El gobierno no negociará con pueblos que hagan exigencias con agresiones: comisionado

Amenaza Chile con aplicar a mapuches ley antiterrorista ante demanda de tierras

Afirma líder indígena que no existe voluntad de diálogo de las autoridades para resolver la crisis

Afp

Santiago, 31 de julio. El gobierno chileno advirtió que aplicará mano dura y no negociará la recuperación de tierras ancestrales a las que aspiran los indígenas mapuches si sigue la violencia, al referirse al clima de tensión en el sur del país a raíz de las ocupaciones de terrenos realizadas por los aborígenes y los enfrentamientos suscitados contra la policía.

Según el comisionado presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña, el gobierno no puede dialogar con las comunidades que utilicen la agresión para dar a conocer sus planteamientos. El gobierno ha dicho que no va a negociar con las comunidades en conflicto. La violencia no resuelve nada. Por el contrario, perjudica porque estigmatiza a los pueblos indígenas, aseveró.

Los mapuches, la mayor etnia indígena de Chile, reclaman desde el siglo XIX la devolución de las tierras de sus ancestros, principalmente en la región de la Araucanía –unos 650 kilómetros al sur de Santiago–, zona en la que habitan. De una población de 16 millones de habitantes, se calcula que en Chile hay unos 870 mil con raíces mapuches.

El jueves un policía resultó herido en un operativo para desalojar a un grupo de comuneros mapuches, que había tomado la propiedad de un empresario agrícola. También se produjo la toma de un colegio, y el martes pasado un autobús de pasajeros fue apedreado por miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), considerada una de las facciones más violentas de la etnia.

Estos hechos se dan tras la reciente detención del dirigente de la CAM, Héctor Llaitul, acusado de encabezar un atentado en el sur del país, en el que resultó herido un fiscal en 2008.

El gobierno anunció que presentará una querella contra los responsables de la violencia invocando la Ley de Seguridad Interior o ley antiterrorista, que multiplica por tres las penas que sanciona los delitos graves. Este tipo de cosas es absoluta y totalmente inaceptable, expresó el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, al justificar la medida.

Según Egaña, desde 1994 a la fecha se han transferido más de 650 mil hectáreas a las comunidades indígenas, 35 por ciento durante la presidencia de Michelle Bachelet. “Entre las comunidades que recibieron tierras hay algunas que en su momento utilizaron las acciones violentas pero luego dijeron: ‘Nosotros renunciamos a la violencia’ y recién entonces el Estado se sentó a dialogar con ellas”, dijo.

Pero para el dirigente mapuche Aucán Huilcamán no hay tal voluntad de diálogo. Sólo dialogan con las comunidades que no están reivindicando derechos. Hablan sólo con el indio bueno, que se comporta como chileno sumiso. Si hubiera diálogo, el pueblo mapuche estaría en eso, afirmó.

El clima de zozobra se incrementó con versiones de que reapareció un grupo paramilitar antimapuche, llamado Comando Trizano, según el diario Las Noticias de la Araucanía, que consigna amenazas lanzadas por uno de sus líderes contra dirigentes indígenas.