Monday, May 11, 2009


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El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció públicamente que “estamos en recesión”, pues aquél señala que tras dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico un país entra en recesión

Carlos Acosta Córdova/ Proceso


MÉXICO, D.F., 10 DE MAYO /Desde hace meses los síntomas eran claros: desempleo creciente, salarios reales a la baja, menor consumo, cartera vencida al alza, menos crédito, producción industrial en picada, sector manufacturero desplomado, inflación que no cede, comercio y servicios derrumbados, exportaciones declinantes y, en general, una actividad económica que cae mes tras mes.

Pero hasta que echó mano del manualito básico de teoría económica, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reconoció públicamente –el jueves 7– que “estamos en recesión”, pues aquél señala que tras dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico un país entra en recesión.

Y, en efecto, cumplido está lo que dice el recetario: en el último trimestre de 2008 la economía registró una caída de -1.6% y en el primero de 2009, de -7%. Aunque el Banco de México dice que podría ser de hasta -8%. El 20 de mayo, Hacienda dará la cifra definitiva, dijo Carstens a corresponsales extranjeros.

Pero aun cuando introdujo ya en el discurso oficial el término recesión –al que se había resistido obstinadamente–, el secretario de Hacienda sigue sin aceptar que la economía podría caer este año en una cifra cercana al -5% o más, como señalan el Banco de México, los grupos de análisis nacionales y extranjeros que éste consulta cada mes, cámaras empresariales y aun organismos internacionales.

Cuando mucho, dice Carstens, la economía se contraerá en 2009 en -4.1%, y eso ya considerando el impacto económico de la epidemia provocada por el virus de la influenza humana. De hecho, volvió a minimizar ese impacto: “será un efecto muy marginal”, dijo… en palabras y tono que estarían lejos de ser aplaudidas por nadie, mucho menos por las 2.2 millones de familias que viven directamente del turismo y que enfrentan horas aciagas por las secuelas de la epidemia.

Aun cuando esa estimación de -4.1% de caída del Producto Interno Bruto para este año sea la más optimista de cuantas se han difundido, es un cambio dramático respecto de la estimación que hizo el propio Carstens a principios de año, de un “crecimiento” nulo del PIB para 2009.

Subyace en ello, sin duda, un reconocimiento implícito de que el deterioro de la economía –y su implacable efecto en el empleo– se está agravando muy a pesar de las famosas medidas contracíclicas que, supuestamente, se han puesto en marcha desde el año pasado.

Cuatro programas ha anunciado el presidente Felipe Calderón, con bombo y platillo –algunos en solemnes ceremonias republicanas–, para resguardar la economía nacional de los embates de la crisis económica internacional, para apoyar a las familias mexicanas y proteger el empleo.

La base de esos programas, se decía, era una acometida espectacular por vía de la infraestructura. A través de la construcción, la edificación y el mantenimiento de obras se dinamizaría la economía: se crearían miles de empleos y, por ende, habría más consumo, más actividad empresarial, más recaudación…

Pero la realidad es otra. El dramático cambio en los pronósticos, de 0.0% a -4.1%, da cuenta de que los programas gubernamentales siguen en el papel y brillan por su ausencia los efectos esperados.

La esperada competitividad y dinamismo de la economía que traerían las políticas anticíclicas no se ven por ningún lado y pocos creen en sus bondades: las últimas estimaciones oficiales apuntan a una pérdida de empleos formales, en el año, cercana al medio millón. Todas las actividades económicas se han desplomado: la producción agropecuaria, -2%; la industrial, -12%; manufacturas, 15.6%; construcción, -9.1%; generación de electricidad, -4.5%; servicios y comercio, -9.3%.

Por el lado de la demanda agregada, peor: en el primer trimestre, las exportaciones de mercancías cayeron -28.6%; las exportaciones petroleras, -58.1%; las extractivas, 26.9% y las manufactureras, -22.8%.


Diagnósticos equivocados


Francisco Suárez Dávila, quien fue subsecretario de Hacienda en el gobierno de Miguel de la Madrid –es decir, sabe lo que son las crisis económicas–, exdiputado federal y uno de los economistas más reputados del país sostiene:

“Las medidas anticíclicas del gobierno federal, además de ser claramente insuficientes, son una maraña de políticas repetitivas, superpuestas, que ya nadie entiende. Lo que se quería hacer en infraestructura se ha topado con grandes dificultades para la ejecución del gasto; con obstáculos legales e institucionales; falta de proyectos ejecutivos y aun de ingenieros; problemas con el uso de suelo, con las convocatorias y las licitaciones, con la inoperancia de la Secretaría de la Función Pública, que más parece de la Disfunción Pública”.

“Tampoco se han podido enfrentar con eficiencia los graves problemas de financiamiento y por ello no puede impulsarse la inversión inducida, contracíclica”. Esa es una de las causas de que estén detenidos o se hayan reducido grandes programas de infraestructura.

Dice: “Está parado el programa carretero, el FARAC 2 (Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas). Punta Colonet, que se había anunciado como el gran proyecto de infraestructura del sexenio, va a quedar en Puntita, porque no hay financiamiento”.

Se había proyectado que Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, fuera el puerto comercial más grande del país, que abarcaría 5 mil hectáreas de terreno, con capacidad para movilizar 6 millones de contenedores al año, y que se construiría con una inversión privada superior a los 50 mil millones de pesos. La licitación se ha pospuesto tres veces y no hay fecha para una próxima.

De hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoció la semana pasada que, aparte de Colonet, todas las licitaciones para la ampliación de puertos mexicanos –que requieren una inversión mayor a los 5 mil millones de pesos y que darían unos 6 mil 500 empleos directos– han fracasado.

Pero no sólo las grandes obras de infraestructura están paradas. Critica Suárez Dávila: “Ni siquiera se ha impulsado algo que también viene en los programas gubernamentales, y para lo cual se han destinado 50 mil millones de pesos, y que es más sencillo y crea empleos más rápidamente: la reactivación de caminos y vialidades en las ciudades y el campo, el mantenimiento que urgentemente requieren escuelas, hospitales, oficinas públicas…”

Y si a los fallidos programas de infraestructura se suman otras medidas, que más bien “son triviales” –contenidos en la estrategia contracíclica–, como la sustitución de electrodomésticos para las familias de menores recursos, o el portal de internet para que la gente encuentre un empleo, pues el destino de mucho de lo anunciado por el presidente Calderón es el “cementerio de los programas olvidados”.

En ello coincide Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, economista egresado del ITAM, con maestría en la Universidad de Essex, Inglaterra: “Las medidas anticíclicas nunca llegaron, o siguen sin llegar. El gasto en infraestructura no se ha echado a andar. El Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) sigue sin estrenarse, aun con los 60 mil millones de pesos que dicen que tiene. En suma, el tema de infraestructura no jaló”.

El entrevistado sostiene que “al gobierno federal le ha faltado sentido de urgencia, pues opera como si no estuviéramos en una situación económica extraordinaria”. El gobierno de Felipe Calderón, dice, reacciona tarde y mal, con diagnósticos equivocados. “No aprovecha la experiencia de la epidemia para, por ejemplo, echar a andar los planes anticíclicos impulsando, pero ya, la infraestructura hospitalaria, escolar y tecnológica”.

Dice: “Está esperanzado en que pase rápido la emergencia sanitaria para volver a la normalidad. Pero la normalidad que traemos es una brutal crisis económica. Entonces, una vez que pase la pase la primera nos vamos a quedar hundidos en la emergencia económica”.

Y el gobierno, afirma, lo único que propone son medidas temporales, insuficientes, que no van a reactivar la economía.

La caída


Las declaraciones del secretario de Hacienda ante corresponsales extranjeros, el jueves 7, dejó entrever también los temores del gobierno respecto de las finanzas públicas el año próximo.

Este año, en el que todo mundo coincide que será el peor, habrá un desplome nunca visto de los ingresos públicos, según pronostica la propia Secretaría de Hacienda en las previsiones preliminares del programa económico 2010 que entregó al Congreso a principios de abril.

De entrada, estima que los ingresos petroleros se reducirán en 145 mil 500 millones de pesos, a consecuencia de la caída en el precio del petróleo, el congelamiento del precio de las gasolinas y del gas LP y el menor desliz del precio del diesel.

Adicionalmente estima una caída de 79 mil 200 millones de pesos en la recaudación tributaria no petrolera, como efecto de la menor actividad económica. Aunque todo apunta a que será mayor la disminución de esos ingresos: tan sólo en el primer trimestre la recaudación total cayó -11.4%; en particular, la del IVA se desplomó -21.2% y la del ISR y el IETU en -11%.

La suma de ambas disminuciones es de 224 mil 700 millones de pesos.

Sin embargo, gracias a la cobertura petrolera –bendito seguro que permitirá al gobierno seguir recibiendo 70 dólares por barril este año– podrá compensarse la baja en los ingresos presupuestarios. La cobertura garantiza este año un ingreso adicional de 129 mil 700 millones de pesos.

Además, Hacienda espera otros 68 mil 700 millones de pesos por ingresos no recurrentes, de los cuales 60 mil millones serán el remanente de operación del Banco de México.

Es decir, la reducción de los ingresos presupuestarios serán menores en “apenas” 26 mil 200 millones de pesos respecto de lo previsto en el programa económico de 2009 aprobado en diciembre pasado.


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