El autismo presidencial

JESúS CANTú

Por más que la realidad demuestre el fracaso y las deficiencias de los programas gubernamentales, el presidente Felipe Calderón y su equipo se empeñan en continuar adelante como si el éxito los acompañara. Su insensibilidad para atender las demandas ciudadanas se manifiesta particularmente en tres ámbitos: política electoral, estrategia de combate al crimen organizado y política económica.
Al iniciar su mandato, Calderón estableció que él manejaría directamente el PAN, evidenció su distancia con Manuel Espino y movió piezas e hilos para colocar en su sitio a Germán Martínez, simple operador de los designios presidenciales. Luego, por medio de Germán, designó o palomeó, unipersonalmente, a los candidatos a los puestos de elección popular. Sus resultados fueron pésimos: perdió tres gubernaturas (Yucatán, San Luis Potosí y Querétaro), decenas de alcaldías y más de 60 diputaciones federales, y, en contrapartida, sólo ganó la gubernatura de Sonora.
Como resultado del fracaso panista –y como prueba de que Calderón no sólo manda y designa, sino que también ostenta–, Germán presentó su renuncia a la dirigencia del partido tras salir de un acuerdo con Calderón en Los Pinos. Más aún, sin que el presidente se percatara o aceptara que fue su intromisión en la vida partidista la causa principal de la debacle, en su intento de mantener el absoluto control del partido, envió a otro de sus más fieles allegados, uno de sus hijos políticos, César Nava, a sustituir al renunciante.
Todo indica que Calderón y su fiel escudero Nava ya lograron controlar la oposición de los senadores Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, así como la del diputado electo Javier Corral, mientras que los otros tres adversarios (Humberto Aguilar, Gerardo Priego y Manuel Espino) no tienen dentro del partido fuerza suficiente para hacer oír su voz. De manera que la segunda imposición en la presidencia del CEN está consumada, en espera de los comicios de 2010.
En lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, desde el primer minuto de su mandato Calderón decidió involucrar al Ejército en el combate al narcotráfico, y la primera entidad adonde envió a los militares fue Michoacán. Más allá de la detención de miles de presuntos narcotraficantes y de las altísimas cifras de decomisos e incautaciones de droga y efectivo, también en este campo los resultados son negativos, ya que el número de muertes relacionadas con el narco y el consumo de drogas crecen desmesuradamente, mientras se multiplican las violaciones a los derechos humanos.
El 24 de mayo de 2008, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, reconoció que los asesinatos vinculados al crimen organizado crecieron 47% desde 2007. El 18 de junio de 2009, El Universal publicó que, a partir del primero de enero, las muertes relacionadas con el narcotráfico sumaban 3 mil, lo que representaba un incremento de 80% con respecto al mismo período de 2008; en ese lapso, el promedio de personas asesinadas diariamente era de 17, contra 9.5 que reconocía Medina Mora en 2008. Y la tendencia es al alza.
Los datos del consumo de estupefacientes son igualmente preocupantes: En septiembre de 2008, la Secretaría de Salud dio a conocer resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, según los cuales en 2002 el número de mexicanos que probaron la droga era de 3.5 millones, mientras que en 2008 la cifra se había incrementado en un millón, es decir, un aumento de casi 29%. En febrero de este año, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció que en los últimos cuatro años el consumo de estupefacientes se duplicó, y el lunes 20 de julio el diario Reforma publicó que, según el Consejo Nacional contra las Adicciones, en los últimos seis años el número de adictos creció en 78%, al pasar de 203 mil en 2002 a 361 mil en 2008. De acuerdo con ese medio, la cifra de mexicanos que consumen cocaína casi se duplicó en estos seis años, al pasar del 1.3% al 2.5% de la población.
El hecho es que, con las detenciones e incautaciones, crece el número de muertos, adictos y consumidores de droga. Y las entidades donde más se ha concentrado el esfuerzo del gobierno federal son también las que presentan mayores índices de violencia: Michoacán y Chihuahua. Pese a ello, la respuesta del gobierno federal al desafío lanzado por La Familia michoacana desde el jueves 9 de julio fue enviar a esa entidad 5 mil 500 elementos federales más.
Calderón acompaña el envío de más tropas con el discurso triunfalista que repite desde 2008: “Sabemos que estas reacciones desesperadas y violentas responden a los severos golpes que ha dado el gobierno a la delincuencia organizada”, señaló el pasado 13 de julio durante la inauguración de la 73 Asamblea General Ordinaria de Organizaciones Ganaderas. En tanto que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró al Washington Post que esa es la única estrategia que conocen y que nadie les ha sugerido una distinta, pese a que los expertos no dejan de hacer llamados para implementar una política integral que incluya programas preventivos y que ataque también las causas –no solamente los efectos– del narcotráfico.
En el ámbito económico y social la situación es similar. Después del famoso “catarrito” de Carstens, las cifras demuestran que México es el país latinoamericano que más resentirá los efectos de la crisis económica. De acuerdo con Alicia Bárcena, directora de la Cepal, se estima un decrecimiento de 7% en el producto interno bruto durante 2009. La especialista advirtió que México afronta, además de la recesión mundial, sus añejos problemas estructurales, entre los que destacan: la concentración de ventas al exterior, los altos índices de desigualdad y la baja recaudación tributaria. Únicamente en el primer trimestre de 2009 el PIB cayó a una tasa anual de 8.2%, producto de una reducción de 9.9% en la actividad industrial y de 7.8% en el comercio y los servicios.
El jueves 23 de julio, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, anunció un nuevo recorte de 50 mil millones de pesos en el presupuesto federal de este año, que da al traste con la llamada política anticíclica. Y el miércoles 29, el Banco de México confirmó los pronósticos de la Cepal al señalar que el decrecimiento será de 6.5 a 7.5% y que se perderán 735 mil empleos en el sector formal, el doble de los que fueron creados en los dos primeros años del sexenio.
Pero aun antes de la recesión, los estragos de los problemas estructurales ya dejaban sentir sus efectos, particularmente sobre las clases menos favorecidas. La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que el Inegi realiza cada dos años mostró que 10% de la población más pobre del país perdió 8% de sus ingresos en términos reales entre 2006 y 2008, mientras que el 10% más rico se mantuvo estable. Los ingresos de los 11 millones de mexicanos que menos ganan pasaron de 2 mil 217 pesos mensuales en 2006, a únicamente 2 mil 39 en 2008, en tanto que el de los 11 millones más ricos cayó únicamente 10 pesos, al pasar de 44 mil 359 a 44 mil 349.
Esto también se tradujo en un incremento de la pobreza alimentaria (quienes no tienen suficientes ingresos para adquirir una canasta de alimentos básicos) que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aumentó de 13.8% de la población en 2006 a 18.2% en 2008, es decir, pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, cinco millones de mexicanos más. La pobreza de capacidades (sin recursos para satisfacer sus necesidades de educación y salud) creció de 24.7 a 25.1%; y la de patrimonio (sin recursos para satisfacer las necesidades de vivienda, vestido y transporte) se elevó de 42.6 a 47.4%. En los dos años de la presente administración se retrocedió a los niveles de 2005.
Al respecto, la respuesta del gobierno federal es que sin sus programas el daño hubiera sido mayor. El 19 de julio, según el diario Reforma, la Sedesol reconoció que “la combinación de dos factores determinados internacionalmente: una crisis económica que reduce el ingreso de los hogares y el alza en el precio de los alimentos y otros productos, afectaron de manera más severa a las personas que menos tienen y generó el incremento observado en los niveles de pobreza”.
Pero la misma secretaría aseguró que la oportuna respuesta del gobierno federal evitó que el impacto fuese mayor. “Del análisis de la ENIGH se desprende que gracias a la acción inmediata del gobierno federal a través de las trasferencias que realiza se evitó que 2.6 millones de personas ingresaran en condiciones de pobreza, evitando de esta manera un impacto mucho mayor, dadas las condiciones del entorno económico”, dijo.
El lunes 20 de julio, el mismo presidente Felipe Calderón señaló en Puebla que, pese a la caída de 9% en la economía, la variación negativa en el empleo es de sólo 3% debido a los programas gubernamentales. También en este ámbito, a pesar de los resultados adversos, conforme a la visión gubernamental, las políticas son las correctas, pues de lo contrario el impacto sería mayor.
Así, mientras la realidad atropella al PAN y a la población mexicana, el presidente y su equipo la ignoran, defienden sus programas, persisten en sus políticas y repiten sus acciones...