Thursday, June 17, 2010


El momento de Colombia

En tres años el ejército ultimó entre 2 mil y 3 mil jóvenes para hacerlos pasar por rebeldes

Pesa sobre el candidato oficialista Santos el escándalo de los falsos positivos

Trece ejecuciones en Soacha y dos en Bogotá sacaron a la luz los crímenes de los soldados


Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de junio de 2010, p. 25

Soacha, Cundinamarca, 15 de junio. Un joven de 21 años que se declaró adicto a los videojuegos se acogió a un programa de testigos protegidos de la fiscalía colombiana en el juicio por las ejecuciones extrajudiciales de 13 muchachos de Soacha, ciudad conurbada colindante con la capital. Confesó ante los jueces que por cada man que contactaba cobraba 300 mil pesos (poco más de 150 dólares). Los Paisas, bar de mala muerte, era su centro de operaciones.

Los reclutadores, Alexander Carreteros y John Jairo Muñoz, hoy presos, recibían el doble por trasladar a los jóvenes engañados, considerados mercancía humana, a las inmediaciones del 15 batallón de infantería en la ciudad de Ocaña, departamento de Santander, a 800 kilómetros de distancia. Un trayecto de 20 horas por tierra si se hace en autobús.

Los soldados y oficiales de esta base militar y de la segunda división del ejército cobraban después bonificaciones hasta por 13 salarios mínimos –además de otras recompensas, como días de descanso adicionales y méritos para ser promocionados– por redondear la tarea. Los jóvenes eran asesinados, se fabricaba la escena de un combate, se sembraban armas, municiones y granadas cerca de los cuerpos, y los reportaban como bajas enemigas en un enfrentamiento. Otros oficiales contribuían a falsear informes, peritajes y actas de defunción. Sus superiores avalaban los reportes.

Era la maquinaria de los falsos positivos en plena producción. Hoy se sabe que en tres años (2005-2008), entre dos mil y tres mil jóvenes fueron entregados al ejército y asesinados de esa forma, la mayoría en zonas rurales. Pero fue el caso de los 13 de Soacha y dos de los barrios populares de Bogotá lo que hizo visible la punta del iceberg, como tituló la Fundación Educación y Desarrollo su detallado informe sobre esa infamia, que reventó al presidente Álvaro Uribe en la cara justo cuando negociaba la posibilidad de una relección para un tercer periodo.

Era una vieja rutina practicada por elementos de la fuerza armada al menos desde 2005, cuando en el marco de su estrategia de seguridad democrática Uribe aprobó los decretos de recompensa a los miembros de la institución castrense por cada captura o abatimiento de miembros de grupos al margen de la ley. Sólo que esta vez, comenta Blanca Monroy, después de matar a tanto joven campesino para cobrar unos centavos, se acercaron demasiado a la capital. Sólo por eso se destapó el caso de nuestros niños. Si no, ¿cuántos más hubieran seguido?

De Soacha a Ocaña, 20 horas hacia la muerte

Un viento helado en pleno mes de junio barre las orillas de la ciudad de Soacha, departamento de Cundinamarca, con sus 400 mil habitantes y su 22 por ciento de desempleo, la tasa más alta del país. Luz Marina Bernal, madre de familia, se apura con las tareas domésticas, porque cuando caiga la tarde su casa quedará sin luz. Exceso de pago, ¿sabes?

De los 15 ejecutados, cinco eran desempleados, tres albañiles, dos estudiantes, un taxista y el resto empleados. Pobres, todos.

Luz toma aire y empieza a contar por enésima vez: Soy madre de Fair Leonardo Porras Bernal. Tenía 26 años, edad neurológica de nueve, por un daño cerebral. Lo desaparecieron el 8 de enero de 2008 y me entregaron su cadáver ocho meses después en la ciudad de Ocaña. Lo sacaron de una fosa común. Reportaron que murió dos días después de su desaparición. Un oficial del ejército me dijo: ¿Qué no sabía que su hijo era un gran terrorista? Le contesté: Si se lo llevaron de Soacha el día ocho, ¿cómo que se hizo guerrillero en dos días?

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Madres de tres jóvenes asesinados por militares. La imagen, en Soacha, departamento de CundinamarcaFoto Juliana Botero

Fair nunca aprendió a leer y escribir. Pero aprendió panadería, manualidades, albañilería. Últimamente era ayudante en trabajos de pavimentación, cuenta su mamá. No distinguía el bien del mal; por eso fue fácil engañarlo. Ahora sabemos que el reclutador lo tuvo en su casa toda la noche y al día siguiente se fueron a la terminal para tomar el autobús, empresa La Brasilia. En el camino se bajaron y se lo entregó a un soldado profesional de apellido Palomino. Él lo montó en una moto.

En el bar Los Paisas

Carretero está preso y es el testigo estrella del juicio de los 13 de Soacha. No sólo confesó que se llevó al mono de ojos azules (Fair), sino reclutó a 12 más entre enero y marzo de ese año. Ha dado suficientes detalles para comprobar que por la baja de este positivo y otros 15, seis elementos del Ejército fueron premiados con millón y medio de pesos colombianos (poco más de 10 mil pesos), 20 días de descanso y una carta de felicitación. Lo malo es que la misiva tenía una fecha anterior a la del supuesto combate. Y que todo ocurrió bajo la responsabilidad del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, puntero sin competencia para las elecciones presidenciales del domingo 20 de junio.

Cuenta doña Carmenza Gómez, cocinera en un restaurante, que el 23 de agosto de 2008 fue el último día que vio a su hijo Víctor Fernando, de 23 años. No supo más de él hasta que encontraron su cuerpo en la congeladora de una morgue de Medicina Legal en Ocaña. Estaba reportado como NN 134. Su hijo mayor, John Smith, prometió no descansar hasta saber quién había cometido tal atrocidad con su hermano. Frecuentando las cantinas y prostíbulos llegó a pisarle los talones a los reclutadores que se habían llevado a Víctor. Pero en diciembre, mientras jugaba a a las maquinitas en un local del centro, un desconocido entró y le disparó tres veces en la cabeza. Su madre ya no denunció el crimen, porque no quiere que le maten a sus demás hijos.

Se sabe que la cantina Los Paisas era uno de los puntos de reclutamiento. Ahí también se perdió la pista de Julián Oviedo, de 19 años. Relata su mamá, doña Blanca, que llevaba meses buscando trabajo y no encontraba. Una tarde de marzo de 2008 le dijo: “Voy a ver a un manCreo que no le dio tiempo ni de tomarse una gaseosa. que me ofrece trabajo. Déjeme la comida que tengo mucha hambre; no tardo”. La cena se enfrió. Después se supo que el tres de marzo, a la hora de la cena, fue asesinado por soldados en un retén de la ciudad de Ocaña.

Cuando fue exhumado, ocho meses después, llevaba la misma ropa que vestía cuando salió de su casa, pero según la ficha militar tenía dos granadas en el bolsillo del pantalón. Eso valió para que en una de las audiencias en que eran juzgados los 17 militares detenidos por las ejecuciones extrajudiciales de Soacha (ya todos fueron liberados), uno de los abogados espetara a Blanca: ¿Pues qué no sabía que su hijo era guerrillero del ELN y fue a Santander a sembrar minas? Una segunda necropsia determinó que antes de fallecer fue torturado. Tenía los brazos rotos.

Me quedé sin palabras en ese momento. Cómo me hubiera gustado contestarle que si el ejército quiere ir a dar bala a los verdaderos guerrilleros lo haga en el monte, donde están. Pero no van porque les da miedo. Esta vez se equivocaron. Hicieron su tropelía demasiado cerca de la capital. Y en Bogotá todo se sabe.




http://www.jornada.unam.mx/2010/06/17/index.php?section=mundo&article=022n1mun

El momento de Colombia

Las mamitas de Soacha recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El asesinato a sangre fría ya es práctica institucional del ejército colombiano

Existe una flagrante tolerancia del gobierno, concluye el relator de la ONU, Philip Alston

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Plantón itinerante por la memoria de las víctimas de crímenes del Estado colombiano. La imagen, en el parque Santander de Bogotá
Foto Daniel Asua


Blanche Petrich/ II y última
Enviada
Periódico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 22

Soacha, Cundinamarca, 16 de junio. El grupo se autonombra las mamitas de Soacha. Crían a sus respectivas proles con unos cuantos pesos, grandes carencias y mucha enjundia. Desde que la larga era de la violencia colombiana les arrebató a sus hijos, algunas revolucionaron sus vidas y ahora son activistas por los derechos humanos. En las horas pico, el trayecto de Soacha al centro de Bogotá en metrobús puede tomar hasta dos horas. Pero cada miércoles hacen este recorrido, ya es el día en que sin falta se instala la galería de la memoria, plantón que organiza el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) frente a la céntrica Plaza Santander.

De paso aprovechan para salir de cacería a los puestos de libros usados. Apartando centavos del flaco presupuesto familiar se han hecho de una respetable hemeroteca de publicaciones, donde, de manera aislada, pero constante, se relatan las miles de historias canallas –como les llama el periodista español José Manuel Martín Medem– que componen el balance del uribismo.

Mire esto, dice Luz Marina Bernal. Me extiende un viejo ejemplar de la revista Semana. Ahí está el relato del soldado Luis Esteban Montes, del 31 Batallón de Infantería en La Guajira. Una noche oscura, de tormenta, le encargaron la custodia de un joven al que llevaron engañado al campamento en plena selva. Al amanecer debía matarlo para reportarlo como falso positivo. Le ofreció un cigarro al sentenciado. A la luz del cerillo se dio cuenta de que era su hermano Leonardo. Intentó salvarlo, suplicó ante sus superiores que no lo mataran y nada pudo hacer. Entonces habló, denunció el asesinato. De castigo fue confinado a un lejano campamento militar en Rionegro, obligado a recoger la basura como única misión.

Cómo se regó el escándalo

Las mamitas de Soacha han aprendido a conocer la entraña de su Colombia feroz. Según los informes de la reciente misión del relator de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, a mediados del año pasado conoció de primera mano historias muy similares a ésta en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Vichada. Es decir, el asesinato a sangre fría como práctica institucional del ejército en toda la extensión territorial. Movice cuenta con 2 mil 567 expedientes integrados.

Existe una flagrante tolerancia (del gobierno) con respecto a estos crímenes, sostiene Alston en su informe.

A diferencia de los miles de casos de falsos positivos anteriores, invisibilizados por los medios de comunicación y encubiertos por las autoridades, los de Soacha estallaron en los medios con toda su carga de escándalo.

Fue pura casualidad: en otoño de 2008, justo cuando los exultantes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, bebían todavía las glorias de sus dos golpes maestros: la Operación Jaque Mate para liberar a la francocolombiana Ingrid Betancourt y a tres agentes de inteligencia estadunidenses secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el bombardeo al campamento de Sucumbíos, en Ecuador.

Cuatro familias procedentes de Soacha estaban en la antesala de la morgue de Ocaña. Les acababan de confirmar que los cadáveres encontrados eran de sus hijos. Un periodista local pasó por ahí, vio la escena, se acercó, indagó. Publicó la noticia. Los datos se acumularon. Sumando dos más dos, la prensa nacional finalmente puso al descubierto el caso de los falsos positivos.

El 23 de septiembre de 2008 el caso de Soacha estaba en todos los noticieros. Uribe, siempre a la ofensiva, cuestionó directamente a las víctimas: esos muchachos –dijo en cadena nacional– no salieron con el propósito de recoger café; iban con propósitos delincuenciales.

Luz Marina y su marido venían llegando del cementerio, después de depositar ahí los restos de su hijo, empeñando y vendiendo hasta lo que no tenían para darle a su hijo un descanso digno. Prendieron el televisor justo en el momento en el que hablaba Uribe. Sentí una humillación tan grande como no se puede imaginar. Fueron esas ofensas lo que nos activó como madres a todas. Ahí, en ese momento, nos decidimos a luchar por la verdad.

Impunidad en todo su esplendor

Se presentaron las denuncias que tuvieron eco inusitado. Bajo presión, en noviembre el presidente accedió a dar de baja a 27 oficiales, entre ellos a su general estrella, Mario Montoya, ejecutor de la perfecta Operación Jaque Mate. Lo mandó de embajador a República Dominicana. Dos generales más, cuatro coroneles y varios oficiales de rango medio también salieron de las filas del ejército, cobijados por los halagos presidenciales. Nunca pisaron siquiera un juzgado. El analista Felipe Zuleta calificó esta medida de un fuerte blindaje para el presidente y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Solamente una veintena de oficiales de bajo rango y soldados fueron apresados. En el juicio del caso de Fair Leonardo Porras, quizá el más llamativo por su discapacidad mental, fueron presentados ante el fiscal seis militares. Se probó paso a paso su secuestro, su asesinato, el montaje de una escena de falso combate, la siembra de una pistola y casquillos de bala que no correspondían por su calibre, el robo de sus documentos. Se demostró en su totalidad el concierto para asesinar a sangre fría.

Los expedientes son una radiografía de cómo funciona esta maquinaria de muerte. Para llevar con engaños a los jóvenes a los puestos militares convertidos en trampas, actúa una red de reclutadores. Forman parte de los cerca de 750 mil civiles que colaboran con espionaje, delaciones y favores ilícitos al aparato de la seguridad pública. Su tarea también incluye proporcionar material bélico (generalmente ya inservible) para la fabricación de la escena del falso combate.

Los reclutados para el sacrificio son entregados a otro grupo de soldados profesionales adscritos a la división S-2 de inteligencia militar. Ellos son los encargados de asesinarlos e inhumarlos como NN. Luego entran en acción cuadros superiores, que colaboran en los montajes, la aprobación de las necropsias y los reportes falsos, la validación de inspecciones trucadas y, desde luego, el pago de los servicios a toda la cadena de producción. Esto se hace con el presupuesto de Washington para el Plan Colombia, según logró investigar Martin Medem, autor del libro Colombia feroz.

Instaladas las audiencias, empezaron las tácticas dilatorias. Un día un abogado tenía que ir al dentista. En cinco ocasiones otro justificó su ausencia del juzgado por fallecimiento de su madre. Así transcurrió el plazo de 214 días como máximo para emitir un fallo. Dos años después del hallazgo, todos fueron liberados. La prensa dio cobertura a la fiesta que organizó el Ejército para agasajar a los exonerados: banquete, globos, aromaterapia, manicure, rifas.

La impunidad en su esplendor.

“Pero esto aquí no termina –afirma Luz Marina Bernal– ahora vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

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