Ante ilegalidades de Coca-Cola, el silencio
Proceso.com.mx
JENARO VILLAMIL,
Las autoridades laborales mexicanas, encabezadas por Javier Lozano, han proclamado que actuarán contra las empresas que utilicen el sistema de subcontratación u outsourcing para evadir sus obligaciones laborales y fiscales. Pero bastó que el exdirector regional de Mercado de Coca-Cola Company denunciara que la trasnacional incurre en esa prácti-ca para enmudecer a esos funcionarios.
Un litigio laboral y dos denuncias penales contra The Coca-Cola Company, interpuestos entre 2007 y 2009 por su exdirectivo Ángel Alvarado, revelan la trama de simulación empresarial urdida por la poderosa trasnacional para evadir el reparto de utilidades y el pago de impuestos, manejar información confidencial sobre sus estrategias de mercado y darle la vuelta a las investigaciones que le sigue la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas.
La clave de esta trama es la utilización de un esquema de intermediación laboral y de servicios (outsourcing) a través de varias empresas filiales vinculadas a The Coca-Cola Company, pero que operan sin fiscalización de las autoridades.
Entre esas filiales figura Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. (SIAAGSA), creada el 2 de abril de 1987 y cuyo accionista mayoritario es The Coca-Cola Export Corporation, como consta en el folio mercantil 00095757 del Registro Público de la Propiedad, copia del cual tiene Proceso.
El litigio laboral iniciado por Ángel Alvarado contra la refresquera prendió los focos rojos en despachos de abogados corporativos y colegios de licenciados en Derecho de distintas entidades, que consideran riesgosa la generalización de los contratos de outsourcing y sus consecuencias en caso de demandas como la mencionada.
La firma internacional de abogados Corpusiure, con oficinas en la torre del World Trade Center, dirigió un comunicado a sus clientes, casi todos corporativos trasnacionales, para advertirles que el caso de The Coca-Cola Company “muy posiblemente siente un precedente de jurisprudencia, no sólo por las implicaciones meramente laborales del asunto, sino también por los aspectos penales y fiscales”. Y sintetiza el litigio:
“Se trata de un caso laboral que inició un alto ejecutivo de Coca-Cola Export Corporation (CCE), quien al ser despedido de dicha compañía denunció y dio a conocer que CCE ha venido simulando una situación frente a sus trabajadores, pretendiendo que el patrón verdadero sea una sociedad creada por la misma CCE, denominada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. (SIAAGSA) y que dicha sociedad es utilizada como vehículo para evitar pagar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU), salarios y demás prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores de CCE; es decir, que la única actividad real de SIAAGSA es servir como empresa ‘pagadora’ de CCE.”
En referencia al mismo caso, el Colegio de la Barra de Licenciados en Derechos de Campeche, A.C., emitió otro estudio jurídico destinado a sus afiliados, en el cual considera ilícito que las empresas constituyan una empresa de outsourcing, porque el único objetivo es “darle la vuelta a las leyes, buscando un beneficio particular”.
Para esta asociación civil, el outsourcing “se ha desarrollado bien en países que tienen leyes que lo permiten o toleran, porque son compañías que pueden generar importantes fuentes de empleo; un ejemplo de ello son las llamadas empresas de trabajo temporal en España, pero no es el caso de México, cuya política social, más bien, ha venido a desalentar el uso de esta figura”.
Datos recientes de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) establecen que en México hay 105 mil trabajadores registrados formalmente bajo el esquema de outsourcing, cifra relativamente baja, ya que equivale a 0.2% de la población productiva, pero que “se relaciona con evasión fiscal y de seguridad laboral para los trabajadores”.
Las demandas
La primera demanda laboral interpuesta por Ángel Alvarado revela que tan sólo en 2007 The Coca-Cola Export Corporation obtuvo utilidades de alrededor de 700 millones de dólares, de los cuales 70 millones debieron ser repartidos entre 400 trabajadores, según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, pero este pago se evadió en ese año y en 2008.
La demanda también documenta una serie de prácticas monopólicas aplicadas por el corporativo de refrescos embotellados, incluyendo la estrategia inspirada en la blitzkrieg o “guerra relámpago” del ejército nazi para aniquilar a la competencia y dominar más del 40% del “inventario visual” de los establecimientos comerciales con marcas propiedad de Coca-Cola (Proceso 1602).
Esa guerra relámpago de la trasnacional tiene como objetivo acaparar nuevos segmentos en el área comercial, desplazando a la competencia de aguas, jugos y refrescos carbonatados en los 700 mil puntos de venta, la mayoría tiendas de abarrotes, misceláneas y cadenas de autoservicio. De esta manera la marca busca incrementar su control del mercado, en el cual ya domina 83% del rubro de refrescos de cola y 67% de otras bebidas, de acuerdo con el índice A.C. Nielsen.
Ángel Alvarado era precisamente el responsable de aplicar la guerra relámpago como director de desarrollo de mercado. El proyecto se diseñó desde noviembre de 2006 y comenzó a aplicarse en enero de 2008, diseminando por todo el país a mil 173 “brigadas” –cada una integrada por un técnico en refrigeración y dos ayudantes– para que Coca-Cola fortaleciera su condición monopólica en el mercado de bebidas carbonatadas.
De acuerdo con el testimonio de Alvarado, quien tenía un sueldo mensual de 112 mil 851 pesos, fue obligado a renunciar, dice, “por la sencilla razón de que me di cuenta de las prácticas insanas, ilícitas y contrarias a la ley; por convertirme en un obstáculo, toda vez que sistemáticamente estaban incurriendo en prácticas monopólicas por parte de la empresa The Coca-Cola Company y sus filiales en México, a través de The Coca-Cola Export Corporation y su sistema embotellador”.
En su demanda, alega: “Tan claro tenían que no estaba de acuerdo con esas prácticas, que si se mencionaba como posibilidad en sus argumentos para despedirme, inmediatamente manifestaría mi desacuerdo y descubriría la raíz de sus intenciones.
“Esas son las razones por las que me despiden, y el despacho jurídico Basham hace prácticas gangsteriles para deshacerse de mí y despedirme, pues ellos están conscientes de que su cliente realiza actividades monopólicas”, señala Alvarado en el documento que presentó ante la Junta Especial número 16 de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
La respuesta de los abogados de The Coca Cola Company ante la demanda laboral es que no hay sustento jurídico en el adeudo laboral con el exdirectivo, ya que él no pertenecía al consorcio, sino a SIAAGSA.
Sin embargo, la simulación empresarial queda acreditada en los propios documentos que el corporativo presentó ante la Junta Especial número 16.
El abogado Gabriel Orlando Pizá Avilés representa a SIAAGSA, a The Coca Cola Export Corporation y al exdirector de la compañía en México, James Quincey, quien dejó abruptamente el cargo tras poco más de dos años y fue sustituido por Brian Smith, de origen estadunidense.
En sus respuestas a la demanda laboral, el abogado Pizá Avilés insiste en que no hay relación contractual entre Coca Cola y Ángel Alvarado, mucho menos entre James Quincey y el demandante, que laboró durante 16 años para el consorcio. Como representante de SIAAGSA, el mismo abogado afirma que la indemnización solicitada “se encuentra totalmente prescrita”, ya que Alvarado tuvo un plazo de dos meses para ejercer la acción de indemnización constitucional y presentó la demanda después: fue despedido el 8 de mayo de 2007 y presentó la acción el 28 de septiembre de ese año.
De manera simultánea a esta demanda laboral, el 10 de diciembre de 2008 Alvarado interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) otra denuncia por fraude o simulación, ya que sí acreditó que tuvo una relación contractual con Coca Cola. Por ejemplo, el 12 de marzo de 2007 Alvarado recibió una carta de reconocimiento del entonces presidente de la división México de la compañía, James Quincey, que entre otras cosas expresaba:
Me es muy grato comunicarte que por los resultados obtenidos durante el año 2006, te has hecho acreedor a un bono de desempeño de $491,759.91 pesos brutos (antes de impuestos). Dicha cantidad te será depositada el próximo 17 de marzo.
En el 2006, gracias a tu compromiso y esfuerzo, nuestros resultados fueron una importante aportación para el crecimiento de la compañía a nivel global y contribuyeron para que el Grupo de América Latina haya tenido su mejor año.
Nuevamente excedimos las metas que nos trazamos. Te invito a sostener el esfuerzo que nos reafirmará el camino de excelencia que por años ha demostrado nuestra compañía.
Además, presentó otra demanda ante la PGJDF por falsedad de declaraciones contra el abogado Pizá Avilés, ya que el representante de las tres entidades involucradas en la demanda (SIAAGSA, The Coca-Cola Company y James Quincey) ha insistido en que no existe relación contractual de Alvarado con la empresa refresquera.
“Voy a presentar todos los documentos que acreditan que nunca dejé de estar en el sistema Coca-Cola”, afirma Ángel Alvarado. El exdirector regional de Mercado advierte que toda la estrategia de simulación a través del outsourcing es un mecanismo creado para que el corporativo no haga el reparto de utilidades y también para evadir el pago de sus compromisos fiscales.
Información de la propia trasnacional revela que tan sólo en 2008 Coca Cola creció 9% en México, más que el 5% que registró a nivel global, y tan sólo en el primer trimestre de 2009 tuvo un incremento de 6%, muy por arriba del 2% de su promedio mundial.
El papel de Javier Lozano
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, ha afirmado que está en contra de que el esquema de outsourcing se utilice para violentar los derechos laborales.
Durante la firma de un convenio entre su dependencia y cinco organismos federales más, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, Lozano condenó la “conducta de evasión” de los esquemas de outsourcing para evitar el pago del reparto de utilidades, de impuestos federales y locales, aportaciones de seguridad social y otras obligaciones.
“Hay gran número de empresas que no solamente contratan servicios de outsourcing de dudosa actuación, sino que también crean su propia empresa de terciarización para evadir el pago de reparto de utilidades”, afirmó Lozano en ese encuentro, realizado el 24 de junio pasado.
Ahí mismo el jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, puntualizó que tan sólo en el rubro de las cooperativas existen en la mira mil 105 dedicadas al outsourcing. “Ahí creemos que hay cosas irregulares y sobre ellas habremos de auditar”, afirmó.
Ángel Alvarado afirma que a principios de 2009 le envió una carta al secretario del Trabajo para informarle sobre su caso. Lo recibió primero Eduardo Andrade Salaverria, a petición de Lozano Alarcón. Posteriormente, el secretario general de Conflictos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Manuel Contreras Arrevillaga, tuvo conocimiento del caso y prometió mantener una interlocución con el exdirectivo de Coca-Cola.
No obstante, “después de eso ha existido el silencio absoluto”, afirma Alvarado. La última comunicación fue una carta que él envió a Contreras Arrevillaga el 1 de abril pasado. Después de eso, la coordinadora de la Junta 16 de Conciliación y Arbitraje, Guadalupe Olivares Hernández, se comprometió a revisar el expediente.
Alvarado advierte que en los próximos meses debe conocerse el fallo de la Junta 16 de Conciliación y Arbitraje. No obstante, advierte que como representante patronal en esa misma junta se encuentra Luz María Larios Lozano, que pertenece al despacho Natividad y Abogados, representante de la Coparmex, organismo al cual está afiliada Coca-Cola. El demandante acota que este presunto conflicto de interés puede generar que la impartición de la justicia laboral favorezca a la trasnacional.
Por lo pronto, el presidente mundial de la compañía, Muther Kent, llegó el jueves 20 a México. Coca-Cola ha adelantado que comprometerá una inversión de 700 millones de dólares en el país. Columnistas de negocios han indicado que esta inversión puede realizarse en el área de jugos o nuevas bebidas.
Pero ninguna autoridad ha actuado contra el uso del esquema de outsourcing para evadir el pago de utilidades y otras prestaciones a los trabajadores.
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