Los alcaldes son quienes enfrentan el costo de la narcoviolencia callejera. Sin embargo, no participan en la batalla del gobierno federal contra el crimen organizado
Si estaba nervioso, Salvador Vergara Cruz no lo aparentaba.
Vergara, alcalde de Ixtapan de la Sal, bella ciudad del centro de México, viajaba sin guardaespaldas, incluso después de haber recibido llamadas a su celular en las que le exigían 70 mil dólares y que colaborara con narcotraficantes.
“No les dio lo que querían –expresó Raymundo Fuentes, regidor del ayuntamiento–. Era inevitable que pasara lo que pasó.”
El 4 de octubre de 2008, Vergara fue víctima de una emboscada en una cercana carretera rural cuando regresaba del vecino estado de Guerrero. Seis hombres armados que viajaban en varios automóviles rodearon su Chevrolet Trailblazer blanca y abrieron fuego con fusiles AK-47 y escopetas. Cuando la camioneta se detuvo, los atacantes metieron sus armas dentro del vehículo y volvieron a disparar.
Vergara murió. Fuentes y un tercer funcionario municipal resultaron heridos, pero sobrevivieron. Sólo Dios sabe por qué
, dice Fuentes, cuya muñeca derecha luce llena de pequeños montículos por las esquirlas de escopeta que permanecen enterradas en su carne.
Vergara, de 34 años, miembro del Partido Revolucionario Institucional, es uno de los por lo menos 11 alcaldes y ex alcaldes mexicanos que han sido asesinados o han desaparecido durante los 15 meses recientes. Varios más han recibido demandas de extorsión. Otros, como José Reyes Ferriz, el acosado alcalde de Ciudad Juárez, han recibido amenazas públicas de muerte.
Los 2 mil 400 alcaldes de México se hallan en un punto de riesgo en la línea de combate de la guerra contra los traficantes de drogas que ha emprendido el gobierno federal. Son los objetivos principales de los intentos de soborno porque están al mando de la policía local. Y los alcaldes bien intencionados están bajo gran presión: la mayoría de los gobiernos municipales tienen bases tributarias demasiado exiguas para equipar y pagar a la policía lo suficiente para acabar con la corrupción de años.
Los alcaldes se quejan de que son ellos quienes pagan el costo de la narcoviolencia en sus calles. Sin embargo, carecen de participación significativa en la batalla del gobierno federal contra el crimen organizado: a la policía municipal, por ley, le competen transgresiones menores e infracciones de tránsito.
“Están en el cargo más comprometido –afirma George Grayson, especialista en asuntos mexicanos del Colegio William & Mary de Williamsburg, Vancouver–. Los alcaldes están realmente en la posición más precaria.”
En mayor riesgo están quienes gobiernan ciudades a lo largo de las rutas del contrabando de drogas. En febrero, unos pistoleros liquidaron al presidente municipal de la pequeña comunidad de Vista Hermosa, Michoacán, estado que se ha vuelto un corredor caliente para el paso de drogas. Dos semanas antes, el alcalde de Otaez, en el estado de Durango, apareció envuelto en una manta.
El índice de asesinatos del país, que excede 7 mil 600 desde enero de 2008, también incluye a miembros del cabildo y funcionarios municipales.
La intensificación de la violencia hacia los ayuntamientos ha propiciado el temor. El alcalde de Petatlán, Guerrero, estado asolado por la violencia del narco, intenta evitarse problemas proclamando que su policía no tendría nada que ver con la detención de traficantes.
Este invierno, el conservador Partido Acción Nacional tuvo dificultades para postular candidatos a alcaldes en el norteño estado de Nuevo León. El líder estatal del partido afirmó que los posibles candidatos temían la creciente ola de delincuencia, aunque la dirigencia nacional del PAN negó que ésa fuera la razón.
Los representantes de los cárteles, provistos de dinero para campañas, a menudo hacen propuestas a candidatos políticos. A cambio, pretenden un dócil departamento de policía que los deje hacer sus negocios.
“Lo que la delincuencia organizada pide a los alcaldes es muy sencillo: ‘Ustedes no ven nada’ –señala Sergio Arredondo, quien encabeza una federación priísta que representa a los municipios–. Los munícipes están entre la espada y la pared... Luchan contra un enemigo mucho mejor equipado, con mejor financiamiento.”
Conforme a la legislación mexicana, la investigación y enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas recae en el gobierno federal. La policía estatal atiende otras faltas graves, como secuestro y asesinato, mientras los funcionarios municipales desarrollan una función preventiva.
En gran parte, Calderón ha recurrido al Ejército y a la policía federal. Sin embargo, algunos alcaldes dicen que los gobiernos locales deberían tener más autoridad para aplicar la ley.
José Luis Gutiérrez Cureño, alcalde izquierdista de Ecatepec, en el estado de México, dice que sus mil 600 agentes de policía están en mejor situación que las autoridades federales para capturar a sospechosos de narcotráfico. Los asesinatos relacionados con drogas se incrementaron considerablemente el año pasado en esa ciudad de un millón 700 mil habitantes. “¿Sabes cuántos policías federales operan en esta ciudad? –pregunta–. Diez.”
Una parte de los mil 400 millones de dólares en ayuda estadunidense para seguridad, conocida como Iniciativa Mérida, podría utilizarse para apoyar a los municipios con problemas económicos, dijo Gutiérrez. Los gobiernos y los juzgados municipales deberían tener jurisdicción sobre delitos relacionados con las drogas, agregó.
Al igual que Vergara, Gutiérrez no tiene guardaespaldas. Dice que no ha sido objeto de amenazas, aunque recibió un par de mensajes de texto desconcertantes poco después de asumir el cargo, en 2006.
Pero las amenazas contra los alcaldes no son siempre discretas. En Ciudad Juárez, alguien colocó carteles que amenazaban la vida de Reyes. Su jefe de policía, Roberto Orduña Cruz, había renunciado después de que inscripciones similares advertían que un policía sería liquidado cada 48 horas a no ser que el jefe renunciara.
Reyes permanece en el puesto. Calderón respondió enviando miles de soldados y policías federales más a esa ciudad de la frontera norte.
En Ixtapan de la Sal, población de 38 mil habitantes conocida por sus aguas termales y su entorno campestre, el recuerdo del asesinato de Vergara sigue siendo inquietante. Días después del tiroteo, las autoridades detuvieron a 14 sospechosos, sosteniendo que formaban parte de un anillo de la delincuencia organizada que intentaba vender droga a escala local. Algunos reconocieron ser miembros de La Familia, grupo de narcotráfico del vecino Michoacán. El caso aún está pendiente de resolución en los tribunales.
Fuentes, el regidor herido, dice que cada vez que un coche se le acerca por atrás, entra en pánico. Son personas que no tienen conciencia alguna
, afirma.
Óscar Tovar, designado para complementar el mandato de Vergara, insiste en que su ciudad es segura para los residentes y para los miles de visitantes que acuden a sus balnearios cada fin de semana. “No hay ningún problema –dice–. Somos pacíficos.”
Pero hace unos días, cuando acudió a una comunidad rural para distribuir paquetes de alimentos, Tovar mostró haber aprendido algo del asesinato de su predecesor. Vigilando mientras el nuevo alcalde repartía las cajas, estaban tres hombres en ropa casual: sus guardaespaldas.
Fuente: EIU
Traducción de texto: Jorge Anaya
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