Activistas contra la guerra de Olympia, Washington, denunciaron tareas de espionaje e inflitración llevadas a cabo por el Ejército en sus grupos, además de recabación de información por parte de la Fuerza Aérea, la Policía federal del Capitolio y la Guardia Costera.
La inflitración parece violar directamente la Ley Posse Comitatus que impide el despliegue de las fuerzas armadas estadounideses para tareas de seguridad interior y podría reforzar los pedidos del Congreso de una amplia investigación de las actividades de inteligencia de Estados Unidos, como las audiencias del Comité Church en la década del 70.
Brendan Maslauskas Dunn le solicitó a la ciudad de Olympia documentos y correos electrónicos acerca de las comunicaciones entre la policía de Olympia y las fuerzas armadas con relación a anarquistas, Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS, por sus siglas en inglés) y Trabajadores Industriales del Mundo (el sindicato de Dunn). Dunn recibió cientos de documentos. Un correo electrónico contenía una referencia a “John J. Towery Segundo”, que los activistas descubrieron que era la misma persona que su compañero activista “John Jacob”.
Dunn me dijo: “John Jacob era de hecho un amigo cercano, por lo que esta semana ha sido bastante difícil para mí. Dijo que era anarquista. Lo conocí hace más de dos años a través de la organización comunitaria y la organización en contra de la guerra en la que yo estaba involucrado en Tacoma y Olympia con otros anarquistas y otros activistas. El estaba realmente interesado en Estudiantes por una Sociedad Democrática. Participó en los grupos Resistencia a la Militarización del Puerto (PMR, por sus siglas en inglés) y Veteranos Contra la Guerra. Conocía a mucha gente involucrada con esa organización. Pero era mi amigo. Andábamos juntos, dábamos talleres juntos sobre democracia directa de base y sobre lucha anarquista. A mucha gente le caía muy bien. Era una persona amable. Era una persona generosa. Entonces fue realmente una sorpresa para mí”.
“John Jacob” les dijo a los activistas que era un empleado civil de la Base del Ejército en Fort Lewis y que compartiría información sobre las actividades de la base que podrían ayudar a Resistencia a la Militarización del Puerto a organizar manifestaciones y protestas contra la utilización de los puertos públicos para el envío de soldados y vehículos militares Stryker a Irak y Afganistán. Desde 2006, activistas de PMR han realizado en varias oportunidades acciones de desobediencia civil, al impedir el acceso al puerto.
Larry Hildes, un abogado que representa a activistas de Washington, dice que el fiscal federal que está a cargo de llevar adelante los casos en contra de ellos, Brian Kipnis, ordenó específicamente al Ejército que no entregara ninguna información sobre sus actividades de recolección de información, a pesar de una orden judicial que lo obligaba a hacerlo.
Es por eso que el pedido de Dunn a Olympia y los documentos que obtuvo son tan importantes.
Se supone que las fuerzas armadas tienen prohibido desplegarse en suelo estadounidense, al igual que espiar a ciudadanos. Christopher Pyle, actualmente profesor de política de Mount Holyoke College, fue jefe de inteligencia de las fuerzas armadas. Reveló actividades de espionaje militar a civiles en la década del 70. Pyle recordó: “En la década del 60, la inteligencia del Ejército tenía 1.500 agentes de civil [y algunos para vigilancia] listos para actuar en cada manifestación de 20 o más personas. Tenían un depósito enorme en Baltimore repleto de información sobre actividades legales de ciudadanos estadounidenses que cumplían con la ley, principalmente que realizaban manifestaciones políticas. Me enteré de esto cuando estaba en el Ejército, justo antes de que fuera relevado de mi cargo, escribí sobre esto luego de que fui relevado, y luego lo invstigué para dos comités del Congreso. Como resultado de esas investigaciones, todo el Comando de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos fue eliminado, y todos sus archivos fueron quemados. Luego, el Comité de Inteligencia del Senado redactó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978 para poner fin a la vigilancia de comunicaciones electrónicas sin órdenes judiciales”.
Los congresistas Barbara Lee, demócrata de California, y Rush Holt, demócrata de Nueva Jersey, y otros están presionando para que se lleve a cabo una nueva investigación de todas las actividades de inteligencia de Estados Unidos, de la magnitud de las audiencias del Comité Church, que denunció el espionaje generalizado, la desarticulación de grupos legales a nivel nacional e intentos de asesinato de jefes de estado extranjeros, entre otras cosas.
Crecen los pedidos de información y de rendición de cuentas oficial sobre el presunto escuadrón secreto de asesinatos del ex Vicepresidente Dick Cheney, el programa de escuchas telefónicas sin órdenes judiciales del ex Presidente George W. Bush, y el presunto engaño de la CIA al Congreso. Pero el espionaje en Olympia ocurrió ya en el gobierno de Obama (y podría continuar en la actualidad). El Presidente Barack Obama apoya la inmunidad retroactiva de las empresas de telecomunicaciones implicadas en las escuchas telefónicas y ha mantenido vigente la utilización del “privilegio de los secretos de Estado”, de la era Bush. Lee y Holt deberían llevar al Congreso la información descubierta por Brendan Dunn y los activistas de Olympia para que las investigaciones comiencen ya.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español , spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.
Obama’s Military Is Spying on U.S. Peace Groups
http://www.truthdig.com/report/item/20090728_obamas_military_is_spying_on_us_peace_groups/
Posted on Jul 28, 2009
By Amy Goodman
Anti-war activists in Olympia, Wash., have exposed Army spying and infiltration of their groups, as well as intelligence gathering by the Air Force, the federal Capitol Police and the Coast Guard.
The infiltration appears to be in direct violation of the Posse Comitatus Act preventing U.S. military deployment for domestic law enforcement and may strengthen congressional demands for a full-scale investigation of U.S. intelligence activities, like the Church Committee hearings of the 1970s.
Brendan Maslauskas Dunn asked the city of Olympia for documents or e-mails about communications between the Olympia police and the military relating to anarchists, Students for a Democratic Society (SDS) or the Industrial Workers of the World (Dunn’s union). Dunn received hundreds of documents. One e-mail contained reference to a “John J. Towery II,” who activists discovered was the same person as their fellow activist “John Jacob.”
Dunn told me: “John Jacob was actually a close friend of mine, so this week has been pretty difficult for me. He said he was an anarchist. He was really interested in SDS. He got involved with Port Militarization Resistance (PMR), with Iraq Vets Against the War. He was a kind person. He was a generous person. So it was really just a shock for me.”
“Jacob” told the activists he was a civilian employed at Fort Lewis Army Base and would share information about base activities that could help the PMR organize rallies and protests against public ports being used for troop and Stryker military vehicle deployment to Iraq and Afghanistan. Since 2006, PMR activists have occasionally engaged in civil disobedience, blocking access to the port.
Larry Hildes, an attorney representing Washington activists, says the U.S. attorney prosecuting the cases against them, Brian Kipnis, specifically instructed the Army not to hand over any information about its intelligence-gathering activities, despite a court order to do so.
Which is why Dunn’s request to Olympia and the documents he obtained are so important.
The military is supposed to be barred from deploying on U.S. soil, or from spying on citizens. Christopher Pyle, now a professor of politics at Mount Holyoke College, was a military intelligence officer. He recalled: “In the 1960s, Army intelligence had 1,500 plainclothes agents [and some would watch] every demonstration of 20 people or more. They had a giant warehouse in Baltimore full of information on the law-abiding activities of American citizens, mainly protest politics.” Pyle later investigated the spying for two congressional committees: “As a result of those investigations, the entire U.S. Army Intelligence Command was abolished, and all of its files were burned. Then the Senate Intelligence Committee wrote the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 to stop the warrantless surveillance of electronic communications.”
Reps. Barbara Lee, D-Calif., Rush Holt, D-N.J., and others are pushing for a new, comprehensive investigation of all U.S. intelligence activities, of the scale of the Church Committee hearings, which exposed widespread spying on and disruption of legal domestic groups, attempts at assassination of foreign heads of state, and more.
Demands mount for information on and accountability for Vice President Dick Cheney’s alleged secret assassination squad, President George W. Bush’s warrantless wiretapping program, and the CIA’s alleged misleading of Congress. But the spying in Olympia occurred well into the Obama administration (and may continue today). President Barack Obama supports retroactive immunity for telecom companies involved in the wiretapping, and has maintained Bush-era reliance on the state secrets privilege. Lee and Holt should take the information uncovered by Brendan Dunn and the Olympia activists and get the investigations started now.
Denis Moynihan contributed research to this column.
Amy Goodman is the host of “Democracy Now!” a daily international TV/radio news hour airing on more than 750 stations in North America. She is the co-author of “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recently released in paperback.
© 2009 Amy Goodman
Distributed by King Features Syndicate
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