Las asociaciones de dueños de medios de prensa de siete países sudamericanos “denunciaron” el jueves en grandes avisos en la prensa chilena un “sostenido deterioro” de la libertad de expresión en la región, sin individualizar a ningún país. La “noticia” difundida por el duopolio El Mercurio-La Tercera y otros periódicos, sincronizó con un comunicado difundido el 3 de agosto de 2009, bajo el título “Venezuela: Chávez acciona para silenciar a los medios de la oposición”, por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la organización más poderosa de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
Según el documento, descubierto y traducido por la investigadora venezolana Eva Golinger, la DNI aseveró temprano que “el gobierno del Presidente Chávez está moviéndose con fuerza para silenciar a sus críticos a través de la introducción de una ley de Delitos Mediáticos que autorizaría el encarcelamiento de periodistas, ejecutivos de empresas mediáticas y bloguistas que reportan sobre cualquier asunto considerado por el gobierno como dañino a los intereses del estado". Los "contenidos DNI" alcanzaron matices catastróficos: "Simultáneamente, el gobierno venezolano está cerrando más de 200 emisoras de radio e imponiendo normas que regularán a RCTV Internacional, mientras que también se posiciona para tomar control del canal de noticias de la oposición, Globovisión…”
La “ley de Delitos Mediáticos” nunca llegó a ser formalmente debatida por la Asamblea Nacional como proyecto de ley. Tampoco se cerraron “más de 200 emisoras de radio”, sino 34 tuvieron que dejar de emitir su señal porque operaban ilegalmente según una legislación de 1982, muy anterior al gobierno de Chávez que comenzó en 1999. Globovisión y RCTV operan normalmente, incitando frecuentemente al magnicidio del Presidente. La mentirosa orientación de la DNI fue también la argumentación invocada por la fracción dominante de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile que el 15 de agosto manifestó “su profunda preocupación por la situación de la prensa en Venezuela”, episodio que abrió paso a un refrescante debate al interior de la organización de los periodistas chilenos.
El manifiesto de las siete organizaciones de dueños de diarios de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia “denunció” que la impunidad en los asesinatos de periodistas, las amenazas, agresiones físicas y verbales contra propietarios, periodistas y trabajadores de los medios son prácticas recurrentes de “algunos gobernantes”, pero sin indicar cuáles. Los asesinatos más recurrentes de periodistas de la región no ocurren por órdenes de los gobiernos nacionales de los países en que mueren: ocurren principalmente a manos de esbirros de oscuras fuerzas de derecha, de paramilitares engendrados por gobiernos supuestamente "democráticos" como en Colombia, Guatemala, El Salvador, o poderes fácticos de provincias y estados, asociados al narco tráfico y a la corrupción local, como en Perú, Paraguay, Brasil, y otros. En lo transcurrido del año 2009 han asesinado a 20 periodistas en América Latina, informó Hernán Uribe, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la FELAP.
Mentira tras mentira
La Asociación Nacional de la Prensa de Chile, el Consejo de la Prensa Peruana, Asociación de Diarios Colombianos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, la Associação Nacional de Jornais de Brasil y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia también citaron supuestas prácticas de hostigamiento regulatorio, judicial y tributario contra los trabajadores, que en realidad en Venezuela afectaron a sus patrones, los dueños de la prensa. También hablaron de asignación arbitraria de publicidad estatal, caducidad injustificada de licencias de estaciones de radio y televisión, injerencia y cooptación gubernamental de medios privados.
Este ambiguo manifiesto apareció justamente en Chile, un país donde "la libertad de expresión" está en manos de dos propietarios que prácticamente controlan la totalidad de los diarios del país: Agustín Edwards con 23 periódicos encabezados por El Mercurio, y Álvaro Saieh, dueño de La Tercera, La Cuarta, La Hora y otros medios impresos, aunque ambos también radioemisoras dedicadas a transmitir “noticias”.
En una curiosa coincidencia, ya el 3 de agosto el comunicado de la CNI describió al Presidente Chávez como “un dictador con un control total sobre los medios de comunicación” y añadió que “el gobierno está actuando con fuerza contra las emisoras de radio y RCTV Internacional, convirtiendo a Venezuela en un monopolio estatal de los medios de comunicación… [Añadió que] el gobierno también está orientando sus ataques más allá de los medios tradicionales y que Twitter, Facebook, MySpace y los blogs son nuevas formas de comunicación que “crean terror”…”, según el informe de Golinger.
Los laboratorios de operaciones psicológicas de la DNI concluyeron que “las acciones del gobierno contra los medios críticos también buscan eliminar a los únicos foros disponibles de los otros críticos de Chávez, incluyendo a los funcionarios públicos elegidos por la oposición, los partidos políticos y los estudiantes universitarios”. Las asociaciones de los amos de la prensa de los siete países advirtieron que las restricciones a las libertades de expresión, prensa y de información concluyen siempre en la privación de las libertades y los derechos de las personas, atropellando el espíritu de pluralidad y tolerancia al disenso. Afirmaron que “sin libertad de expresión, en resumen, es ilusoria la existencia de un régimen democrático”.
El comunicado descubierto por Eva Golinger fue enviado a diferentes instancias de Washington, al Congreso, a los medios, empresas y personas influyentes con intereses en América Latina. El texto no mencionó en ninguna parte que el gobierno venezolano sigue normas indicadas en la Ley de Telecomunicaciones que son obligatorias para que la Comisión de Telecomunicaciones del Estado, CONATEL, asegure que las concesiones del espectro radioeléctrico cumplan con todos los requerimientos legales. El comunicado tampoco aclaró que la supuesta Ley de Delitos Mediáticos fue simplemente una propuesta hecha por la Fiscalía venezolana y nunca estuvo en debate ni fue considerada por la Asamblea Nacional. El informe Golinger revela que la misma matriz “orientadora” de la DNI inspiró las declaraciones de un sector del Colegio de Periodistas Chile y los dueños de diarios suramericanos y la estrategia de la nueva campaña mediática transnacional.
La DNI fue establecida en 2005 como una súper estructura de la comunidad de inteligencia para coordinar a las 16 agencias de inteligencia de EEUU, incluida la CIA. Su primer director fue John Negroponte, quien instrumentó una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba a fin de optimizar recursos en el trabajo de inteligencia y espionaje contra quienes considera sus principales adversarios en América Latina. La comisión realiza un trabajo completamente clandestino, pues sus acciones y su presupuesto son totalmente clasificados, dijo Golinger. Su actual “gerente” es Timothy Langford, un veterano de la CIA con una experiencia de más de 25 años en trabajos clandestinos. El jefe máximo de la DINE nombrado por Obama es el almirante Dennis Blair, ex comandante en jefe del Comando Pacífico del Pentágono.
Según el documento, descubierto y traducido por la investigadora venezolana Eva Golinger, la DNI aseveró temprano que “el gobierno del Presidente Chávez está moviéndose con fuerza para silenciar a sus críticos a través de la introducción de una ley de Delitos Mediáticos que autorizaría el encarcelamiento de periodistas, ejecutivos de empresas mediáticas y bloguistas que reportan sobre cualquier asunto considerado por el gobierno como dañino a los intereses del estado". Los "contenidos DNI" alcanzaron matices catastróficos: "Simultáneamente, el gobierno venezolano está cerrando más de 200 emisoras de radio e imponiendo normas que regularán a RCTV Internacional, mientras que también se posiciona para tomar control del canal de noticias de la oposición, Globovisión…”
La “ley de Delitos Mediáticos” nunca llegó a ser formalmente debatida por la Asamblea Nacional como proyecto de ley. Tampoco se cerraron “más de 200 emisoras de radio”, sino 34 tuvieron que dejar de emitir su señal porque operaban ilegalmente según una legislación de 1982, muy anterior al gobierno de Chávez que comenzó en 1999. Globovisión y RCTV operan normalmente, incitando frecuentemente al magnicidio del Presidente. La mentirosa orientación de la DNI fue también la argumentación invocada por la fracción dominante de la directiva del Colegio de Periodistas de Chile que el 15 de agosto manifestó “su profunda preocupación por la situación de la prensa en Venezuela”, episodio que abrió paso a un refrescante debate al interior de la organización de los periodistas chilenos.
El manifiesto de las siete organizaciones de dueños de diarios de Chile, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia “denunció” que la impunidad en los asesinatos de periodistas, las amenazas, agresiones físicas y verbales contra propietarios, periodistas y trabajadores de los medios son prácticas recurrentes de “algunos gobernantes”, pero sin indicar cuáles. Los asesinatos más recurrentes de periodistas de la región no ocurren por órdenes de los gobiernos nacionales de los países en que mueren: ocurren principalmente a manos de esbirros de oscuras fuerzas de derecha, de paramilitares engendrados por gobiernos supuestamente "democráticos" como en Colombia, Guatemala, El Salvador, o poderes fácticos de provincias y estados, asociados al narco tráfico y a la corrupción local, como en Perú, Paraguay, Brasil, y otros. En lo transcurrido del año 2009 han asesinado a 20 periodistas en América Latina, informó Hernán Uribe, Presidente de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la FELAP.
Mentira tras mentira
La Asociación Nacional de la Prensa de Chile, el Consejo de la Prensa Peruana, Asociación de Diarios Colombianos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, la Associação Nacional de Jornais de Brasil y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia también citaron supuestas prácticas de hostigamiento regulatorio, judicial y tributario contra los trabajadores, que en realidad en Venezuela afectaron a sus patrones, los dueños de la prensa. También hablaron de asignación arbitraria de publicidad estatal, caducidad injustificada de licencias de estaciones de radio y televisión, injerencia y cooptación gubernamental de medios privados.
Este ambiguo manifiesto apareció justamente en Chile, un país donde "la libertad de expresión" está en manos de dos propietarios que prácticamente controlan la totalidad de los diarios del país: Agustín Edwards con 23 periódicos encabezados por El Mercurio, y Álvaro Saieh, dueño de La Tercera, La Cuarta, La Hora y otros medios impresos, aunque ambos también radioemisoras dedicadas a transmitir “noticias”.
En una curiosa coincidencia, ya el 3 de agosto el comunicado de la CNI describió al Presidente Chávez como “un dictador con un control total sobre los medios de comunicación” y añadió que “el gobierno está actuando con fuerza contra las emisoras de radio y RCTV Internacional, convirtiendo a Venezuela en un monopolio estatal de los medios de comunicación… [Añadió que] el gobierno también está orientando sus ataques más allá de los medios tradicionales y que Twitter, Facebook, MySpace y los blogs son nuevas formas de comunicación que “crean terror”…”, según el informe de Golinger.
Los laboratorios de operaciones psicológicas de la DNI concluyeron que “las acciones del gobierno contra los medios críticos también buscan eliminar a los únicos foros disponibles de los otros críticos de Chávez, incluyendo a los funcionarios públicos elegidos por la oposición, los partidos políticos y los estudiantes universitarios”. Las asociaciones de los amos de la prensa de los siete países advirtieron que las restricciones a las libertades de expresión, prensa y de información concluyen siempre en la privación de las libertades y los derechos de las personas, atropellando el espíritu de pluralidad y tolerancia al disenso. Afirmaron que “sin libertad de expresión, en resumen, es ilusoria la existencia de un régimen democrático”.
El comunicado descubierto por Eva Golinger fue enviado a diferentes instancias de Washington, al Congreso, a los medios, empresas y personas influyentes con intereses en América Latina. El texto no mencionó en ninguna parte que el gobierno venezolano sigue normas indicadas en la Ley de Telecomunicaciones que son obligatorias para que la Comisión de Telecomunicaciones del Estado, CONATEL, asegure que las concesiones del espectro radioeléctrico cumplan con todos los requerimientos legales. El comunicado tampoco aclaró que la supuesta Ley de Delitos Mediáticos fue simplemente una propuesta hecha por la Fiscalía venezolana y nunca estuvo en debate ni fue considerada por la Asamblea Nacional. El informe Golinger revela que la misma matriz “orientadora” de la DNI inspiró las declaraciones de un sector del Colegio de Periodistas Chile y los dueños de diarios suramericanos y la estrategia de la nueva campaña mediática transnacional.
La DNI fue establecida en 2005 como una súper estructura de la comunidad de inteligencia para coordinar a las 16 agencias de inteligencia de EEUU, incluida la CIA. Su primer director fue John Negroponte, quien instrumentó una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba a fin de optimizar recursos en el trabajo de inteligencia y espionaje contra quienes considera sus principales adversarios en América Latina. La comisión realiza un trabajo completamente clandestino, pues sus acciones y su presupuesto son totalmente clasificados, dijo Golinger. Su actual “gerente” es Timothy Langford, un veterano de la CIA con una experiencia de más de 25 años en trabajos clandestinos. El jefe máximo de la DINE nombrado por Obama es el almirante Dennis Blair, ex comandante en jefe del Comando Pacífico del Pentágono.
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