El tribunal ratifica que es legal la subrogación de estancias infantiles a particulares

La Corte rechaza fincar responsabilidades en el caso ABC; sigue dando tumbos: ministro

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Miércoles 16 de junio de 2010, p. 12

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer –por ocho votos contra tres– que no fincará responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación grave de garantías individuales en el caso de la guardería ABC, y que se limitará sólo a señalar a quienes resulten involucrados en esos hechos.

Por la tarde, los ministros avalaron (con siete votos a cuatro) la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por considerar que la dependencia no tiene los medios económicos, materiales ni humanos para cumplir por sus propios medios con la obligación constitucional de otorgar el servicio de guarderías a los trabajadores.

Los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío y Arturo Zaldívar –quien votó en contra de su propio proyecto en esta parte– consideraron que la subrogación es incompatible con la Constitución, porque es un modelo de negocios que se justifica para reducir los costos, en el que se deja de lado el contenido social de la prestación de este servicio.

Por la mañana, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar y Sergio Valls votaron por que la SCJN no responsabilice a los funcionarios involucrados en la tragedia.

Señalaron que la Constitución prevé únicamente que la SCJN señale a los funcionarios involucrados en la violación de garantías constitucionales, y que de prosperar la propuesta del dictamen de responsabilizarlos, entonces los ministros se arrogarían facultades que no les corresponden.

Sobre la decisión mayoritaria, basada en que el artículo 97 no autoriza a la Corte fijar responsabilidades, Zaldívar sostuvo: “Bueno, pues si eso fuera cierto, realmente el 97 no sirve para nada, y si no sirve para nada, la verdad, y lo digo con el mayor de los respetos, pues mejor no ejerzamos la facultad, pero si lo hacemos, vamos a darle un sentido.

“La Constitución no es un libro de texto, no se interpreta de manera literal. No tengamos miedo a las palabras, decir que son autoridades vinculadas es un eufemismo; son autoridades responsables las que provocan por acción u omisión la violación grave de un derecho fundamental.

Simplemente es no tenerle miedo a las palabras llamarle responsable a lo que es responsable, subrayó Zaldívar, quien aclaró que no pretendía iniciar con ello un procedimiento civil, administrativo o penal para sancionar a los culpables, porque esa no es misión de la Corte.

A diferencia de lo aprobado por el pleno, Zaldívar dijo que la SCJN ejerce su facultad de investigación cuando los demás órganos del gobierno se han colapsado, cuando por el tipo de asuntos se advierte que va a ser difícil llegar a una resolución satisfactoria.

Así pasó con el caso Aguas Blancas, el de Lydia Cacho, el de Atenco, el de Oaxaca y, ahora, ABC, dijo, y añadió que cuando la Corte aceptó investigar la tragedia de la guardería de Hermosillo habían pasado tres meses de los hechos, y ya se adivinaba que no habría una resolución satisfactoria, y tan se adivinaba que ha pasado un año y las cosas siguen exactamente igual.

También le reprochó a sus compañeros que la Corte siga dando tumbos con la facultad de investigación y que se haya acartonado la atribución del máximo tribunal en la indagatoria de violaciones graves de garantías.

Si me quedo en minoría, pues así seguiré (junto con Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero); esto no es un partido de futbol, lo que importan son los razonamientos, los argumentos y las convicciones, subrayó.

En la sesión vespertina los cuatro ministros de la minoría insistieron en que el esquema de subrogación de guarderías tiene que ser aprobado por el Congreso, y que no puede regularse mediante acuerdos generales dictados por el propio IMSS. Aunque subrayaron que la otorgación del servicio por particulares es inconstitucional, aclararon que ello no significaba que las estancias infantiles en esas manos tengan que dejar de operar.

La idea era que el Congreso tomara cartas en el asunto para que estableciera las bases legales mínimas para dotar de un marco legal al sistema de guarderías.

Por su parte, Gudiño señaló que no se explicaba la tragedia en la guardería ABC, si no fuera por la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos que respondieron a favores y preferencias personales en donde se privilegió el lucro.

La causa mayor y más honda de lo que ahí sucedió, dijo, es que la guardería no haya sido objeto de licitación.

“Hay que pensar en cuáles serían las posibilidades reales para que un particular resulte ganador en un procedimiento de licitación, proponiendo una nave industrial como inmueble para la instalación de una guardería, cuando existe disposición expresa que debe ser un inmueble construido ex profeso o una casa habitación –según las bases para la subrogación emitidas por el Consejo Técnico del IMSS–; evidentemente esa nave industrial no cumple con los parámetros mínimos en materia de protección civil”.

Pero, continuó Gudiño, “en este caso, como en prácticamente todos los demás, no hay control absolutamente de nada. El contrato se otorgó, la guardería se puso en marcha, los riesgos se hicieron notar y nunca se subsanaron.

¿Qué seguimiento o sanciones pueden esperarse cuando se trata de castigar a quienes, por alguna razón, generalmente de cercanía, influencia o favoritismos, tienen alguna relación o vínculo con funcionarios públicos que tuvieron el poder de conseguir el otorgamiento del contrato?, cuestionó.

No todos se atreven a negar un contrato, a aplicar una sanción cuando los interesados son gente con poder, cercana al poder o con vínculos con él, afirmó.

Más adelante, la mayoría consideró que la investigación sobre los hechos había sido suficiente, pero cuestionó que en el dictamen se incluyeran adjetivos y calificaciones.

Ortiz Mayagoitia precisó que no compartía el señalamiento respecto de que con la tragedia en la guardería quedó en evidencia la fragilidad del sistema de protección civil y del sistema de salud en los tres niveles de gobierno. Finalmente la frase fue borrada del dictamen.

La discusión del asunto continúa hoy.

"No sirve para nada"
A

yer, por mayoría –ocho votos contra tres–, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no fincar responsabilidades a los funcionarios que hayan incurrido en la violación de garantías individuales en el caso del percance en la guardería ABC de Hermosillo , como lo proponía el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. El máximo órgano de impartición de justicia del país reconoció, así, la comisión de violaciones graves en los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, pero se negó a señalar a los autores de tales violaciones; es decir, hay responsabilidades, pero no responsables. Al carácter intrínsecamente absurdo de tal resolución ha de sumarse la manifiesta impertinencia de pronunciamientos formulados ayer por algunos de los integrantes de la SCJN.

Si en 2006 Mariano Azuela, que entonces presidía la SCJN, calificó al artículo 97 de la Constitución de "anacrónico y redactado con los pies", ayer el magistrado Salvador Aguirre Anguiano descalificó ese numeral de la Carta Magna al aseverar que "no sirve para nada". Con ello, el togado traicionó el juramento establecido en ese mismo artículo y socavó el fundamento mismo de su encargo, toda vez que él mismo tomó posesión como ministro en cumplimiento de ese lineamiento constitucional.

Más inaceptable aún, si cabe, fue lo expresado por el actual titular de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la Constitución se viola "en muchísimas ocasiones", porque muchos funcionarios públicos, "que ni siquiera saben leer ni escribir", juran el cargo sin conocer la ley. Al margen del tufo discriminatorio de ese aserto, el hombre que preside la más alta instancia de impartición de justicia admitió, de esta manera, lo que han venido señalando diversos sectores de la oposición política y social: que las instituciones del país suelen operar al margen de la legalidad. Ni más ni menos.

Por desgracia, lo dicho por Ortiz Mayagoitia se confirma con la forma en que se han desempeñado las instancias que habrían debido procurar e impartir justicia en el caso ABC –incluida la propia SCJN– y que, a más de un año de esos trágicos sucesos, no han podido o no han querido investigar ni sancionar las omisiones, los actos de corrupción y la desidia institucional que condujo a la muerte trágica de 49 niños.

Como han venido denunciando los padres de las víctimas, los funcionarios y ex funcionarios que fueron señalados como responsables en el dictamen de Zaldívar –el ex titular del IMSS, Juan Molinar; el actual director de ese organismo, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, entre otros– realizaron un intenso cabildeo en el inmueble de Pino Suárez y Corregidora, y a esa tarea se unió el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en lo que constituyó una inocultable presión política y una intromisión del Ejecutivo, una actitud tan poco decorosa como la de quienes, siendo responsables de preservar la independencia del Poder Judicial, sucumbieron a tales presiones y tomaron una decisión basada en el influyentismo: con ello, el máximo tribunal exhibió un comportamiento orientado por un doble rasero y extendió el historial de fallos vergonzosos adoptados por sus propios integrantes: la exculpación del gobernador de Puebla, Mario Marín; la liberación de involucrados en la masacre de Acteal; la exoneración de los responsables por la represión en Atenco, por citar algunos de los casos más relevantes.

En suma, a la vergüenza nacional de un sistema de seguridad social desdeñoso de la integridad física de sus asegurados y de sus familiares, y entregado a satisfacer el afán de lucro de particulares, ha de agregarse ahora la de un Poder Judicial que proclama, argumentando tecnicismos legales, la imposibilidad de impartir justicia y que, con ello, se niega a sí mismo, niega la vigencia del orden constitucional en el país y del estado de derecho, deja en la indefensión jurídica a incontables ciudadanos agraviados por distintos niveles de gobierno y proclama, en forma incluso literal, que el mandato de la Carta Magna "no sirve para nada". Si lo anterior es cierto, resulta inevitable inferir que la Suprema Corte tampoco.