Astillero
■ Fiestas privadas
■ Desfile militar, no cívico
■ Veracruz: el góber tramposo
El mes patrio cierra con Felipe Calderón dedicado a atender a los príncipes de la corona de la que casi doscientos años atrás se buscó independencia. Boato imperial en un país devastado por los asesinatos cada vez más aterradores, comidas de honor y brindis sonrientes mientras la Patria se deshace. Allí va el políticamente revocado michoacano a su estado natal para encabezar un fugaz desfile militar de compromiso, 34 minutos de blindado rito cuando en otras ocasiones el recuerdo oficial del natalicio de José María Morelos se lleva unas cuatro horas. Discurso demagógico, irritantes promesas reincidentes de apoyos irrestrictos (más y más soldados, más y más policías) y de castigos sin perdón (¿por qué habrían de esperar perdón los verdaderos autores materiales e intelectuales de los atentados del 15?).
El ocupante provisional de la jefatura del gobierno federal se sostiene con los alfileres de las apariencias: el lunes recorrió Morelia, en compañía del desplazado e intimidado Leonel Godoy (al que le ha implantado un cogobierno militar) y de la pareja principesca hispana. No hubo multitudes saludando ni gente en las calles, más allá de las escenografías básicas de acompañamientos forzados (una especie de leva ceremonial) que han debido improvisar en la inmediatez física de los actos formales. Allí Calderón reinó sobre el territorio desolado, mariscal en jefe desde el mismísimo balcón donde el pasado 15 Godoy había hecho sonar las campanas mientras a decenas de metros de él estallaban granadas de acuerdos incumplidos y de provocaciones desde el poder, o los poderes (fácticos o reales).
Privatización armada del calendario cívico, ceremonia pública realizada en la intimidad de los vuelos de helicópteros y cazas, de las calles expropiadas por el miedo pero también por las ya tradicionales vallas castrenses, los detectores de metal, la exigencia de credencial de identidad como nuevo salvoconducto entre calles de la misma ciudad, los francotiradores en las azoteas, los secos interrogatorios de soldados a los ciudadanos comunes y la conversión de toda cotidianidad civil en riesgo de seguridad nacional. El comandante Calderón presidió la ceremonia del Siervo de la Nación en el mismo lugar de los crímenes recientes junto al gobernador local ahora colocado bajo tutela militar, pero esos presuntos desplantes de fuerza, esas amargas demostraciones de “normalidad”, sólo confirman la trágica distancia entre el poder de utilería y la realidad sombría.
En Veracruz gobiernan la corrupción, el cinismo y la marrullería. Fidel Herrera es un ejemplo de la manera en que los recursos públicos pueden ser puestos al servicio de planes empresariales compartidos y de proyectos políticos chantajistas y defraudadores. Producto histórico del peor priismo, el afortunado Herrera (de vez en cuando se saca la Lotería) trabaja para las elites, aunque reparte tramposamente migajas de rentabilidad electoral entre las masas susceptibles de ser fotografiadas en arrebatos de agradecimiento para propaganda ególatra de quien se dice precandidato presidencial con la esperanza de más delante canjear sus pretensiones inviables por garantías de impunidad transexenal y acaso algún nuevo cargo de consolación presupuestal. El rojo promotor de la Fidelidad tuvo ayer momentos de fuego, cuando un persistente buscador de audiencias decidió rociarse de gasolina e inmolarse en protesta por la desatención crónica del gobierno veracruzano a un problema de tierras. Ciento siete veces fue cancelado el ofrecimiento de que al fin los recibiría Herrera. Pero ayer, apenas se supo de la protesta extrema, una oficina del gobierno estatal informó que el presidente de la Comisión Pro Derechos Humanos de la Sierra de Soteapan, Ramiro Guillén Tapia, tenía cita con el mandatario unos minutos después de atentar contra su vida y que además ya había firmado un documento con acuerdos precisos para recibir millones de pesos como indemnización por las tierras en conflicto. El góber tramposo tiene especialidad en fingir arreglos y sembrar cizaña. Así lo hizo en el caso de la indígena asesinada en la Sierra de Zongolica, cuyos familiares fueron virtualmente secuestrados por enviados del gobierno estatal para que se abstuvieran de declarar a periodistas e, instalados fuera del estado, recibieron ofertas de ínfimas ayudas económicas a cambio de silencio o indiferencia. Ahora nada más falta que el fidelismo veracruzano culpe al inmolado de incumplir una cita programada, la 107, y de armar escándalos ardientes para no recibir los pagos y los beneficios que ya estaban a punto de ser entregados, virtualmente en las manos de quien no quiso o no supo esperar. Fiestas privadas del poder constituido, desgracias públicas del pueblo desesperado.
Astillas
Tarea de aritmética política que a los párvulos mexicanos ha dejado la escuela patito del IFE Va Zurita: ¿Cuánto cuesta organizar actos de defraudación electoral para quedarse a la mala con una Presidencia de la República? 38 millones de pesos. ¿Cuánto se impone como multa a quienes sufrieron ese fraude electoral, les quitaron la Presidencia de la República y protestaron mediante plantones cívicos para no dar paso a la violencia? 57 millones de pesos. Por tanto, y si se toma en cuenta que no se castigaron las injerencias públicas del entonces presidente Fox, las campañas propanistas sin disfraz de grupos empresariales luego premiados con el regalo de Aeroméxico, el uso del padrón electoral por parte de las empresas cibernéticas del cuñado Hildebrando, las brigadas de mapaches de la cobradora Gordillo ni las manipulaciones de última hora de los gobernadores priístas a favor “del azul”, ¿es buen negocio robarse la Presidencia de México?... Y, mientras Calderón envía nuevas iniciativas legislativas sobre seguridad pública, como si el punto fuera la letra legal, e insiste en concentrar poder en el silencioso nuevo vicepresidente policiaco, Genaro García Luna, ¡hasta mañana, con Súper Slim al gran rescate!
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