EU y México: más recursos a inteligencia y más opacidad
| Autor: Nydia Egremy | Sección: Seguridad |
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La tendencia mundial de transparentar la información de las políticas públicas tiene su excepción cuando se trata de gastos en defensa, seguridad nacional y, particularmente, de inteligencia, que se ocultan bajo el estatus de clasificado, secreto, reservado o confidencial. Los ciudadanos ignoran cuántos de sus impuestos contribuyen a esas asignaciones, como actualmente ocurre en Estados Unidos y México
Para 2010 Estados Unidos erogará 533 mil millones de dólares en defensa (4 por ciento más que en 2009), aunque sus ciudadanos ignoran, desde 2006, cuántos de sus impuestos forman el presupuesto para inteligencia.
En México se proyectó un gasto de 2 mil 228 millones de pesos para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al que se suman 2 mil 805 millones 167 mil pesos del concepto “01: seguridad nacional”. Sin embargo, no se transparentan los recursos de otras dependencias federales, así como programas y coordinaciones que también realizan actividades de inteligencia. La Secretaría de la Defensa ejercerá 43 mil 32 millones 410 mil 311 pesos; la Secretaría de Marina, 15 mil 846 millones 686 mil 124 pesos; el Sistema Nacional de Seguridad y de Conectividad México, 4 mil 500 millones de pesos.
Además, se sabe que el órgano de inteligencia civil erogará en salarios y servicios personales la mayor parte de su presupuesto, unos 1 mil 531 millones de pesos (más del 60 por ciento), y el resto, para operación (696 millones). En materia de proyectos, la inversión federal le otorgará al Cisen otros 45 millones de pesos para garantizar “la confiabilidad” de voz y datos a través de las redes de comunicación institucional que preserven el flujo de información en ese centro. Además, la Secretaría de Gobernación asignará 66.6 millones más para mantenimiento de sus equipos y así garantizar la “producción de inteligencia”.
También realizan labores de inteligencia el Instituto Nacional de Migración (que desde 2005 pertenece al Sistema de Seguridad Nacional), con un presupuesto previsto de 1 mil 847 millones de pesos; la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, creada el 16 de abril de 2009 y de la que no existe información sobre su ejercicio para ese año; la Coordinación General de Protección Civil, con un presupuesto previsto de 19 millones 355 mil 51 pesos, además de los 43 millones 398 mil 405 pesos de la Dirección General de Protección Civil. A esas instancias federales se sumarían los recursos asignados al rubro “E008” por servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos, así como los destinados al rubro “E012” del registro e identificación de población. Todo, con recursos de los contribuyentes que ignoran el alcance de los programas de defensa e inteligencia.
Ranulfo Delgado, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, dice que otros organismos de seguridad recibirán recursos en el presupuesto del año fiscal 2010. Describe que el eje 1, “Estado de derecho y seguridad”, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, lo constituyen las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, que en conjunto recibirían una asignación de 117 mil 869 millones de pesos en el proyecto del Presupuesto de Egresos 2010. Delgado anticipó que Marina y la Procuraduría General de la República serían los ramos menos afectados, aunque permanece oculto el monto que recibirán las áreas de inteligencia de Marina y Defensa.
Esa falta de transparencia en el gasto militar y de inteligencia en México llevó a Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a pronunciarse, en su documento de trabajo Incongruencia y contradicciones en la política económica del gobierno (19 de agosto de 2009), sobre la conformación del presupuesto de egresos de 2010. Cita ese estudio que en un contexto de crisis económica y aumento de la carga impositiva, “es aún mayor la obligación del gobierno federal de transparentar y facilitar el acceso a la información relacionada no sólo con el ejercicio de los recursos públicos, sino con los resultados de las políticas y programas federales”.
A nivel regional, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina recuerda que, el 12 de diciembre de 1980, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 35-142B, “Reducción de presupuestos militares”, en la que se recomienda que los Estados miembros informen anualmente a ese organismo: los costos de personal, operaciones y mantenimiento, adquisición y construcción e investigación y desarrollo para aumentar el nivel de transparencia. México –al igual que Estados Unidos–, como miembro del organismo multilateral, está obligado a acatar ese compromiso.
Transparencia o caos
El ocultamiento en torno a los recursos que se asignan a seguridad e inteligencia no es exclusivo de México, también se practica en Estados Unidos, la mayor potencia militar del planeta y que, a su vez, es la que destina los recursos más cuantiosos a las tareas de inteligencia; así lo denuncia la Federación de Científicos Americanos (FAS, por sus siglas en inglés), integrada por varios galardonados con el Premio Nobel en distintas disciplinas.
Esa organización hace notar que en Estados Unidos “reina la confusión en la política secreta de inteligencia” por negar la desclasificación del gasto público que se ejerció en el año fiscal de 2006. El pasado 30 de octubre, Dennis C Blair, de la Office of the Director of National Intelligence (DNI), decidió desclasificar el presupuesto para el año fiscal 2009 para el Programa Nacional de Inteligencia (PNI), equivalente a 49 mil millones 800 mil dólares.
De acuerdo con Steven Aftergood, responsable del Programa sobre Secretismo Gubernamental de la FAS, esa medida “es inconsistente” con otras acciones para la clasificación de esa información y pone de relieve la confusión sobre el alcance del secretismo sobre seguridad nacional que prevalece en la llamada comunidad de inteligencia estadunidense.
Esa afirmación obedece a que Blair anunció en esa ocasión que el acceso a la información en inteligencia del presupuesto 2009 dará al pueblo estadunidense más comprensión de cómo se utilizan los dólares de sus impuestos para “ayudar a proteger al país y mantenerlos a salvo”; pero su propia oficina, la DNI, se rehúsa a revelar las cifras del presupuesto del PNI desde el año fiscal 2006, con el argumento de que su difusión podría dañar la seguridad nacional y pondría en peligro las fuentes y métodos de inteligencia.
El 15 de septiembre, Blair, en conferencia de prensa, anunció que el presupuesto combinado de todas las agencias de inteligencia sumaba alrededor de 75 mil millones de dólares; pero Aftergood afirma que, aunque el presupuesto de 2009 se desclasificó, “uno no puede siquiera conocer cuánto dinero se gastó en inteligencia durante 2009; si aumentó o decreció comparado con 2008 y cuántos dólares en impuestos han sido usados para proteger al país”.
Más secretismo
Para ese analista, escritor de la sección “Secrecy News” de FAS, el presupuesto total para inteligencia de Estados Unidos se integra de dos partes: el PNI y el Programa de Inteligencia Militar (PIM), y algunas de las grandes agencias de inteligencia de defensa, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional Geoespacial y de Inteligencia (NGA) y otras más que se financian a través del PNI y del PIM.
La oficina del director nacional de inteligencia insiste en que toda información complementaria respecto del presupuesto del PNI no será revelada y permanecerá clasificada a pesar de que funcionarios de esa oficina consultados por Aftergood admitieron que desconocen, incluso, por qué clasifican la información sobre inteligencia. Asimismo, el estudio interno de la oficina del DNI, Guía de clasificación de la comunidad de inteligencia, publicado en enero de 2008, que consultó Secrecy News (publicación electrónica de la Federation of American Scientists), admite que “existe un amplio margen en la aplicación de los niveles de clasificación”.
Por su parte, Jorge Luis Sierra, investigador en seguridad nacional, señala que la ley obliga al DNI a publicar la cifra correspondiente al presupuesto para inteligencia antes de que transcurran 30 días después de concluido el año fiscal. El presupuesto para el año fiscal 2010 comenzó el 1 de octubre de 2009 y Blair mencionó 75 mil millones como una cifra total del presupuesto de inteligencia. “Lo que él habría revelado en realidad es el presupuesto agregado que incluye inteligencia militar e inteligencia nacional”.
Esos criterios poco claros se oponen a la declaración que hizo el presidente Barack Obama en el documento Una nueva era de responsabilidad, que sacó a la luz la Oficina de Administración y Presupuesto, donde afirma que llegó el tiempo de pasar a una nueva era, una nueva etapa de responsabilidad, y por la que este presupuesto hace críticas las inversiones para reconstruir “nuestros esfuerzos militares, de seguridad de la patria y expandir nuestra diplomacia”. En materia de seguridad, el mandatario estadunidense afirmó que, para garantizarla, “necesitamos usar todos los elementos de nuestro poder”; ese potencial se tradujo en la asignación de 533 mil 800 millones 700 mil dólares, 4 por ciento más que en 2009.
Por su parte, los fondos del PNI están clasificados y comprenden los recursos para las tareas de inteligencia que realizan la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias federales. El presupuesto 2010 de ese rubro no contiene cifras públicas, sin embargo, como el PNI contiene elementos clave de la seguridad nacional estadunidense, será posible rastrearlos a partir de programas como el destinado a incrementar los planes de acción gubernamental contraterroristas, colaboración en información contraterrorista con socios extranjeros.
La capacidad de ciberseguridad de Estados Unidos se fortalece en 2010 a partir de un fondo de 355 millones de dólares destinados a ampliar y asegurar la ciberinfraestructura privada y pública. También, se destinarán 36 millones de dólares para proyectos en curso que mejoren las tecnologías de vigilancia para detectar las amenazas biológicas. El presupuesto del año próximo también apoya la conclusión de sistemas, como el de radionavegación de largo alcance (LOrAN-C), operado por la Guardia Costera.
Adicionalmente, se incluyen los sistemas de transportación de salvaguardas del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, por sus siglas en inglés) que recibirá 50 millones de dólares en 2010 para proveerlo de 15 nuevos equipos.
Se asignan, por otra parte, 25 millones de dólares en nuevos recursos al DHS y al Departamento de Transporte para informar sobre el desarrollo y modernización de los contenedores intermodales.
Fortalecer la seguridad fronteriza y los servicios de inmigración es otra de las prioridades en el nuevo presupuesto de la administración de Obama. Otorga fondos por 45 millones de dólares para expandir la vigilancia de puertos terrestres clave en la frontera; asigna fondos por 368 millones de dólares dentro del presupuesto de Protección Fronteriza y Aduanas para apoyar a los 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza.
Ese presupuesto asigna casi 1.4 mil millones de dólares a programas de aduanas para asegurar que los inmigrantes ilegales que cometan crímenes sean identificados rápidamente y “removidos de Estados Unidos”. Adicionalmente, otorga 110 millones de dólares para continuar ampliando el sistema electrónico de verificación para elegibilidad en empleo denominado E-verify. Tan sólo para mejorar el sistema de inteligencia de los análisis que realiza, el DHS dispondrá de un fondo de 260 millones de dólares.
Ya el 7 de mayo, la administración de Obama anunció que para el presupuesto de 2010 destinaría 27 mil millones de dólares para reforzar los programas de seguridad fronteriza y de “ayuda para México” en el combate a los cárteles de la droga, así como para los servicios migratorios.
Ante la necesidad de todos los ciudadanos y contribuyentes del mundo por conocer qué información constituye un secreto de seguridad nacional, cuándo y quién puede tener acceso a ese secreto, Steven Aftergood encuentra necesario que expertos imparciales den “una mirada fresca” a los requerimientos de la seguridad nacional para introducir un grado de “racionalidad en el actual caos de la política de clasificación”.
Presupuesto negro
Detrás de los fondos públicos destinados a realizar o fortalecer las tareas de inteligencia en Estados Unidos, existen otros que no son públicos, que “se trasladan de unas cuentas a otras. Hay recortes para ciertos armamentos, es cierto, pero otras armas prevalecen”, confirmó la periodista cubana Juana Carrasco Martín en su artículo “El presupuesto negro del Pentágono” (Juventud Rebelde, 17 de mayo de 2009). La reportera cita la compra de decenas de aeronaves, armas y equipos de alta tecnología con valor de 534 mil millones de dólares con fondos que no se hacen públicos y que ordenó el presidente George Walker Bush mientras solicitaba fondos adicionales al Congreso de su país.
Ese proceso de “enmascaramiento” dejó en herencia al gobierno de Barack Obama un presupuesto negro, “palabras que esconden y definen las operaciones secretas” que involucran a las fuerzas armadas estadunidenses. Carrasco Martín explica que “se destinaron exactamente 50 mil millones de dólares en 2010” para esas operaciones. Alrededor del 7.5 por ciento de todos los gastos militares de Estados Unidos “son ahora secretos”, a pesar de que una de las primeras declaraciones de Obama apuntó a transparentar las acciones del gobierno.
La periodista cubana admite: “Honestamente, no sé si los 2 mil millones de dólares que el Pentágono agregó a los proyectos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento están o no incluidos en los 50 mil millones del “presupuesto negro” o son otros “adicionales”. Carrasco se refiere a la adquisición de 60 aviones Predator y Reaper y a cinco vehículos de vigilancia aérea Global Hawk. Comenta que, al parecer, las jugadas de ajedrez de quienes prometieron cambios “siguen fortaleciendo torres y caballos prestos a los ataques bélicos en un mundo lleno de tensiones”. (NE)
Defensa y presupuesto
En 2010, Colombia gastará en defensa 11 mil 57 millones de dólares (21.12 billones de pesos colombianos) contra 10 mil 774 millones de dólares que invertirá en educación; Perú asignará al mismo rubro 1 mil 285 millones de dólares (3 mil 841 millones de soles), que incluye modernización de equipo y combate a los “remanentes del terrorismo aliados con el narcotráfico”. El gobierno español ejercerá un presupuesto de 7 mil 691 millones de euros en la cartera que dirige la ministra Carme Chacón y que es un monto muy inferior a los 23 mil 433 millones de euros que ejercerá el ministerio de Trabajo e Inmigración, con lo que queda clara cuál es la prioridad presupuestaria en aquel país.
Clóvis Brigagao, director del Centro de Estudios de las Américas e investigador de la Universidad Cándido Mendes y del Instituto Nobel, dice que Brasil mantiene su nuevo modelo estratégico con su política presupuestaria de defensa, ya que en pleno siglo XXI el ejército mantiene su política de presencia territorial, por lo que unos 8 billones de euros “saldrán del bolsillo del contribuyente” para equipar una defensa más robusta que le permita participar en misiones de paz en el extranjero.
Argentina vive varios escándalos de espionaje. Su presupuesto para 2010 tiene la sombra de los “gastos secretos” que les permite la Ley de Inteligencia a los organismos de seguridad, particularmente a la Secretaría de Inteligencia. La federación rusa asignó un presupuesto de defensa y seguridad de alrededor de 35 mil millones de dólares; de ese total, 14 mil 800 millones de dólares se destinarán a adquirir armas y equipos militares defensivos; para investigación y desarrollo asignó 2 mil millones de dólares, y 3 mil 300 millones más para vivienda del personal militar. De sus gastos en inteligencia, sólo hay silencio. (NE)
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