Casi parejo al anuncio de que la ciudad estaba bloqueada en 15 puntos, el rumor corría veloz: era la represalia del crimen organizado por la captura, a cargo del Ejército Mexicano, de Héctor Raúl Luna Luna, alias El Tori, presunto jefe del cártel de Los Zetas en Nuevo León.
Entre las seis de la tarde y las nueve de la noche, la parálisis, el miedo, las versiones iraquíes de una guerra que se libra en un ámbito viscoso se apoderaron de los habitantes del área metropolitana de Monterrey. Los medios daban cuenta, con todo e imágenes repetitivas, de una como estribación mexicana en miniatura de la segunda guerra unilateral del Golfo. El crimen organizado había obstruido las principales arterias de Monterrey y los reportes hablaban de promesas de normalización; del uso de diversas armas para despojar a los conductores de sus vehículos y así utilizarlos de tapones; de disparos intermitentes.
El subrayado de aquella parálisis corría por cuenta de los cuerpos de seguridad. Ninguno de ellos acudió oportunamente para conjurarla. Luego se sabría que no fueron 15 sino 41 puntos donde el hampa había interrumpido el sistema circulatorio de la ciudad. ¿La ausencia de policías y/o militares, incluso la del llamado Grupo Especial de Respuesta Inmediata, se debió a un acto prudente de las autoridades para no provocar mayor violencia de la que se permitían las bandas criminales? ¿Carecieron de un plan preventivo para neutralizar una eventual respuesta de estas bandas habida cuenta de la aprehensión de uno de sus jefes?
Si se trata de una estrategia sugeriría tener dos vertientes: la de no aparecer cuando el crimen organizado actúa en evidente flagrancia y la de resultar visibles esos cuerpos con diversas ocasiones, pero señaladamente cuatro: a) cuando se enfrentan a grupos de los cárteles con o sin logros alcanzados; b) cuando lesionan en sus operativos los derechos humanos de inocentes, c) cuando no le atinan a los blancos del hampa y causan bajas igualmente inocentes, y d) cuando ciertas capturas entrañan un rendimiento y/o una oportunidad de índole política.
En el caso de la estrategia deliberada, Monterrey ha conocido varios momentos reseñables. En septiembre de 2009, las tropas ilegales se dieron el lujo de disparar mil proyectiles durante hora y media contra un conjunto de casas de un barrio residencial, causando el terror entre los vecinos sin que nadie acudiera en su auxilio. Hace tres semanas, otro grupo de tropas ilegales atacaron el C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo) del municipio de Escobedo. El general brigadier Hermelindo Lara Cruz, secretario de Seguridad Pública Municipal, fue perseguido y baleado hasta la saciedad en su vehículo blindado (recibió 200 impactos de los 2 mil 500 disparos realizados). Por esta circunstancia logró salvar la vida. Pero sus compañeros de armas no aparecieron en los largos minutos (entre 12 y 30, según diferentes versiones) que permaneció bajo fuego el general, atrapado en su vehículo, siendo que el cuartel de la VII Zona Militar está cerca del lugar. Con motivo de los bloqueos, hace unos días, los militares tampoco se hicieron presentes en los momentos críticos.
En el supuesto de que fuese una estrategia la de no aparecer en esos momentos, sólo faltaría saber cuál es el objetivo. Del Ejército es difícil, si no imposible, obtener información sobre sus acciones. El militar vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional no aceptó las preguntas de la prensa en torno a la captura de El Tori, por ejemplo. El fuero militar suena cada vez más decimonónico.
Apenas habían pasado 48 horas de los bloqueos cuando se produjo un combate en Los Aldamas, Nuevo León, entre tropas legales e ilegales. El saldo, siete hombres muertos.
Las capturas y bajas de los hampones pueden ser espectaculares y a veces impregnadas de sospecha, como en los casos de Arturo Beltrán Leyva y El Tori. Dos días después de la aprehensión de este último, a quien se señala como el responsable del ataque al consulado de Estados Unidos en Monterrey, en una ceremonia grandilocuente se dieron las primeras paladas de la construcción del nuevo edificio que lo alojará en el municipio de Santa Catarina. El acto se habría visto deslucido con el agresor de esa sede diplomática en libertad. Así que anunciar su captura no pudo ser más oportuno.
Con todo, la estrategia de combate al narcotráfico se percibe fracasada. La capacidad de resistencia del crimen organizado es mayor a la cantidad de espots rellenos de autoelogio y a las bajas que le inflige el gobierno. Impacto lo ponía así en su titular de primera plana: “Narcos: 68; gobierno: 0”, en alusión al día más violento del sexenio. Y esa publicación se quedó corta. La Jornada contabilizó 71.
Lo único que sabemos quienes habitamos este país es que la inseguridad, la zozobra y la muerte se han apoderado de nuestro territorio geográfico y anímico. Ninguna población, ni San Pedro Garza García, donde su alcalde ha ensayado el modelo de seguridad de Las Vegas, se halla exenta de temor y actos violentos, a pesar de los anuncios que ahora hacen las autoridades municipales de haber cumplido seis meses con cero casos de criminalidad organizada.
Fuera de San Pedro y sólo en cierta medida, los carros militares que patrullan los lugares más asolados por los cárteles no aseguran otra cosa que la inhibición de nuestras libertades y el condicionamiento para asumir como normales los toques de queda y, si lo requiere el poder, el estado de sitio.
El propio Estados Unidos, que nos obliga a librar una guerra que debiera ser suya, nos lo deja saber con toda claridad por boca de sus legisladores: sus fabricantes y comerciantes de armas no dejarán de hacer negocio. Tanta franqueza debiera ser respondida con, al menos, un diagnóstico claro del problema. En Estados Unidos hay un mayor tráfico de drogas que en nuestro país, un tráfico operado por las mismas bandas de origen mexicano. Y allá no hay la violencia que aquí padecemos.
Que Felipe Calderón le pregunte a Barack Obama la receta y que haga lo único bueno por lo que pudiera ser recordado: el retorno de la tranquilidad a la sociedad mexicana.
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