En Tijuana, guerra sucia contra denunciantes

GLORIA LETICIA DíAZ

El gobierno federal y el de Baja California tuvieron que dar la cara en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el jueves 5, en una audiencia especial donde se trató el caso de varios policías que fueron torturados por militares en Tijuana. Pero la actitud de la tropa y de las autoridades no ha cambiado: antes y después de esa sesión, integrantes del Ejército en complicidad con funcionarios locales y federales siguieron cometiendo arbitrariedades, intimidando a familiares de las víctimas, violando derechos...

foto: David Maung

Familiares de los 25 policías de Tijuana que fueron víctimas de tortura a manos de militares son objeto de intimidaciones para que se desistan de las denuncias contra el gobierno de Felipe Calderón que formularon en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su edición 1722, Proceso adelantó que el 5 de noviembre, durante el 137 periodo de sesiones de la CIDH, se llevaría a cabo la audiencia sobre "Seguridad pública y derechos humanos en Tijuana, Baja California", en la cual se analizarían las denuncias por detenciones arbitrarias, arraigos en cuarteles militares, incomunicación y torturas a policías municipales y ministeriales, lo mismo que contra civiles, todo esto a fin de que éstos aceptaran que tienen vínculos con la delincuencia organizada.
Sin embargo, la trascendencia internacional del caso no impidió que los militares destacados en Tijuana continuaran sus detenciones irregulares y actos de tortura, de acuerdo con testimonios recabados por el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDH-BC).
En la audiencia, gestionada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), se narró la detención de 25 policías municipales en marzo pasado, por su presunta vinculación con el narcotraficante Teodoro García Simental, El Teo (Proceso 1701).
De igual forma, se presentó en la CIDH el caso de otros 11 agentes tijuanenses arraigados desde septiembre; las torturas contra dos agentes ministeriales que fueron liberados; así como las violaciones a los derechos humanos de cuatro civiles que fueron acusados de secuestro en junio y permanecen recluidos en el mismo penal de Nayarit.
En todos esos casos, las víctimas y sus familiares señalan a efectivos del Ejército como autores materiales de las torturas cometidas en los cuarteles de la Segunda Zona Militar y en el del 28 Batallón de Infantería, conocido como El Aguaje de la Tuna.
Los testimonios coinciden en que tanto los 25 policías municipales procesados como los 11 arraigados fueron entregados a los militares por órdenes del secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, y por el director de la policía, capitán Gustavo Huerta.
El coordinador del OCDH-BC, Francisco Javier Sánchez Corona, quien fue procurador de Derechos Humanos de la entidad, destacó que anteriormente se emitieron al menos cuatro recomendaciones contra el teniente coronel Leyzaola por violaciones a garantías individuales.
En representación de los familiares de los 25 policías acudió a Washington Blanca Messina Nevárez, y por parte de los parientes de los 11 agentes municipales actualmente arraigados en un hotel de Tijuana, Luis Castellanos Hernández. Ambos detallaron los tormentos a los que fueron sometidos sus familiares, así como los obstáculos para denunciar los hechos ante autoridades penales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los obligaron a recurrir a instancias internacionales.
Ante los comisionados interamericanos (Felipe González, Florentín Meléndez y Paolo Carozzo), Castellanos Hernández resaltó la disposición de las familias para que los detenidos sean debidamente investigados, "pero no mediante torturas".
Por ese motivo responsabilizó de cualquier acción contra los detenidos y sus familias al comandante de la II Zona Militar, Alfonso Duarte Mojica; al presidente municipal, Jorge Ramos; al teniente coronel Julián Leyzaola; al capitán Gustavo Huerta; a los agentes del Ministerio Público federal Juan Luis Curiel Paniagua y Víctor Manuel Miraflores, así como los defensores de oficio Leopoldo Cuéllar y Hugo Cruz.
Los señalamientos fueron escuchados también por los representantes del gobierno de Felipe Calderón y del mandatario de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán: el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín; el titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Antonio Guevara; el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Víctor Hugo Pérez Hernández; y la directora de Control y Seguimiento de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, María Elena Rodríguez Ramos.
Intimidación
Frente a la preocupación por las posibles represalias, el segundo vicepresidente de la CIDH, Felipe González, recordó a los representantes del Estado mexicano su obligación de "otorgar garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que ante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter", en apego al artículo 61 del reglamento del órgano interamericano.
Sin embargo, el lunes 9 Blanca Messina recibió un mensaje amenazante a través de la esposa de otro agente procesado en Nayarit. En entrevista telefónica, la hija del policía Miguel Ángel Messina López contó que mientras Jéssica Cobos iba en su automóvil con dos de sus hijos por unas calles céntricas de Tijuana, una camioneta Durango blanca con vidrios polarizados y un auto compacto dorado le cerraron el paso.
"Un hombre alto, delgado, moreno, de cabello corto, vestido de civil pero con una chamarra negra con insignias de alguna corporación policiaca que Jessica no pudo identificar, bajó del carro dorado donde viajaban más personas. Se acercó a la ventanilla del de Jéssica y le dijo: 'Ya cálmense, dile a la tal Blanca que le baje de huevos'.
"El hombre se subió al carro y los dos vehículos arrancaron muy despacio, como para asustar más a Jessica. Eso ocurrió en las calles de Ocampo y Calle 6, alrededor de las seis de la tarde", cuenta Blanca Messina.
El martes 10, Ricardo Castellanos, uno de los policías arraigados, fue intimidado por el agente del MP federal de la mesa IV, Juan Luis Curiel Paniagua.
En entrevista telefónica, Luis Castellanos, hermano de Ricardo, narra que Curiel se presentó alrededor de las 15:00 horas a la habitación del hotel donde está arraigado su familiar para preguntarle "unas cinco veces" si estaba dispuesto a ratificar la denuncia que hizo en días anteriores contra el agente del MP federal de la mesa VIII, Víctor Manuel Miraflores, y contra el abogado de oficio Leopoldo Cuéllar, quienes validaron declaraciones que él hizo después de haber sido torturado en el cuartel de la II Zona Militar y en las que se autoincrimina.
Según el testimonio escrito que Ricardo Castellanos le envió a Luis, el agente del MP Juan Luis Curiel le dijo molesto: "Te voy a hablar como abogado, ninguno de los dos van a aceptar que no tuviste abogado de oficio cuando firmaste tu declaración, sería tu dicho contra el de ellos, y te van a acusar de falsedad de declaraciones".
No obstante, dice Luis, "Ricardo se sostuvo en su dicho, que iba a ratificar su queja. Enojado, el MP se dirigió a la puerta del cuarto, donde hay además otros dos policías arraigados que fueron testigos, y mi hermano le preguntó si no tenía que firmar los documentos que le mostró el agente. Éste le dijo que no, que eso se haría en una diligencia con su abogado. Es claro que el MP no fue a otra cosa más que a intimidar a mi hermano".
Luis destaca que Ricardo también interpuso una queja contra los militares por tortura, denuncia que "tuvo que ser enviada a las oficinas centrales de la PGR en México porque en la delegación de Tijuana no la quisieron recibir".
Estos últimos acontecimientos fueron notificados el viernes 13 de noviembre al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, por los directores de la CMDPDH y la CCDH, respectivamente Juan Carlos Gutiérrez Contreras y Raúl Ramírez Bahena, quienes también asistieron a la audiencia en Washington.
En los documentos enviados -de los que Proceso tiene copia-, los activistas destacan que el Estado mexicano "ha sido omiso" en cumplir con su obligación de garantizar la seguridad e integridad de las personas que asistieron a la audiencia pública de la CIDH.
Por ese motivo piden a Cantón que la comisión retome las solicitudes de medidas cautelares demandas en escritos del 8 de mayo, 22 de julio, 7 de septiembre y 6 de septiembre, en el caso de los 25 policías procesados, así como del 26 de octubre, en el caso de los 11 agentes municipales arraigados.
Asimismo, solicitan al funcionario de la CIDH que exhorte al gobierno de Felipe Calderón para que tome las "medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad física" de los procesados, los arraigados y sus familias.
Sin voluntad de justicia
Juan Carlos Gutiérrez Contreras relata que desde mayo pasado, a partir de la tortura a los 25 policías, ambas organizaciones civiles comunicaron a la CIDH las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas en Tijuana, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico que encabeza el Ejército. Sin embargo, la comisión no dio respuesta a dicha petición.
"Parte fundamental de nuestras peticiones en la audiencia era precisamente que nos concedieran las medidas cautelares -refiere en entrevista el director de la CMDPDH-; consideramos que el retraso se debió a que, en los primeros casos, los policías ya habían sido trasladados a un penal y supuestamente su vida ya no corría peligro. Ahora, con las denuncias por intimidación, esperamos que se agilice el trámite y que la CIDH considere pedir la protección para las familias de los procesados y arraigados".
Durante la audiencia del jueves 5, los comisionados interamericanos les preguntaron a los peticionarios y a los representantes del Estado mexicano sobre la supervisión de la CNDH en penales y centros de arraigo; los mecanismo para dictar un arraigo; detalles de la forma en que los inculpados fueron obligados a firmar declaraciones que los autoinculpan. Además, indagaron sobre la negativa de las autoridades para recibir las quejas.
Por su parte, el director de la CCDH, Raúl Ramírez Bahena, destaca que no tenía evidencias de que la CNDH hubiera visitado los penales ni centros de arraigo en Tijuana para verificar la salud de las personas ni para aplicar el Protocolo de Estambul a fin de determinar si fueron víctimas de tortura.
Enfatiza: "Los agentes del MP federal acuden a los cuarteles, dirigen las preguntas, y son los que le presentan a los arraigados documentos redactados o en blanco para que los firmen, en tanto que personal de la defensoría pública federal no acude a las sesiones de tortura pero firma las diligencias, cubriendo el requisito de la debida defensa".
De hecho, Blanca Messina cuenta con las declaraciones de puño y letra de los policías torturados, quienes afirman que otros fueron obligados a firmar con los ojos vendados.
Como representantes del Estado mexicano, Alejandro Negrín y Víctor Hugo Pérez trataron de hacer contrapeso: advirtieron que no hablarían de las denuncias presentadas en la CIDH. Lejos de ello, alabaron la estrategia calderonista en el combate al narcotráfico, mencionaron el "compromiso con el respeto a los derechos humanos" que tiene el gobierno federal.
Afirmaron también que el arraigo es dictado por un juez de control y que quienes están sujetos a él están bajo supervisión médica y tienen garantizadas las visitas de sus familias y defensores; que la práctica de la tortura ha disminuido considerablemente, según informes de la CNDH; y que en los tres niveles de gobierno hay varias instancias para interponer denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Fue el representante de la Segob, José Antonio Guevara, quien calificó como "grave y preocupante" lo expuesto por los peticionarios, por lo cual pidió que le hicieran llegar los detalles de los casos.
De esta forma, si bien durante la sesión de la CIDH los representantes del gobierno de Felipe Calderón aparentaron una actitud abierta, no dieron respuesta a la solicitud de establecer una mesa de trabajo en Tijuana con la participación de funcionairos de la Segob, la PGR, la dirección general de Derechos Humanos de la SRE, la procuraduría estatal, la Secretaría de Gobierno de Baja California, la CNDH y la Procuraduría de Derechos Humanos estatal, así como representantes de la CIDH.
En cuanto a los comisionados interamericanos, dejaron pendiente la petición "urgente del relator especial de la CIDH para las personas privadas de su libertad a fin de verificar el estado de salud de las personas detenidas y arraigadas", toda vez que el próximo 30 de diciembre habrá relevos de comisionados.
Antes de cerrar la audiencia, el segundo vicepresidente de la CIDH, Felipe González resaltó que el delito de tortura "es especialmente fácil de encubrir, de ahí que sea indispensable una actitud proactiva del Estado para investigarlo y para que se esclarezca efectivamente, pero también tiene que haber una actitud proactiva para prevenirlo, si, como se denunció aquí, hay condiciones que facilitan la tortura".
A pesar de esta recomendación, el sábado 7 otros tres policías municipales de Tijuana -Luis Nevárez Amaro y los hermanos Juan Carlos y Josué Ramírez Canales- fueron detenidos por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, y conducidos al cuartel de la II Zona Militar.
"Recibimos la queja de los familiares de Nevárez Amaro, quienes nos informaron que, a pesar de que obtuvieron un amparo contra la incomunicación del policía, en el cuartel militar sólo les permitieron verlo cinco minutos", informa el coordinador de la OCDH-BC, Francisco Javier Sánchez Corona.
Durante esa breve visita en el cuartel, añade Sánchez Corona, "los familiares observaron que los otros dos agentes municipales que detuvieron el 7 de noviembre, estaban muy lastimados, y que Luis -quien aseguró que a él no lo torturaron- les contó que vio la golpiza que les propinaron los militares y que "a los tres los acusan de tener vínculos con el crimen organizado".
La noche del jueves 12, los hermanos Ramírez Canales fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, en la Ciudad de México.
Para Sánchez Corona, los actos de intimidación contra Blanca Messina y Ricardo Castellanos son "indicadores preocupantes de que las violaciones a las garantías individuales no tocarán fin en un futuro próximo".
Advierte: "Es claro que hay un retroceso, a pesar de lo importante que fue la visita a Washington, donde además nos entrevistamos con personal de la Cámara Baja y del Departamento de Estado para presentar las denuncias contra las violaciones que comete el Ejército, esto no causa mella en el gobierno de Felipe Calderón".
Y finaliza: "Hay una decisión evidente, por lo menos en Baja California, de que para combatir al crimen organizado y al narcotráfico, no les importa que sea a costa de violaciones a los derechos humanos".