Acteal: Entretelas de un amparo
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Definido en términos formales, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre los presos por homicidio de 45 personas en Acteal es una resolución ejemplar, porque reivindica los principios del debido proceso (la imposibilidad de que una prueba ilícita genere consecuencias lícitas), incluida la presunción de inocencia. Gracias a esa decisión, 20 personas acusadas de homicidio y lesiones quedaron en libertad en las primeras horas del jueves 13. No se sabe si son inocentes o culpables, porque la sala no impartió justicia penal, es decir no entró al fondo del asunto, sino sólo resolvió en segunda instancia un amparo. Y lo concedió porque las pruebas que fundaron su enjuiciamiento fueron obtenidas de forma ilícita. Ya habían pasado 11 años y ocho meses presos, y sólo ahora se demostró que el Ministerio Público que los acusó y la justicia que los condenó actuaron en forma ilegal. Salvo porque los ministros no dieron vista a la PGR sobre la probable comisión de delitos por quienes actuaron de esa manera, y porque dejaron viva la cuestión de quiénes asesinaron a los mártires de Acteal, puesto que dejaron libres a los acusados de hacerlo, la resolución sería perfecta.
Dado que la Suprema Corte aceptó atraer la revisión del respectivo juicio de amparo impulsada por instancias pertenecientes a la sociedad civil, puede proclamarse que además del beneficio de dejar libres a personas cuya culpabilidad no fue adecuadamente probada, la actuación del máximo tribunal responde a su sensibilidad ante un reclamo de la sociedad, encarnada para estos efectos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la agrupación Alternativa Ciudadana 21, encabezada por el académico y periodista Ricardo Rápale, y por el doctor en historia Héctor Aguilar Camín, en cuya revista Nexos, con textos propios y de otros autores se formuló inicialmente la exigencia del debido proceso para los injustamente encarcelados en El Amate, la cárcel estatal chiapaneca en Cintalapa.
La División de Estudios Jurídicos del CIDE explicó haber escogido este caso para ejemplificar el pésimo estado de la procuración e impartición de justicia. No les hubiera faltado materia prima, por la abundancia de yerros judiciales que mantienen en prisión por largo tiempo a personas sujetas a procesos en extremo irregulares. Para no ir más lejos, en estos días se han cumplido ocho años de la detención de los hermanos Cerezo, cuyo proceso estuvo plagado de irregularidades, lo que no obstó para que se les retuviera en penales de alta seguridad, junto con narcotraficantes y secuestradores, acusados de colocar petardos en instalaciones bancarias y con ello pretender aterrorizar a la sociedad.
La adopción de este caso por una institución tan respetable como el CIDE presenta particularidades que llevan a pensar si una extensión del principio jurídico invocado por los ministros de la primera sala de la Corte –la ilicitud no puede generar licitud– es aplicable a la vida social en general. Porque no parece haber motivaciones meramente académicas en el involucramiento de aquella institución, cuya buena fe pudo quizá ser sorprendida por un profesor-investigador asociado, Hugo Eric Flores Cervantes y su jefe, el director de la División de Ciencias Jurídicas, doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui.
Ambos suscribieron un texto titulado Acteal, la otra injusticia, aparecido en el número de Nexos de junio de 2007. Pero ya antes el CIDE había anunciado su propósito de salir en defensa de los procesados que ahora están en libertad. En la publicación mensual actualmente dirigida de nuevo por Aguilar Camín –que en números posteriores entregaría su propia versión de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, preparado explícitamente con base en lo escrito por Posadas y Flores Cervantes– no quedó claro que por lo menos el segundo de ellos tenía un interés en el caso más allá de lo académico.
Flores Cervantes es "líder moral" de Encuentro Social, una agrupación política nacional que publicó su libro El otro Acteal. Dos son las características principales de esa APN. La primera es que su dirección por lo menos, o su membresía, está compuesta por feligreses de credos cristianos no católicos. Y la segunda es la versatilidad de sus posiciones, expresada en alianzas políticas con quien se deje. Además de los títulos académicos que le permiten ser invitado a una institución exigente como el CIDE, Flores Cervantes es un "predicador evangélico" y un dirigente político, ducho en maniobrar en sendas sinuosas.
Ha contado para ello con el financiamiento provisto por el Instituto Federal Electoral, algunos cientos de miles de pesos cada año. Entre 2002 y 2006 obtuvo un millón 253 mil pesos por esa vía. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y por la misma vía, el acuerdo de participación electoral, tres años más tarde caminó al lado de Acción Nacional. Ambas partes suscribieron el pacto respectivo el 28 de febrero de 2006, y en el convenio correspondiente se estipuló que uno de los compromisos panistas era "revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal".
El acuerdo fue ventajoso para Encuentro Social, acaso porque sus dirigentes habrán ofrecido una votación importante en un sector ajeno al, y hasta temeroso del PAN, como son los cristianos no católicos. El sinaloense Humberto Rice, "protestante" como se llamaba a los "hermanos separados" antes del Concilio que prefirió la segunda frase para denominarlos, fue militante singular en el PAN hasta que al comienzo de su gobierno Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por eso el PAN pagó un precio alto por vincularse a Encuentro Social. Su presidente formal, Rodolfo Hernández Bojórquez, es suplente de Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado jalisciense por la primera circunscripción.
Mejor destino le estaba acordado al líder "moral" de la agrupación. Para empezar es el suplente de la senadora María Teresa Ortuño, y al comenzar el gobierno de Calderón fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No duró mucho en el cargo. Antes de cumplir un año fue despedido e inhabilitado hasta por 22 años. No se conoce formalmente la causa de su remoción (pues a una solicitud alusiva la Secretaría de la Función Pública contestó que el caso está en reserva durante tres años). Pero la sanción permite conjeturar que Flores Cervantes se ofendió gravemente, pues dio en criticar al gobierno, en relación con el plan Proárbol a cuyo dispendio probablemente está vinculada su separación. Tampoco le pareció bien el año pasado el proyecto de reforma energética que presentó su antiguo aliado. Y para confirmar su nueva afinidad, el 19 de febrero suscribió un acuerdo de participación electoral, ahora con el PRI.
No sé si el líder evangélico tuvo que ver en su nombramiento o simplemente coincidieron allí; el hecho es que mientras Flores Cervantes era oficial mayor de la Semarnat, Alejandro Posadas Urtusuástegui era el representante de esa secretaría en Washington, a través de la embajada mexicana. Por esa liga fue posible que al ser nombrado director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Posadas, doctor en derecho por la Universidad de Duke, invitara a Flores Cervantes. Éste ha de ejercer una considerable influencia sobre aquél, pues recientemente ha escrito sobre derecho penal, un tema que no estaba incluido en sus líneas de investigación según su ficha formal. Proveyó el sustento teórico al asunto que interesa a Flores Cervantes: "Responsabilidad del Estado en México por la violación al derecho humano a un proceso justo. Análisis del estándar y de evidencia de su ejercicio", con razonamientos que luego se entrelazaron con la información de un caso concreto, el de los presos por Acteal, para dar lugar a sus publicaciones en Nexos.
Aunque no se tenga noticia de su pericia jurídica ni de su experiencia como litigante, el fallo de la Corte es un logro de Flores Cervantes. Lo hicieron posible abogados del CIDE como Javier Cruz Angulo, responsable del proceso en Chiapas mismo, entregado a conseguir que sus defensos tuvieran el proceso debido. No lo tuvieron ni lo tendrán. Están en plena libertad.
(Parte de la información sobre el líder moral de Encuentro Social ha sido publicada por Luis Hernández Navarro en La Jornada, como comprobará quien haya leído sus textos sobre el asunto.)
Dado que la Suprema Corte aceptó atraer la revisión del respectivo juicio de amparo impulsada por instancias pertenecientes a la sociedad civil, puede proclamarse que además del beneficio de dejar libres a personas cuya culpabilidad no fue adecuadamente probada, la actuación del máximo tribunal responde a su sensibilidad ante un reclamo de la sociedad, encarnada para estos efectos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); la agrupación Alternativa Ciudadana 21, encabezada por el académico y periodista Ricardo Rápale, y por el doctor en historia Héctor Aguilar Camín, en cuya revista Nexos, con textos propios y de otros autores se formuló inicialmente la exigencia del debido proceso para los injustamente encarcelados en El Amate, la cárcel estatal chiapaneca en Cintalapa.
La División de Estudios Jurídicos del CIDE explicó haber escogido este caso para ejemplificar el pésimo estado de la procuración e impartición de justicia. No les hubiera faltado materia prima, por la abundancia de yerros judiciales que mantienen en prisión por largo tiempo a personas sujetas a procesos en extremo irregulares. Para no ir más lejos, en estos días se han cumplido ocho años de la detención de los hermanos Cerezo, cuyo proceso estuvo plagado de irregularidades, lo que no obstó para que se les retuviera en penales de alta seguridad, junto con narcotraficantes y secuestradores, acusados de colocar petardos en instalaciones bancarias y con ello pretender aterrorizar a la sociedad.
La adopción de este caso por una institución tan respetable como el CIDE presenta particularidades que llevan a pensar si una extensión del principio jurídico invocado por los ministros de la primera sala de la Corte –la ilicitud no puede generar licitud– es aplicable a la vida social en general. Porque no parece haber motivaciones meramente académicas en el involucramiento de aquella institución, cuya buena fe pudo quizá ser sorprendida por un profesor-investigador asociado, Hugo Eric Flores Cervantes y su jefe, el director de la División de Ciencias Jurídicas, doctor Alejandro Posadas Urtusuástegui.
Ambos suscribieron un texto titulado Acteal, la otra injusticia, aparecido en el número de Nexos de junio de 2007. Pero ya antes el CIDE había anunciado su propósito de salir en defensa de los procesados que ahora están en libertad. En la publicación mensual actualmente dirigida de nuevo por Aguilar Camín –que en números posteriores entregaría su propia versión de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, preparado explícitamente con base en lo escrito por Posadas y Flores Cervantes– no quedó claro que por lo menos el segundo de ellos tenía un interés en el caso más allá de lo académico.
Flores Cervantes es "líder moral" de Encuentro Social, una agrupación política nacional que publicó su libro El otro Acteal. Dos son las características principales de esa APN. La primera es que su dirección por lo menos, o su membresía, está compuesta por feligreses de credos cristianos no católicos. Y la segunda es la versatilidad de sus posiciones, expresada en alianzas políticas con quien se deje. Además de los títulos académicos que le permiten ser invitado a una institución exigente como el CIDE, Flores Cervantes es un "predicador evangélico" y un dirigente político, ducho en maniobrar en sendas sinuosas.
Ha contado para ello con el financiamiento provisto por el Instituto Federal Electoral, algunos cientos de miles de pesos cada año. Entre 2002 y 2006 obtuvo un millón 253 mil pesos por esa vía. En 2003 se alió con el partido Convergencia, y por la misma vía, el acuerdo de participación electoral, tres años más tarde caminó al lado de Acción Nacional. Ambas partes suscribieron el pacto respectivo el 28 de febrero de 2006, y en el convenio correspondiente se estipuló que uno de los compromisos panistas era "revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal".
El acuerdo fue ventajoso para Encuentro Social, acaso porque sus dirigentes habrán ofrecido una votación importante en un sector ajeno al, y hasta temeroso del PAN, como son los cristianos no católicos. El sinaloense Humberto Rice, "protestante" como se llamaba a los "hermanos separados" antes del Concilio que prefirió la segunda frase para denominarlos, fue militante singular en el PAN hasta que al comienzo de su gobierno Vicente Fox enarboló un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por eso el PAN pagó un precio alto por vincularse a Encuentro Social. Su presidente formal, Rodolfo Hernández Bojórquez, es suplente de Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado jalisciense por la primera circunscripción.
Mejor destino le estaba acordado al líder "moral" de la agrupación. Para empezar es el suplente de la senadora María Teresa Ortuño, y al comenzar el gobierno de Calderón fue nombrado oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No duró mucho en el cargo. Antes de cumplir un año fue despedido e inhabilitado hasta por 22 años. No se conoce formalmente la causa de su remoción (pues a una solicitud alusiva la Secretaría de la Función Pública contestó que el caso está en reserva durante tres años). Pero la sanción permite conjeturar que Flores Cervantes se ofendió gravemente, pues dio en criticar al gobierno, en relación con el plan Proárbol a cuyo dispendio probablemente está vinculada su separación. Tampoco le pareció bien el año pasado el proyecto de reforma energética que presentó su antiguo aliado. Y para confirmar su nueva afinidad, el 19 de febrero suscribió un acuerdo de participación electoral, ahora con el PRI.
No sé si el líder evangélico tuvo que ver en su nombramiento o simplemente coincidieron allí; el hecho es que mientras Flores Cervantes era oficial mayor de la Semarnat, Alejandro Posadas Urtusuástegui era el representante de esa secretaría en Washington, a través de la embajada mexicana. Por esa liga fue posible que al ser nombrado director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Posadas, doctor en derecho por la Universidad de Duke, invitara a Flores Cervantes. Éste ha de ejercer una considerable influencia sobre aquél, pues recientemente ha escrito sobre derecho penal, un tema que no estaba incluido en sus líneas de investigación según su ficha formal. Proveyó el sustento teórico al asunto que interesa a Flores Cervantes: "Responsabilidad del Estado en México por la violación al derecho humano a un proceso justo. Análisis del estándar y de evidencia de su ejercicio", con razonamientos que luego se entrelazaron con la información de un caso concreto, el de los presos por Acteal, para dar lugar a sus publicaciones en Nexos.
Aunque no se tenga noticia de su pericia jurídica ni de su experiencia como litigante, el fallo de la Corte es un logro de Flores Cervantes. Lo hicieron posible abogados del CIDE como Javier Cruz Angulo, responsable del proceso en Chiapas mismo, entregado a conseguir que sus defensos tuvieran el proceso debido. No lo tuvieron ni lo tendrán. Están en plena libertad.
(Parte de la información sobre el líder moral de Encuentro Social ha sido publicada por Luis Hernández Navarro en La Jornada, como comprobará quien haya leído sus textos sobre el asunto.)
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