En Tijuana, narcos "fabricados"
RICARDO RAVELO
Los detuvieron durante una fiesta infantil en Tijuana, los torturaron en un cuartel del Ejército y los presentaron a la prensa como “operadores del cártel de los Arellano Félix”. Son 59 personas que llevan más de un año encerradas en el penal de Puente Grande, sin recibir sentencia. Pero todo era mentira. Meses después cayeron los verdaderos narcos, y ni así se ha revisado la causa en su contra. El 21 de junio de 2008, Martín Ramón Torres Garibay celebraba con su cuñado Cristian Jesús Sotelo Mendoza el bautizo de su hija, Keyli Torres, en el salón de fiestas Mi Pequeño Travieso, ubicado en la colonia Herrera de Tijuana, Baja California.
Entre tanto, desde el mediodía, agentes federales y militares preparaban un operativo para aprehenderlos y, junto con ellos dos, a la mitad de sus invitados. Las autoridades habrían sido alertadas de que en la fiesta estarían dos operadores del cártel de Tijuana: José Filiberto Parra Ramos, La Perra, y Raydel López, El Muletas, quien sería el padrino de la niña.
Hoy se sabe que el dato era falso, pero aun así todos los detenidos fueron torturados durante varias horas en un cuartel militar para obligarlos a que se declararan miembros de la organización criminal fundada por los hermanos Arellano Félix, según se asienta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/225/2008.
El jolgorio crecía, amenizado por el grupo musical La Clave de Oro. Cerca de las 8:30 de la noche, un grupo de 30 agentes de la Policía Federal Preventiva y otro tanto de policías estatales de Baja California irrumpieron armados en el salón de fiestas, con el rostro cubierto con pasamontañas. Los músicos dejaron de tocar. Entre gritos, jaloneos y empujones, los policías sacaron al casi centenar de invitados a la calle y los hicieron formar una fila, todos con las manos en la nuca. Torres Garibay, Sotelo Mendoza y otras 57 personas fueron aprehendidas y llevadas a un cuartel militar de Tijuana, donde comenzó lo que los propios testigos llaman “una pesadilla”.
Entre patadas, culatazos, baños de agua fría e improperios, policías y militares exigían a los detenidos que aceptaran que eran parte del cártel de Tijuana y que dijeran que se dedicaban al narcotráfico. Ante las negativas, arreció la tortura a manos de los agentes de la PFP, según el expediente 168/2008-III de la SIEDO, al que este semanario tuvo acceso
En una ampliación de su declaración ministerial, Cristian Jesús Sotelo Mendoza dice que tanto los policías como los soldados lo golpearon para que aceptara que era El Muletas y le exigieron que firmara “unos documentos” para autoincriminarse.
Cuenta que, en el salón de fiestas, los agentes federales encañonaron a la gente con sus armas y le ordenaron tirarse al piso. Luego llegaron los militares y los subieron a un camión. Después de un traslado, “nos bajaron y a todos nos metieron a un cuarto, donde inició la golpiza”.
Sotelo Mendoza recuerda:
“Dentro de ese cuarto no duré ni cuatro minutos cuando me sacaron, apartándome de todos, y en otro cuarto fui torturado. Se me acusaba de que era parte del cártel de los Arellano. Yo les dije que nunca he pertenecido a ningún cártel y desconocía de qué se me acusaba porque tenía tres meses de haber llegado a Tijuana para dedicarme a realizar trabajos de seguridad privada.
“Al tiempo que me golpeaban, me decían que yo era un lugarteniente de los Arellano Félix y que no me hiciera güey porque de todos modos ya me había cargado la chingada. Me pusieron una capucha mojada y, arriba de la capucha, una bolsa, y me empezaba a ahogar porque me pegaban en la panza con un palo. Querían que dijera que yo era El Muletas porque no iban a presentar trabajos de oquis. Yo les gritaba que no era la persona que ellos decían y me dieron más golpes.
“Me sentaron en una silla, me esposaron manos atrás, y sentía que me pegaban varias manos. No pude reconocer a mis agresores porque me tenían encapuchado. Después me quitaron la capucha, agarraron una camisa que estaba tirada y me la pusieron en la cara, como máscara, y sentí que me echaban chorros de agua y me pegaban patadas en el estómago para que respirara toda el agua.”
La tortura continuó, ahora con unos chiles que le introdujeron por la nariz. No todo terminó ahí. Dice que luego lo pasaron a una sala, en la que permaneció hincado durante una hora.
“Cuando volvieron, me dijeron: ‘ahora sí te cargó la verga, de aquí ya no sales, te vamos a matar’. Me pasaron a otro cuartito diferente, y uno a otro se dijeron: ‘ahora sí va el plan B’. Me desnudaron todo y me mojaron con una manguera, me empezaron a poner toques en todo mi cuerpo y en mis partes íntimas. Me decían: ‘vale más que digas lo que te decimos, de todos modos ya te llevó la chingada’.
“‘De ésta no te salvas’, me gritaban, y de ahí me tiraron al piso y me empezaron a dar toques en toda mi espalda y las piernas. Sentí que me empezaron a patear entre varios y me mantuvieron hincado durante horas.”
Sotelo Mendoza refiere que perdió la noción del tiempo “por el encierro”. A la mañana siguiente, el 22 de junio, a él y a su cuñado los hicieron correr con los ojos cerrados hacia un salón. Cuando les ordenaron abrir los ojos, estaban frente a la prensa y una mesa llena de armas, las cuales, dice, “nunca en mi vida he visto”.
El general Sergio Aponte Hipólito declaraba que había detenido a tres lugartenientes del cártel de los Arellano Félix. Martín Ramón Torres Garibay fue presentado como Filiberto Parra Ramos, La Perra; a Cristian Jesús Sotelo Mendoza lo hicieron pasar como Raydel López, El Muletas, y dijeron que Abel Haro Jara, vocalista del grupo La Clave de Oro, detenido en la fiesta, era El Gordo Villarreal.
Por su parte, Torres Garibay asegura en su declaración ministerial que también fue torturado y robado. Tanto militares como policías intentaron extorsionarlo para dejarlo ir, dice.
“Yo traía una mochila, me la quitaron y un militar se la colgó; de ahí me miró el teléfono y también me lo robó. Me revisaron para ver si traía armas, y como no encontraron armas me levantaron y me esposaron. Luego llegamos a un cuartel, me bajaron del vehículo y me metieron a un cuartito. Ahí me quitaron la camisa, me pusieron contra la pared y empezaron a arrancarme los pelos de la espalda y me tomaron fotos con los ojos cerrados.
“Yo abrí los ojos y me cachetearon. ‘No abras los ojos, cabrón’, me decían. Los policías de la PFP se salieron del cuarto como a los cinco minutos. Volvieron a entrar y me siguieron cacheteando. Les pregunté qué estaba pasando, me dijeron que me callara y me gritaban: ‘tú eres La Perra, cabrón’. Yo les dije que no era esa persona que decían, y me gritaban: ‘tú vas a decir que eres La Perra o aquí te va a cargar la chingada’.
“De ahí me quitaron la ropa, me hincaron, me pusieron las manos atrás y me decían: ‘Entonces qué, cabrón, ¿vas a cooperar o no?’, a lo que les respondí que por qué iba a decir que era esa persona, si yo no era. Agarraron una bolsa y le echaron agua, me la pusieron en la cabeza y me la amarraron. Para eso, yo ya había agarrado aire y duré un buen rato así, hasta que uno de los policías me pegó en la panza, se me salió el aire y en eso absorbí el agua y la bolsa. Me dejaron un buen rato así y empecé a patalear.
“Me comenzaron a patear y a pegar. Me quitaron la bolsa y me preguntaron: ‘¿vas a cooperar o no?’. Yo les dije que checaran mi nombre porque yo nunca había estado en la cárcel. Duré un buen rato pataleando y las esposas se me enterraron en las muñecas. Agarraron una manguera y me empezaron a bañar. Me pusieron contra la pared y me empezaron a pegar por los lados y me decían: ‘coopera, cabrón, coopera o aquí te carga la chingada; encomiéndate a quien quieras’, y luego me pegaron en la cara con los puños.
“Luego me dijeron que ya no querían que yo dijera que era La Perra sino El Cholo, y cambiaron los papeles. Me dijeron que ahora tenía que decir que yo era el achichincle de La Perra. De los golpes comencé a vomitar y me dijeron: ‘trágate tu vómito, perro, porque aquí te vas a morir’.”
Traslado a la Siedo
De acuerdo con el abogado Félix Orive, defensor de Miguel Calderón Magaña, uno de los 59 detenidos en la fiesta, el grupo fue trasladado varios días después a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde “cuadraron la incriminación” en su contra por delincuencia organizada, posesión de armas prohibidas, venta de droga y secuestro.
Expone que Cidronio Mojica Gutiérrez, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, siguió presionando tanto a Martín Garibay como a Sotelo Mendoza para que aceptaran que eran parte del cártel de Tijuana.
El abogado dice que los militares realizaron tres partes informativos manipulados, en los que describen la convivencia “como una fiesta entre delincuentes, lo cual es falso”.
En la SIEDO presentaron a las 59 personas como criminales, “les colgaron 16 armas, un kilo de ice (una droga sintética), chalecos de policías y 3 mil municiones para diferente armamento”.
–¿De donde salieron las armas? –se le pregunta.
–Como se dice en el argot policiaco: los cargaron en el cuartel militar de Tijuana, donde los torturaron. Y en este trabajo sucio también participó la Policía Federal.
La SIEDO obtuvo el arraigo por 40 días de las 59 personas; tres días antes de que venciera, consignaron solamente a 22, las que ya cumplieron un año de encarcelamiento en el penal de Puente Grande, en Jalisco.
Dice el defensor Félix Orive: “A un año de distancia, la PGR no ha puesto a disposición del juez de la causa las armas que supuestamente les aseguraron”. Y nadie sabe dónde quedaron, “las usaron para incriminarlos y no aparecen; entregaron el informe, pero las armas no están en poder del juez”.
Otra irregularidad que empaña el expediente, de acuerdo con el abogado, es que no existe constancia oficial de que 18 personas fueron liberadas por falta de pruebas; “simplemente las soltaron”.
Lo más grave es que Martín Ramón Torres Garibay sigue preso, a pesar de que la propia PGR anunció, el 6 de junio de este año, la detención del verdadero José Filiberto Parra Ramos, La Perra, principal operador de Teodoro García Simental, El Teo, uno de los nuevos jefes del cártel de Tijuana.
De hecho, asegura el abogado, Raydel López, El Muletas, ya había sido capturado hacía seis meses en San Diego, California. El verdadero operador del cártel de Tijuana se acogió al programa de testigos protegidos en Estados Unidos, dice el litigante. “Todo fue un montaje al estilo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en complicidad con elementos del Ejército”.
Y es que, según Orive, “el gobierno de Felipe Calderón está empeñado en inflar las estadísticas de detenciones recurriendo a la tortura y a la incriminación falsa. Esas prácticas, que parecían ser historias de horror del pasado, resurgen en este gobierno, que busca desesperadamente hacer creer a la sociedad que hay un verdadero combate al crimen, cuando en realidad los criminales parecen ser los propios policías y militares en activo”.
–¿Ya fueron sentenciadas las 22 personas que están recluidas en Puente Grande?
–Aún no. Nos están alargando el procedimiento: los militares no se presentan al proceso, los policías federales no asisten a los careos. El cuerpo del delito, las armas, no existen; no hay constancia de que estén bajo resguardo de las autoridades militares o de la SIEDO, que fue la dependencia que los consignó. Y si no hay armas, no puede haber delito. Estamos frente a una fabricación burda que afectó a 22 familias. El sábado 8 se cumplió un año de que les dictaron auto de formal prisión y aún no se prueban los delitos.
Este reportaje se incluye en la edición 1711 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 16 de agosto.
Entre tanto, desde el mediodía, agentes federales y militares preparaban un operativo para aprehenderlos y, junto con ellos dos, a la mitad de sus invitados. Las autoridades habrían sido alertadas de que en la fiesta estarían dos operadores del cártel de Tijuana: José Filiberto Parra Ramos, La Perra, y Raydel López, El Muletas, quien sería el padrino de la niña.
Hoy se sabe que el dato era falso, pero aun así todos los detenidos fueron torturados durante varias horas en un cuartel militar para obligarlos a que se declararan miembros de la organización criminal fundada por los hermanos Arellano Félix, según se asienta en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/225/2008.
El jolgorio crecía, amenizado por el grupo musical La Clave de Oro. Cerca de las 8:30 de la noche, un grupo de 30 agentes de la Policía Federal Preventiva y otro tanto de policías estatales de Baja California irrumpieron armados en el salón de fiestas, con el rostro cubierto con pasamontañas. Los músicos dejaron de tocar. Entre gritos, jaloneos y empujones, los policías sacaron al casi centenar de invitados a la calle y los hicieron formar una fila, todos con las manos en la nuca. Torres Garibay, Sotelo Mendoza y otras 57 personas fueron aprehendidas y llevadas a un cuartel militar de Tijuana, donde comenzó lo que los propios testigos llaman “una pesadilla”.
Entre patadas, culatazos, baños de agua fría e improperios, policías y militares exigían a los detenidos que aceptaran que eran parte del cártel de Tijuana y que dijeran que se dedicaban al narcotráfico. Ante las negativas, arreció la tortura a manos de los agentes de la PFP, según el expediente 168/2008-III de la SIEDO, al que este semanario tuvo acceso
En una ampliación de su declaración ministerial, Cristian Jesús Sotelo Mendoza dice que tanto los policías como los soldados lo golpearon para que aceptara que era El Muletas y le exigieron que firmara “unos documentos” para autoincriminarse.
Cuenta que, en el salón de fiestas, los agentes federales encañonaron a la gente con sus armas y le ordenaron tirarse al piso. Luego llegaron los militares y los subieron a un camión. Después de un traslado, “nos bajaron y a todos nos metieron a un cuarto, donde inició la golpiza”.
Sotelo Mendoza recuerda:
“Dentro de ese cuarto no duré ni cuatro minutos cuando me sacaron, apartándome de todos, y en otro cuarto fui torturado. Se me acusaba de que era parte del cártel de los Arellano. Yo les dije que nunca he pertenecido a ningún cártel y desconocía de qué se me acusaba porque tenía tres meses de haber llegado a Tijuana para dedicarme a realizar trabajos de seguridad privada.
“Al tiempo que me golpeaban, me decían que yo era un lugarteniente de los Arellano Félix y que no me hiciera güey porque de todos modos ya me había cargado la chingada. Me pusieron una capucha mojada y, arriba de la capucha, una bolsa, y me empezaba a ahogar porque me pegaban en la panza con un palo. Querían que dijera que yo era El Muletas porque no iban a presentar trabajos de oquis. Yo les gritaba que no era la persona que ellos decían y me dieron más golpes.
“Me sentaron en una silla, me esposaron manos atrás, y sentía que me pegaban varias manos. No pude reconocer a mis agresores porque me tenían encapuchado. Después me quitaron la capucha, agarraron una camisa que estaba tirada y me la pusieron en la cara, como máscara, y sentí que me echaban chorros de agua y me pegaban patadas en el estómago para que respirara toda el agua.”
La tortura continuó, ahora con unos chiles que le introdujeron por la nariz. No todo terminó ahí. Dice que luego lo pasaron a una sala, en la que permaneció hincado durante una hora.
“Cuando volvieron, me dijeron: ‘ahora sí te cargó la verga, de aquí ya no sales, te vamos a matar’. Me pasaron a otro cuartito diferente, y uno a otro se dijeron: ‘ahora sí va el plan B’. Me desnudaron todo y me mojaron con una manguera, me empezaron a poner toques en todo mi cuerpo y en mis partes íntimas. Me decían: ‘vale más que digas lo que te decimos, de todos modos ya te llevó la chingada’.
“‘De ésta no te salvas’, me gritaban, y de ahí me tiraron al piso y me empezaron a dar toques en toda mi espalda y las piernas. Sentí que me empezaron a patear entre varios y me mantuvieron hincado durante horas.”
Sotelo Mendoza refiere que perdió la noción del tiempo “por el encierro”. A la mañana siguiente, el 22 de junio, a él y a su cuñado los hicieron correr con los ojos cerrados hacia un salón. Cuando les ordenaron abrir los ojos, estaban frente a la prensa y una mesa llena de armas, las cuales, dice, “nunca en mi vida he visto”.
El general Sergio Aponte Hipólito declaraba que había detenido a tres lugartenientes del cártel de los Arellano Félix. Martín Ramón Torres Garibay fue presentado como Filiberto Parra Ramos, La Perra; a Cristian Jesús Sotelo Mendoza lo hicieron pasar como Raydel López, El Muletas, y dijeron que Abel Haro Jara, vocalista del grupo La Clave de Oro, detenido en la fiesta, era El Gordo Villarreal.
Por su parte, Torres Garibay asegura en su declaración ministerial que también fue torturado y robado. Tanto militares como policías intentaron extorsionarlo para dejarlo ir, dice.
“Yo traía una mochila, me la quitaron y un militar se la colgó; de ahí me miró el teléfono y también me lo robó. Me revisaron para ver si traía armas, y como no encontraron armas me levantaron y me esposaron. Luego llegamos a un cuartel, me bajaron del vehículo y me metieron a un cuartito. Ahí me quitaron la camisa, me pusieron contra la pared y empezaron a arrancarme los pelos de la espalda y me tomaron fotos con los ojos cerrados.
“Yo abrí los ojos y me cachetearon. ‘No abras los ojos, cabrón’, me decían. Los policías de la PFP se salieron del cuarto como a los cinco minutos. Volvieron a entrar y me siguieron cacheteando. Les pregunté qué estaba pasando, me dijeron que me callara y me gritaban: ‘tú eres La Perra, cabrón’. Yo les dije que no era esa persona que decían, y me gritaban: ‘tú vas a decir que eres La Perra o aquí te va a cargar la chingada’.
“De ahí me quitaron la ropa, me hincaron, me pusieron las manos atrás y me decían: ‘Entonces qué, cabrón, ¿vas a cooperar o no?’, a lo que les respondí que por qué iba a decir que era esa persona, si yo no era. Agarraron una bolsa y le echaron agua, me la pusieron en la cabeza y me la amarraron. Para eso, yo ya había agarrado aire y duré un buen rato así, hasta que uno de los policías me pegó en la panza, se me salió el aire y en eso absorbí el agua y la bolsa. Me dejaron un buen rato así y empecé a patalear.
“Me comenzaron a patear y a pegar. Me quitaron la bolsa y me preguntaron: ‘¿vas a cooperar o no?’. Yo les dije que checaran mi nombre porque yo nunca había estado en la cárcel. Duré un buen rato pataleando y las esposas se me enterraron en las muñecas. Agarraron una manguera y me empezaron a bañar. Me pusieron contra la pared y me empezaron a pegar por los lados y me decían: ‘coopera, cabrón, coopera o aquí te carga la chingada; encomiéndate a quien quieras’, y luego me pegaron en la cara con los puños.
“Luego me dijeron que ya no querían que yo dijera que era La Perra sino El Cholo, y cambiaron los papeles. Me dijeron que ahora tenía que decir que yo era el achichincle de La Perra. De los golpes comencé a vomitar y me dijeron: ‘trágate tu vómito, perro, porque aquí te vas a morir’.”
Traslado a la Siedo
De acuerdo con el abogado Félix Orive, defensor de Miguel Calderón Magaña, uno de los 59 detenidos en la fiesta, el grupo fue trasladado varios días después a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde “cuadraron la incriminación” en su contra por delincuencia organizada, posesión de armas prohibidas, venta de droga y secuestro.
Expone que Cidronio Mojica Gutiérrez, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, siguió presionando tanto a Martín Garibay como a Sotelo Mendoza para que aceptaran que eran parte del cártel de Tijuana.
El abogado dice que los militares realizaron tres partes informativos manipulados, en los que describen la convivencia “como una fiesta entre delincuentes, lo cual es falso”.
En la SIEDO presentaron a las 59 personas como criminales, “les colgaron 16 armas, un kilo de ice (una droga sintética), chalecos de policías y 3 mil municiones para diferente armamento”.
–¿De donde salieron las armas? –se le pregunta.
–Como se dice en el argot policiaco: los cargaron en el cuartel militar de Tijuana, donde los torturaron. Y en este trabajo sucio también participó la Policía Federal.
La SIEDO obtuvo el arraigo por 40 días de las 59 personas; tres días antes de que venciera, consignaron solamente a 22, las que ya cumplieron un año de encarcelamiento en el penal de Puente Grande, en Jalisco.
Dice el defensor Félix Orive: “A un año de distancia, la PGR no ha puesto a disposición del juez de la causa las armas que supuestamente les aseguraron”. Y nadie sabe dónde quedaron, “las usaron para incriminarlos y no aparecen; entregaron el informe, pero las armas no están en poder del juez”.
Otra irregularidad que empaña el expediente, de acuerdo con el abogado, es que no existe constancia oficial de que 18 personas fueron liberadas por falta de pruebas; “simplemente las soltaron”.
Lo más grave es que Martín Ramón Torres Garibay sigue preso, a pesar de que la propia PGR anunció, el 6 de junio de este año, la detención del verdadero José Filiberto Parra Ramos, La Perra, principal operador de Teodoro García Simental, El Teo, uno de los nuevos jefes del cártel de Tijuana.
De hecho, asegura el abogado, Raydel López, El Muletas, ya había sido capturado hacía seis meses en San Diego, California. El verdadero operador del cártel de Tijuana se acogió al programa de testigos protegidos en Estados Unidos, dice el litigante. “Todo fue un montaje al estilo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en complicidad con elementos del Ejército”.
Y es que, según Orive, “el gobierno de Felipe Calderón está empeñado en inflar las estadísticas de detenciones recurriendo a la tortura y a la incriminación falsa. Esas prácticas, que parecían ser historias de horror del pasado, resurgen en este gobierno, que busca desesperadamente hacer creer a la sociedad que hay un verdadero combate al crimen, cuando en realidad los criminales parecen ser los propios policías y militares en activo”.
–¿Ya fueron sentenciadas las 22 personas que están recluidas en Puente Grande?
–Aún no. Nos están alargando el procedimiento: los militares no se presentan al proceso, los policías federales no asisten a los careos. El cuerpo del delito, las armas, no existen; no hay constancia de que estén bajo resguardo de las autoridades militares o de la SIEDO, que fue la dependencia que los consignó. Y si no hay armas, no puede haber delito. Estamos frente a una fabricación burda que afectó a 22 familias. El sábado 8 se cumplió un año de que les dictaron auto de formal prisión y aún no se prueban los delitos.
Este reportaje se incluye en la edición 1711 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 16 de agosto.
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