Irlanda: Treinta años de pederastia eclesial
Durante décadas, la Arquidiócesis de Dublín supo que algunos de sus sacerdotes eran pederastas y no hizo nada por sancionarlos, pese a las denuncias de las víctimas y sus familiares. Y aun cuando, a finales de la década pasada, un documental televisivo denunció esas prácticas no sólo en Irlanda, sino también en Estados Unidos y Canadá, nadie, ni el Vaticano, actuó para detener esos ilícitos. Y cuando se divulgaron dos informes donde se detallan los abusos de los religiosos, el último de ellos el pasado 25 de noviembre, el escándalo estalló.
DUBLÍN.- El miércoles 25 se difundió en esta ciudad capital un segundo informe –el primero se dio a conocer el 20 de mayo último– sobre casos de pederastia que implican a decenas de sacerdotes y algunos obispos de la Arquidiócesis Católica local en actos de pederastia cometidos contra menores de escuelas confesionales, en complicidad con los jerarcas eclesiásticos que, aun enterados de esas prácticas ilícitas, se negaron a sancionar a los implicados para no manchar la reputación de la institución.
El Reporte de la Comisión de Investigación a la Arquidiócesis Católica de Dublín, presentado por el ministro de Justicia, Dermot Ahern, consta de más de 700 páginas y fue elaborado por un grupo independiente que recabó información y testimonios entre los religiosos y algunas de las víctimas durante el periodo comprendido entre 1975 y 2004.
Sus redactores documentan los casos de 320 niños inscritos en planteles de Los Hermanos Cristianos, una orden católica que tutela alrededor de 200 escuelas en el país, que sufrieron abusos sexuales de 46 sacerdotes.
Ahern, cuyo ministerio patrocinó el estudio, declaró que el documento es “un escándalo de proporciones increíbles” que pone al descubierto la “cultura de engaños” y el “secretismo” con el que se conduce el clero católico de esta ciudad desde por lo menos la década pasada.
Según el informe, “la Arquidiócesis de Dublín se preocupó más por mantener el secretismo, evitar el escándalo, proteger la reputación de la Iglesia y preservar sus bienes materiales” en detrimento de los menores afectados y de sus familiares. Asimismo, señala la complicidad del gobierno irlandés que “facilitó el encubrimiento” al permitir que la Iglesia operara fuera de la ley, en lugar de reportar las acusaciones a las autoridades civiles.
Por lo que respecta a la policía, que mantiene una relación “cercana y venerable” hacia el clero católico, los investigadores subrayan que algunos agentes se negaban a actuar porque consideraban a los sacerdotes como “personas exentas de la ley”, y preferían informar sobre los delitos de pedofilia a los superiores eclesiásticos en lugar de abrir investigaciones civiles.
Tras conocer el informe, Fachtna Murphy, comisionado de la policía, declaró que el reporte, “de lectura difícil”, representa un duro golpe para la Iglesia y evidencia las “graves fallas” de las autoridades gubernamentales por su negligencia en lo que atañe a la protección de las víctimas.
Y, además de “lamentar profundamente” los errores cometidos, declaró que “la comisión halló que en algunos casos, debido a actos de omisión, individuos que buscaban protección no siempre recibieron la ayuda de la Garda Síochána (policía irlandesa)”.
En sus conclusiones, los integrantes de la comisión se muestran satisfechos porque, arguyen, en la actualidad existen “estructuras efectivas y procedimientos” para atender las denuncias sobre abusos sexuales contra niños cometidos por sacerdotes o autoridades eclesiásticas.
El informe de mayo
El Reporte de la Comisión de Investigación a la Arquidiócesis Católica de Dublín se dio a conocer seis meses después de la publicación de otra investigación en la que se acusó también a la Iglesia católica de ser responsable de miles de abusos físicos, psicológicos y sexuales contra niños durante las últimas seis décadas.
Ese primer análisis, a cargo de la Comisión para la Investigación de Abusos a Niños, ocupó a un grupo de investigadores independientes durante casi una década. En ese periodo recabaron datos en alrededor de 100 instituciones religiosas irlandesas, además de las declaraciones de 2 mil 500 personas que dijeron que cuando eran menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales o físicos por parte de sacerdotes o monjas.
La transmisión de un documental en la televisión irlandesa a finales de los noventa que alude a los excesos de los curas católicos irritó a la población y provocó un escándalo público en el país; incluso fue el detonante para que se formara la Comisión para la Investigación de Abusos a Niños, dada a conocer el pasado 20 de mayo.
Algunos testigos dijeron que religiosos católicos los castigaban a golpes con cinturones y palos. Otros declararon que sufrieron abusos sexuales, incluso violaciones simultáneas por parte de varias personas, según el reporte.
Asimismo, relata que, hasta 1980, unos 35 mil niños fueron internados en asilos, escuelas o instituciones confesionales para discapacitados; ahí, de acuerdo con la investigación, “fueron sometidos a abusos endémicos”.
El documento enumera 21 propuestas en las que insta al gobierno a reconocer sus errores y le pide construir un monumento en memoria de las víctimas fallecidas, así como a proporcionar asistencia psicológica y educación a quienes lo demanden, y mejorar los servicios de protección infantiles en el país.
En sus conclusiones, destaca que los abusos físicos y emocionales contra los infantes, así como la negligencia de las autoridades eclesiásticas, “fueron características comunes” en los planteles católicos.
“Las escuelas funcionaban con un sistema severo que imponía disciplinas irracionales y opresivas a los niños, e incluso al personal que trabajaba ahí.”
Las niñas, escriben los autores, supervisadas por órdenes de monjas, principalmente las llamadas Hermanas de la Misericordia, “fueron víctimas de abusos frecuentes y humillaciones creadas para hacerlas sentir que no tenían valor alguno”.
Y añaden: Las autoridades de la Iglesia católica “incentivaban” los castigos a través de golpes y “consistentemente” escondieron a religiosos pedófilos de sus órdenes, “en medio de una interesada cultura de secretismo”.
Además, condenan a los inspectores del gobierno por no haber identificado en su momento golpizas crónicas, violaciones y métodos de humillación.
Y sostienen: “Las escuelas reformadoras e industriales dependían de un rígido control a través de castigos corporales severos y del miedo a las sanciones… La dureza del régimen fue inculcada en las escuelas por sucesivas generaciones de hermanos, sacerdotes y monjas.
“Fueron abusos sistemáticos y no el resultado de errores individuales de personas que operaban fuera de los límites legales y aceptables. Además (el exceso del castigo) generó el miedo de los niños y la aceptación de las autoridades de que las escuelas eran esenciales para el mantenimiento del orden.”
El “mea culpa”
El 21 de mayo, un día después de que el juez Sean Ryan difundió el primer informe de 2009, Maeve Lewis, director de la organización de víctimas One in Four, afirmó que los niños “estaban condenados a un régimen de abuso físico, sexual y emocional”; incluso mencionó que aun cuando las instituciones donde se les flageló ya no existen, “personas que hoy tienen entre 30 y 80 años tienen que vivir a diario con esas experiencias”. Ellos necesitan atención, dijo el activista.
En las conclusiones de esa investigación, los autores explican que no mencionan ningún nombre de los religiosos implicados, por lo que no habrá ninguna demanda penal. Y explican que en 2004 la orden de los Hermanos Cristianos ganó a la comisión una querella, lo que le permite mantener en reserva la identidad de todos sus miembros, muertos o vivos.
Ese mismo día, el arzobispo de Westminster, Vincent Nichols, de 63 años, fue designado nuevo jefe de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales, en medio del escándalo provocado por las denuncias contra sacerdotes y monjas católicas acusados de pederastia.
Nichols, el undécimo religioso en ocupar ese cargo, prometió dar un “nuevo vigor” a la Iglesia y admitió que ese reporte “ensombrecerá” las buenas acciones de la Iglesia católica en Irlanda, algo “perfectamente entendible”; incluso declaró que los acusados deberán tener “coraje” para enfrentar sus acciones.
Las declaraciones generaron mucho malestar en Irlanda, especialmente entre las familias de los afectados por los abusos, que demandaron de inmediato una disculpa.
El escándalo llegó hasta el Vaticano. El 11 de junio, el Papa Benedicto XVI se reu nió con obispos irlandeses y los llamó a “continuar trabajando para establecer la verdad del asunto; también les pidió asegurarse de que haya justicia para todos, así como instrumentar medidas para prevenir que se vuelvan a cometer abusos similares”.
Los prelados admitieron que en las instituciones de la Iglesia había “fallas” en cuanto a la protección de los niños, y se comprometieron a prevenir la propagación de los abusos sexuales, físicos y emocionales”, como la “negligencia” documentada en el reporte del juez Sean Ryan.
“Estamos avergonzados, nos sentimos humillados y pedimos disculpas si nuestro pueblo se ha alejado por ello de los ideales cristianos”, agregaron al respecto los obispos irlandeses.
Un día antes, el 10 de junio, alrededor de 5 mil personas marcharon por Dublín con el fin de pedir justicia para los niños atacados sexualmente por sacerdotes y monjas en Irlanda.
Omisiones
Los primeros casos de pederastia que implican a religiosos católicos en Estados Unidos, Canadá e Irlanda se dieron a conocer en 2002.
Y aunque la Iglesia prefirió callar, el diario británico The Observer rescató una carta de mayo de 2001 en la que el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger –quien a partir del 19 de abril de 2005 se convirtió en el Papa Benedicto XVI– ordenaba a todos los obispos aplicar las medidas necesarias para mantener en secreto las investigaciones que implicaban a sacerdotes en “prácticas deleznables” como la pederastia.
El escándalo escaló. En diciembre de 2008, el Comité Nacional de Defensa del Menor acusó al obispo de Cloyne, John Magee, de manejar de manera inapropiada los abusos de dos sacerdotes de su diócesis, ubicada al sur del país. A principios de marzo, Magee, quien había sido secretario de los Papas Paulo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, tuvo que renunciar.
El director de la organización de víctimas One in Four, Maeve Lewis, recibió con agrado la noticia. Declaró a los medios locales que, con esa decisión, “los obispos locales mandan un mensaje claro de que la seguridad de los menores es ahora la prioridad (pues) reconocen la gravedad del daño que han hecho”.
Durante 2008, 26 diócesis irlandesas recibieron 56 denuncias por pedofilia. En la mayoría de los casos los implicados eran curas ya fallecidos.
Pero las investigaciones no prosperaron. Luego vino el informe de la Comisión para la Investigación de Abusos a Niños, difundido el 20 de mayo, aunque no se castigó a ningún religioso, lo que exacerbó los ánimos de los familiares de las víctimas.
Y ahora, con el Reporte de la Comisión de Investigación a la Arquidiócesis Católica de Dublín, muchos de los demandantes exigen que se enjuicie a los responsables de los delitos contra los menores cometidos durante las últimas tres décadas.
Les duele que, por ejemplo, según el informe, un sacerdote pederasta haya declarado que abusó de 100 niños, mientras otro se haya jactado de que sometió a los infantes cada dos semanas durante un periodo de 25 años.
El informe señala por primera vez a cuatro arzobispos: John Charles McQuaid, quien murió en 1973; Dermot Ryan, fallecido en 1984; Kevin McNamara, desa parecido en 1987, y el cardenal retirado Desmond Connell, a quienes acusa de negligencia por no llevar ante la justicia a los sacerdotes perpetradores de abusos contra los menores.
E indica que las autoridades de la Arquidiócesis de Dublín “eran todas personas muy educadas”, muchas de ellas con conocimientos de la ley canónica y hasta de la ley civil. Por eso “es difícil de aceptar que se hayan negado a actuar”.
Proceso
30/11/2009
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