Nuevo León: El crimen, suelto


Mientras los grupos de narcotraficantes que se disputan Nuevo León dan rienda suelta a sus rivalidades con ejecuciones y levantones, existen señales de que el Ejército mete reversa y suaviza sus operativos en la Entidad... Por lo demás, funcionarios de un gobernador que se oculta, aun cuando prometió dar la vida por su Estado, ofrecen repetidas conferencias de prensa y declaraciones apresuradas para tratar de explicar la ola de violencia de las últimas semanas...

MONTERREY, NL., 24 de abril - Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, que parecen haberse replegado ante los reclamos sociales por las muertes de inocentes en que se han visto involucradas, el gobierno de Nuevo León, con Rodrigo Medina de la Cruz como titular, no puede contener la violencia que, casi diariamente, se traduce en ejecuciones de narcomenudistas y policías estatales y municipales.
El gobierno del estado atribuye las balaceras a la confrontación entre el cártel del Golfo y Los Zetas, que han utilizado toda la entidad, y recientemente el área metropolitana, para hacer sus ajustes de cuentas.
Los muertos, dice la versión oficial, son comerciantes de drogas al menudeo o granjeros que son eliminados con la intención de afectar las finanzas de los cárteles. Pero, al mismo tiempo, no pocos policías son atacados porque sirven a alguno de los grupos rivales.
En lo que va de 2010, hasta el 22 de abril, se habían contabilizado en Nuevo León 131 muertes relacionadas con la delincuencia organizada –19 de las cuales correspondieron a uniformados–, cuando durante todo el año de 2007 se registraron 106 ejecuciones.
Ante la racha de violencia de las últimas semanas, han tenido que ofrecer repetidas conferencias de prensa el procurador Alejandro Garza y Garza, así como los secretarios de Seguridad Pública y general de Gobierno, Luis Carlos Treviño Berchelmann y Javier Treviño Cantú, respectivamente, mientras que el gobernador que prometió en campaña dar su vida por Nuevo León sigue sin aparecer en escena.
Además de que todas esas ejecuciones han estado marcadas por la impunidad –pues nadie ha sido detenido a consecuencia de las mismas–, el procurador Garza y Garza dijo en entrevista para la televisión que la pugna es entre los grupos criminales, y que a las autoridades del estado no les queda más que esperar a que se acaben entre ellos.
“Afortunadamente –declaró–, todos estos ataques de ayer (miércoles 21 de abril) fueron entre ellos; esta es una de las situaciones que pudiéramos ver con mayor tranquilidad. No es una excusa, porque intranquiliza a toda la ciudad. Afortunadamente, todos los ataques son entre ellos, es una guerra entre ellos, y a nosotros nos queda nada más acordonar y que esa guerra entre ellos acabe y no nos toque a los ciudadanos ser afectados por esto.”
Ante las confrontaciones recrudecidas, el diputado local panista Omar Pérez Ortega se pregunta por qué el gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz no da la cara y hace un pronunciamiento con acciones decididas para contener la serie de asesinatos cotidianos.
Tras señalar que la presión ciudadana hizo que el Ejército se replegara, lo que derivó en más violencia, comenta: “Si el gobernador no puede, que haga el exhorto necesario a las Fuerzas Armadas para que tomen el control de la situación”.
Ante la ola de ejecuciones del miércoles, el jueves 22 volvieron a reunirse los tres funcionarios, con la ausencia del gobernador, y el secretario general de Gobierno, Treviño Cantú, rechazó en el acto que sea necesario militarizar el estado y pidió a la ciudadanía que, pese a todo, continúe con su rutina.

Ejecuciones y levantones
La muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ocurrida la madrugada del 19 de marzo en el campus central de la institución, desató reclamos hacia el Ejército y la Marina por las crecientes muertes de civiles inocentes en la “guerra” contra la delincuencia organizada.
Fue entonces cuando empezó a disminuir paulatinamente la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de Nuevo León, pero el 13 de abril el Ejército tuvo dos víctimas mortales en el municipio de Doctor Coss, donde también perecieron dos pistoleros.
Al día siguiente, fueron encontrados otros dos militares ejecutados en el municipio de General Bravo. Aparentemente habían sido secuestrados por el grupo delictivo con el que se enfrentaron un día antes. Y, sin que haya al respecto reporte oficial, se habla de otros dos muertos en las filas castrenses.
Como sea, no se habían reportado tantos soldados asesinados desde el periodo del 14 al 22 de octubre del 2008, cuando fueron ultimados a cuchilladas en la entidad 10 militares.
La presión por las muertes de inocentes y soldados coincidió con una considerable disminución de la presencia del Ejército en la zona metropolitana y en los municipios del norte del estado, donde se habían recrudecido los combates de los narcotraficantes entre sí y contra las fuerzas del orden.
La Marina también parece haber regresado a los cuarteles luego de que el 4 de diciembre de 2009 había llegado a Nuevo León. En esa ocasión protagonizó una cruenta lucha en el municipio de Juárez contra una célula de Los Zetas. Ahí perecieron Ricardo Almanza, Gori 1, así como 12 pistoleros y una mujer ajena a los hechos.
Aunque no se ha producido información oficial sobre el repliegue de las Fuerzas Armadas, el diputado Pérez Ortega comenta que en las últimas semanas su ausencia ha sido evidente.
“Desgraciadamente –manifiesta–, algunas situaciones ajenas al orden que debe prevalecer hicieron presión para que el Ejército se mantuviera al margen, y las consecuencias las vemos hoy. El hecho de que no se perciba tanto la presencia militar está dando pie a esta ola de violencia que azota al estado.”
Este mes, cuando el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cumple sus primeros seis meses de mandato, se ha desencadenado en la ciudad una serie de ejecuciones de vendedores de droga al menudeo.
Los objetivos son hombres jóvenes, algunos adolescentes, que son abatidos en las plazas, esquinas y banquetas de las colonias populares donde venden su mercancía.
Sólo el 20 de abril, en enfrentamientos que se extendieron por el área metropolitana, hubo tres muertos –al parecer narcovendedores– y nueve heridos, entre los que se encontraban cuatro oficiales de policía y tránsito de Cadereyta que fueron baleados en un retén. Al día siguiente, el 21 de abril, de acuerdo con un reporte del gobierno del estado, hubo 12 muertos y 10 lesionados en ataques que ocurrieron entre las 15:35 y las 22:45 horas.
En la madrugada de ese mismo día también se había producido el levantón de seis personas por parte de más de dos decenas de delincuentes que, a bordo de 10 vehículos, fueron a buscarlas a los hoteles Holiday Inn y Misión, ubicados a menos de un kilómetro de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado y del cuartel de la Policía Federal.
Y aunque el secretario general de Gobierno rechazó que Nuevo León tenga que militarizarse, el jueves 22 el Ejército reapareció en las calles de Nuevo León al menos para hacerse cargo de la seguridad en el municipio de Cadereyta, donde la policía está infiltrada por el narcotráfico.
Así lo señaló el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Berchelmann, al momento de anunciar que las Fuerzas Armadas tomaban el control de dicha localidad, ubicada al oriente de la zona metropolitana de Monterrey.
De inmediato, fueron relevados de su mando 94 policías municipales a los que les retiraron 104 pistolas y tres rifles. Ellos, según anunció el gobierno estatal, seguirán en la nómina del Ayuntamiento haciendo “trabajos administrativos o comunitarios”, mientras que los agentes de tránsito sólo actuarán en labores de auxilio en caso de accidentes y de servicio en zonas escolares.

La polémica
Por lo que se refiere a la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad, hay aquí posiciones encontradas.
El diputado local del PRI, César Garza Villarreal, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local, considera que el Ejército y la Marina pueden actuar como lo están haciendo en varias partes del país siempre y cuando haya reglas claras para el desarrollo de su trabajo, y sin que sus integrantes deban ser sometidos a la justicia civil.
A título personal, aclara: “La legislación castrense es más severa, y no es el Ejército el que voluntariamente salió a las calles. Fuimos los mexicanos los que pedimos que lo hicieran ante la imposibilidad de que la policía civil resuelva el problema. Creo que un militar que trae un uniforme y está actuando en carácter de militar, no debe responder a una jurisdicción civil, sino a una castrense. Lo que requerimos son reglas para el trabajo de los soldados”. A su vez, el abogado Guillermo García Leija considera que el presidente Felipe Calderón y los procuradores general de la República y del estado “se están haciendo mensos”, porque como abogados saben perfectamente que, por principio, el Ejército no debería estar en la calle.
Recuerda al respecto que el artículo 29 constitucional especifica que el Ejército puede salir a la calle y suspender las garantías, en espacios determinados y por tiempo limitado, sólo si hay una perturbación de la paz pública y con previa aprobación del Congreso de la Unión.
Sin embargo, comenta, eso no significa que pueda juzgarse a los militares, con leyes civiles, por los delitos que cometan durante los operativos en que intervienen.
Para el diputado panista Omar Pérez Ortega, no habría problema con la permanencia del Ejército en las calles si el gobierno estatal no estuviera sumido en el descontrol y la desorganización de las fuerzas del orden.
El legislador, criminólogo de profesión, manifiesta que, entre las pretensiones opuestas de retirar a los militares o mantenerlos en la vía pública, está el punto medio de un trabajo de coordinación que debe ejercer el gobierno del estado.
“El punto medio –explica– se ve en la medida en que se hagan operativos coordinados entre los tres niveles de gobierno. La problemática que se vive es porque hoy no hay trabajos coordinados. Por un lado trabajan las policías estatales y municipales, y por otro el Ejército. Tiene que haber acciones coordinadas por parte del gobierno estatal.”
El pasado 11 de abril, el Tecnológico de Monterrey organizó una marcha por la paz en memoria de los estudiantes asesinados, José Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. Ese día, el rector Rafael Rangel Sostmann dio a conocer el documento titulado Pronunciamiento y propuestas para mejorar la seguridad en México.
El documento, que fue presentado por el rector el jueves 22 de abril en el Senado de la República, contiene más de 2 mil propuestas que la institución recibió durante la consulta a la que había convocado. Dos de los 10 objetivos planteados fueron “mejorar la seguridad jurídica, reducir riesgos y ampliar la protección de derechos humanos…”, y “reforzar las organizaciones civiles para facilitar el término ordenado de la participación de las fuerzas armadas en seguridad”.
(APRO/ Luciano Campos Garza)