Sonora: Ante las ejecuciones la indolencia
RICARDO RAVELO
HERMOSILLO, SON.- Faltan poco más de dos meses para que concluya su mandato y el gobernador Eduardo Bours Castelo aún no resuelve las más de 500 ejecuciones cometidas de 2008 a la fecha, la mayor parte de ellas perpetradas por sicarios de los cárteles de las drogas.
Y aun cuando la entidad ha sido escenario de crímenes desde antes de que Bours asumiera el cargo en septiembre de 2003, su sexenio será uno de los más polémicos por los escándalos de corrupción y violencia. De hecho terminará como empezó: con balaceras, ejecuciones, corrupción y con una abierta disputa entre los hermanos Beltrán Leyva y su exsocio Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Son precisamente estas bandas las que han convertido al estado en campo de batalla.
El pasado 4 de junio, la guerra entre ambos grupos criminales cobró nuevas vidas: 11 personas aparecieron muertas en el municipio de Caborca, nueve de ellas fueron encontradas en una camioneta Yukón. Los cuerpos estaban mutilados de pies, manos, piernas y cabezas.
Los ejecutados tenían el tiro de gracia y a unos metros de la matanza fue colocada una manta con un narcomensaje dirigido al cártel de Sonora. Las letras fueron pintadas con la sangre de las víctimas. Las autoridades estatales ocultaron los detalles.
De acuerdo con las indagatorias, las víctimas fueron levantadas por un comando armado en el ejido Plutarco Elías Calles, a 60 kilómetros de Caborca. Ese mismo día, los presuntos narcotraficantes tirotearon una comandancia de policía de la misma demarcación. El Ejército contó 300 disparos de AK-47.
Además, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Abel Murrieta, uno de los incondicionales de Ricardo Bours, hermano del mandatario, se le critica por la corrupción de algunos de sus funcionarios, quienes archivan los casos cuando aún no están resueltos, pese a los exhortos de la Presidencia de la República y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que concluyan las investigaciones.
Según el ombudsman estatal, pese a las decenas de crímenes cometidos en los últimos meses, la procuraduría no concluyó las investigaciones; en ocasiones “ni siquiera se ocupó de investigar los casos”, sostiene la comisión, y menciona el triple homicidio ocurrido el 25 de marzo de 2007 durante una pelea de gallos en el palenque de la comunidad de Cócorit por diferencias con uno de los jueces.
En el tiroteo murieron Armando Enríquez Soto, Jorge Adrián Montes Vega y Librado Estrada Duarte. La PGJE integró la averiguación previa 152/2007 en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de Ciudad Obregón, Sonora. La investigación fue archivada, pese a los reclamos de los deudos.
Lo anterior llevó a Georgina Vega Fernández, Karla Paola Jiménez Pantoja, así como a Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión Ganadera, Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y padre del occiso Montes Vega, a interponer una queja ante la CEDH. Sin embargo, el organismo emitió una resolución, el 15 de diciembre de 2008, en la que asentó que los asesinatos no fueron investigados.
El procurador Abel Murrieta no ha sido ajeno a las amenazas de presuntos narcotraficantes. A finales de 2008 su rancho Avelandia, ubicado en el municipio de Quiriegos, a 45 minutos de Ciudad Obregón, fue ametrallado por presuntos sicarios, según informó la prensa local.
Pero otra versión señalaba que ese tiroteo estaba relacionado con la guerra que libran las bandas encabezadas por Los Salazar y el cártel de Los Números, a quienes presuntamente se les otorgaron concesiones para operar en esta plaza.
Negligencia y encubrimiento
“Aquí (en Sonora) no hay justicia y quien la exige es amenazado de muerte o perseguido”, sostiene Édgar Mondragón Bustamante, padre del menor Ismael Mondragón Molina, quien falleció hace cuatro años en el hospital infantil de la ciudad de Hermosillo a causa de una mala intervención quirúrgica.
Los médicos incurrieron en negligencia, dice Édgar, quien lleva más de cuatro años de clamar justicia en diferentes instancias de gobierno, incluidas la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), así como en el Congreso de la Unión.
Y explica que la operación a la que fue sometido su vástago debido a una enfermedad conocida como craneosinostosis sagital (deformación del cráneo) no fue practicada por un neurocirujano, el especialista indicado, sino por un dentista maxilofacial.
En entrevista con Proceso, Mondragón Bustamante asegura que desde el principio hubo fallas en la atención a su hijo. Dice que la operación se pospuso varias veces y terminó por realizarse el 15 de diciembre de 2004. José Manuel Orozco Vázquez fue quien intervino al paciente, auxiliado por el neurocirujano Mario Gabriel Guevara, quien desconocía el caso. Ismael no sobrevivió.
Mondragón Bustamante, quien lleva cuatro años recopilando información sobre las probables causas de la muerte de su hijo, exige castigo para los responsables, pero su experiencia con las autoridades “ha sido frustrante”.
–¿Por qué? –se le pregunta.
–Me he estrellado con muros de silencio; he recurrido al Congreso de Sonora, sin éxito; y en la procuraduría del estado tampoco me han escuchado.
–Peor aún: asegura que fue amenazado de muerte por subalternos del gobernador Eduardo Bours.
El padre de Ismael narra que cuatro meses antes de que concluyera el mandato de Vicente Fox como presidente de la República, acudió al rancho San Cristóbal, en Guanajuato, para entregarle al mandatario el expediente sobre las causas de la muerte de su hijo. Días después, relata, Fox le envió una carta al gobernador Eduardo Bours en la que le pidió resolver el caso.
–¿Y qué pasó? –se le inquiere.
–No hizo nada.
Ante la falta de atención, añade, viajó a la Ciudad de México y expuso su caso ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud y ante la Conamed. En esta dependencia se elaboró un dictamen en el que se establece que la muerte del menor se debió a un cúmulo de descuidos y a la negligencia médica en la que incurrió el doctor Manuel Orozco Vázquez, responsable de la operación.
En su veredicto, la Conamed señala que el niño Mondragón Molina fue operado con fallas y errores a los que llama “mal praxis”: El paciente fue operado en decúbito dorsal, la cabeza no tenía una base firme y se movilizaba continuamente; la asepsia y antisepsia fueron insuficientes. Hubo deficiencia técnica hemostática, pues en el video de la cirugía se observa sangrado continuo y persistente.
En la cirugía intervinieron, principalmente, dos personas: el cirujano fue el doctor Orozco, dentista maxilofacial, quien no era el profesional indicado para efectuar este tipo de cirugía, donde la mayoría de la acción quirúrgica es en la calota y no en el maxilar, la mandíbula o la nariz, sitios donde (sí) tiene experiencia el cirujano maxilofacial.
El doctor (Mario) Guevara Barraza, neurocirujano, aparece como ayudante, siendo que era el facultado para realizar la intervención… Se realizó incisión biauricular lineal y no en zigzag, ello condicionó al momento del cierre, tensión en los tejidos… Se emplearon una gubia y sierra de Gigli, instrumentos que no se utilizan para efectuar los colgajos de ese tamaño y para lo cual es necesario utilizar una sierra neumática a fin de realizar cortes finos y osteopatías.
Así mismo, la dependencia menciona que a poco más de cuatro años de la muerte del menor Ismael Mondragón, el médico Orozco Vázquez y el neurocirujano Mario Gabriel Guevara ya fueron sancionados; se les prohibió ejercer su profesión durante un período de 10 años.
Sin embargo, el padre del menor fallecido tiene otra versión: “Los médicos que operaron y asesinaron a mi hijo siguen trabajando en distintos hospitales bajo el cobijo de las autoridades del estado, en particular –dice– del gobernador Eduardo Bours”.
Mondragón Bustamante afirma que el mandatario lo amenazó de muerte por “exigir justicia”. La persecución en su contra comenzó a mediados de 2008, dice, cuando instaló varias mesas en Hermosillo, Sonora, para recibir quejas de personas cuyos familiares –o amigos– murieron por negligencia médica.
En la denuncia que presentó ante la PGJE, el 23 de octubre de 2008, sostiene que la amenaza provino de Lázaro González Cruz, jefe de Seguridad del ejecutivo sonorense, quien lo llamó por teléfono.
–¿Pactó usted algún acuerdo con el gobierno de Sonora para no denunciar más la muerte de su hijo?
–Sólo pedí que me hicieran justicia… Pero aquí en Sonora no hay justicia y quien la exige es amenazado de muerte o lo persiguen para acallarlo.
Y aun cuando la entidad ha sido escenario de crímenes desde antes de que Bours asumiera el cargo en septiembre de 2003, su sexenio será uno de los más polémicos por los escándalos de corrupción y violencia. De hecho terminará como empezó: con balaceras, ejecuciones, corrupción y con una abierta disputa entre los hermanos Beltrán Leyva y su exsocio Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Son precisamente estas bandas las que han convertido al estado en campo de batalla.
El pasado 4 de junio, la guerra entre ambos grupos criminales cobró nuevas vidas: 11 personas aparecieron muertas en el municipio de Caborca, nueve de ellas fueron encontradas en una camioneta Yukón. Los cuerpos estaban mutilados de pies, manos, piernas y cabezas.
Los ejecutados tenían el tiro de gracia y a unos metros de la matanza fue colocada una manta con un narcomensaje dirigido al cártel de Sonora. Las letras fueron pintadas con la sangre de las víctimas. Las autoridades estatales ocultaron los detalles.
De acuerdo con las indagatorias, las víctimas fueron levantadas por un comando armado en el ejido Plutarco Elías Calles, a 60 kilómetros de Caborca. Ese mismo día, los presuntos narcotraficantes tirotearon una comandancia de policía de la misma demarcación. El Ejército contó 300 disparos de AK-47.
Además, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Abel Murrieta, uno de los incondicionales de Ricardo Bours, hermano del mandatario, se le critica por la corrupción de algunos de sus funcionarios, quienes archivan los casos cuando aún no están resueltos, pese a los exhortos de la Presidencia de la República y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que concluyan las investigaciones.
Según el ombudsman estatal, pese a las decenas de crímenes cometidos en los últimos meses, la procuraduría no concluyó las investigaciones; en ocasiones “ni siquiera se ocupó de investigar los casos”, sostiene la comisión, y menciona el triple homicidio ocurrido el 25 de marzo de 2007 durante una pelea de gallos en el palenque de la comunidad de Cócorit por diferencias con uno de los jueces.
En el tiroteo murieron Armando Enríquez Soto, Jorge Adrián Montes Vega y Librado Estrada Duarte. La PGJE integró la averiguación previa 152/2007 en la Agencia Segunda Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de Ciudad Obregón, Sonora. La investigación fue archivada, pese a los reclamos de los deudos.
Lo anterior llevó a Georgina Vega Fernández, Karla Paola Jiménez Pantoja, así como a Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión Ganadera, Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y padre del occiso Montes Vega, a interponer una queja ante la CEDH. Sin embargo, el organismo emitió una resolución, el 15 de diciembre de 2008, en la que asentó que los asesinatos no fueron investigados.
El procurador Abel Murrieta no ha sido ajeno a las amenazas de presuntos narcotraficantes. A finales de 2008 su rancho Avelandia, ubicado en el municipio de Quiriegos, a 45 minutos de Ciudad Obregón, fue ametrallado por presuntos sicarios, según informó la prensa local.
Pero otra versión señalaba que ese tiroteo estaba relacionado con la guerra que libran las bandas encabezadas por Los Salazar y el cártel de Los Números, a quienes presuntamente se les otorgaron concesiones para operar en esta plaza.
Negligencia y encubrimiento
“Aquí (en Sonora) no hay justicia y quien la exige es amenazado de muerte o perseguido”, sostiene Édgar Mondragón Bustamante, padre del menor Ismael Mondragón Molina, quien falleció hace cuatro años en el hospital infantil de la ciudad de Hermosillo a causa de una mala intervención quirúrgica.
Los médicos incurrieron en negligencia, dice Édgar, quien lleva más de cuatro años de clamar justicia en diferentes instancias de gobierno, incluidas la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), así como en el Congreso de la Unión.
Y explica que la operación a la que fue sometido su vástago debido a una enfermedad conocida como craneosinostosis sagital (deformación del cráneo) no fue practicada por un neurocirujano, el especialista indicado, sino por un dentista maxilofacial.
En entrevista con Proceso, Mondragón Bustamante asegura que desde el principio hubo fallas en la atención a su hijo. Dice que la operación se pospuso varias veces y terminó por realizarse el 15 de diciembre de 2004. José Manuel Orozco Vázquez fue quien intervino al paciente, auxiliado por el neurocirujano Mario Gabriel Guevara, quien desconocía el caso. Ismael no sobrevivió.
Mondragón Bustamante, quien lleva cuatro años recopilando información sobre las probables causas de la muerte de su hijo, exige castigo para los responsables, pero su experiencia con las autoridades “ha sido frustrante”.
–¿Por qué? –se le pregunta.
–Me he estrellado con muros de silencio; he recurrido al Congreso de Sonora, sin éxito; y en la procuraduría del estado tampoco me han escuchado.
–Peor aún: asegura que fue amenazado de muerte por subalternos del gobernador Eduardo Bours.
El padre de Ismael narra que cuatro meses antes de que concluyera el mandato de Vicente Fox como presidente de la República, acudió al rancho San Cristóbal, en Guanajuato, para entregarle al mandatario el expediente sobre las causas de la muerte de su hijo. Días después, relata, Fox le envió una carta al gobernador Eduardo Bours en la que le pidió resolver el caso.
–¿Y qué pasó? –se le inquiere.
–No hizo nada.
Ante la falta de atención, añade, viajó a la Ciudad de México y expuso su caso ante la Cámara de Diputados, la Secretaría de Salud y ante la Conamed. En esta dependencia se elaboró un dictamen en el que se establece que la muerte del menor se debió a un cúmulo de descuidos y a la negligencia médica en la que incurrió el doctor Manuel Orozco Vázquez, responsable de la operación.
En su veredicto, la Conamed señala que el niño Mondragón Molina fue operado con fallas y errores a los que llama “mal praxis”: El paciente fue operado en decúbito dorsal, la cabeza no tenía una base firme y se movilizaba continuamente; la asepsia y antisepsia fueron insuficientes. Hubo deficiencia técnica hemostática, pues en el video de la cirugía se observa sangrado continuo y persistente.
En la cirugía intervinieron, principalmente, dos personas: el cirujano fue el doctor Orozco, dentista maxilofacial, quien no era el profesional indicado para efectuar este tipo de cirugía, donde la mayoría de la acción quirúrgica es en la calota y no en el maxilar, la mandíbula o la nariz, sitios donde (sí) tiene experiencia el cirujano maxilofacial.
El doctor (Mario) Guevara Barraza, neurocirujano, aparece como ayudante, siendo que era el facultado para realizar la intervención… Se realizó incisión biauricular lineal y no en zigzag, ello condicionó al momento del cierre, tensión en los tejidos… Se emplearon una gubia y sierra de Gigli, instrumentos que no se utilizan para efectuar los colgajos de ese tamaño y para lo cual es necesario utilizar una sierra neumática a fin de realizar cortes finos y osteopatías.
Así mismo, la dependencia menciona que a poco más de cuatro años de la muerte del menor Ismael Mondragón, el médico Orozco Vázquez y el neurocirujano Mario Gabriel Guevara ya fueron sancionados; se les prohibió ejercer su profesión durante un período de 10 años.
Sin embargo, el padre del menor fallecido tiene otra versión: “Los médicos que operaron y asesinaron a mi hijo siguen trabajando en distintos hospitales bajo el cobijo de las autoridades del estado, en particular –dice– del gobernador Eduardo Bours”.
Mondragón Bustamante afirma que el mandatario lo amenazó de muerte por “exigir justicia”. La persecución en su contra comenzó a mediados de 2008, dice, cuando instaló varias mesas en Hermosillo, Sonora, para recibir quejas de personas cuyos familiares –o amigos– murieron por negligencia médica.
En la denuncia que presentó ante la PGJE, el 23 de octubre de 2008, sostiene que la amenaza provino de Lázaro González Cruz, jefe de Seguridad del ejecutivo sonorense, quien lo llamó por teléfono.
–¿Pactó usted algún acuerdo con el gobierno de Sonora para no denunciar más la muerte de su hijo?
–Sólo pedí que me hicieran justicia… Pero aquí en Sonora no hay justicia y quien la exige es amenazado de muerte o lo persiguen para acallarlo.
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