El Presidente Barack Obama prometió un gobierno “más transparente…más creativo”. Su publicación de los memorandos sobre la tortura, y la esperada publicación por parte del Pentágono de más fotos de maltrato a detenidos, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aseguró a la CIA que no procesará a quienes acataron la orden de torturar que dio el gobierno de Bush. Quizá el Congreso no esté de acuerdo con esta indulgencia, ya que importantes senadores están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.
El Senador demócrata de Michigan, Carl Levin, es presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y acaba de publicar un informe de 262 páginas titulado “Investigación sobre el trato a detenidos en custodia de Estados Unidos”. Levin dijo que el informe “representa una condena tanto de las políticas de interrogación del gobierno de Bush, como de los altos funcionarios del gobierno que intentaron culpar de los abusos a soldados de bajo rango. Las afirmaciones…de que los abusos a los detenidos podrían ser atribuidos a actos no autorizados de ‘algunos descarriados’ eran siplemente falsas”. El Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y la Senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, también están proponiendo realizar investigaciones.
El interés del Senado en realizar una investigación cuenta con el apoyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apoyan la iniciativa desde la Presidenta de la Cámara y diputada demócrata de California, Nancy Pelosi, hasta el Presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el diputado demócrata de Michigan John Conyers, que le dijo recientemente al Huffington Post, “Vamos a ir tras ellos”.
Amrit Singh, abogada que forma parte del equipo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que las fotos del Pentágono “proporcionan una prueba visual de que el maltrato a prisioneros por parte de personal estadounidense no era una aberración sino una práctica generalizada, que se extendió mucho más allá de los muros de Abu Ghraib. Su revelación es fundamental para ayudar a la población a entender la dimensión y la escala de los abusos a prisioneros, al igual que para responsabilizar a los funcionarios de alto rango por haber autorizado o permitido dichos abusos”. La ACLU también obtuvo un fallo favorable para obtener documentos vinculados a la destrucción, por parte de la CIA, de 92 cintas de video que muestran a funcionarios aplicando técnicas severas de interrogatorio. Las cintas desaparecieron, supuestamente, pero permanecen las notas sobre el contenido de las mismas, y un juez federal ordenó su publicación.
En diciembre de 2002, cuando el programa de tortura de Bush estaba en plena vigencia, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó una serie de técnicas de interrogatorio severas descritas en un memorando redactado por William Hayes Segundo (uno de los llamados “Seis de Bush” que están siendo investigados por el Juez español Baltasar Garzón). Al final del memorando, debajo de su firma, Rumsfeld escribió a mano: “Yo estoy de pie de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué el tiempo para estar de pie se limita a 4 horas?” Rumsfeld clasificó cuidadosamente la información durante sus años en el gobierno.
La población estadounidense enfrentó una crisis similar a mediados de la década del 70. Mientras se revelaba el escándalo de Watergate, aumentaban las pruebas generalizadas de la actividad ilegal llevada a cabo por el gobierno, como el espionaje a nivel nacional y la infiltración y el desmantelamiento de grupos políticos legales, en su mayoría grupos contra la guerra, en una amplia ofensiva secreta del gobierno contra quienes pensaban diferente. En respuesta, se creó el Comité Selecto del Senado para Estudiar las Operaciones del Gobierno con Respecto a Actividades de Inteligencia. Se hizo conocido como Comité Church, por su presidente, el Senador demócrata de Idaho, Frank Church. El Comité Church documentó y denunció actividades extraordinarias de la CIA y el FBI, como los intentos de la CIA de asesinar a líderes extranjeros, y el programa de contrainteligencia del FBI, COINTELPRO, que espió ampliamente a importantes líderes como, por ejemplo, al Dr. Martin Luther King Jr.
No solo las prácticas son similares, sino también las personas. Frederick A.O. Schwarz Jr., el Presidente del Consejo de Abogados del Comité Church, advirtió que dos personas durante el gobierno de Ford intentaron impedir el trabajo del comité: “Rumsfeld y luego [Dick] Cheney fueron personas que pensaron que no debería saberse nada acerca de estas operaciones secretas, y que debería haber la mayor interferencia posible”.
La viuda de Church, Bethine Church, ahora de 86 años de edad, continúa siendo muy activa en la vida política en Idaho. Fue tan activa en Washington en la década del 70 que era conocida como la “tercera senadora de Idaho”. Bethine me dijo que debe haber una investigación similar sobre lo que está sucediendo ahora: “Cuando piensas en todas las cosas que el Comité Church intentó aclarar y cuando piensas que Cheney y toda esa gente se manejó en un estado de total secreto—siempre hay algo secreto en todo lo que hacen—y que no querían que se supiera nada… Creo que la gente debe saber lo que sucedió. Y es por eso que pienso que [se necesita] un comité independiente, fuera del Congreso, que analice el problema en su totalidad y de cuenta de todo lo que sucedió”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Disclosure of ‘Secrets’ in the ’70s Didn’t Destroy the Nation
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YahooBuzz Posted on Apr 29, 2009
By Amy Goodman
President Barack Obama promised “more transparent ... more creative” government. His release of the torture memos, and the Pentagon’s expected release of more photos of detainee abuse, is a step in the right direction. Yet he assured the CIA that he will not prosecute those who followed the instructions to torture from the Bush administration. Congress might not agree with this leniency, with prominent senators calling for investigations.
Sen. Carl Levin, D-Mich., the chairman of the Senate Armed Services Committee, just released a 262-page report titled “Inquiry Into the Treatment of Detainees in U.S. Custody.” Levin said the report “represents a condemnation of both the Bush administration’s interrogation policies and of senior administration officials who attempted to shift the blame for abuse ... to low-ranking soldiers. Claims ... that detainee abuses could be chalked up to the unauthorized acts of a ‘few bad apples’ were simply false.” Sens. Patrick Leahy, D-Vt., and Dianne Feinstein, D-Calif., also are proposing investigations.
The Senate interest in investigation has backers in the U.S. House, from Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., to Chairman of the House Judiciary Committee John Conyers, D-Mich., who told The Huffington Post recently, “We’re coming after these guys.”
Amrit Singh, staff attorney for the American Civil Liberties Union, said the Pentagon’s photos “provide visual proof that prisoner abuse by U.S. personnel was not aberrational but widespread, reaching far beyond the walls of Abu Ghraib. Their disclosure is critical for helping the public understand the scope and scale of prisoner abuse as well as for holding senior officials accountable for authorizing or permitting such abuse.” The ACLU also won a ruling to obtain documents relating to the CIA’s destruction of 92 videotapes of harsh interrogations. The tapes are gone, supposedly, but notes about the content of the tapes remain, and a federal judge has ordered their release.
In December 2002, when the Bush torture program was well under way, then-Secretary of Defense Donald Rumsfeld signed off on a series of harsh interrogation techniques described in a memo written by William Hayes II (one of the “Bush Six” being investigated by Spanish Judge Baltasar Garzon). At the bottom of the memo, under his signature, Rumsfeld scrawled: “I stand for 8-10 hours a day. Why is standing limited to 4 hours?” Rumsfeld zealously classified information in his years in government.
A similar crisis confronted the U.S. public in the mid-1970s. While the Watergate scandal was unfolding, widespread evidence was mounting of illegal government activity, including domestic spying and the infiltration and disruption of legal political groups, mostly anti-war groups, in a broad-based, secret government crackdown on dissent. In response, the Senate Select Committee to Study Governmental Operations With Respect to Intelligence Activities was formed. It came to be known as the Church Committee, named after its chairman, Idaho Democratic Sen. Frank Church. The Church Committee documented and exposed extraordinary activities on the CIA and FBI, such as CIA efforts to assassinate foreign leaders, and the FBI’s COINTELPRO (counterintelligence) program, which extensively spied on prominent leaders like Dr. Martin Luther King Jr.
It is not only the practices that are similar, but the people. Frederick A.O. Schwarz Jr., general counsel to the Church Committee, noted two people who were active in the Ford White House and attempted to block the committee’s work: “Rumsfeld and then [Dick] Cheney were people who felt that nothing should be known about these secret operations, and there should be as much disruption as possible.”
Church’s widow, Bethine Church, now 86, continues to be very politically active in Idaho. She was so active in Washington in the 1970s that she was known as “Idaho’s third senator.” She said there needs to be a similar investigation today: “When you think of all the things that the Church Committee tried to straighten out and when you think of the terrific secrecy that Cheney and all of these people dealt with, they were always secretive about everything, and they didn’t want anything known. I think people have to know what went on. And that’s why I think an independent committee [is needed], outside of the Congress, that just looked at the whole problem and everything that happened.”
Denis Moynihan contributed research to this column.
Amy Goodman is the host of “Democracy Now!,” a daily international TV/radio news hour airing on more than 750 stations in North America. She is the co-author of “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recently released in paperback.
© 2009 Amy Goodman
Distributed by King Features Syndicate
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