Finanzas públicas, la nueva crisis
David Márquez Ayala
Irrita en verdad la torpeza, la ignorancia económica y el desdén social con que el gobierno federal ha venido transformando una crisis originalmente estadunidense y financiera en una verdadera catástrofe para el país y para millones de mexicanos.
Génesis y evolución
Cuando el desregulado, abusivo y corrupto sistema financiero estadunidense se resquebraja entre hipotecas fallidas, bonos chatarra y fraudes colosales (2007-2008), las ramificaciones globales del sistema esparcieron la crisis a múltiples economías. No fue el caso de la mexicana, pues no obstante que la banca y las instituciones financieras son casi en su totalidad trasnacionales, el sistema tenía aquí poca exposición a los activos tóxicos y el impacto fue de baja intensidad.
La segunda fase de la crisis se dio cuando el colapso financiero se tornó en Estados Unidos en crisis económica vía pérdida de fondos de ahorro y pensiones, derrumbe inmobiliario, incertidumbre, caída del consumo, pérdida de empleos y mayor descenso en la demanda global. Decenas de miles de empresas de todos los sectores y tamaños quebraron o estuvieron en condiciones de quiebra, incluyendo a las emblemáticas Ford, Chrysler y General Motors, símbolos por décadas del poderío industrial estadunidense. El impacto de esta segunda fase en nuestra economía era ciertamente inevitable dada la enorme dependencia vecinal a la que –a contrapelo de todas las sensatas advertencias– han llevado a México las pasadas cinco administraciones; pero dicho impacto también fue previsible (y pronosticado) desde los primeros meses de 2008.
No obstante que los focos rojos se iban prendiendo uno tras otro en el sector exportador (desde el petróleo y la industria automotriz hasta la electrónica y la maquila manufacturera), poco o nada hizo el gobierno para dinamizar con medidas efectivas el mercado y la economía internas: no lo hizo en el campo donde seguimos importando enormes cantidades de alimentos mientras millones de toneladas de productos agropecuarios nacionales (maíz, frijol, sorgo, cárnicos, aves, leche…) no encuentran mercado en el país; no en las industrias en que México tiene capacidades propias (alimentaria, construcción, textil, calzado, siderúrgica, vidrio, petroquímica y muchas más), y no en los servicios, a muchos de los cuales para colmo afectó sustancialmente con su alarmista sobrerreacción a una influenza que era sin duda grave, pero curable.
Así, acciones erróneas, tibias y/o mal administradas, sumadas a omisiones y a fallas graves de percepción potenciaron la inminente caída de las exportaciones (el problema focalizado) y lo convirtieron –en una tercera fase– en una crisis económica y social peor en sus efectos que la criminal debacle de 1995. La producción (PIB) se ha caído estrepitosamente y con ella el empleo, el consumo, las ventas y miles de empresas… y como corolario, la captación de impuestos. Esta cuarta fase de crisis fiscal, es la que ahora analizamos.
Las finanzas públicas ene.-jun.
Comparando lo presupuestado contra lo realmente ejercido en el primer semestre del año, se hace evidente la deficiente visión y práctica presupuestal que tenemos en México, especialmente acentuada en torno a las apuestas
sobre el ingreso petrolero por exportación. En el semestre, los ingresos presupuestarios obtenidos resultaron inferiores en -84 mil millones a lo presupuestado, pero el gasto ejercido fue inferior en -123 mil millones a lo presupuestado (Gráfico 1); esta reducción del gasto (improcedente en las condiciones del país) al ser mayor que la contracción de los ingresos hizo que incluso el déficit presupuestario calculado fuera 40 mil millones menor.
La baja de los ingresos
En el presupuesto 2009 los ingresos petroleros se sobrestimaron en 105 mil millones de pesos, mientras que los no petroleros se subestimaron en 21 mil millones. De estos últimos, la recaudación tributaria (por impuestos) en el semestre fue menor a lo presupuestado en -92 mil millones, pero como compensación el gobierno incidió en los ingresos no tributarios (precios de petrolíferos, tarifas eléctricas, costo de los servicios…) captando con ello 129 mil millones más que lo programado (Gráfico 2).
El recorte presupuestal
No obstante lo anterior, el gobierno federal comunicó el 23 de julio pasado su estrategia de ajuste
al presupuesto 2009, justificándola a partir de una brecha fiscal (faltante) estimada en 421 mil millones de pesos (Gráfico 3).
Esta brecha se cubrirá, en su mayor parte (336 mil millones), gracias a la casi milagrosa apaición de fondos no contemplados presupuestalmente: 100 mil millones de coberturas petroleras, 95 mil millones de un guardadito (remanente de operación) del Banco de México, 92 mil millones de fondos de estabilización celosamente resguardado, y 49 mil millones de otros ingresos no recurrentes (y no especificados), con lo cual la mencionada brecha se reduce a un faltante de 85 mil millones en 2009. Para cerrar tal déficit lo único que se le ocurre al gobierno es un nuevo recorte por tal suma que empeorará las cosas.
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