México SA


Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

■ Calderonistas, expertos en hacer acuerdos por encima de intereses nacionales

Especialista en encender fogatas simultáneas en todos los bosques del país, pero incapaz de apagar una sola, al inquilino de Los Pinos ahora se le tambalea la que ha presumido como la “reforma más importante en los últimos diez años”, es decir, la “nueva” Ley del ISSSTE, aprobada el 22 de marzo de 2007, cuyo palomeo en el Congreso fue muestra de que, según Calderón, “podemos acordar por encima de intereses particulares”.

En realidad ha sido al revés. Como en tantas otras “reformas” promovidas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso en los últimos años, la “nueva” Ley del ISSSTE confirma exactamente lo contrario, es decir, que el grupo en el poder –hoy con máscara calderonista– ha demostrado sobradamente que acuerda por encima de los intereses nacionales, y ejemplos sobran.

Todo indica que en lo que hace a la “nueva” Ley del ISSSTE esta última lectura gana terreno a pasos agigantados entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en semanas recientes han sido víctimas de “visitas” masivas y “desinteresados acercamientos” de un ejército de funcionarios, asesores gubernamentales, amigos de los amigos y cabilderos a sueldo de Los Pinos, con el fin de “sensibilizarlos” sobre las “bondades” de la citada “reforma”, que hoy se tambalea por razones de inconstitucionalidad.

Los ministros de la SCJN ayer iniciaron el análisis y discusión de los juicios de amparo en revisión contra la citada legislación, y en este contexto el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, subrayó que “el régimen de pensiones de la nueva ley del ISSSTE es inconstitucional, porque afecta derechos adquiridos de los trabajadores en activo e incrementa de manera retroactiva el tiempo de servicio, edad y monto de las cotizaciones del sistema para el retiro”. En la sesión de ayer los ministros analizaron nueve de los 33 puntos contenidos en las demandas de protección de la justicia federal en contra de una ley que desde un principio fue calificada por los trabajadores al servicio del Estado como “un atraco”.

Cuando, por marzo del año pasado, celebraba la aprobación de la “nueva” ley, Calderón aseguraba “es un triunfo de la política, de la democracia y de la voluntad política para alcanzar acuerdos” y, todo indica, de la inconstitucionalidad, aunque en el discurso insista que “la reforma no sólo beneficia al ISSSTE, beneficia a todos los mexicanos, con ella se asegura la viabilidad y se garantiza la calidad de los servicios de ese instituto para sus 10 millones de sus derechohabientes, protege todos los derechos de los trabajadores en activo y los jubilados, porque los ahorros de la planta laboral están más seguros”.

Más de un millón de amparos interpuestos por los supuestos “beneficiados”, los trabajadores al servicio del Estado, no fortalecen la tesis del inquilino de Los Pinos, como tampoco la advertencia del propio Ortiz Mayagoitia: “entre los objetivos del gobierno federal de modificar el régimen de pensiones quedara uno que no es fácil de descubrir en la ley y que pone límites a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones, ya que legalmente no hay garantía de que las compañías aseguradoras cumplan sus obligaciones futuras en el manejo de las cuentas individuales de los trabajadores”.

La “nueva” Ley del ISSSTE camina por la misma senda recorrida por la ley Televisa, de tal suerte que nada raro sería registrar cómo aquella termina mordiendo el polvo, tal cual lo hizo la primera, y ante ese panorama el siempre vertical Miguel Ángel Yunes tendría que regresar la croqueta que le aventaron desde Los Pinos (el carnet panista) y cortarse las alas blanquiazules con miras al 2010 veracruzano.

Como le sobran cerillos, al inquilino de Los Pinos no se le ocurrió mejor idea que encender otra fogata, ahora en lo económico-financiero (independiente de las relativas a los excedentes petroleros y el recorte de subsidios a gasolinas), es decir la misma que, junto con Martita, prendió su antecesor siete años atrás, y que a duras penas pudo apagar, y no por voluntad, sino por el enorme peso de la realidad. Resulta que Calderón sugirió al Banco de México que redujera las tasas internas de interés “para estimular la inversión y el crecimiento”.

De la tienda de enfrente le respondieron que mejor redujera su injerencia en asuntos que por ley competen a ese organismo autónomo, y comenzó el tiroteo, del que el michoacano ha sacado la peor parte, porque un “pilar” del sistema económico por él defendido es el rentismo, cuyos beneficiarios son unos cuantos, pero entre sus atributos destaca el de pagar campañas políticas, como la suya.

Siete años atrás, el de la lengua larga y las ideas cortas (una mano agarrada de Martita, la otra de Francisco Gil) calificó de “pesimista” y “poco certero” a Guillermo Ortiz, quien sostenía que ni lejanamente la economía mexicana crecería 7 por ciento anual, como lo presumía Fox. Tres por ciento, cuando mucho, decía el gobernador del Banco de México. Ninguno de los dos atinó, aunque el del organismo autónomo estuvo más cerca del desastroso resultado. Ahora le toca a Calderón, quien sigue la misma ruta que el guanajuatense: aparte de las incongruencias y barbaridades, estancamiento económico.

Por si fuera poco, en su periplo de mantón y castañuelas el inquilino de Los Pinos juntó la hierba seca, sacó otro cerillo y ¡puf!, flamazo garantizado: que el debate en el Senado es “muy ideológico”, que se habla mucho de historia, pero que “falta discutir lo central” de su “reforma” petrolera. Y al día siguiente que siempre no, que no hay reproches, y que dónde está Rubencito Aguilar para que explique lo que quiso decir. Además, este cerillo fue un verdadero desperdicio, porque su “reforma” petrolera, concebida para el fast track, se le murió apenas comenzó el debate.

Y en medio de tantos fuegos, surge el nuevo coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Gustavo Madero Muñoz, como vivo ejemplo de las “manos limpias” del calderonismo, quien compite con Juan Camilo Mouriño (más cuñados incómodos, parientes en las dirigencias panistas y los que se acumulen) en eso de los contratos gubernamentales en pleno ejercicio de una función pública.

Las rebanadas del pastel

Las “reformas”, pues, se tambalean, junto con el inquilino de Los Pinos.

México SA

Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
■ Los latinoamericanos desaprueban las privatizaciones
■ Histeria entre poderosos

Las encuestas más serias sobre la evaluación de los latinoamericanos acerca de la política privatizadora que indiscriminadamente han aplicado los gobiernos regionales en los últimos cinco lustros, aportan un elemento demoledor: siete de cada diez encuestados rechazan no sólo los resultados observados, sino esa política en sí, toda vez que los beneficios se concentran en unas cuantas manos, las mismas, en la mayoría de los casos, que ya gozaban de cualquier cantidad de privilegios antes de las privatizaciones.

En ninguno de los países regionales los respectivos gobiernos consultaron a la población sobre si estaba de acuerdo o no con que los bienes nacionales fueran “traspasados” al capital privado, nacional o extranjero. Fueron decisiones del grupo en el poder, el cual, mientras se repartía el botín, habló y habló de los “beneficios sociales” que la política privatizadora traería a “las masas desprotegidas” de América Latina. A la vuelta de 25 años, la deuda social adquiere niveles verdaderamente indignantes.

Una de las instituciones regionales que con mayor decisión impulsó, impulsa, la referida política privatizadora, el Banco Interamericano de Desarrollo, paradójicamente es la que aporta un elemento decisivo para entender el por qué del arrollador avance privatizador en América Latina, el cual también explica el caso mexicano y advierte lo que podría pasar en el país justo en el momento político que vive México en materia petrolera, al tiempo que fundamenta las histéricas reacciones del grupo en el poder.

Destaca el BID que “Uruguay fue el único país (en América Latina) que no privatizó empresas (públicas) en los sectores de electricidad, petróleo y telecomunicaciones (en el periodo referido), quizá porque las privatizaciones propuestas estaban explícitamente sujetas a referéndum popular, mecanismo que no se utilizó en ningún otro país de la región” (el subrayado es de México SA).

Los uruguayos dijeron NO al “traspaso” de esas empresas paraestatales y sectores al capital privado, y las mantuvieron bajo la propiedad de la nación. En el otro extremo, señala el BID, en Argentina se llevó a cabo una privatización que influyó prácticamente sobre todos los sectores de infraestructura y producción, así como en otras áreas en las que el Estado estaba implicado; “las considerables excepciones comprenden algunas empresas de salud provinciales y algunos bancos provinciales y nacionales”.

Carlos Saúl Menem fue declarado campeón privatizador en América Latina, seguido muy de cerca por su tocayo Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y por la naciente “democracia” brasileña, que, como en Argentina y México, tampoco consultó al pueblo sobre el destino de sus bienes, es decir, los del Estado.

En su ánimo por justificar la política privatizadora, el BID cae en severa contradicción al señalar que “por lo general, los latinoamericanos han desaprobado las privatizaciones desde las etapas iniciales de las reformas estructurales a comienzos de los años noventa. Con todo, los niveles de aprobación que han dado las encuestas de opinión para las privatizaciones han aumentado sustancialmente en los últimos años, a medida que los beneficios de determinadas privatizaciones se hicieron más evidentes” (ídem).

Sin embargo, la misma institución explica qué entiende por “aumento sustancial”: “aproximadamente dos de cada tres latinoamericanos tienen una opinión negativa de las privatizaciones. En la última encuesta de Latinobarómetro (2006), que abarcó 17 países, solamente 30 por ciento de los latinoamericanos declaró estar satisfecho o muy satisfecho con los resultados de la privatización de servicios públicos, considerando precio y calidad”. El 70 por ciento restante se manifestó en riguroso sentido contrario. ¿Dónde quedó el aumento sustancial de aprobación?

¿Qué hubiera sucedido con la política privatizadora en América Latina si los gobiernos hubieran consultado a sus ciudadanos, los únicos dueños de los bienes, sobre la pertinencia o no de abrir al capital privado tal o cual empresa o sector productivo propiedad de la nación? Sin duda, el Estado se mantendría como el dueño de esas empresas o sectores, y los países regionales hubieran aprovechado para sí miles de millones de dólares que hoy son de “los nuevos propietarios”, igual de corruptos, o más, que los corruptos gubernamentales.

En México, si los “democráticos” gobiernos neoliberales se hubieran animado a consultar a los ciudadanos, ¿qué habría sido de la banca, los puertos y aeropuertos, las aerolíneas, las carreteras, la telefonía, las minas, los ingenios azucareros, los satélites, la energía eléctrica, el gas natural y tantas y tantas otras empresas, bienes y sectores hoy privatizados o semiprivatizados? Sin duda, permanecerían como empresas, bienes y sectores propiedad de la nación; tal vez se habría aliviado la vergonzosa concentración del ingreso y la riqueza, y mejorado el perfil social, a cambio de perder el privilegio de tener al segundo hombre más rico del mundo y carecer de una decena de multimillonarios marca Forbes, con todo lo que ello políticamente implica.

Ahora van por el petróleo mexicano, la única joya que permanece bajo resguardo del Estado. Los mismos que a lo largo de cinco lustros vendieron toda la infraestructura productiva de la nación y los bienes y servicios públicos, hoy pretenden privatizar el oro negro con el mismo discurso (“es por el bien de la nación y con fines sociales; es por el bien de los mexicanos”) con el que, en venta de garaje, desmantelaron los sectores estratégicos a favor del capital privado.

Queda claro, pues, el por qué de la histérica reacción del grupo en el poder, ante la amenaza que para él representa una consulta ciudadana sobre el petróleo.

Las rebanadas del pastel

El cínico cardenal Juan Sandoval Iñiguez, líder de los cristeros emPANizados, cree que “para terminar con la polémica” es suficiente regresar el dinero público que ilegalmente “donó” el góber piadoso, Emilio González Márquez, a la causa del “santuario de los mártires”. Pues no: la “polémica” concluiría si ambos personajes estuvieran en la cárcel (auto flagelándose y mentando madres a diestra y siniestra, respectivamente).