Tuesday, June 17, 2008

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  • Después de exonerar a los hermanos Bribiesca Sahagún, la PGR no sólo incumplió la orden del IFAI de dar a conocer el expediente, sino que, tras una serie de maniobras, se convirtió en vocera y defensora de los hijos de Marta Sahagún. Advirtió al instituto que, de insistir, tendría que asumir “las consecuencias”. El IFAI presentó una nueva denuncia para que se entregue el expediente y se finquen responsabilidades de un desacato plenamente configurado
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Cuando todo parecía perdido para los hermanos Bribiesca Sahagún, durante el gobierno de Felipe Calderón encontraron un aliado en la Procuraduría General de la República (PGR). (Foto: La Jornada)

Daniel Lizárraga / PROCESO


MÉXICO, D.F., 14 de junio.- Cuando todo parecía perdido para los hermanos Bribiesca Sahagún, durante el gobierno de Felipe Calderón encontraron un aliado en la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de impedir que se conozca cómo se libraron de las acusaciones en su contra por el presunto tráfico de influencias que ejercieron en el sexenio anterior.

Desde del 30 de abril pasado, la PGR debió poner en manos de Guillermo Alfaro –un ciudadano que en octubre del 2007 hizo una solicitud de acceso a la información– la versión pública del expediente integrado sobre los hijastros del expresidente Vicente Fox, de acuerdo con una resolución –con voto unánime– del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Los cinco comisionados del IFAI consideraron que al exonerarse oficialmente a los hermanos Bribiesca, la investigación debía ser pública, y, en consecuencia, la PGR fue emplazada a entregar –eliminando únicamente los datos personales– todo el expediente integrado tras la denuncia que presentó una comisión especial de la Cámara de Diputados

No obstante, eso jamás sucedió.

En lugar de acatar la resolución, la PGR, encabezada por Eduardo Medina Mora, pidió al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, así como a Juan Pablo Guerrero, el comisionado encargado del caso, responder a una carta en la que los hermanos Bribiesca desautorizaron la liberación del expediente y amenazaron con denunciar al propio IFAI si eso ocurría.

En un oficio fechado el pasado 29 de abril –del que Proceso obtuvo copia–, la PGR advierte que “para estar en condiciones de cumplir con la resolución” es necesario que el IFAI “se pronuncie” ante la misiva de los hermanos Bribiesca y, de paso, adelanta a los comisionados que, de confirmarse la resolución de dar publicidad al expediente, “el instituto asumiría las consecuencias jurídicas”.

Ante la presión y el desacato, el IFAI respondió con una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra los servidores públicos de la PGR que incumplieron.

Y, sin rodeos, los comisionados del instituto ventilan el menosprecio de la procuraduría:

“La intención de la PGR no era proteger la información clasificada, sino ignorar una resolución que por mandato legal es definitiva, negando el acceso a información cuya publicidad es imperativa para transparentar su actuación en un caso por demás público.”

El problema para la familia Fox-Sahagún no es menor ya que, al ordenarse la entrega de una versión pública sobre el caso de los hermanos Bribiesca, quedó la puerta abierta para que cualquier otra persona pueda solicitar acceso a ese archivo que la PGR ya mandó a la reserva.

Pero la rebeldía de la PGR no es novedad. En los archivos del IFAI hay documentos donde consta que ha actuado de la misma manera en casos similares.

Por ejemplo, el IFAI ya había presentado una primera denuncia contra la PGR por negarse a entregar información sobre averiguaciones previas ya cerradas pero vinculadas al lavado de dinero en México. La solicitud de acceso a la información sobre este último asunto fue hecha por el coordinador del archivo de Proceso, Rogelio Flores, quien trabaja en una investigación periodística.

El conflicto entre la PGR y el IFAI se desató más de un mes antes de que el presidente Felipe Calderón, en un discurso improvisado de 90 minutos, por momentos atropellado, lanzara al aire reprimendas, críticas y propósitos ante 950 funcionarios reunidos en Palacio Nacional, entre quienes se hallaba el procurador Medina Mora. Allí exigió a todos trabajar para que el actual gobierno se distinga por su honestidad, su transparencia y su lucha contra la impunidad, el influyentismo y el amiguismo.


Asimetrías de la justicia


Durante cinco años, una comisión especial de la Cámara de Diputados se dedicó a indagar la súbita riqueza de los hijos de Marta Sahagún y concentró su atención en la empresa Construcciones Prácticas. En abril del 2006, el entonces diputado por Convergencia, Jesús González Schmal, finalmente interpuso una denuncia ante la PGR contra los hermanos Bribiesca por tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y fraude, entre otros presuntos delitos.

Mientras avanzaban las indagatorias, los hermanos Bribiesca cobraban mayor notoriedad. Sus rostros ocupaban con frecuencia espacios en las “revistas del corazón” y en la prensa que hace investigaciones periodísticas. En la actualidad, al colocar el nombre de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún en el buscador de Google aparecen en Internet 11 mil 700 referencias.

Aunque hace 12 años Internet era un instrumento menos socorrido, lejos de los Bribiesca quedaron ya las menciones de personajes polémicos como Carlos Cabal Peniche, quien sólo tiene 5 mil 800 referencias, y Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, quien llega allí únicamente a mil 920 ligas.

Las reporteras Anabel Hernández y Arelí Quintero dedicaron un capitulo a los retoños de Marta Sahagún en el libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. El diario Reforma dio cuenta de cómo el mayor de los hermanos, Manuel Bribiesca, compró un departamento de 225 mil dólares dentro de las exclusivas Four Leaf Towers, ubicadas en Houston.

Proceso, por su parte, reveló que este mismo personaje desembolsò un millón de dólares por un jet (Lear Jet XB-JKK) para atender sus boyantes negocios. Todo esto se registró durante el sexenio en que su mamá fue la primera dama del país.

En su libro La Jefa, Olga Wornat describió así el estilo de vida de Manuel Bribiesca Sahagún:

“El problema de Manuel son sus dudosos manejos empresariales. ¿A qué se dedica?, se preguntan quienes lo ven dilapidando dinero en fiestas, con una mansión recién estrenada en León, una nana para cada una de sus hijas y dos enfermeras, guardaespaldas y viajes por el mundo con sus cuates, todo pagado, y en hoteles para millonarios. Miles de dólares cuesta mantener esta vida y nadie entiende de dónde saca la plata. Todo es como una gran nebulosa. Cada vez que pregunté sobre el trabajo del primogénito de Marta de Fox, me respondieron vagamente que se dedicaba a diversos negocios. Así de simple.”

El 29 de noviembre de 2006, cuando faltaban 48 horas para que concluyera el gobierno de Vicente Fox y los medios de comunicación estaban atentos a si Felipe Calderón podría o no rendir protesta como presidente ante la toma de la tribuna en el Congreso, la PGR decidió que los hermanos Bribiesca eran inocentes.

Entre la presentación de la denuncia y el no ejercicio de la acción penal transcurrieron siete meses; en contraparte, la investigación que del caso hicieron dos comisiones especiales de la Cámara de Diputados había demorado alrededor de cinco años.


Desacato configurado


Aunque los actuales diputados integraron una tercera comisión especial para el caso Bribiesca, cuando Calderón se ciñó la banda presidencial la denuncia contra los vástagos de Marta Sahagún ya estaba bajo llave en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (averiguación 598/UEIDCSPAJ/2006).

No fue sino hasta el siguiente 28 de diciembre –el Día de los Santos Inocentes– cuando los nuevos legisladores reaccionaron sobre la exoneración. El perredista Juan Guerra –miembro de la nueva comisión que investiga a los hijastros de Fox– pidió citar al procurador Eduardo Medina para que diera una explicación. A la sazón, el no ejercicio de la acción penal había cumplido un mes; el responsable de cerrar el caso fue el anterior procurador, Daniel Cabeza de Vaca, y, además, su sucesor nunca se presentó en San Lázaro.

Antes de que la PGR “congelara” el caso, los hermanos Bribiesca ya habían obtenido un triunfo judicial que proyectó su presunta inocencia en los medios de comunicación:

Un tribunal colegiado en la Ciudad de México confirmó la sentencia de un juez local en el sentido de que la escritora argentina Olga Wornat causó un daño moral a Manuel Bribiesca al describirlo como un personaje vinculado al narcotráfico que hacía negocios al amparo del poder que tuvo su madre, así como por burlarse de su físico.

Por aquellas fechas, marzo del 2006, los hijos de Marta Sahagún habían conseguido detener la denuncia de la Cámara de Diputados y estaban a un paso de que se sancionara a la periodista por el contenido de su capítulo Los hijos de la Jefa.

Pero en octubre del 2007, un ciudadano, sin aparente vínculo con la prensa ni relación comprobada con algún partido, pidió a la PGR una copia del expediente en el cual se decretó el no ejercicio de la acción penal.

En respuesta, la PGR envió a esta persona un resumen con las fechas más importantes del caso y otros datos: cuándo se presentó la denuncia, quién la interpuso y en qué fecha se determinó no proceder contra los hijos de Marta Sahagún. En cuanto al contenido del expediente, la dependencia aseguró que era información “confidencial”. Es decir, que era imposible verla por razones de Estado (Proceso 1642).

Inconforme, el peticionario solicitó la intervención del IFAI. El comisionado encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, pidió a la PGR sustentar por qué se trataba de información confidencial.

Ante este requerimiento, la PGR cambió sus argumentos: esta vez pretextó que el expediente de los hermanos Bribiesca en realidad estaba bajo reserva. Lo cual significaba que ya no era asunto de Estado, sino que contenía datos personales e información supuestamente relacionada con otras averiguaciones.

Sin embargo, en una audiencia convocada por Juan Pablo Guerrero, la PGR sostuvo sus alegatos, mas el IFAI ordenó a la PGR elaborar una versión pública y entregar el expediente, según la resolución 042/07.

Esta resolución –aprobada por unanimidad– provocó una inesperada reaparición pública de los hermanos Bribiesca, quienes enviaron al comisionado presidente Alonso Lujambio y al encargado del caso, Juan Pablo Guerrero, una carta donde advertían que no autorizaban la publicidad del expediente y amenazaban con denunciarlos si persistían en liberarlo.

Los Bribiesca mandaron dicha misiva aun cuando no forman parte del litigo. En el expediente consta que los involucrados son la PGR y el ciudadano Guillermo Alfaro. Nadie más.

Según los Bribiesca, no permitirán que por razones políticas, ajenas a la transparencia, “se les perjudique” de esa forma. La respuesta del IFAI consistió en difundir la carta de los Bribiesca y emitir un comunicado rechazando cualquier tipo de presión, además de señalar que la PGR tenía que cumplir la resolución.

El 2 de abril el IFAI dio a la PGR un plazo de 10 días hábiles para elaborar la versión pública del expediente a fin de que fuera revisada por los propios comisionados y le ordenó que, en 10 días más –esto es, el 30 de abril–, pusiera el expediente en manos del solicitante. La PGR nunca cumplió.

Aun más: El 18 de abril pasado, considerando que la fecha final de entrega estaba próxima y que aún no se había revisado la versión pública, el IFAI emplazó a la PGR para que acudiera a una audiencia. La cita estaba programada para el martes siguiente, el 22 de abril, a las 10:00 horas. Ningún funcionario de la PGR se presentó.

Ya vencidos todos los plazos, el IFAI remitió un nuevo citatorio a la PGR. Esta vez la fecha era el martes 29 de abril, pero nuevamente nadie se presentó.

Quienes sí se aparecieron de nuevo por el edificio del IFAI fueron los hermanos Bribiesca para entregar una segunda carta. Como en la ocasión anterior, negaron su aval para que se liberara su expediente y ahora exigieron a los comisionados “emitir un acuerdo” para dar marcha atrás a su resolución toda vez que, según ellos, el manejo irresponsable de esa información terminaría por perjudicarlos.

“Reiteramos que dicha investigación (la de los diputados) nos produjo serios inconvenientes y, por ende, no permitiremos que por razones ajenas a la transparencia y a la rendición de cuentas, que en realidad son razones políticas, se nos perjudique todavía más”, enfatizaron en su escrito, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo.

En lugar de atacar la resolución, como lo marca la Ley Federal de Transparencia, la PGR envió un oficio al IFAI –del que este reportero obtuvo copia– en el cual se pliega a la postura de los hermanos Bribiesca y advierte que los comisionados terminarán por asumir “las consecuencias jurídicas” si insisten en que se abra el expediente.


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