Al frente de la seguridad del DF, responsable de abusos y extorsión
LA REDACCIóN
MÉXICO, D.F., 25 de agosto (apro).- La pretendida reestructuración en la policía judicial del Distrito Federal podría inicial mal en caso de que Miguel Angel Mancera Espinosa, procurador general de Justicia capitalino, ratifique en el cargo a Mario Alberto Izazola Alvarez, jefe del Estado Mayor de la Policía Judicial y actual encargado del despacho, como se vislumbra desde ahora, dado el largo historial de abusos de este personaje.
En agosto de 2008, el reportero Jenaro Villamil publicó en el semanario Proceso (número 1659) un amplio reportaje que pinta de cuerpo entero al funcionario policiaco durante su paso por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
A continuación, se reproduce el texto de manera íntegra:
El nuevo director general del Estado Mayor Policial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Mario Alberto Izazola Álvarez, tiene un negro historial de abuso de autoridad y de complicidad en el uso excesivo de la fuerza por varios de sus subalternos durante su gestión como gerente de Seguridad Institucional del Metro capitalino, posición que lo convirtió en el "hombre fuerte" de este sistema de transporte y responsable del Grupo de Fuerza de Reacción (GFR).
Varios elementos de la Gerencia de Seguridad a cargo de Izazola han estado implicados en por lo menos tres homicidios de usuarios, vendedores ambulantes y hasta mendigos, cometidos en las estaciones del Metro capitalino (Proceso 1584).
En particular, la muerte del transportista Albano Ramírez Santos, ocurrida tras una brutal golpiza en la estación del Metro Indios Verdes el 18 de enero de 2007, fue objeto de la recomendación 11/2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El organismo, encabezado por Emilio Álvarez Icaza, consideró que el caso de Ramírez Santos constituyó "una forma de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria" en la que estuvieron involucrados no solamente los policías auxiliares que lo detuvieron, golpearon y trasladaron, sino también Luis Enrique Villatoro, entonces coordinador de Servicios Externos de Vigilancia del Metro y uno de los principales subordinados de Izazola.
La CDHDF responsabilizó a Villatoro porque "no sólo no impidió la detención de Albano Ramírez Santos sino que tampoco ordenó, como debió hacerlo, su libertad inmediata, una vez que verificó por sí mismo, como consta en sus declaraciones, que la razón por la que se le rescató de las vías fue un fallido intento de suicidio".
En su recomendación, dirigida al director del Metro, Francisco Bojórquez, y al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Joel Ortega, la comisión destacó que "resulta, por tanto, altamente preocupante que estos funcionarios, así como otros agentes de seguridad involucrados en el caso, hayan asumido como procedente la remisión".
A pesar de que la CDHDF acreditó la golpiza y la tortura en el cuerpo de Albano Ramírez, las autoridades del Metro no sancionaron al principal responsable de la seguridad interna del sistema, Mario Alberto Izazola, ni a su subordinado Luis Enrique Villatoro. Por el contrario, ambos fueron premiados con el ascenso: Izazola ahora encabeza la delicada dirección del Estado Mayor Policial de la procuraduría capitalina y Villatoro se quedó al frente de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro capitalino.
Informes obtenidos entre el personal de seguridad del Metro y de la procuraduría confirman que Izazola, mejor conocido como Bronco, por su clave en la Secretaría de Seguridad Pública local, se llevó a trabajar con él a la PGJDF a dos de sus subordinados: Gabriel Sánchez Salinas, conocido como Tornado, e Irving Arturo Barrera López, el jefe Cromo, ambos acusados de actos de arbitrariedad en sus puestos de seguridad interna en el Metro.
Negocios subterráneos
La carrera de Izazola Álvarez inició en 1999 en la delegación Coyoacán, donde fue subdirector de Protección Civil. Se integró al equipo de la directora del Metro, Florencia Serranía, en diciembre de 2003 como responsable de la poderosa Gerencia de Seguridad Institucional, y fue ratificado en el cargo en 2006 por el actual director, Francisco Bojórquez.
Izazola logró una sólida relación con el extitular de la SSP, Joel Ortega, con quien coordinaba los trabajos del Grupo Fuerza de Reacción, cuyos efectivos son mejor conocidos como garrets. Provistos de armas de alto poder y toletes detectores de metales, ellos han sido señalados continuamente por usuarios y vendedores ambulantes por el uso excesivo de la fuerza.
El poder del GFR se incrementó con la implantación del operativo Doble Muro, acordado por las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México para inhibir la delincuencia en las estaciones limítrofes entre ambas entidades. El asesinato de Albano Ramírez ocurrió precisamente durante el operativo (Proceso 1584).
Testimonios recabados por el reportero -y otorgados bajo la condición del anonimato- revelan que desde la Gerencia de Seguridad Institucional Izazola Álvarez y sus cuatro coordinadores de área (Luis Enrique Villatoro, Roberto González Roldán, Ricardo Flores Chávez e Irving Barrera López) no sólo se dedicaron a "salvaguardar la integridad física de los usuarios" con métodos poco ortodoxos, sino que controlaron el comercio ambulante y a los vagoneros de la mayoría de las estaciones.
Según esta información, se calcula que el negocio asciende a por lo menos 460 mil pesos mensuales por línea y por turno. Ahí donde hay mayor afluencia de personas, como las líneas 1, 2 y 3, cada uno de los 200 vendedores tiene que entregarles 20 pesos diarios a los vigilantes de la Gerencia de Seguridad para que los dejen vender. También los discos grabados en el sistema MP3, que se venden a 10 pesos, tienen el copy right de los responsables de seguridad. No se permite vender ningún disco que no sea controlado por ellos.
El propio Izazola Álvarez y su subordinado Roberto Sánchez Lazo fueron denunciados en agosto de 2004 por el vendedor ambulante Sergio Huesca Brito, quien los acusó del robo de 30 chamarras, según consta en la averiguación previa FSP/BT3/2270/03-12 de la PGJDF.
De acuerdo con este documento, el 23 de diciembre de 2003 Izazola y Sánchez Lazo levantaron el puesto ambulante ubicado en las calles 5 de Mayo y Palma, en el Centro Histórico, y se llevaron 30 chamarras, "mismas que se supone debían ingresar en su totalidad a una bodega de la delegación Cuauhtémoc, sin que esto ocurriera".
El denunciante acudió tres meses después, el 16 de marzo de 2004, a las bodegas de San Antonio Abad número 122. Sólo le devolvieron siete de las 30 chamarras decomisadas. El Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal contra los acusados.
El enroque
Con estos antecedentes, Izazola llega como responsable de un área extremadamente delicada de la PGJDF. En el inicio del gobierno de Marcelo Ebrard, estuvo al frente del Estado Mayor Policial Ricardo García McGregor, quien renunció ante las investigaciones de la procuraduría que lo vincularon al narcotráfico.
El 14 de febrero de 2008 fue designado en su lugar Luis Genaro Vázquez Rodríguez, quien se desempeñó como visitador general de la PGJDF encargado de los programas de combate a la corrupción. Vázquez Rodríguez fue fiscal desconcentrado en la delegación Miguel Hidalgo durante la anterior administración, con Bernardo Bátiz como procurador capitalino.
Tras la tragedia del New's Divine y la renuncia simultánea del procurador Rodolfo Félix Cárdenas y del jefe de la policía, Joel Ortega, el gobierno capitalino emprendió una reforma de ambas corporaciones responsables de la política de justicia y seguridad pública.
Entre las áreas que el propio procurador, Miguel Mancera, reconoce como más delicadas están la Policía Judicial y el Estado Mayor Policial. El jefe de la primera corporación, Miguel Amelio, renunció en julio pasado; a su vez, el titular del Estado Mayor, Genaro Vázquez Rodríguez, se convirtió en el nuevo subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.
En este enroque se coló Mario Alberto Izazola, quien aún mantiene su cercanía con la SSP y el control sobre los cuerpos de seguridad institucional del Metro.
En agosto de 2008, el reportero Jenaro Villamil publicó en el semanario Proceso (número 1659) un amplio reportaje que pinta de cuerpo entero al funcionario policiaco durante su paso por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).
A continuación, se reproduce el texto de manera íntegra:
El nuevo director general del Estado Mayor Policial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Mario Alberto Izazola Álvarez, tiene un negro historial de abuso de autoridad y de complicidad en el uso excesivo de la fuerza por varios de sus subalternos durante su gestión como gerente de Seguridad Institucional del Metro capitalino, posición que lo convirtió en el "hombre fuerte" de este sistema de transporte y responsable del Grupo de Fuerza de Reacción (GFR).
Varios elementos de la Gerencia de Seguridad a cargo de Izazola han estado implicados en por lo menos tres homicidios de usuarios, vendedores ambulantes y hasta mendigos, cometidos en las estaciones del Metro capitalino (Proceso 1584).
En particular, la muerte del transportista Albano Ramírez Santos, ocurrida tras una brutal golpiza en la estación del Metro Indios Verdes el 18 de enero de 2007, fue objeto de la recomendación 11/2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El organismo, encabezado por Emilio Álvarez Icaza, consideró que el caso de Ramírez Santos constituyó "una forma de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria" en la que estuvieron involucrados no solamente los policías auxiliares que lo detuvieron, golpearon y trasladaron, sino también Luis Enrique Villatoro, entonces coordinador de Servicios Externos de Vigilancia del Metro y uno de los principales subordinados de Izazola.
La CDHDF responsabilizó a Villatoro porque "no sólo no impidió la detención de Albano Ramírez Santos sino que tampoco ordenó, como debió hacerlo, su libertad inmediata, una vez que verificó por sí mismo, como consta en sus declaraciones, que la razón por la que se le rescató de las vías fue un fallido intento de suicidio".
En su recomendación, dirigida al director del Metro, Francisco Bojórquez, y al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Joel Ortega, la comisión destacó que "resulta, por tanto, altamente preocupante que estos funcionarios, así como otros agentes de seguridad involucrados en el caso, hayan asumido como procedente la remisión".
A pesar de que la CDHDF acreditó la golpiza y la tortura en el cuerpo de Albano Ramírez, las autoridades del Metro no sancionaron al principal responsable de la seguridad interna del sistema, Mario Alberto Izazola, ni a su subordinado Luis Enrique Villatoro. Por el contrario, ambos fueron premiados con el ascenso: Izazola ahora encabeza la delicada dirección del Estado Mayor Policial de la procuraduría capitalina y Villatoro se quedó al frente de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro capitalino.
Informes obtenidos entre el personal de seguridad del Metro y de la procuraduría confirman que Izazola, mejor conocido como Bronco, por su clave en la Secretaría de Seguridad Pública local, se llevó a trabajar con él a la PGJDF a dos de sus subordinados: Gabriel Sánchez Salinas, conocido como Tornado, e Irving Arturo Barrera López, el jefe Cromo, ambos acusados de actos de arbitrariedad en sus puestos de seguridad interna en el Metro.
Negocios subterráneos
La carrera de Izazola Álvarez inició en 1999 en la delegación Coyoacán, donde fue subdirector de Protección Civil. Se integró al equipo de la directora del Metro, Florencia Serranía, en diciembre de 2003 como responsable de la poderosa Gerencia de Seguridad Institucional, y fue ratificado en el cargo en 2006 por el actual director, Francisco Bojórquez.
Izazola logró una sólida relación con el extitular de la SSP, Joel Ortega, con quien coordinaba los trabajos del Grupo Fuerza de Reacción, cuyos efectivos son mejor conocidos como garrets. Provistos de armas de alto poder y toletes detectores de metales, ellos han sido señalados continuamente por usuarios y vendedores ambulantes por el uso excesivo de la fuerza.
El poder del GFR se incrementó con la implantación del operativo Doble Muro, acordado por las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México para inhibir la delincuencia en las estaciones limítrofes entre ambas entidades. El asesinato de Albano Ramírez ocurrió precisamente durante el operativo (Proceso 1584).
Testimonios recabados por el reportero -y otorgados bajo la condición del anonimato- revelan que desde la Gerencia de Seguridad Institucional Izazola Álvarez y sus cuatro coordinadores de área (Luis Enrique Villatoro, Roberto González Roldán, Ricardo Flores Chávez e Irving Barrera López) no sólo se dedicaron a "salvaguardar la integridad física de los usuarios" con métodos poco ortodoxos, sino que controlaron el comercio ambulante y a los vagoneros de la mayoría de las estaciones.
Según esta información, se calcula que el negocio asciende a por lo menos 460 mil pesos mensuales por línea y por turno. Ahí donde hay mayor afluencia de personas, como las líneas 1, 2 y 3, cada uno de los 200 vendedores tiene que entregarles 20 pesos diarios a los vigilantes de la Gerencia de Seguridad para que los dejen vender. También los discos grabados en el sistema MP3, que se venden a 10 pesos, tienen el copy right de los responsables de seguridad. No se permite vender ningún disco que no sea controlado por ellos.
El propio Izazola Álvarez y su subordinado Roberto Sánchez Lazo fueron denunciados en agosto de 2004 por el vendedor ambulante Sergio Huesca Brito, quien los acusó del robo de 30 chamarras, según consta en la averiguación previa FSP/BT3/2270/03-12 de la PGJDF.
De acuerdo con este documento, el 23 de diciembre de 2003 Izazola y Sánchez Lazo levantaron el puesto ambulante ubicado en las calles 5 de Mayo y Palma, en el Centro Histórico, y se llevaron 30 chamarras, "mismas que se supone debían ingresar en su totalidad a una bodega de la delegación Cuauhtémoc, sin que esto ocurriera".
El denunciante acudió tres meses después, el 16 de marzo de 2004, a las bodegas de San Antonio Abad número 122. Sólo le devolvieron siete de las 30 chamarras decomisadas. El Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal contra los acusados.
El enroque
Con estos antecedentes, Izazola llega como responsable de un área extremadamente delicada de la PGJDF. En el inicio del gobierno de Marcelo Ebrard, estuvo al frente del Estado Mayor Policial Ricardo García McGregor, quien renunció ante las investigaciones de la procuraduría que lo vincularon al narcotráfico.
El 14 de febrero de 2008 fue designado en su lugar Luis Genaro Vázquez Rodríguez, quien se desempeñó como visitador general de la PGJDF encargado de los programas de combate a la corrupción. Vázquez Rodríguez fue fiscal desconcentrado en la delegación Miguel Hidalgo durante la anterior administración, con Bernardo Bátiz como procurador capitalino.
Tras la tragedia del New's Divine y la renuncia simultánea del procurador Rodolfo Félix Cárdenas y del jefe de la policía, Joel Ortega, el gobierno capitalino emprendió una reforma de ambas corporaciones responsables de la política de justicia y seguridad pública.
Entre las áreas que el propio procurador, Miguel Mancera, reconoce como más delicadas están la Policía Judicial y el Estado Mayor Policial. El jefe de la primera corporación, Miguel Amelio, renunció en julio pasado; a su vez, el titular del Estado Mayor, Genaro Vázquez Rodríguez, se convirtió en el nuevo subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas.
En este enroque se coló Mario Alberto Izazola, quien aún mantiene su cercanía con la SSP y el control sobre los cuerpos de seguridad institucional del Metro.
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