Wednesday, August 19, 2009


Magistrados cobran más de lo presupuestado

Autor: Érika Ramírez
Sección: Justicia
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16 Agosto 2009

Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cobran más del 20 por ciento de lo estipulado por las autoridades hacendarias. El titular de este órgano autónomo, Francisco Cuevas Godínez, obtiene casi el salario del presidente de la República. Al tiempo, una evaluación de la ASF reprueba que no exista planeación, ejecución ni control de las operaciones en materia de recursos humanos



Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) rebasan por más del 20 por ciento los salarios estipulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los límites de lo que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2009, el titular de este órgano autónomo del poder judicial, Francisco Cuevas Godínez, obtiene apenas 10 mil pesos mensuales menos que el presidente de la república.

Además el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dictamina que los encargados de dirimir asuntos jurídicos entre particulares y la SHCP, además de las otras secretarías de Estado, incumplieron con principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

El TFJFA tampoco definió programas de trabajo para cumplir con el mandato de “mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”.

Con un presupuesto en 2007 de 923 millones 533 mil 700 pesos de la hacienda pública, los encargados de impartir justicia registraron menor eficiencia en su trabajo durante los últimos años. “La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007.”

Los gastos

Los informes de la ASF y del PEF, así como el portal de transparencia del tribunal, muestran el rebase salarial de los magistrados, además de las prestaciones económicas que perciben cada mes, entre las que se encuentran gastos en alimentación por más de 6 mil pesos y 5 mil pesos más para telefonía celular, asignados para Cuevas Godínez.

Con la venia del presidente de Felipe Calderón, el magistrado presidente –ratificado el 28 de marzo de 2007–, y los 10 magistrados de la Sala Superior concluirán su mandato hasta el 14 de marzo de 2016. En tanto, los 123 magistrados de las salas regionales estarán al frente de su cargo hasta el 14 de marzo de 2013.

En 2007, la ratificación del magistrado presidente motivó la inconformidad de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues de acuerdo con una nota de los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballinas, del periódico La Jornada, a decir de los perredistas, “su único mérito es el ser impulsado por Juan de Dios Castro, con quien trabajó como adjunto en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el sexenio foxista”.

El mismo año de su ratificación al frente del TFJFA, el exfuncionario de la administración foxista comenzó a percibir un salario de 141 mil 500 pesos mensuales. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado un importe de 131 mil 300 pesos en el mismo periodo, apenas 10 mil 967 pesos menos que la percepción mensual del presidente de la república, que percibe un salario mensual de 152 mil 467 pesos.

Salarios en exceso

De acuerdo con el informe de la ASF, los 10 mil 200 pesos mensuales que percibe el magistrado presidente, por arriba de lo permitido por la entidad hacendaria, significan el gasto de 122 mil 400 pesos anuales del erario. En tanto, los salarios de los 123 magistrados presidentes de las salas regionales, que percibieron 23 mil 700 mil pesos más de lo asignado en el PEF, implican un gasto al erario de 34 millones 981 mil 200 pesos al año.

La ASF muestra que el salario estipulado por la SHCP en 2007 para Cuevas Godínez fue de 131 mil 300 pesos; sin embargo, el importe neto pagado por el TFJFA fue de 141 mil 500 pesos. A los magistrados regionales se les asignaron 102 mil 100 pesos y les fueron remunerados 125 mil 800 pesos, lo que significa un incremento del 23.2 por ciento sin consentimiento.

Los 10 magistrados de la Sala Superior obtuvieron recursos por 20.3 por ciento más de lo permitido por Hacienda; de los 102 mil 100 pesos que se habían fijado, cobraron 122 mil 800. Los 20 mil 700 pesos que exceden el presupuesto significan un gasto al erario de 2 millones 484 mil pesos.

Esta situación se repite en los salarios que perciben mandos medios del tribunal: la secretaria general de acuerdos va de los 87 mil pesos a los 107 mil pesos; el secretario de acuerdos de Sala Superior gana 38 mil 400 pesos, cuando debía obtener 34 mil 400.

Para la plaza de la subsecretaria general de acuerdos, la Secretaría de Hacienda determinó un salario mensual de 50 mil pesos, no obstante, desde 2007 los dos funcionarios en este cargo han percibido 60 mil 200 pesos mensuales cada uno.

Con 371 plazas en el cargo de secretario general de acuerdos de Sala Regional, la hacienda pública tiene un gasto excedente por 2 millones 114 mil 700 pesos mensuales por cada uno de los funcionarios. Ello implica un desembolso anual sin licencia de las autoridades hacendarias de 25 millones 376 mil 400 pesos. Los 100 actuarios del TFJFA también implican un gasto de 3 millones 960 mil pesos anuales, que no están autorizados. Cada uno de ellos percibe 17 mil 600 pesos de los 14 mil 300 estipulados.

Comidas y celulares

Además de las percepciones por arriba de lo presupuestado en la hacienda pública, los funcionarios del orden judicial obtienen beneficios por 4 millones 598 mil 700 pesos. Para el pago de su alimentación, los funcionarios ocupan 4 millones 277 mil 100 pesos, mientras que en las tarifas de telefonía celular les son asignados 321 mil 600 pesos, durante todo el año fiscal.

Tan sólo el magistrado presidente, Francisco Cuevas Godínez, tiene asignados 74 mil 100 pesos al año para el pago de su alimentación. Obtiene del presupuesto público 6 mil 175 pesos mensuales, el equivalente a 112 salarios mínimos, y los 5 mil pesos asignados para que llame por celular significan otros 91 salarios mínimos.

El consumo de alimentos para los magistrados de la Sala Superior es retribuido con 3 mil 800 pesos al mes; los magistrados de la Sala Regional, 2 mil 500 pesos; la secretaria general de acuerdos, 2 mil 375 pesos, y bajo el cargo de oficial mayor se perciben 2 mil 375 pesos.

Para las llamadas de celular, los magistrados de Sala Superior tienen asignados 1 mil 850 pesos al mes; la secretaria general de acuerdos, 1 mil 650 pesos, y la oficial mayor, 1 mil 650 pesos.

De acuerdo con la ASF, “la Dirección General de Recursos Humanos y su Dirección de Desarrollo de Personal no implementaron un sistema para determinar las plazas vacantes de acuerdo con el puesto; el profesiograma por plaza jurisdiccional no se aplicó en el ingreso de los servidores públicos jurisdiccionales al no estar autorizado; no expidieron ni aplicaron criterios para el ingreso; tampoco elaboraron el informe y el programa anual de actividades de reclutamiento y selección de personal; y no definieron las normas y procedimientos para cubrir las plazas vacantes que se generaron durante ese año, por lo que incumplieron lo establecido en el apartado “Funciones de las áreas” del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos”.

Dictamen de la ASF

Según el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, ejecución y control de las operaciones en materia de recursos humanos al no haber emitido las bases de la carrera jurisdiccional, así como las políticas, las normas y los procedimientos para llevar a cabo los procesos de ingreso (reclutamiento, selección y contratación), evaluación del desempeño, promoción, ubicación y reubicación de los servidores públicos jurisdiccionales, con base en los principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

Con el oficio 10. III-A-739 del 22 de septiembre de 2008, el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del TFJFA señaló que el Pleno del Tribunal no había emitido las bases de la carrera jurisdiccional que se señalan en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero que se elaboró el Anteproyecto de Estatuto de Carrera Jurisdiccional, del cual el máximo órgano de fiscalización dice que “no se incluyeron lineamientos o políticas relacionadas con la estructura y catálogo de puestos, el proceso de promoción y la capacitación y formación profesional ni se especificaron las condiciones de separación de los servidores públicos jurisdiccionales”.

La auditoría también constató que en 2007 la Dirección General de Recursos Humanos del TFJFA no definió ni aplicó indicadores o parámetros para medir los criterios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad señalados en la misión establecida en su Manual de organización, a fin de evaluar su desempeño.

“La menor eficiencia registrada en los servidores públicos jurisdiccionales fue resultado de la reducción del número de sentencias emitidas por servidor público, en promedio anual de 13.5 por ciento, al pasar de 107 en 2005 a 80 en 2007. Con el análisis realizado se demostró que los trabajos se orientaron a reducir los trámites de procedimientos y de sentencias acumuladas de otros años, por lo que el número de resoluciones aumentó anualmente 3.4 por ciento, de 131 asuntos en 2005 a 140 asuntos en 2007”.

Además, al cierre del ejercicio 2007 el TFJFA no elaboró un programa de trabajo para dar cumplimiento a la línea de acción establecida en el apartado “Estrategia programática” del PEF de 2007: “Mantener y fortalecer el cuerpo profesional y operativo altamente calificado, capacitado y especializado en las tareas y materias bajo su responsabilidad”, ni contó con indicadores o parámetros para medir su cumplimiento.


Facultades TFJFA

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el TFJFA está facultado para dictar sentencias en los siguientes casos:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada.

VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como sus organismos descentralizados.

X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente.

XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.


Percepciones magistrados y mandos medios

Puesto

Importe neto

autorizado por la

SHCP

Importe

neto

pagado

Variación


Absoluta

Por ciento

Magistrado presidente

131,300

141,500

10,200

7.8

Magistrado presidente de Sala Regional

102,100

125,800

23,700

23.2

Magistrado de Sala Superior

102,100

122,800

20,700

20.3

Secretaria general de acuerdos

87,000

107,000

20,000

23.0

Secretario de acuerdos de Sala Superior

34,400

38,400

4,000

11.6

Subsecretario general de acuerdos

50,000

60,200

10,200

20.4

Secretario general de acuerdos de Sala Regional

27,200

32,900

5,700

21.0

Actuario

14,300

17,600

3,300

23.1

TABLA 2

Telefonía celular

Cargo

Tarifa mensual autorizada

Presidente del Tribunal

5,000

Magistrado de Sala Superior

1,850

Secretaria general de Acuerdos

1,650

Oficial mayor

1,650

Fuente: Portal de Transparencia TFJFA


Gastos de Alimentación

Cargo

Tarifa mensual máxima autorizada

Presidente del Tribunal

6,175.00

Magistrado de Sala Superior

3,800.00

Magistrado de Sala Regional

2,500.00

Secretaria general de acuerdos

2,375.00

Oficial mayor

2,375.00

Fuente: Portal de Transparencia TFJFA


Viáticos y Pasajes*

Cargo

Lineamientos a 28 Diciembre 2007

TFJFA

Sin pernocta toda la República Mexicana

Zona A (c/pernocta)

Zona B (c/pernocta)

Presidente del Tribunal

825.00

1,650.00

3,240.00

Magistrado de Sala Superior

Magistrado de Sala Regional

Secretaria general de Acuerdos

Contralor Interno

625

1,250

1,700

Director General

Secretario Adjunto de Acuerdos

Director de Área

Subdirector de Área

Oficial Mayor

Jefe de Departamento Enlace

*Para viajes internacionales, la cuota máxima por día para Europa y Estados Unidos será de 450 euros y/o dólares, según el caso

Fuente: Portal de Transparencia TFJFA


Magistrados del TCADF se “aprueban” bonos por 2.6 MDP

Autor: Paulina Monroy
Sección: Justicia
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16 Agosto 2009

Aunado a un aumento salarial del 25 por ciento, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal aprobó un “bono” en automático por 10 mil pesos que puntualmente se le entrega a cada magistrado mes con mes. Los sueldos para cada uno de los 22 magistrados suman 158 mil 980 pesos más prestaciones


Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) se aprobaron aumentos salariales del 25 por ciento, es decir, un pago de 148 mil 980 pesos y un estímulo mensual por productividad, eficiencia y calidad de 10 mil pesos, efectivo para todo el año. Tan sólo para el presidente y los 21 magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares se destinarían 2 millones 640 mil pesos para este propósito.

La función del TCADF es conocer, dirimir y resolver por la vía jurisdiccional los conflictos generados o creados por resoluciones o actos de las autoridades administrativas del Distrito Federal y que pudieran ser en agravio de los gobernados.

Para el ejercicio fiscal de 2009 se tenían previstos sueldos para el personal de mandos superiores, medios y homólogos desde 21 mil 272 pesos para un jefe de unidad departamental hasta 109 mil 66 pesos para el presidente del tribunal y magistrados de salas superiores, ordinarias y auxiliares.

Aprobado para 2009, el presupuesto del TCADF ascendía a 266 millones 233 mil 376 pesos. Sin embargo, según la copia del acta correspondiente a la sesión plenaria extraordinaria de la Sala Superior del día 19 de febrero de 2009 –que posee Contralínea–, el director administrativo informó que gracias a las gestiones ante la Secretaría de Finanzas se logró una ampliación de 23 millones de pesos.

La Ley del Tribunal Contencioso de lo Administrativo define a la Sala Superior como el órgano supremo del TCADF. Integrado por siete magistrados y facultado para llegar a acuerdos o resoluciones, tiene atribuciones para elaborar el proyecto de presupuesto y ejercerlo de forma autónoma.

Según el documento, el director administrativo expresó: “Como fuimos muy afortunados por la gestión de nuestros magistrados ante la Secretaría de Finanzas, tenemos la posibilidad este año de dar un estímulo por productividad a los servidores públicos de este tribunal”.

Por unanimidad y seis votos a favor, se aprobó un estímulo total de 5 millones 970 mil pesos para los trabajadores. Éste se aplicaría de marzo a diciembre, no sería integrado al salario, pero sí acumulable para efecto del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Mientras que el presidente del tribunal, los magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares tienen autorizado el incentivo en automático, los demás servidores públicos serán evaluados por el titular del área a la que estén adscritos. De acuerdo con los tabuladores de sueldos de estructura, sus estímulos irían desde los 2 mil 500 hasta los 5 mil pesos, además de recibir del 19 al 26 por ciento más como aumento salarial.

En su turno, el magistrado presidente José Raúl Armida Reyes advirtió que quizás el bono se dé por primera y única vez. Dijo que en lugar de generar más plazas, es mejor que el personal reciba un estímulo, pues buscan y requieren algo económico, no un “papelito” o un reconocimiento. “Eso los motivaría mucho”.

La condición para recibir el incentivo, señaló, es una forma para que quienes no rinden el ciento por ciento funcionen mejor. Manifestó que es facultad de los magistrados entregar o no el estímulo al personal que no esté laborando correctamente.

Las actitudes a evaluarse –según enumeró el titular– son: emplear apropiadamente su tiempo y esfuerzo, aceptar nuevas responsabilidades, la disposición para dar atención cordial a personal interno y externo, cumplir con los horarios establecidos, ser leal y confiable en su área de trabajo, colaborar eficazmente con otros, mostrarse anuente a las actualizaciones, ser discreto con la información confidencial, brindar tiempo adicional a la jornada laboral, compromiso y responsabilidad con sus funciones.

Al tomar la palabra, la magistrada Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo se congratuló por la idea y externó: “Dada la crisis por la que se está atravesando, creo que un estímulo económico a todos, desde los magistrados hasta la última persona, nos vendrá muy bien”.

Respecto del incremento salarial, se aprobaron remuneraciones de 26 mil 442 a 112 mil 914 pesos para coordinador de asesores, secretario general de acuerdos, director general administrativo, secretario general de asesoría y defensoría jurídica, secretario general de compilación y difusión, secretario particular de presidencia, coordinador jurídico, secretario de acuerdos, subdirector de área, defensor, asesor de defensoría y jefe de unidad departamental.

Para otros puestos de enlace como analista de adquisiciones, técnico y jurídico, pasante, enlace administrativo, profesional en servicios de seguridad, actuario y técnico en servicios especializados se aprobaron asignaciones adicionales desde 4 mil 155 a 16 mil 887 pesos.

Los sueldos para este tipo de personal van de los 11 mil 946 a los 24 mil 687 pesos más estímulos de 1 mil pesos que también estarían sujetos a la evaluación y decisión de sus superiores. Los aumentos para la base trabajadora serían discutidos, en mayo, con la revisión a las Condiciones Generales de Trabajo.

Otro punto aprobado en esa sesión extraordinaria fue la contratación de personal de apoyo por honorarios asimilados a salarios de mayo a octubre. Se incorporarían a seis personas con una percepción bruta de 8 mil 700 pesos mensuales para apoyar a las áreas jurídicas.

Sin embargo, de acuerdo con una relación de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dos puestos están considerados bajo el régimen de honorarios: el secretario particular y el asesor jurídico de la presidencia, quienes reciben 62 mil 710 y 62 mil 518 pesos respectivamente. El primero está contemplado en los Tabuladores de Sueldos de Estructura de la Dirección General Administrativa, por lo que también goza del estímulo.

Copia del Oficio Circular P/060/2009 firmado por el magistrado presidente José Raúl Armida Reyes anota que el secretario de Finazas del Gobierno del Distrito Federal, Mario M Delgado, le informó que, con motivo de la situación económica que atraviesa el país, sería necesario reducir en un 4.9 por ciento el presupuesto de recursos fiscales para ese órgano jurisdiccional.

En el documento, fechado el 13 de abril de 2009, el presidente solicita sugerencias a fin de reducir el gasto en aquellas actividades que afecten lo menos posible las tareas del tribunal.

Prestaciones y bonos

Como prestaciones, los trabajadores del TCADF gozan de prima quinquenal y vacacional y dos aguinaldos. También, seguros de vida institucional por 40 meses de sueldo, de gastos médicos mayores y de separación individualizada. Además tienen derecho a la asistencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de Vivienda y Ahorro para el Retiro. De manera específica, los secretarios, de acuerdo de la Sala Superior, reciben un apoyo mensual de 1 mil 492 pesos.

Una vez conseguido el casi 5 por ciento más en su presupuesto, la Sala Superior previó que dentro del capítulo 1000 “Servicios personales” se destinaran a sueldos 61 millones 901 mil 320 pesos. A prestaciones, como la prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, 351 mil 382 pesos; a la prima de vacaciones, 1 millón 927 mil 177 pesos, y a gratificaciones de fin de año, 12 millones 893 mil 151 pesos.

A las partidas 1506 y 1701 para estímulos al personal y estímulos por productividad, eficiencia y calidad de desempeño se asignaron 3 millones 379 mil 228 y 5 millones 970 mil pesos, respectivamente. Bajo los conceptos “Otras prestaciones (nómina)” y “Otras prestaciones (otras)” se orientaron 1 millón 967 mil 335 pesos, y en vales de fin de año, 4 millones 898 mil 70 pesos.

Del capítulo 2000 “Materiales y suministros”, las partidas “Alimentación de personas”, “Medicinas y productos farmacéuticos”, “Vestuario, uniformes y blancos” suman 117 mil 980 pesos. Únicamente en gastos para alimentación de servidores públicos de mando se prevén erogar 120 mil pesos.

Se destinan 23 millones 24 mil 404 pesos para el arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos, y para su mantenimiento las partidas 3511 y 3512 tienen designado un total de 402 mil 500 pesos. La copia del acta de sesión anota que en pasajes al interior del Distrito Federal se prevén gastos por 255 mil pesos.

Otros conceptos como “Servicios para la promoción deportiva” y “Gastos de ceremonial y de orden social” tienen fondos por 274 mil 728 pesos. La partida 4105 denominada “Ayudas culturales y sociales”, del capítulo 4000 “Ayudas, subsidios, aportaciones y transferencias”, por 67 mil 75 pesos, es orientada para actividades del sindicato.

El capítulo 5000 “Bienes muebles e inmuebles” contiene las partidas “Equipo educacional y recreativo” y “Equipo médico y de laboratorio”. Ambas suman 421 mil 317 pesos.

Antecedentes de excesos

Al exponer su proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 6 de diciembre de 2006, el entonces titular del TCADF y ahora magistrado de Sala Superior, Jaime Araiza Velásquez, anunció que, sin contrariar la política de austeridad, 19 de los 22 magistrados recibirían un auto marca Honda Civic con un valor de 200 mil pesos.

Según nota publicada el 7 de diciembre en La Jornada por Raúl Llanos y Gabriela Romero, el órgano jurisdiccional aprobó crear un fondo de pensiones con un monto inicial de 16 millones de pesos, obtenidos de la retención del ISR a trabajadores y magistrados.

Un decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 5 de marzo de 2003 le permitió retener el ISR durante 2003, 2004 y 2005. El fondo beneficiaría directamente a los siete magistrados de la Sala Superior y a otros 10 de las salas ordinarias. Es así que Araiza Velásquez, quien dejó el cargo en 2008, tendría derecho a 35 mil pesos mensuales de por vida.

Al ser cuestionado por los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, el expresidente del tribunal dijo que ese fondo estaba dentro de la igualdad y era justa la compensación después de una vida de esfuerzo, trabajo y honestidad. La protesta de 90 trabajadores y la presión pública llevó al TCADF a dar marcha atrás en la creación del fondo.

No obstante, el 20 de noviembre de 2007 el reportero Raúl Llanos Samaniego de La Jornada reveló que la Sala Superior se autorizó una prestación por 130 mil pesos bajo el concepto de “aguinaldo dos” para los 22 magistrados, libre del 50 por ciento de ISR y adicional al aguinaldo que por ley les corresponde.

El artículo 77 de las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establece que los trabajadores que estén laborando desde el 1 de enero tendrán derecho a esa remuneración equivalente a 30 días de salario y que estará sujeta al gravamen.

De acuerdo con la información, a diferencia de los magistrados, la base trabajadora recibiría esta prestación, pero con la obligación de pagar el ciento por ciento del impuesto.

Aunque las CGT son hechas para los trabajadores de base, Jaime Araiza Velásquez respondió el 22 de noviembre que, según una jurisprudencia, los beneficios de los empleados basificados los tienen los de confianza. El extitular del TCADF justificó la remuneración como un acto de justicia, pues “se trata de reconocer los años que tienen como servidores públicos”. La lista vigente de prestaciones incluye el aguinaldo dos.


Sueldos mensuales netos y estímulos para el personal de mandos superiores, medios y homólogos del TCADF

Denominación de puestos

Sueldo mensual neto vigente desde el 1 de enero y hasta el 1 de marzo de 2009 (pesos)

Sueldo mensual neto vigente desde el 1 de marzo de 2009 (pesos)

Estímulo por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño (pesos)

Presidente del Tribunal

109,066

148,890

10,000

Magistrado Sala Superior

109,066

148,890

10,000

Magistrado de Sala Ordinaria

109,066

148,890

10,000

Magistrado de Sala Auxiliar

109,066

148,890

10,000

Coordinador de asesores

83,163

112,914

5,000

Secretario general de acuerdos

78,314

106,179

5,000

Director general administrativo

64,455

86,931

5,000

Secretario general de asesoría y defensoría jurídica

57,430

76,911

4,000

Secretario general de compilación y difusión

57,430

76,911

4,000

Secretario particular de presidencia

45,172

59,724

4,000

Contador de normatividad

45,172

59,724

4,000

Coordinador jurídico

45,102

59,541

4,000

Secretario de acuerdos

39,102

50,979

2,500

Secretario de acuerdos 25-A

38,570

50,979

2,500

Subdirector de área

37,658

48,939

2,500

Defensor

34,216

44,109

2,500

Asesor de defensoría

21,784

27,134

2,500

Jefe de unidad departamental

21,2721

26,442

2,500

Fuente: tabuladores de sueldos de estructura del TCADF


Presupuesto para prestaciones y bonos

Concepto


Sueldos

61,901, 320

Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

351,382

Prima de vacaciones

1,927,177

Gratificación de fin de año

12,893,151

Estímulos al personal

3,379,228

Otras prestaciones (nómina)

1,898,578

Otras prestaciones (otras)

68,756

Vales de fin de año

4,898,070

Estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño

5,970,000

Alimentación de personas

69,000

Medicinas y productos farmacéuticos

6,783

Vestuario, uniformes y blancos

117,880

Arrendamiento de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos

100,107

Mantenimiento y conservación de vehículos y equipo destinados a servicios administrativos

402, 500

Pasajes al interior del Distrito Federal

415,080

Gastos de ceremonial y de orden social

255,000

Gastos de alimentación de servidores públicos de mando

120,000

Servicios para la promoción deportiva

19,728

Ayudas culturales y sociales

67,075

Equipo educacional y deportivo

411,430

Equipo médico y de laboratorio

9,887

Fuente: acta correspondiente a la sesión plenaria extraordinaria de la Sala Superior del día 19 de febrero de 2009

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