La masacre de Tepic
PEDRO ZAMORA BRISEñO
La tentativa de un comando de sicarios para rescatar a Jerónimo Gámez García, El Primo, importante secuaz de los hermanos Beltrán Leyva, fue repelida por los agentes federales y el personal del Cefereso de Tepic que custodiaban al grupo de detenidos, a costa de ocho bajas mortales. En esta reconstrucción de los hechos, basada en entrevistas a testigos y en los primeros reportes entre diversas corporaciones policiacas, queda claro que no se tomaron las medidas necesarias para asegurar el trayecto.
TEPIC, NAY.- El operativo en el que murieron seis agentes federales y dos trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, cuando custodiaban el traslado de nueve presuntos narcotraficantes al reclusorio, estuvo plagado de errores y omisiones que desembocaron en tragedia.
El convoy policial de seis vehículos fue atacado tres veces por alrededor de 30 sicarios provistos de armas de alto poder, al filo de las 15 horas del sábado 18 de abril, en el trayecto del aeropuerto Amado Nervo al reclusorio.
Conforme a la versión difundida esa misma noche por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el comando armado intentó rescatar a Jerónimo Gámez García, El Primo, considerado el cerebro financiero de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y el responsable de las negociaciones para adquirir cocaína del cártel colombiano del Valle del Norte.
Junto con Jerónimo Gámez eran trasladados Pablo Emilio Robles Hoyos, colombiano ubicado como el representante de dicho cártel en México, así como Óscar Zito Rodríguez González, Fernando Roldán Dow, Edilberto Cuevas García, Rogelio Garza Jiménez, Juan Carlos Ramírez Alanís, José Daniel Patiño Cuevas y Gosta Engberg Cuevas, todos detenidos el 29 de enero pasado.
Aunque los sicarios no lograron liberar a ninguno de los presos, en la emboscada asesinaron a los policías federales Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas y Luis Antonio Ferrer Sánchez; los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero Sánchez; el subdirector técnico del Cefereso, Salvador Edmundo Espinoza Aldama, y Ana Luisa Huerta Ramírez, oficial de seguridad de ese centro penitenciario. Hasta el cierre de esta edición no se había informado de alguna baja causada a los pistoleros.
En entrevista con Proceso, observadores relacionados con el sistema penitenciario consideran que si se hubieran aplicado las medidas elementales de seguridad para la movilización de reos peligrosos, la emboscada habría sido descubierta y neutralizada a tiempo.
Jorge Javier Vargas López, quien fue director de Prevención y Readaptación Social del gobierno del estado en el sexenio de Celso Humberto Delgado, califica el hecho como “una masacre” propiciada por la “negligencia y el incumplimiento de las medidas de seguridad”.
Actual presidente de la Barra de Abogados de Nayarit, Vargas López señala que el traslado de los presos fue “totalmente aberrante” y exige que se investigue por las “graves omisiones” a quienes diseñaron y ordenaron el operativo en esas condiciones, pues “mandaron a la muerte a los agentes, que ni siquiera pudieron defenderse”.
Por separado, el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) del gobierno estatal, Francisco Javier Guerrero Cervantes, sostiene:
“Tomando las medidas precautorias pudo haberse detectado a tiempo (la presencia de los sicarios) y no hubieran ocurrido las muertes, pero desgraciadamente hasta que sucede un hecho sangriento se toman medidas.”
Vargas y Guerrero coinciden en que antes del traslado de los detenidos debió haberse realizado un reconocimiento del camino y colocado puestos de vigilancia cada dos o tres kilómetros, con el fin de garantizar la seguridad del convoy.
“Lo ideal –dice Guerrero Cervantes– es hacer ese tipo de traslados por helicóptero, o planear un buen operativo por tierra alertando a todas las corporaciones policiacas, porque si se resguarda el lugar por donde van a pasar hay menos peligro, si se revisa antes y se apostan en varias partes policías estatales, municipales y elementos del Ejército, los delincuentes se van a dar cuenta de que es difícil hacer una emboscada.”
Sin embargo, añade, los responsables del traslado “desconfiaron de las demás corporaciones y les salió peor”
Jorge Javier Vargas afirma que los delincuentes fueron vistos en la zona desde días antes. “Estaban hospedados en un hotel cercano al lugar donde fueron los ataques. Iban a comer y a comprar cerveza a San Cayetano (comunidad donde ocurrió una de las balaceras). Era gente sospechosa, pero nunca fue detectada”.
A juicio de Francisco Javier Guerrero, un error del operativo fue haber enviado de la Ciudad de México a elementos de la Policía Federal y de la AFI que desconocían el terreno del recorrido.
“Eso no debe hacerse, porque ante una situación de esa naturaleza, no saben hacia dónde salir. Imaginemos si eso hubiera sido a las 10 u 11 de la noche: ahí los acaban a todos, no tenían nada de defensa”.
Para Vargas, la negligencia más importante consistió en no inspeccionar la zona antes de que el convoy saliera del aeropuerto y no haber solicitado el apoyo del Ejército ni las corporaciones locales. “Todo reo peligroso debe ser trasladado al menos con apoyo del Ejército, de lo contrario no hay ninguna seguridad”, asienta.
Además, critica que las autoridades penitenciarias hayan acudido al aeropuerto: “A nada tenían que ir el subdirector y la oficial de seguridad que fallecieron, ellos deberían haber recibido a los detenidos en la puerta del Cefereso”.
Con base en información recabada entre algunos pobladores que presenciaron los hechos, así como de policías y paramédicos que acudieron en auxilio de las víctimas, más un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tepic, es posible hacer una reconstrucción de la emboscada.
Ataques mortales
Tras la llegada del avión de la SSP federal al aeropuerto de la capital nayarita, se organizó un convoy que cerca de las 15 horas partió rumbo al Cefereso 4 Noroeste, a un costado de la carretera libre a Mazatlán.
Al frente iba una camioneta cerrada, del reclusorio, en la que eran conducidos los presos. Atrás los custodiaban agentes de la Policía Federal y de la AFI a bordo de patrullas y camionetas de la Procuraduría General de la República (PGR), la SSP federal y personal del Cefereso en vehículos del centro penitenciario.
Minutos después, luego de pasar por el balneario Los Rosales, un camión tipo Thorton se atravesó en la carretera y empezó el ataque con armas automáticas desde ambos costados.
La lentitud del camión permitió que el vehículo del Cefereso en el que iban los detenidos y dos camionetas más lo eludieran a toda velocidad, bajando por el camino de terracería ubicado a la derecha, mientras el resto de los integrantes del convoy se quedó a responder el fuego.
Sergia Benítez, propietaria del balneario Los Rosales, calcula que la balacera duró entre 15 y 20 minutos, lo que generó el pánico y ataques de histeria entre decenas de bañistas que se refugiaron atrás de una barda.
Carlos Tovar, propietario de un taller de herrería, narra que al iniciar el fuego resguardó a su hijo en un rincón, dentro de un baúl, mientras él y sus trabajadores se tiraron al piso. Considera que las hostilidades se prolongaron alrededor de 12 minutos y dice haber escuchado al menos dos detonaciones de granadas.
Cuenta que desde la mañana sus empleados habían visto vehículos sospechosos que circulaban despacio por la carretera. Luego salió a atender sus compromisos y volvió al taller cerca de las tres de la tarde. Entonces vio una camioneta estacionada en una finca cercana, usualmente deshabitada, propiedad de la familia de un militar fallecido.
Creyó que alguien de esa familia había ido de visita y estuvo a punto de ir a devolver unos objetos que le prestaron semanas antes, pero se entretuvo con un trabajo. Cuando se inició el ataque, se dio cuenta de que el vehículo en realidad era de los sicarios que aguardaban el paso del convoy.
Cuando terminó el enfrentamiento, luego de que los pistoleros huyeron a bordo de una camioneta, Tovar descubrió que una de las balas había atravesado una pared de ladrillo de su taller, muy cerca del sitio en que él y sus compañeros se encontraban tirados al suelo, en tanto que otro proyectil agujereó una olla tamalera.
A unos metros del taller quedó el cuerpo del subdirector técnico del Cefereso, dentro del vehículo en que iba.
Los trabajadores del taller no salieron de éste sino hasta que arribaron las patrullas. “Tardaron en llegar como 20 minutos después de que terminó todo, los dejaron solos. Por aquí enfrente pasaron caminando algunos de los federales, raspados y sangrantes de los brazos, parecía como si vinieran de la guerra”, describe Tovar.
En el siguiente ataque, ocurrido antes de llegar a San Cayetano, debido a los disparos a una patrulla de la Policía Federal le explotaron las llantas delanteras, pero siguió avanzando hacia el pueblo sólo con los rines hasta que el conductor, herido de muerte, se estampó y derribó una pared de la vivienda de la señora Angelina Duarte. El vehículo dio una voltereta para quedar frente a la forrajera San Cayetano.
De acuerdo con trabajadores que en ese momento descargaban un camión de pastura, algunos agentes ayudaron a varios heridos a resguardarse en ese negocio, y les indicaron que bajaran la cortina y se tiraran al piso.
En el libramiento, la camioneta que trasladaba los presos y un vehículo que todavía la custodiaba sufrieron otro ataque por parte de los sicarios que iban en su persecución. Ahí fueron heridos el comandante Juan Francisco Flores Bernal y la oficial de seguridad Ana Luisa Huerta, que instantes después falleció en el lugar.
Confusión
Los primeros reportes de los sucesos, transmitidos por radio, fueron confusos para las corporaciones locales, que no estaban enteradas del traslado de los reos, por lo que no percibieron inicialmente la gravedad de la situación.
Según el oficio 0106/09, enviado por el comandante de guardia Ramón Gerardo Medina Calleros al secretario de Seguridad Pública municipal de Tepic, Ángel Alberto Violante Garza, el primer informe recibido en esa dependencia se refirió únicamente a la volcadura de la unidad 12434 de la Policía Federal por la carretera libre a Guadalajara, a la altura del poblado de San Cayetano.
El primero en llegar a ese sitio, a bordo de la unidad P-534, fue el oficial Benigno Hernández Guerrero, quien pidió de inmediato servicios médicos de urgencia y refuerzos. Momentos después llegaron cuatro patrullas con 10 agentes más, al mando del comandante Óscar Manuel Maldonado Madero.
La camioneta se encontraba prácticamente destrozada en su parte frontal, sin las llantas delanteras, con orificios de disparos en el parabrisas, mientras que en el asiento del conductor yacía sin vida Luis Antonio Ferrer Sánchez, de 25 años, con un balazo en la frente.
En el piso, abajo del vehículo, se encontraban heridos el inspector de la Policía Federal Octavio Cabrera Pineda, de 37 años, quien iba al mando de la unidad, y los agentes Juan Carlos García Hernández, de 24 años; Alfonso López Reyes, de 32, y uno de apellido Pavón, todos ellos originarios del Distrito Federal, quienes fueron trasladados a la clínica del ISSSTE.
Para entonces ya recibían atención médica en la clínica comunitaria de San Cayetano –y algunos fueron llevados después a la clínica San Rafael– la trabajadora del Cefereso Gabriela Artemisa Ramírez García, los agentes Pedro Gómez Naya, Oliver Rocío García, Guillermo Daniel López y Mauricio Azazola Valle. Este último apareció posteriormente en la lista de los fallecidos.
Más adelante, al pasar el crucero que da a la comunidad de Pantanal, en el lugar donde se produjo el primer ataque, se encontraron tres vehículos del convoy y otro presuntamente abandonado por los sicarios.
Según el documento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tepic, cada una de las unidades presentaba más de 50 balazos de diferentes calibres.
Al costado derecho de la carretera, dentro de un predio, quedó inmóvil un Jeep gris, placas REP-90-66 de Nayarit. En el asiento del conductor quedó el cadáver del subdirector técnico del Cefereso, Salvador Edmundo Espinoza Aldama.
Cerca de ahí estaban las camionetas Chevrolet en las que iban los elementos de la AFI: una Astro verde, placas REE-30-33, y una Suburban roja, placas REE-30-29 de Nayarit. También había una camioneta Pontiac blanca con placas de Jalisco.
Los primeros reportes que llegaron a las oficinas de la Policía Estatal Investigadora (PEI) se referían, sin mayores detalles, al caso de una mujer herida de bala.
Un comandante de esa corporación cuenta que al llegar al libramiento, a la altura de la colonia Benito Juárez, encontró atravesado un vehículo del Cefereso con perforaciones de bala. Adentro estaba el cuerpo de Ana Luisa Huerta Ramírez, en tanto que el comandante Juan Francisco Flores Bernal sangraba del abdomen.
–¡Pida refuerzos, pida refuerzos, nos vienen siguiendo! –urgió uno de los custodios al comandante de la PEI, que sin enterarse bien de lo ocurrido solicitó ambulancias y más unidades policiacas.
Mientras tanto, uno de los directivos del Cefereso, desesperado, pedía a sus colaboradores verificar por radio si ya habían sido introducidos al reclusorio los presuntos narcotraficantes. Le dijeron que sí.
José Alberto Ayala, oficial paramédico de Protección Civil del Estado, fue uno de los encargados de llevar a los heridos al hospital. Señala que en total fueron 10 los heridos internados en las clínicas del ISSSTE y en la San Rafael, que durante la noche y al día siguiente permanecieron custodiadas por las fuerzas federales.
El domingo 19, los ocho fallecidos recibieron un homenaje de cuerpo presente en el patio del Cefereso antes de ser trasladados a sus lugares de origen. La mayoría provenían del Distrito Federal.
Ese mismo día, sigilosamente, los presos que motivaron la emboscada fueron reubicados en varios penales del país mediante un operativo aéreo. La SSP federal informó que Jerónimo Gámez fue destinado al penal de alta seguridad de El Altiplano.
El domingo por la noche, un convoy de 26 vehículos –entre ambulancias y patrullas– llevó a nueve de los heridos desde la clínica hasta el aeropuerto para su traslado a la Ciudad de México, con el fin de atenderlos allá.
El diputado Juan Antonio Echeagaray Becerra, presidente de la Comisión de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, y el dirigente estatal del PRD, Rodrigo González Barrios, están convencidos de que ese ataque confirma la hipótesis de que las corporaciones federales están infiltradas por los cárteles.
“Los narcotraficantes tenían perfectamente delimitada la ruta, el itinerario y la identidad de los reos. Esos datos no surgieron de una simple llamada telefónica: la información fue completa y total de cómo se iban a desarrollar las cosas, y eso tuvo que haber salido de los más altos niveles”, comenta Echeagaray.
A su vez, González Barrios considera que la situación “es grave porque el enemigo está adentro”, y advierte que las investigaciones necesariamente tendrán que determinar, entre otras cosas, cómo se filtró la información.
Por lo pronto, el domingo 19 en la Ciudad de México, Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), deslindó a esa corporación de responsabilidad en el hecho y, en conferencia de prensa, atribuyó la coordinación del operativo a la PGR.
“La responsabilidad corrió a cargo de la PGR. La Secretaría de Seguridad Pública federal participó en la recepción en el aeropuerto y en guiarlos al internamiento en el penal federal”, enfatizó Esparza.
TEPIC, NAY.- El operativo en el que murieron seis agentes federales y dos trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, cuando custodiaban el traslado de nueve presuntos narcotraficantes al reclusorio, estuvo plagado de errores y omisiones que desembocaron en tragedia.
El convoy policial de seis vehículos fue atacado tres veces por alrededor de 30 sicarios provistos de armas de alto poder, al filo de las 15 horas del sábado 18 de abril, en el trayecto del aeropuerto Amado Nervo al reclusorio.
Conforme a la versión difundida esa misma noche por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, el comando armado intentó rescatar a Jerónimo Gámez García, El Primo, considerado el cerebro financiero de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y el responsable de las negociaciones para adquirir cocaína del cártel colombiano del Valle del Norte.
Junto con Jerónimo Gámez eran trasladados Pablo Emilio Robles Hoyos, colombiano ubicado como el representante de dicho cártel en México, así como Óscar Zito Rodríguez González, Fernando Roldán Dow, Edilberto Cuevas García, Rogelio Garza Jiménez, Juan Carlos Ramírez Alanís, José Daniel Patiño Cuevas y Gosta Engberg Cuevas, todos detenidos el 29 de enero pasado.
Aunque los sicarios no lograron liberar a ninguno de los presos, en la emboscada asesinaron a los policías federales Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas y Luis Antonio Ferrer Sánchez; los elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero Sánchez; el subdirector técnico del Cefereso, Salvador Edmundo Espinoza Aldama, y Ana Luisa Huerta Ramírez, oficial de seguridad de ese centro penitenciario. Hasta el cierre de esta edición no se había informado de alguna baja causada a los pistoleros.
En entrevista con Proceso, observadores relacionados con el sistema penitenciario consideran que si se hubieran aplicado las medidas elementales de seguridad para la movilización de reos peligrosos, la emboscada habría sido descubierta y neutralizada a tiempo.
Jorge Javier Vargas López, quien fue director de Prevención y Readaptación Social del gobierno del estado en el sexenio de Celso Humberto Delgado, califica el hecho como “una masacre” propiciada por la “negligencia y el incumplimiento de las medidas de seguridad”.
Actual presidente de la Barra de Abogados de Nayarit, Vargas López señala que el traslado de los presos fue “totalmente aberrante” y exige que se investigue por las “graves omisiones” a quienes diseñaron y ordenaron el operativo en esas condiciones, pues “mandaron a la muerte a los agentes, que ni siquiera pudieron defenderse”.
Por separado, el director del Centro de Readaptación Social (Cereso) del gobierno estatal, Francisco Javier Guerrero Cervantes, sostiene:
“Tomando las medidas precautorias pudo haberse detectado a tiempo (la presencia de los sicarios) y no hubieran ocurrido las muertes, pero desgraciadamente hasta que sucede un hecho sangriento se toman medidas.”
Vargas y Guerrero coinciden en que antes del traslado de los detenidos debió haberse realizado un reconocimiento del camino y colocado puestos de vigilancia cada dos o tres kilómetros, con el fin de garantizar la seguridad del convoy.
“Lo ideal –dice Guerrero Cervantes– es hacer ese tipo de traslados por helicóptero, o planear un buen operativo por tierra alertando a todas las corporaciones policiacas, porque si se resguarda el lugar por donde van a pasar hay menos peligro, si se revisa antes y se apostan en varias partes policías estatales, municipales y elementos del Ejército, los delincuentes se van a dar cuenta de que es difícil hacer una emboscada.”
Sin embargo, añade, los responsables del traslado “desconfiaron de las demás corporaciones y les salió peor”
Jorge Javier Vargas afirma que los delincuentes fueron vistos en la zona desde días antes. “Estaban hospedados en un hotel cercano al lugar donde fueron los ataques. Iban a comer y a comprar cerveza a San Cayetano (comunidad donde ocurrió una de las balaceras). Era gente sospechosa, pero nunca fue detectada”.
A juicio de Francisco Javier Guerrero, un error del operativo fue haber enviado de la Ciudad de México a elementos de la Policía Federal y de la AFI que desconocían el terreno del recorrido.
“Eso no debe hacerse, porque ante una situación de esa naturaleza, no saben hacia dónde salir. Imaginemos si eso hubiera sido a las 10 u 11 de la noche: ahí los acaban a todos, no tenían nada de defensa”.
Para Vargas, la negligencia más importante consistió en no inspeccionar la zona antes de que el convoy saliera del aeropuerto y no haber solicitado el apoyo del Ejército ni las corporaciones locales. “Todo reo peligroso debe ser trasladado al menos con apoyo del Ejército, de lo contrario no hay ninguna seguridad”, asienta.
Además, critica que las autoridades penitenciarias hayan acudido al aeropuerto: “A nada tenían que ir el subdirector y la oficial de seguridad que fallecieron, ellos deberían haber recibido a los detenidos en la puerta del Cefereso”.
Con base en información recabada entre algunos pobladores que presenciaron los hechos, así como de policías y paramédicos que acudieron en auxilio de las víctimas, más un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tepic, es posible hacer una reconstrucción de la emboscada.
Ataques mortales
Tras la llegada del avión de la SSP federal al aeropuerto de la capital nayarita, se organizó un convoy que cerca de las 15 horas partió rumbo al Cefereso 4 Noroeste, a un costado de la carretera libre a Mazatlán.
Al frente iba una camioneta cerrada, del reclusorio, en la que eran conducidos los presos. Atrás los custodiaban agentes de la Policía Federal y de la AFI a bordo de patrullas y camionetas de la Procuraduría General de la República (PGR), la SSP federal y personal del Cefereso en vehículos del centro penitenciario.
Minutos después, luego de pasar por el balneario Los Rosales, un camión tipo Thorton se atravesó en la carretera y empezó el ataque con armas automáticas desde ambos costados.
La lentitud del camión permitió que el vehículo del Cefereso en el que iban los detenidos y dos camionetas más lo eludieran a toda velocidad, bajando por el camino de terracería ubicado a la derecha, mientras el resto de los integrantes del convoy se quedó a responder el fuego.
Sergia Benítez, propietaria del balneario Los Rosales, calcula que la balacera duró entre 15 y 20 minutos, lo que generó el pánico y ataques de histeria entre decenas de bañistas que se refugiaron atrás de una barda.
Carlos Tovar, propietario de un taller de herrería, narra que al iniciar el fuego resguardó a su hijo en un rincón, dentro de un baúl, mientras él y sus trabajadores se tiraron al piso. Considera que las hostilidades se prolongaron alrededor de 12 minutos y dice haber escuchado al menos dos detonaciones de granadas.
Cuenta que desde la mañana sus empleados habían visto vehículos sospechosos que circulaban despacio por la carretera. Luego salió a atender sus compromisos y volvió al taller cerca de las tres de la tarde. Entonces vio una camioneta estacionada en una finca cercana, usualmente deshabitada, propiedad de la familia de un militar fallecido.
Creyó que alguien de esa familia había ido de visita y estuvo a punto de ir a devolver unos objetos que le prestaron semanas antes, pero se entretuvo con un trabajo. Cuando se inició el ataque, se dio cuenta de que el vehículo en realidad era de los sicarios que aguardaban el paso del convoy.
Cuando terminó el enfrentamiento, luego de que los pistoleros huyeron a bordo de una camioneta, Tovar descubrió que una de las balas había atravesado una pared de ladrillo de su taller, muy cerca del sitio en que él y sus compañeros se encontraban tirados al suelo, en tanto que otro proyectil agujereó una olla tamalera.
A unos metros del taller quedó el cuerpo del subdirector técnico del Cefereso, dentro del vehículo en que iba.
Los trabajadores del taller no salieron de éste sino hasta que arribaron las patrullas. “Tardaron en llegar como 20 minutos después de que terminó todo, los dejaron solos. Por aquí enfrente pasaron caminando algunos de los federales, raspados y sangrantes de los brazos, parecía como si vinieran de la guerra”, describe Tovar.
En el siguiente ataque, ocurrido antes de llegar a San Cayetano, debido a los disparos a una patrulla de la Policía Federal le explotaron las llantas delanteras, pero siguió avanzando hacia el pueblo sólo con los rines hasta que el conductor, herido de muerte, se estampó y derribó una pared de la vivienda de la señora Angelina Duarte. El vehículo dio una voltereta para quedar frente a la forrajera San Cayetano.
De acuerdo con trabajadores que en ese momento descargaban un camión de pastura, algunos agentes ayudaron a varios heridos a resguardarse en ese negocio, y les indicaron que bajaran la cortina y se tiraran al piso.
En el libramiento, la camioneta que trasladaba los presos y un vehículo que todavía la custodiaba sufrieron otro ataque por parte de los sicarios que iban en su persecución. Ahí fueron heridos el comandante Juan Francisco Flores Bernal y la oficial de seguridad Ana Luisa Huerta, que instantes después falleció en el lugar.
Confusión
Los primeros reportes de los sucesos, transmitidos por radio, fueron confusos para las corporaciones locales, que no estaban enteradas del traslado de los reos, por lo que no percibieron inicialmente la gravedad de la situación.
Según el oficio 0106/09, enviado por el comandante de guardia Ramón Gerardo Medina Calleros al secretario de Seguridad Pública municipal de Tepic, Ángel Alberto Violante Garza, el primer informe recibido en esa dependencia se refirió únicamente a la volcadura de la unidad 12434 de la Policía Federal por la carretera libre a Guadalajara, a la altura del poblado de San Cayetano.
El primero en llegar a ese sitio, a bordo de la unidad P-534, fue el oficial Benigno Hernández Guerrero, quien pidió de inmediato servicios médicos de urgencia y refuerzos. Momentos después llegaron cuatro patrullas con 10 agentes más, al mando del comandante Óscar Manuel Maldonado Madero.
La camioneta se encontraba prácticamente destrozada en su parte frontal, sin las llantas delanteras, con orificios de disparos en el parabrisas, mientras que en el asiento del conductor yacía sin vida Luis Antonio Ferrer Sánchez, de 25 años, con un balazo en la frente.
En el piso, abajo del vehículo, se encontraban heridos el inspector de la Policía Federal Octavio Cabrera Pineda, de 37 años, quien iba al mando de la unidad, y los agentes Juan Carlos García Hernández, de 24 años; Alfonso López Reyes, de 32, y uno de apellido Pavón, todos ellos originarios del Distrito Federal, quienes fueron trasladados a la clínica del ISSSTE.
Para entonces ya recibían atención médica en la clínica comunitaria de San Cayetano –y algunos fueron llevados después a la clínica San Rafael– la trabajadora del Cefereso Gabriela Artemisa Ramírez García, los agentes Pedro Gómez Naya, Oliver Rocío García, Guillermo Daniel López y Mauricio Azazola Valle. Este último apareció posteriormente en la lista de los fallecidos.
Más adelante, al pasar el crucero que da a la comunidad de Pantanal, en el lugar donde se produjo el primer ataque, se encontraron tres vehículos del convoy y otro presuntamente abandonado por los sicarios.
Según el documento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tepic, cada una de las unidades presentaba más de 50 balazos de diferentes calibres.
Al costado derecho de la carretera, dentro de un predio, quedó inmóvil un Jeep gris, placas REP-90-66 de Nayarit. En el asiento del conductor quedó el cadáver del subdirector técnico del Cefereso, Salvador Edmundo Espinoza Aldama.
Cerca de ahí estaban las camionetas Chevrolet en las que iban los elementos de la AFI: una Astro verde, placas REE-30-33, y una Suburban roja, placas REE-30-29 de Nayarit. También había una camioneta Pontiac blanca con placas de Jalisco.
Los primeros reportes que llegaron a las oficinas de la Policía Estatal Investigadora (PEI) se referían, sin mayores detalles, al caso de una mujer herida de bala.
Un comandante de esa corporación cuenta que al llegar al libramiento, a la altura de la colonia Benito Juárez, encontró atravesado un vehículo del Cefereso con perforaciones de bala. Adentro estaba el cuerpo de Ana Luisa Huerta Ramírez, en tanto que el comandante Juan Francisco Flores Bernal sangraba del abdomen.
–¡Pida refuerzos, pida refuerzos, nos vienen siguiendo! –urgió uno de los custodios al comandante de la PEI, que sin enterarse bien de lo ocurrido solicitó ambulancias y más unidades policiacas.
Mientras tanto, uno de los directivos del Cefereso, desesperado, pedía a sus colaboradores verificar por radio si ya habían sido introducidos al reclusorio los presuntos narcotraficantes. Le dijeron que sí.
José Alberto Ayala, oficial paramédico de Protección Civil del Estado, fue uno de los encargados de llevar a los heridos al hospital. Señala que en total fueron 10 los heridos internados en las clínicas del ISSSTE y en la San Rafael, que durante la noche y al día siguiente permanecieron custodiadas por las fuerzas federales.
El domingo 19, los ocho fallecidos recibieron un homenaje de cuerpo presente en el patio del Cefereso antes de ser trasladados a sus lugares de origen. La mayoría provenían del Distrito Federal.
Ese mismo día, sigilosamente, los presos que motivaron la emboscada fueron reubicados en varios penales del país mediante un operativo aéreo. La SSP federal informó que Jerónimo Gámez fue destinado al penal de alta seguridad de El Altiplano.
El domingo por la noche, un convoy de 26 vehículos –entre ambulancias y patrullas– llevó a nueve de los heridos desde la clínica hasta el aeropuerto para su traslado a la Ciudad de México, con el fin de atenderlos allá.
El diputado Juan Antonio Echeagaray Becerra, presidente de la Comisión de Investigación Legislativa del Congreso del Estado, y el dirigente estatal del PRD, Rodrigo González Barrios, están convencidos de que ese ataque confirma la hipótesis de que las corporaciones federales están infiltradas por los cárteles.
“Los narcotraficantes tenían perfectamente delimitada la ruta, el itinerario y la identidad de los reos. Esos datos no surgieron de una simple llamada telefónica: la información fue completa y total de cómo se iban a desarrollar las cosas, y eso tuvo que haber salido de los más altos niveles”, comenta Echeagaray.
A su vez, González Barrios considera que la situación “es grave porque el enemigo está adentro”, y advierte que las investigaciones necesariamente tendrán que determinar, entre otras cosas, cómo se filtró la información.
Por lo pronto, el domingo 19 en la Ciudad de México, Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), deslindó a esa corporación de responsabilidad en el hecho y, en conferencia de prensa, atribuyó la coordinación del operativo a la PGR.
“La responsabilidad corrió a cargo de la PGR. La Secretaría de Seguridad Pública federal participó en la recepción en el aeropuerto y en guiarlos al internamiento en el penal federal”, enfatizó Esparza.
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