Venezuela: niegan territorio a los yukpa
| Autor: IPS | Sección: Línea Global |
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Más de 41 mil hectáreas parceladas entrega el gobierno de Venezuela a comunidades yukpas. La medida sustituye al pleno reconocimiento del territorio de ese pueblo de más de 285 mil hectáreas y deja en el limbo los derechos de las otras 31 naciones indígenas de ese país
Humberto Márquez / IPS-Voces de la Tierra
Caracas, Venezuela. El gobierno de Venezuela entregó el 22 de octubre títulos de propiedad sobre 41 mil 600 hectáreas a tres comunidades de unos 500 indígenas yukpa, en el occidente fronterizo con Colombia, pero dejó sin resolver la demarcación del territorio reclamada por el conjunto de la etnia, que suma unas 10 mil personas.
“Estas tierras pertenecen a quienes por siglos fueron excluidos de cualquier forma de desarrollo. Debió llegar la revolución bolivariana que lidera el comandante presidente Hugo Chávez para que se reconocieran sus derechos”, dijo al entregar los títulos el ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami.
La ministra del Ambiente, Yuvirí Ortega, sostuvo que se hace realidad un sueño de reivindicación de los venezolanos puros”, y anunció la entrega de seis camiones y 27 créditos para que los yukpas beneficiados se dediquen a cultivos, principalmente de café.
Esta etnia, que tiene algunas comunidades en el departamento colombiano del Cesar, es un pueblo de lengua caribe que tradicionalmente ha vivido de la caza, la horticultura y la pesca fluvial.
Las comunidades beneficiadas, Tinacoa, Aroy y Shirapta, recibieron lotes de tierras ubicadas entre el Parque Nacional Sierra de Perijá (que marca parte de la frontera con Colombia en el extremo occidental) y tierras llanas ocupadas por ganaderos cerca de la ciudad de Machiques, unos 650 kilómetros al oeste de Caracas.
“Estos títulos nos comprometen con el proceso de desarrollo endógeno que promueve nuestro comandante Hugo Chávez”, dijo Efraín Romero, portavoz de la comunidad Shirapta, y pidió a los ministros que “le digan al presidente que cuente con nosotros y con nuestros votos” en futuras contiendas electorales.
Pero en la práctica, el movimiento de reivindicación indígena quedó dividido, porque en la zona del Tokuko, al sudoeste de Machiques, comunidades que agrupan a cerca de la mitad de la etnia acordaron seguir la lucha por una delimitación del territorio para todo el pueblo yukpa y no de parcelas para una u otra comunidad.
“Hay que pensar en los niños que crecerán y querrán tierras planas para sembrar”, dijo en Tokuko el activista yukpa Rafael Kikenshi, de una comunidad situada en una empinada ladera difícil de cultivar.
La dirigente Reina Uvirishe insistió en una demarcación “desde Toromo hasta Kishashamo”, comunidades del norte y del sur del territorio que reivindican y sobre el cual se han extendido medio centenar de fincas o haciendas de “criollos”.
Los reclamos yukpa suman 285 mil hectáreas, entre las estribaciones de Perijá y tierras planas de las que fueron expulsados a lo largo del siglo XX. Algunas de ellas las ocuparon nuevamente por la fuerza en los últimos años, generando conflictos con los productores agropecuarios.
El sociólogo Mauro Carrero, de la Comisión Gubernamental de Demarcación, dijo que las tierras entregadas ahora incluyen dos fincas y tocan parcialmente otros cinco predios productivos, “por lo que es falso que estemos entregando a los indígenas pedregales y suelos estériles”.
Carrero agregó que el proceso de demarcación y entrega de títulos seguirá en los meses por venir y no sólo para los yukpas, sino para las otras cuatro etnias que habitan en el noroeste venezolano: wayúu, japreira, añú y barí, de unas 300 mil personas.
Pero el antropólogo Lusbi Portillo, de la organización ambientalista e indigenista Homo et Natura, dijo a IPS que “con la entrega parcial de títulos a tres comunidades, el gobierno simplemente corre la arruga y no resuelve los problemas cardinales”.
El primero de ellos, señaló, es que la mayoría de los yukpas reclama una delimitación del territorio para el conjunto de su pueblo, y no parcelado entre comunidades, “por lo que las que se sientan disminuidas seguirán con la presión sobre haciendas ganaderas que consideren parte de su territorio ancestral”.
En segundo lugar, “el gobierno desconoce acuerdos negociados desde la década pasada entre todos los actores de este problema, y revalidados en una reunión entre ganaderos e indígenas en marzo, sobre la base de que el gobierno pague las bienhechurías a los productores agropecuarios y le entregue esas tierras saneadas a los indígenas”.
“Este gobierno se ha empeñado en no reconocer o pagar bienhechurías y así los ganaderos no aceptan retirarse, por lo que el conflicto continuará por el restante 85 por ciento de la tierra reivindicada por más de 90 por ciento de los yukpas”, dijo Portillo.
Según Rubén Darío Barboza, presidente de la federación de ganaderos de la región, las invasiones efectuadas por los indígenas a las fincas afectaron la producción de 200 mil litros diarios de leche que se extraían de esos predios. Venezuela es un importador neto de carne, leche y derivados lácteos.
El tercer problema, según Portillo, es que “así, los indígenas reciben tierras legalmente no saneadas, además de que bajo su territorio hay yacimientos de carbón que el Estado quisiera explotar en el futuro y ha entregado concesiones, aunque no se haya iniciado la explotación por la oposición indígena a la degradación de su hábitat”.
Venezuela tiene 32 pueblos indígenas. El derecho a la demarcación de sus territorios es una obligación que el Estado contrajo en la Constitución de 1999.
Portillo no cree que este problema de muchos años alcance solución en 2010, cuando se realizarán elecciones para renovar la Asamblea Nacional (parlamento), casi enteramente oficialista, en un clima político marcado, según las encuestas, por un lento pero sostenido desgaste de la popularidad de Chávez.
“Si no se resolvió el problema durante años marcados por el fervor y la esperanza indígena, más los acuerdos pactados con los ganaderos, va a ser muy difícil que en medio de la vorágine electoral este tema alcance relieve, y es muy posible que de nuevo los derechos de los pueblos originarios sean violados o postergados”, concluyó.
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