el caso de Acteal es la llave para que los líderes de Paz y Justicia, entre ellos Samuel Sánchez Sánchez, sean igualmente excarcelados.
Cambio de nombre
Debido a lo anterior, en las comunidades de la zona norte de Chiapas existe gran preocupación.
Manuel Martínez, uno de los líderes del movimiento de resistencia civil adherido a La Otra Campaña del EZLN en Masojá Shucjá, manifiesta que en esta región, si bien no hay guerra, tampoco puede hablarse de que haya paz, pues las heridas siguen abiertas y no puede hablarse con total libertad en esta área.
Para entrevistar a Manuel Martínez el corresponsal tuvo que desplazarse a las afueras de comunidad junto a un caudaloso río que hace un ruido ensordecedor con sus cascadas porque, dice, “aquí hasta los árboles oyen”.
Según Manuel Martínez, Paz y Justicia no sólo cometió más de 120 asesinatos y desapariciones, sino que además forzó el desplazamiento de unas 700 familias, esto es, alrededor de 2 mil 500 personas. Y si bien es cierto que algunos de sus líderes están presos, muchos de sus miembros que ejecutaron a indígenas choles siguen libres y gozan de total impunidad.
Asegura además que Paz y Justicia ha cambiado de nombre para tratar de ocultar su pasado, pues ahora sus integrantes se han dado en llamar Unión de Campesinos e Indígenas Agroforestales (Uciaf), o bien, Organización Productiva Agrícola Campesina (OPAC).
E inclusive, continúa, para tratar de evadir su responsabilidad histórica con la justicia, hasta se han adherido al PRD, partido al que tanto combatieron por considerarlo una careta política del zapatismo en los años de la guerra civil.
El domingo 30 de agosto pasado, cientos de indígenas provenientes de otras comunidades se aglomeraron en esta pequeña población.
Por tercer año consecutivo, se reunieron para rezar por sus muertos. En la pequeña iglesia de piedra montaron un altar con las fotos de los muertos de esta comunidad, pero puntualizaron que ellos son sólo ocho de los más de 120 muertos que dejó Paz y Justicia en toda la región.
Manuel Martínez, quien encabeza el movimiento de resistencia civil en la zona, dice que existe el temor de que los paramilitares de Paz y Justicia se reagrupen y vuelvan a atacar.
A su juicio, se están dando las condiciones para que los grupos armados se reactiven, e insiste en que la libertad de los presos implicados en el caso de Acteal los pone en estado de alerta porque en cualquier momento podrían salir los de Paz y Justicia.
Mientras tanto, Diego Cadenas Gordillo espera que la CIDH en Washington agilice los trámites y que en los próximos meses acepte ventilar el caso de la zona norte de Chiapas, además de que el organismo internacional llame a cuentas al Estado mexicano para que explique por qué no ha impartido justicia.
En su petición, el Frayba demuestra que el Estado mexicano, en ninguno de los 122 casos mencionados, ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte de Chiapas.
Ni siquiera reconoce que existan tales violaciones a los derechos humanos ni ha otorgado la reparación de los daños a los familiares de las víctimas, continúa.
El Frayba argumenta que el Estado mexicano ha violado, también, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares y no ha generado medidas que impidan la repetición de una política contrainsurgente que entre 1995 y 1999 derivó en desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas.
“En el Estado mexicano no existe el recurso idóneo. No hay, pues, un recurso necesario jurídico, rápido y sencillo que pueda garantizar los derechos de una persona en situación de desaparición forzada”, expresa Diego Cadenas Gordillo, y concluye:
“En tanto no haya justicia, las heridas no cicatrizarán.”
Este reportaje se publicó en la edición 1717 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 27 de septiembre.
MASOJÁ SHUCJÁ, TILA, Chis.- Sentado junto a una tumba vacía en esta pequeña localidad del norte de Chiapas, Sebastián Pérez Torres, un viejo indígena chol, espera que algún día alguien revele dónde quedó el cuerpo de su hija y se lo entregue.
Cuando era estudiante de secundaria en la cabecera municipal de Tila, Minerva Guadalupe Pérez Torres, de 15 años de edad, fue capturada el 20 de junio de 1996 por miembros del grupo Paz y Justicia en un retén que habían puesto en la localidad de Miguel Alemán, a menos de tres kilómetros de esta población.
Testigos de su captura y encierro confiaron al padre de Minerva que durante una semana fue torturada física y psicológicamente, que sufrió violaciones tumultuarias e interrogatorios sobre quiénes eran los mandos zapatistas en su comunidad. Conforme a dichas versiones, enseguida fue llevada al monte y su cuerpo, descuartizado a machetazos, fue arrojado a una cueva ubicada en un lugar desconocido de esta zona montañosa.
A sus 74 años, Sebastián Pérez Torres apenas habla el castilla. Recuerda que tras la desaparición de su hija a manos de Paz y Justicia, su esposa Ana Torres Pérez se puso muy triste y se empezó a enfermar de todo hasta que, finalmente, la diabetes la mató apenas el pasado mes de mayo.
Sebastián enciende una vela en la tumba sin cuerpo y pasa el incensario sobre las pocas flores que ha venido a dejar en este espacio donde se han depositado algunos objetos personales de Minerva.
Teme que la muerte lo alcance sin poder recuperar siquiera los restos de su hija, pues está convencido de que, en ese tiempo, “caer en manos de Paz y Justicia sin ser priista era una sentencia de muerte segura”.
Al igual que el de Minerva Guadalupe, los cuerpos de otras tres personas de esta localidad no han sido localizados. Nadie sabe dónde quedaron los cadáveres del profesor rural indígena bilingüe Juan Ramírez Torres –hombre de 30 años que dejó en el desamparo a su mujer y a cinco hijas pequeñas–, de Encarnación Pérez Pérez, de 28, y de su hermana María Rebeca Pérez, quien había cumplido 15 antes de desaparecer.
También ellos, según los pobladores de esta localidad, cayeron en manos de Paz y Justicia, un grupo paramilitar que se creó al amparo de las fuerzas policiacas estatales y del Ejército Mexicano para contrarrestar el avance del zapatismo en esta región –donde las etnias tzeltal y chol se fusionan– y para detener el crecimiento del PRD, que cada vez ganaba más adeptos en la zona.
Otros de los caídos de esta población –Héctor Pérez Torres, de 23 años; Mateo Hernández López, de 76; Sebastián Pérez López, de 45, y Romeo Pérez Pérez, de 15– tuvieron el privilegio de que sus cuerpos fueron depositados en tumbas adonde sus familiares van a rezar por sus almas.
Pero tanto los cuatro desaparecidos como los cuatro sepultados de Masojá Shucjá que se mencionan son sólo la punta de la estela de muertes que dejó Paz y Justicia en la región.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que ya llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ha documentado 37 desapariciones forzadas –32 de hombres y cinco de mujeres– y las ejecuciones de 78 hombres y siete mujeres.
En las oficinas de la CIDH en Washington permanece la petición número 1121-04 para que esa instancia internacional ventile los asesinatos y desapariciones cometidos por Paz y Justicia, y se espera que en los próximos meses sea aceptada.
Si bien el documento respectivo sólo incluye los casos de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate, así como las desapariciones forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán, esa es una pequeña muestra del vasto escenario de guerra que, según el director del Frayba, Diego Cadenas Gordillo, se implantó en la zona norte de Chiapas.
Para ellos no hay duda: Los paramilitares de Paz y Justicia contaron con la anuencia del gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo, así como del gobierno estatal y del Ejército, que los impulsaron, entrenaron y financiaron con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror entre la población civil.
Paz y Justicia asoló los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua desde 1995, “hasta que las divisiones internas y el cambio de correlación de fuerzas en el año 2000 desdibujaron a la organización, aun y cuando siguen armados y sólo tres de sus líderes se encuentran en la cárcel”, comenta Cadenas.
Se ha denunciado que las ligas del Ejército con Paz y Justicia fueron muy estrechas, y se estableció que ese grupo tuvo siempre el apoyo de una organización policiaca estatal especial creada tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994.
A esa organización, denominada Agrupamiento Maya, únicamente podían ingresar exmilitares. Además, el entrenamiento que recibían era de corte militar. Una base de ese agrupamiento se asentaba en El Limar, uno de los dos bastiones de Paz y Justicia, al igual que Miguel Alemán.
El coordinador de la policía estatal, el general retirado Julio César Gamboa Solís, creador del Agrupamiento Maya, se mantenía bajo la observación permanente del general de división y comandante de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo Fernández.
Ese grupo desapareció poco después de la matanza de Acteal, y únicamente una vieja foto del cuartel policiaco del mismo en El Limar se halla contenida en un informe del Frayba sobre las agresiones de Paz y Justicia.
De acuerdo con dicho documento, el general Castillo Fernández siempre estaba al tanto de las operaciones de Paz y Justicia, cuyos principales líderes sostenían reuniones esporádicas con él tanto en la capital del estado como en la región donde operaron.
Samuel Sánchez Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo –actualmente muerto–, Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López y Marcos Albino Torres solían ser anfitriones del general en las montañas del norte de Chiapas o lo visitaban en su cuartel militar de Tuxtla.
Los archivos del Frayba registran otros nombres de militares ligados a Paz y Justicia: un coronel de infantería al que sólo se identifica con el apellido “Ramírez”; el mayor de infantería Ricardo Eduardo Sosa del Río y el ahora general Leopoldo Díaz López.
En un documento fechado el 27 de diciembre de 1997 y encontrado en los archivos de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que presidió el hoy obispo emérito Samuel Ruiz García, aparecen registrados los nombres de 77 personas de Paz y Justicia que se encontraban armados con pistolas, rifles .22, escopetas, fusiles R15 y cuernos de chivo.
Allí figuran, entre otros, los exmilitares Pascual Gómez Velasco, Gilberto Gómez Jiménez, Clemente Díaz Parcero, Miguel Gómez Pérez y Jorge Gómez Jiménez.
Y aunque no lo refiere ese documento, se dice que uno de los máximos líderes de Paz y Justicia, Sabelino Torres Martínez, también tuvo una formación militar en su juventud a su paso por las Fuerzas Armadas de 1986 a 1988, en el estado de Campeche.
Cuando capturaron a Sabelino, en septiembre del 2002, se montó un gran despliegue policiaco y militar. Para el gobierno estatal era un sujeto muy peligroso pues se trataba de uno de los principales y más radicales líderes de Paz y Justicia. Se dijo entonces que Paz y Justicia actuó con total impunidad de 1995 a 2000, “sembrando violencia y terror entre los simpatizantes” del PRD y del EZLN.
Sabelino Torres Martínez se encuentra preso en el penal de El Amate desde 2002. Tras la llegada del gobernador Juan Sabines Guerrero, en febrero del año pasado, tanto él como Diego Vázquez Pérez, Carlos Torres López y Urgenio Torres Martínez y Juan Méndez Arcos –también exmiembros de Paz y Justicia– firmaron una carta elogiando al gobernador chiapaneco por su labor para liberar presos de las cárceles chiapanecas.
Con ese desplegado, que se publicó como inserción pagada en los medios locales de Chiapas, todos ellos pretendían ganarse “la voluntad” del gobernador para obtener su libertad, señala Cadenas Gordillo.
Y advierte que la liberación de los primeros 20 implicados en el caso de Acteal es la llave para que los líderes de Paz y Justicia, entre ellos Samuel Sánchez Sánchez, sean igualmente excarcelados.
Cambio de nombre
Debido a lo anterior, en las comunidades de la zona norte de Chiapas existe gran preocupación.
Manuel Martínez, uno de los líderes del movimiento de resistencia civil adherido a La Otra Campaña del EZLN en Masojá Shucjá, manifiesta que en esta región, si bien no hay guerra, tampoco puede hablarse de que haya paz, pues las heridas siguen abiertas y no puede hablarse con total libertad en esta área.
Para entrevistar a Manuel Martínez el corresponsal tuvo que desplazarse a las afueras de comunidad junto a un caudaloso río que hace un ruido ensordecedor con sus cascadas porque, dice, “aquí hasta los árboles oyen”.
Según Manuel Martínez, Paz y Justicia no sólo cometió más de 120 asesinatos y desapariciones, sino que además forzó el desplazamiento de unas 700 familias, esto es, alrededor de 2 mil 500 personas. Y si bien es cierto que algunos de sus líderes están presos, muchos de sus miembros que ejecutaron a indígenas choles siguen libres y gozan de total impunidad.
Asegura además que Paz y Justicia ha cambiado de nombre para tratar de ocultar su pasado, pues ahora sus integrantes se han dado en llamar Unión de Campesinos e Indígenas Agroforestales (Uciaf), o bien, Organización Productiva Agrícola Campesina (OPAC).
E inclusive, continúa, para tratar de evadir su responsabilidad histórica con la justicia, hasta se han adherido al PRD, partido al que tanto combatieron por considerarlo una careta política del zapatismo en los años de la guerra civil.
El domingo 30 de agosto pasado, cientos de indígenas provenientes de otras comunidades se aglomeraron en esta pequeña población.
Por tercer año consecutivo, se reunieron para rezar por sus muertos. En la pequeña iglesia de piedra montaron un altar con las fotos de los muertos de esta comunidad, pero puntualizaron que ellos son sólo ocho de los más de 120 muertos que dejó Paz y Justicia en toda la región.
Manuel Martínez, quien encabeza el movimiento de resistencia civil en la zona, dice que existe el temor de que los paramilitares de Paz y Justicia se reagrupen y vuelvan a atacar.
A su juicio, se están dando las condiciones para que los grupos armados se reactiven, e insiste en que la libertad de los presos implicados en el caso de Acteal los pone en estado de alerta porque en cualquier momento podrían salir los de Paz y Justicia.
Mientras tanto, Diego Cadenas Gordillo espera que la CIDH en Washington agilice los trámites y que en los próximos meses acepte ventilar el caso de la zona norte de Chiapas, además de que el organismo internacional llame a cuentas al Estado mexicano para que explique por qué no ha impartido justicia.
En su petición, el Frayba demuestra que el Estado mexicano, en ninguno de los 122 casos mencionados, ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona norte de Chiapas.
Ni siquiera reconoce que existan tales violaciones a los derechos humanos ni ha otorgado la reparación de los daños a los familiares de las víctimas, continúa.
El Frayba argumenta que el Estado mexicano ha violado, también, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares y no ha generado medidas que impidan la repetición de una política contrainsurgente que entre 1995 y 1999 derivó en desplazamientos, ejecuciones y desapariciones forzadas.
“En el Estado mexicano no existe el recurso idóneo. No hay, pues, un recurso necesario jurídico, rápido y sencillo que pueda garantizar los derechos de una persona en situación de desaparición forzada”, expresa Diego Cadenas Gordillo, y concluye:
“En tanto no haya justicia, las heridas no cicatrizarán.”
Este reportaje se publicó en la edición 1717 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 27 de septiembre.
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