Rosa Santana
MÉRIDA, Yuc., 30 de septiembre (apro).- "¡¿Dónde están?! ¡Salgan! ¡Maricones!, ¡putos! ¡No se escondan como las ratas!", gritó, fuera de sí, el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, frente a la residencia marcada con el número 308 de la calle 35, fraccionamiento Brisas, una presunta 'narcoguarida' que la noche del martes 9 fue cateada por policías a su mando.
Luego, soltó un sollozo.
Momentos antes Saidén --a quien, "por incumplir los tratos", la mafia "dedicó" las ejecuciones de doce narcomenudistas, cuyos cuerpos aparecieron decapitados el 28 de agosto en Mérida y Buctzotz-- se esforzaba por tolerar el sarcasmo de los reporteros, pues a ese predio, como a otros cinco cateados previamente, arribó cuando recién habían sido abandonados por supuestos sicarios.
Eso alimentó las suspicacias sobre filtraciones desde la corporación para alertar a los delincuentes sobre las acciones de la autoridad.
En riesgo su seguridad después que los sicarios exhibieron un video en donde mostraban las cabezas y los cuerpos de al menos siete ejecutados junto con un mensaje amenazante a Saidén, éste había solicitado para ese operativo apoyo del Ejército. Extrañamente, sin embargo, sólo le asignaron un elemento, cuyas tareas eran de inteligencia.
Mientras se realizaba el cateo, una camioneta circuló a baja velocidad por el sitio. Entonces, el jefe policiaco ordenó se detuviera al vehículo, pero éste desapareció en tanto se transmitía la orden, lo que arreció las mofas de los comunicadores.
"Por eso no atrapan a nadie", le dijo alguno de ellos al jefe policiaco, que previamente les había confiado que a sus oídos había llegado la versión de que presuntos panistas planeaban mandar a imprimir calcomanías culpándolo a él de haber traído la violencia a Yucatán.
Esa misma noche, la gobernadora priista, Ivonne Ortega Pacheco, fue llamada a la capital del país para reunirse con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y otras autoridades del rubro de Seguridad.
"Pareciera que los maleantes son los que avisan a la autoridad que ya pueden ir a catear los predios que acaban de desocupar", comenta con sorna el diputado panista, Julio Garrido Rojas. En entrevista, opina que ante las circunstancias Saidén debe solicitar licencia --"no digo que renuncie"-- en tanto transcurren las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), "pues de nada sirve que se avance en las investigaciones si hay maleantes infiltrados".
Considera preocupante que en esos hechos se haya involucrado el nombre del jefe policiaco, "es como si quisieran marcar al gobierno de Ivonne Ortega como involucrado con la delincuencia y el narcotráfico.
"En una primera lectura uno lo vería así. Quisiera que no fuera así", dice y admite que "tampoco podemos tomar eso como un hecho".
"No estoy defendiendo al gobierno del estado. Creo que no obstante tiene mucho que ver en esto porque estas son cuestiones que deben haberse detectado con tiempo. El gobierno estatal está rebasado", dice.
Amigos de Mario Villanueva
El panista acepta que el gobierno de su correligionario Patricio Patrón Laviada no fue ajeno a esas circunstancias, y recordó que en su gestión se dio el homicidio del entonces diputado Pánfilo Novelo y su hijo. Sin embargo, señala que "esto viene de mucho más atrás", y recuerda que fue Víctor Cervera Pacheco, tío de la mandataria, quien en su administración ayudó a evadirse de la justicia al exgobernador quintanarroense, el también priista Mario Villanueva Madrid.
"Saidén era también el jefe de la policía de Cervera y fue el que operó todo eso para ocultar a Villanueva", sostiene.
Considera que Ivonne Ortega debió hacer algo en torno de su secretario de Seguridad Pública a raíz del accidente que uno de los hijos de éste protagonizó la víspera de año nuevo, cuando al volante de un lujoso vehículo arrolló a dos jóvenes hermanos en Paseo Montejo, un chico y una chica que resultaron con mutilaciones luego del percance. El responsable sigue impune.
"Desde ahí la gobernadora debió tomar medidas severas. Hoy se encuentra en esta situación. No puede tampoco dejar que el crimen organizado marque su agenda o le diga a quién pone o a quién quita. Decidió jugársela con Saidén y ella será quien pague los beneficios o las consecuencias de su postura".
En la semana que siguió al hallazgo de los doce decapitados, se logró la captura en Cancún, Quintana Roo, de tres sicarios vinculados a la matanza.
Sus declaraciones derivaron en el despliegue de diversos operativos en Mérida, Progreso, Valladolid y Tizimín, que derivaron en el aseguramiento de tres residencias localizadas en esta capital.
En una de ellas, la número 199 de la calle 39 de la colonia Benito Juárez Norte --un vecindario de clase alta localizado a unos pasos de la ampliación del Paseo Montejo--, habrían sido ultimados los once 'narcomenudistas', cuyos cuerpos sin cabezas fueron abandonados en la comisaría Chichí Suárez de Mérida.
En el interior de la vivienda, cateada la noche del miércoles 3 y que según vecinos fue ocupada hace aproximadamente un mes, se encontraron evidencias de sangre en ropas y vendas. Ahí también se aseguraron tres rifles R-15, dos granadas de fragmentación, siete juegos de esposas y 117 cartuchos útiles.
Como parte de las pesquisas se cotejaron los pisos y otros detalles que se alcanzan a apreciar en el video que la madrugada del 29 de agosto insertaron los sicarios en el portal de www.youtube.com.
Las otras dos residencias aseguradas, contiguas y distantes medio kilómetro del poblado, fueron inspeccionadas al día siguiente.
Éstas se ubican en la comisaría meridana de Chablekal.
Una es propiedad de Freddy Martín Pavía, esposo de Ericka Cruz Escalante, quien fuera coronada Nuestra Belleza México 2001 y representara al país en el certamen Miss Universo 2002. La otra pertenece a Jesús Martín Monsreal.
En una de esas viviendas se encontraron seis rifles R-15, cuatro pistolas calibre .45, tres granadas de fragmentación y cinco de las denominadas para vehículos de baja velocidad, tres cargadores para pistola 45 milímetros, 19 más para rifle de asalto 223 y un cargador circular para disparar cientos de balas en ráfagas.
Además incautó nueve chalecos antibalas, una escopeta lanzagranadas con suficiente potencia para abrir boquetes y atravesar vehículos blindados; una metralleta Uzi, 18 cajas de cartuchos .9 milímetros, un silenciador, una escopeta AK-47 con 28 cargadores oxidados, 20 cuchillos, dos pistolas y un rifle de diábolos.
También se decomisó un kilogramo de cocaína y algo de mariguana, así como una camioneta Wagon Club con placas YYC-3785 de Yucatán que, según las indagatorias, sirvió a los pistoleros para trasladar a sus once víctimas a Chichí Suárez.
Ese predio, estimó la policía, estaba habitado por una veintena de sujetos, aparentemente los sicarios. La otra casa se presume era ocupada por su líder. Ahí, comentaron los lugareños, vivía hasta hace unos días una familia: un hombre, una mujer y dos niños. Ahí se halló además una motocicleta Harley Davisson con matrícula del Distrito Federal y una jaula con loros que aún tenían alimento.
Posteriormente la policía cateó otras tres lujosas residencias en esta capital, la de Brisas y las marcadas con los números 608 de la Calle 21 y 615 de la Calle 23 del exclusivo fraccionamiento Algarrobos.
Aquí la autoridad sólo encontró una pistola calibre .45, un par de balas, ropa de mujer y hombre, una carriola y alacenas repletas.
Hasta el momento suman seis los predios cateados en relación con esta masacre. En ninguno se lograron detenciones. Sólo fue capturada una decena de 'narcomenudistas', la mayoría en Valladolid, como resultado de otros operativos paralelos en 'narcotienditas' y picaderos.
El violento panorama obligó a extremar la seguridad de la gobernadora y de algunos miembros de su gabinete, especialmente aquellos que tienen bajo su responsabilidad el combate al crimen.
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