Plaza Pública

Libertad sindical Del lunes 26 al miércoles 28 se reunió en la Ciudad de México el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, resultante de una iniciativa de organizaciones sindicales nacionales e internacionales, así como de asociaciones de abogados especializados en derecho del trabajo. Su propósito fue establecer un diagnóstico sobre el grado en que las autoridades mexicanas respetan ese derecho fundamental de asociación, establecido en la Constitución y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El tribunal se integró con un jurado compuesto por nueve representantes venidos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, y ocho participantes mexicanos, entre ellos la senadora Rosario Ibarra y el profesor emérito de la Universidad Nacional, decano de los profesores de derecho del trabajo, Alfredo Sánchez Alvarado. Los responsables de la acusación fueron nueve dirigentes y abogados mexicanos que presentaron un triste panorama de la libertad sindical, previamente a la presentación de 16 casos específicos, hecha por sus protagonistas. La Secretaría del Trabajo fue invitada pero ni siquiera acusó recibo de la convocatoria. El tribunal había sido citado mucho antes de los acontecimientos que afectan adversamente al Sindicato Mexicano de Electricistas, que está siendo desfondado mediante la ilícita entrega de dinero público a miles de trabajadores a los que se coloca en la infame tesitura de trocar por una recompensa más allá de los términos contractuales y legales su derecho a defender su fuente de trabajo y su dignidad. Dada la relevancia y urgencia del caso, el SME se convirtió en pieza principal de las sesiones del Tribunal. No hubiera faltado, sin embargo, materia de trabajo al jurado y al grupo acusador, por la frecuencia con que se inhibe la libertad sindical y se reprime a quienes intentan practicarla. Es una paradoja, una grave falta de información el que México haya sido elegido el año pasado miembro del comité de libertad sindical de la OIT, siendo que estructural y coyunturalmente nuestro país padece un gran rezago en la práctica de ese derecho individual y colectivo. Además del caso del SME, el Tribunal conoció quince casos de violación a esa libertad. Pudo establecerse una constante, observable en no pocas de las situaciones presentadas, que consiste en que al uso sesgado de la legislación laboral, para condonar despidos que afectan a organizadores sindicales, se agrega persecución penal, con el objeto de intimidar en grado extremo a quienes intenten practica el derecho de asociación. En el ámbito federal, además del de los electricistas, fueron conocidos los casos de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que ha tenido que librar multitud de escollos para obtener reconocimiento legal; y el del Sindicato Minero Metalúrgico, en que la actitud gubernamental no se ha limitado a negar la toma de nota de nombramientos sindicales, sino que mantiene una persistente persecución penal contra el secretario general y otros dirigentes, algunos de los cuales han permanecido en prisión no obstante la ausencia de elementos de prueba en su contra. La desidia oficial en beneficio de dirigentes espurios se ha manifestado en el caso de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a los maestros de enseñanza básica del Distrito Federal. La dirección nacional del SNTE, forzada a realizar elecciones en ese importante enclave de la oposición a sus designios, impuso un comité seccional espurio, contra cuya elección los genuinos representantes de los profesores obtuvieron un amparo, cuya eficacia está siendo puesta en entredicho por la lentitud con que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje procesa el mandamiento judicial, que ordena la reposición del procedimiento. El sindicato de los poderes de Querétaro libra una batalla semejante. Fundado en los años setenta, por decisión del patrón, durante treinta años tuvo solo un dirigente. Apenas en 2003 las condiciones cambiaron. Pero al renovarse el comité en agosto pasado, no obstante la ancha diferencia entre la votación obtenida por la planilla ganadora y sus contendientes, éstas impugnaron el resultado y fueron atendidas por la autoridad laboral local que se ocupa de los litigios de servidores públicos. Los comités saliente y entrante fueron desmantelados y se libraron órdenes de aprehensión contra la secretaria elegida y postergada, María del Carmen Gómez Ortega. Profesores de la Universidad del Valle de México decidieron agruparse en un sindicato (coyuntura en la que se sorprendieron al saber que ya lo había en la institución, un sindicato de protección patronal). La Secretaría del Trabajo negó el registro y la Universidad, parte ahora de un consorcio internacional, despidió a 30 maestros. Los organizadores perseveraron y obtuvieron registro ante una Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y ahora su lucha es por la titularidad del contrato colectivo, en este momento suscrito por el sindicato del que no sabía que eran parte. Fueron también presentados los casos de los trabajadores del Instituto Federal Electoral en trance de sindicalizarse; el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud opuesto al gremio corporativo inveteradamente sujeto al mando de Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado; y varios casos más de trabajadores a los que se niega el derecho a la sindicalización. "Los responsables de la acusación fueron nueve dirigentes y abogados mexicanos que presentaron un triste panorama de la libertad sindical"