El director de Exploración y Producción del monopolio estatal PEMEX, Carlos Morales, afirmó durante un Foro sobre Inversión en América Latina que compañías energéticas extranjeras podrían iniciar a finales de 2010 trabajos en el sector del crudo en la nación azteca.
Morales puntualizó que se asignarán hasta 14 contratos de incentivos a empresas privadas para impulsar la producción en campos maduros (que han disminuido la producción por años de explotación) a lo largo de la costa del Golfo de México y en su proyecto principal, Chicontepec.
El congreso mexicano en 2008 aprobó reformas a las regulaciones del sector energético que abren las puertas a contratos con empresas privadas como proveedoras de servicios e inversiones.
Pero los contratos aun no se han podido concretar por una controversia constitucional que se dirime en la Suprema Corte sobre la legalidad de algunas reglas adoptadas por el Gobierno tras la reforma.
La situación se asemeja a las ocurridas durante finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los presidentes Manuel González y se sucesor Porfirio Díaz entregaron mediante una ley minera los depósitos de carbón y petróleo a quienes fueran dueños de la superficie al especificar que los “criaderos o depósitos de combustibles minerales son propiedad exclusiva del superficiario”.
De esa forma se dejaba fuera al gobierno como propietario bajo el argumento de alentar la producción interna de los nuevos combustibles.
En marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de las reservas minerales y de combustibles y terminó con esa primera privatización,
Las 17 empresas extranjeras expropiadas fueron: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, (London Trust Oil-Shell), Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa global) con sus tres subsidiarias: Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil, la más grande empresa de crudo mundial); Californian Standard Oil Co. de México; y Compañía Petrolera Agwi, SA.
También la Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil); Stanford y Compañía Sucrs. Richmond Petroleum Company of Mexico, ahora (ARCO); Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA., Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation, sigue siendo Sinclair Oil; Consolidated Oil Companies of Mexico SA, Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).
Las represalias contra el gobierno de Cárdenas no se hicieron esperar y el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México, los Países Bajos y Estados Unidos decretaron un embargo comercial, y retiraron a todo su personal técnico.
La Tesorería de Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y dio toda su preferencia al petróleo de Venezuela.
Entre 1949 y 1951, Miguel Alemán entregó nuevamente “contratos de riesgo” a empresas norteamericanas en otro paso hacia la reprivatización petrolera, que fueron cancelados por otro texto constitucional de 1960 que al tratarse del crudo dictó “no otorgar concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”.
Con la introducción de nuevas prerrogativas al capital privado, PEMEX espera que la producción permanezca estable en 2,5 millones de barriles por día (bpd) y que para 2013 se eleve a 2,8 bpd, apuntó Morales.
La extracción de crudo en México se ha convertido durante décadas en su principal pilar económico y la exportación alcanza los 1 800 000 barriles diarios, destinados en su mayoría al mercado estadounidense.
Como no cuenta con suficiente capacidad para procesarlo, el crudo se exporta a precios insignificantes, pues un litro de Coca-Cola vale el doble que un litro de petróleo enviado al gigante norteamericano.
Tanto el Gobierno como directivos de PEMEX aseguran que el sistema paraestatal resulta ineficiente para dirigir el sector, debido a la descapitalización que ha sufrido y a la falta de inversiones que no fluyen hacia el país.
Como la historia se ha encargado de demostrar, las anteriores privatizaciones resultaron funestas para el país, al no aportar dividendos reales para sustentar la economía, pues las compañías extraían no solo el petróleo sino también sacaban del territorio los abundantes capitales obtenidos. La privatización es un riesgo que reduce la independencia y la soberanía sobre un recurso fundamental para la nación azteca.
El artículo 27 de la Constitución es sumamente claro al respecto: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las isla… El dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible… Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos,…y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos,….
Esperemos que los directivos del gobierno mexicano y de PEMEX no den al traste con uno de los principales artículos de la Constitución que tanto esfuerzo, lucha y sacrificio han costado al pueblo azteca para preservar sus riquezas naturales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rJV
No comments:
Post a Comment