■ Preocupa a ONG alemana la criminalización de la protesta social en México

Planes de desarrollo turístico, riesgo para pueblos indígenas, advierten

■ La oferta clientelar del gobierno es un regalo envenenado que divide comunidades

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 8 de noviembre. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México envió recientemente una delegación de observadores a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el reporte que ahora han dado a conocer, los observadores se manifiestan “preocupados por el creciente número de casos relacionados con la criminalización de la protesta social en el país”, e invocan los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, exigiéndole que los respete y aplique.

El objetivo central del recorrido fue “la documentación de casos sintomáticos de violación de derechos humanos”. Durante su visita del 20 al 31 de octubre, la delegación se entrevistó con víctimas de estas violaciones y con organizaciones que les acompañan, así como con representantes de instituciones gubernamentales.

En Chiapas, el grupo “buscó informarse sobre el trasfondo de casos tipo” de violaciones a garantías e identificó como tema central “un rezago de décadas en la regularización de la tenencia de la tierra, en un contexto de desequilibrio y desigualdad social, política y económica”. La coordinación subraya en su declaración final que gran parte de los recursos estratégicos del país (biodiversidad, agua) se encuentran en Chiapas, en zonas habitadas por indígenas, donde los planes de desarrollo “se convierten en una amenaza para estos pueblos”.

Un “alto funcionario de una dependencia gubernamental” confirmó lo anterior a la delegación de observadores, y declaró que “programas de desarrollo subvencionados por la Unión Europea (UE) están provocando la pérdida de la diversidad biológica y ponen en riesgo la cultural”.

En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, “la mayoría de los casos no son atendidos y si lo son, frecuentemente se encarcela a chivos expiatorios”. Es el caso de la masacre de Viejo Velasco (ocurrida en noviembre de 2006, y todavía impune), por la cual “una persona inocente estuvo un año en la cárcel”. El caso captó “especialmente” la atención de la delegación. Se trata de un conflicto agrario no resuelto “en un contexto de ineficiencia de las instituciones gubernamentales, desequilibrio social y una sistemática violación de los más fundamentales derechos humanos”.

La coordinación es una red de organizaciones surgida hace 10 años que enfoca su trabajo en la colaboración con organizaciones por los derechoos humanos.

Riesgo ecológico y cultural

Con respecto al “riesgo cultural” detectado por los observadores alemanes, adquiere especial significación la nueva “oferta” gubernamental, clientelar ante todo: el “desarrollo turístico”. Considerada una veta atractiva para la inversión extranjera, esta oferta llega a las comunidades envuelta para regalo. Envenenado y para unos cuantos.

Sus efectos se han podido observar en las zonas que circundan Montes Azules, y también en el trayecto entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, donde las autoridades estatales promueven el “ecoturismo” como presunta solución a las carencias económicas de los campesinos, con planes que en el fondo los consideran de manera secundaria, pues lo primordial son los negocios para el gobierno y sus socios potenciales.

En este contexto, la primera semana de noviembre, el secretario de Turismo y Proyectos Estretégicos, Roberto Albores Gleason, se reunió en el municipio de Pijijiapan con priístas y perredistas de la costa, y los invitó a “proporcionar mejores servicios a los turistas que visitan la región bajo un esquema innovador y competitivo, que a la vez genere empleos estables y temporales”.

No podía ser más ilustrativo lo expresado por el edil de Pijijiapan, Saín Cruz Trinidad, de extracción perredista, quien solicitó al secretario “todo su apoyo” para estas localidades “que se encuentran complemente vírgenes y necesitan una serie de inversiones” para el turismo.

El espejismo del desarrollo turístico, fuera del control de los pueblos, llega disfrazado de “protección ambiental” y necesita aliados locales para implantarse, lo que suele generar divisiones comunitarias como las existentes en Agua Azul, Roberto Barrios y más recientemente Soctic, en el municipio Villa de las Rosas.

Pero la liebre salta por cualquier parte. A fines de octubre, autoridades y habitantes de la comunidad El Corralito, municipio San Cristóbal de las Casas, determinaron impedir que ahí se construya un proyecto turístico “que traería problemas a la comunidad”. Señalan a Hermelinda Jiménez Pérez como la promotora de unas cabañas para convertir la localidad en zona turística, y alardea ante los pobladores de tener apoyo gubernamental.

Se han sumado a El Corralito las comunidades circundantes Epazotal, San Antonio de los Baños, Pinabetal y San José de los Baños. Esperan evitar las divisiones y conflictos que se están incubando en los bosques sancristobalenses.