¿De cuál país habla Calderón?

Alberto Aziz Nassif El Universal Martes 18 de agosto de 2009

Cuando las palabras pierden su sentido, entonces se puede decir cualquier cosa y parece que no pasa nada. Así sucedió con algunas de las respuestas del presidente Felipe Calderón en la reciente Cumbre de Guadalajara. Afirmó que: en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad” ¿De cuál país habla Calderón? Quizá ni los gobiernos de los países que puntean en el índice de desarrollo humano pueden ser tan contundentes como en nuestro país. Los casos de violación de derechos abundan y están documentados. Se han denunciado casos de tortura, abusos y hasta asesinatos por parte de las fuerzas del orden. ¿De cuál país habla Calderón? El mismo día de las afirmaciones temerarias la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que: “El reclamo del Presidente se contradice con la evidencia disponible”, y puso sobre la mesa no uno, sino dos casos, el primero de mayo de 2007 y el segundo de agosto del mismo año, ambos fueron en Michoacán y se trata, según HRW, de operativos antidrogas en donde participaron militares que fueron acusados de tortura y no han sido castigados (El Universal, 11/VIII/2009). ¿A quién le estaría hablando Calderón en esa memorable rueda de prensa, en donde tenía a un costado al presidente Obama y al otro, al primer ministro Harper? Tal vez se trata de afirmaciones para el consumo externo, la prensa extranjera y sus colegas de Estados Unidos y Canadá. Porque aquí en México tenemos meses y semanas metidos en los laberintos de la impartición de justicia. Casos van y casos vienen y la conclusión es la misma: la impartición de justicia en México está plagada de malas prácticas. La revisión del caso Acteal, que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó una estela de críticas por la forma en la que se integran los expedientes, se fabrican pruebas y delitos, lo cual impide que realmente en México se haga justicia. Después de casi 12 años de la matanza de Acteal se ordenó la liberación de 20 personas que estaban en prisión y, supuestamente, no deberían haber estado. Se podrá alegar en descargo que Acteal fue un caso de otro gobierno, incluso de signo político distinto al actual. Pero las cosas no han cambiado con el PAN. Hay casos que sí tocan al partido gobernante, como sucedió con Atenco, en donde la investigación que hizo la Corte sobre las violaciones a los derechos humanos sólo llegó a los niveles más bajos de responsabilidad en la cadena de mando, y ni por error a los mandos medios o superiores. En este sexenio con la “guerra” en contra del narco se ha abierto un proceso de múltiples violaciones a los derechos humanos. Hace unas semanas HRW publicó un informe al que llamó “Impunidad Uniformada” en donde hizo una revisión de 17 casos de violaciones a los derechos humanos. En ese trabajo la organización presentó varios delitos “cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles. Evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”. Una de las recomendaciones que hace esta organización es la modificación del fuero militar, para que cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos de militares en contra de población civil, los casos puedan ser juzgados por tribunales civiles y no militares. Esta posibilidad acaba de ser rechazada hace unos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una apretada votación de 6 contra 5 votos. El caso fue el de una mujer, Reynalda Morales, quién buscaba que el supuesto asesinato de su esposo, a manos de militares en la comunidad de Santiago de Caballeros, Sinaloa, en marzo pasado, no fuera juzgado por un tribunal militar, sino civil. La mayoría de los 6 ministros que desechó el caso de amparo argumentó que las víctimas y ofendidos por militares no se pueden amparar para impedir un proceso en un tribunal militar (El Universal, 11/VIII/2009). Se perdió una oportunidad que pudo representar un avance para la impartición de justicia en el país. Aquí solo hicimos referencia a los casos que ha investigado y probado la organización HRW. Sin duda, este debate por la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos será todavía muy largo en México. Por lo pronto, preocupa que el titular del poder ejecutivo pueda afirmar tesis que fácilmente se puede comprobar su falsedad. Preocupa porque compromete su credibilidad y debilita la confianza que se le puede tener cuando hable de otros problemas graves, que hoy por hoy abundan en esta mala racha que recorre el país. ¿De cuál país habla Calderón? Investigador del CIESAS

Aquí están, señor Presidente

DENISE DRESSER

Señor Presidente, en los últimos dos años las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones de derechos humanos y garantías individuales cometidas por el Ejército han crecido 600%, ascendiendo a 140 por mes. Ante ello, parecería que su posición ha sido ignorar el tema o tratar de minimizarlo. Por ejemplo, al terminar la Cumbre en Guadalajara la semana pasada usted dijo: “Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad”.
Pues aquí están los casos:
La detención ilegal y el abuso a 36 civiles y la violación a cuatro menores de edad. En mayo de 2007, después de que un grupo de individuos atacara y matara a cinco soldados, cientos de militares entraron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en Michoacán. Allí cometieron docenas de abusos, incluyendo detenciones ilegales en una base militar, tortura, golpes, violaciones y cateos irregulares a casas dentro de las cuales también efectuaron robos. En la base ataron las manos y los pies de los 36 detenidos, cubrieron sus cabezas con una bolsa de plástico y los torturaron. Cuatro de las personas detenidas durante más de 20 horas eran mujeres menores de 18 años que fueron violadas repetidamente. A una de ellas los soldados le dijeron: “pinches derechos humanos no existen; te vamos a aventar al mar y serás comida para los tiburones”. A otra le introdujeron en el ano una tarjeta con la imagen de la virgen de Guadalupe. Después de dos años, la Procuraduría General de Justicia Militar “sigue investigando el caso” y no hay culpables identificados o castigados.
La detención ilegal de ocho civiles y la tortura de cuatro más, incluyendo un menor. En mayo de 2007, soldados del 56 Batallón de Infantería detuvieron a seis hombres, una mujer y un menor durante una balacera entre militares y supuestos narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Ninguno de los detenidos participó en el tiroteo y se encontraban en la localidad porque habían ido a comprar productos agrícolas. Se les llevó a la XLIII Zona Militar, donde fueron torturados y detenidos ilegalmente durante más de 15 horas. En menos de un mes, la Procuraduría General de Justicia Militar cerró el caso argumentando que no había evidencia de “actos criminales”. Con base en la evidencia disponible no queda claro si el Ejército investigó la detención, la tortura, o ambos.
El asesinato de dos mujeres y tres niños, junto con heridas provocadas a otros tres. En junio de 2007, militares estacionados en un retén en Sinaloa –en el cual consumían alcohol y drogas– abrieron fuego sobre un camión que transportaba a tres adultos y cinco niños, y mataron a una mujer y a una niña de tres años. La evidencia indica que los soldados dispararon sin motivo y que recibieron órdenes de “plantar” una bolsa de mariguana junto al camión para justificar su conducta. Los militares, según testimonios recabados, demoraron la atención médica a los heridos, tres de los cuales murieron en un trayecto que incluyó paradas en tres retenes más. Los sobrevivientes afirman que fueron obligados a permanecer toda la noche en una base militar, con los muertos dentro del mismo carro. La Procuraduría General de Justicia Militar todavía está investigando los abusos, pero la información disponible indica que ha llevado a cabo una investigación fallida y el caso aún está pendiente en los tribunales militares.
La detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez Murguía. En junio de 2007, José Fausto Gálvez Murguía estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, en el estado de Sonora, cuando llegaron dos vehículos del Ejército Mexicano. Los soldados le apuntaron con una pistola, preguntándole quién era su jefe y “dónde estaban las drogas”. Después lo torturaron durante cuatro horas y lo obligaron a tomar una bebida alcohólica que lo hizo vomitar. Insertaron pedazos de madera debajo de sus uñas y le arrancaron una de ellas. Finalmente los soldados lo dejaron inconsciente en el campo. Cuando despertó logró caminar hasta una carretera donde alguien lo recogió y lo llevó al hospital más cercano. Hasta el momento el Ejército le ha pagado una compensación a la víctima, pero no ha concluido la investigación.
La tortura y muerte de Ernesto Murillo Flores. En agosto de 2007, soldados detuvieron a tres hombres en el municipio de Naco en Sonora, pero sólo presentaron a dos ante un fiscal estatal, acusados de posesión ilegal de armas. El cuerpo del tercer hombre, Fausto Ernesto Murillo Flores, fue encontrado al lado de un camino en Sonora, con huellas de tortura. De acuerdo con un testigo, Murillo Flores fue golpeado y torturado hasta que dejó de moverse. La Sedena argumentó que murió de “causas naturales” debido a problemas previos de salud, en franca contradicción con el testimonio del testigo, la autopsia, y el informe de la CNDH, que sugieren una muerte por asfixia. Posteriormente un juez militar determinó la prescripción del delito por “deserción” y cerró el caso. Sedena informó a la CNDH que abriría otra investigación criminal pero hasta la fecha no hay información disponible sobre el curso de esa investigación.
Señor Presidente, este listado es tan sólo un botón de muestra de los casos que involucran violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en la guerra contra el narcotráfico. Y como hay muchos más, le sugiero que lea el informe de la CNDH al respecto o examine el reporte de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada o escuche los testimonios de las víctimas y sus familiares. Infórmese sobre los casos que hasta el momento insiste en negar, porque en ninguno de ellos ha habido una sola sanción penal a un solo soldado por parte de la justicia militar. Sé que su resistencia a hacerlo estriba en el apoyo irrestricto que desea brindarle a las Fuerzas Armadas. Pero es un apoyo malentendido que está contribuyendo a perpetuar la cultura de la impunidad que prevalece en el país. Sería mejor –tanto para su presidencia como para el Ejército– que en vez de negar el problema se abocara a solucionarlo. Porque cuando un soldado viola los derechos humanos, daña la imagen de la institución a la que pertenece y aliena a la población cuyo apoyo debería fomentar. Y cuando un Presidente cierra los ojos ante aquellos que violan la ley, tiene poca credibilidad para exigir que los demás la obedezcan.