Desafío de Calderón: a Pemex, un director con negra historia
JESUSA CERVANTES
Otro de los recientes nombramientos del presidente Felipe Calderón, el del director general de Pemex, confirma la fragilidad de su gobierno. Como en el caso del procurador de la República, el repudio a Juan José Suárez Coppel es casi generalizado por su mal desempeño como director financiero de la paraestatal durante el foxismo. Tiene, a cambio, el “mérito” de estar fuertemente ligado a Francisco Gil Díaz y a Roberto Hernández, integrantes del grupo salinista que conservan su influencia en los sexenios del PAN.
El lunes 7, Felipe Calderón le devolvió el control financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Francisco Gil Díaz, al nombrar como nuevo director de la paraestatal a Juan José Suárez Coppel, quien ha servido tanto a los intereses del exsecretario de Hacienda como a los del empresarios Roberto Hernández –presidente del consejo de administración de Banamex– y Juan Marcos Issa, a quien se vinculó con los negocios de los hijos de Marta Sahagún el sexenio pasado.
El jueves 10, tres días después del anuncio presidencial, desde la tribuna del Senado de la República el legislador del PT Ricardo Monreal consideró que el nombramiento “más bien pareciera ser un pago de facturas. Sigue siendo el señor Calderón rehén de estos intereses nefastos y oscuros que al país lo tienen postrado y sometido”.
El mismo jueves, el legislador perredista Graco Ramírez exclamó desde la tribuna: “¡Este zar peligroso que es Francisco Gil Díaz, ahora empleado de Roberto Hernández, convertido en director de Pemex!” (a través de su allegado). Luego señaló que Juan José Suárez Coppel, como director corporativo de Finanzas de Pemex en el sexenio pasado, fue acusado de haber causado “un gravísimo daño patrimonial”.
Monreal y Ramírez expresaron lo que no se atrevieron a decir en esa tribuna los senadores del PAN.
“Antes, los priistas se servían de Pemex, pero como se dice coloquialmente, repartían para todos, incluyendo a la sociedad. Ahora, con lo que ha hecho Calderón, las ganancias irán directo a un grupo económico, encabezado por Francisco Gil Díaz y Roberto Hernández, para quienes trabaja Suárez Coppel”, comenta “en corto” un senador panista, tras advertir que jamás lo declarará directamente “pues el presidente Calderón es de nuestro partido”.
La tarde del lunes 7, cuando Felipe Calderón anunció el nombramiento de Suárez Coppel como sustituto de Jesús Reyes Heroles, mencionó que “conoce bien las fortalezas y debilidades de Petróleos Mexicanos”. En efecto, durante cinco años el funcionario hurgó las entrañas financieras de Pemex, ya que de 2001 a octubre de 2006 fungió como su director corporativo de Finanzas.
Su llegada a la empresa más importante del país no fue casual. Se debió a que desde entonces era operador de Francisco Gil Díaz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde que fue nombrado en ese alto cargo, el sinaloense Gil Díaz designó a Suárez Coppel como su jefe de asesores. En 2001, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, le pidió “un enlace con Hacienda” y entonces Suárez Coppel ocupó la Dirección Corporativa de Finanzas en la paraestatal.
Un funcionario del gobierno foxista, avezado en el área económica y financiera y que conoció de cerca a Gil Díaz y Suárez Coppel, relata que a partir de ese momento éste tomó posesión de los dineros de la paraestatal y todo lo discutía directamente con el entonces subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamez, “sin tomar nunca en consideración el parecer de Muñoz Leos”.
En esa época seguían vigentes las investigaciones por el Pemexgate, como se conoció al desvío de mil 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, a través del sindicato petrolero. Vicente Fox determinó desactivar el caso y para ello recurrió a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, a cuyos miembros les ordenó declarar la improcedencia del desafuero contra los dirigentes sindicales y entonces diputados federales Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps. Por otro lado, según el exfuncionario mencionado, Fox ordenó “cancelar las pruebas inculpatorias desde Pemex”.
Para ello, Juan José Suárez Coppel ideó la creación de un convenio administrativo mediante el cual la paraestatal emitió un pagaré por los mil 500 millones de pesos, que el sindicato hubo de firmar. El documento se libró con cargo a las cuotas sindicales, pero al estar estos recursos fuera del presupuesto autorizado para la empresa petrolera, Suárez Coppel consideró que se podían entregar como pago de gastos hospitalarios y de uniformes, entre otros rubros, narra la fuente.
“Con esa maniobra, la averiguación previa que se abrió en la Procuraduría General de la República en contra de los líderes sindicales se cayó, pues el daño patrimonial ya estaba siendo resarcido. Con esta maniobra, Suárez Coppel utilizó a Raúl Muñoz Leos, quien después fue acusado por la Secretaría de la Función Pública de haber causado un quebranto a Pemex, pues dicho convenio no fue autorizado por el Consejo de Administración”, continúa el exfuncionario.
Ya firmado el convenio, se ventiló en los medios de comunicación que Muñoz Leos pagó con dinero de la paraestatal 142 mil pesos por dos cirugías que se le hicieron a su esposa. Fue removido del cargo y en su lugar llegó Luis Ramírez Corzo. Con éste, Francisco Gil Díaz acordó darle todo el apoyo a cambio de que mantuviera a Suárez Coppel en la Dirección Corporativa de Finanzas.
El interés de Gil Díaz viene de años atrás; al morir su padre, lo acogieron dos familias sinaloenses: los Patrón Arregui y los Coppel. El exsecretario de Hacienda nunca olvidó ese respaldo. Incluso, Juan José Suárez Coppel llamaba a Gil “tío Paco” antes de llegar como asesor a la SHCP. El vínculo sigue vigente, y Gil Díaz visita semanalmente a la madre del nuevo director de Pemex.
La camarilla
Como director financiero de Pemex, Suárez Coppel ayudó a rehabilitar a la empresa Global Drilling como proveedora de la paraestatal. Su primo Alfredo Coppel se ubicó al frente de la compañía, y el Grupo Mazatlán, encabezado por la familia Coppel, le inyectó capital.
De esa manera, esa empresa que ya había incurrido en incumplimiento de contratos y por lo tanto no calificaba para participar en las licitaciones, pudo recibir recursos y procurarse nuevos contratos de Pemex. Apenas en 2008 recibió un contrato por 208 millones de pesos.
Pero Suárez Coppel ya le había asestado otro golpe a la empresa petrolera del Estado. En agosto de 2003, en acuerdo con Gil Díaz, decidió colocar en la bolsa de valores de Luxemburgo 4.5% de las acciones de la trasnacional Repsol que pertenecían a Pemex. Además, decidió crear un vehículo financiero para que en aquel principado se emitiera un bono por mil 373.738 millones de dólares, intercambiable en acciones de Repsol.
Como fue una operación realizada en un paraíso fiscal, Pemex nunca rindió cuentas sobre quién adquirió los bonos, quién fue el intermediario ni cuánto se pagó por comisión. Lo que sí se conoció fue un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que al fiscalizar lo poco que le dejó ver la paraestatal, detectó que la operación generó una pérdida de 655 millones de dólares (Proceso 1677). La pésima maniobra implicó el riesgo de que Pemex perdiera su asiento en el consejo de administración de Repsol.
Ante los señalamientos de daño patrimonial, otro pariente de Suárez Coppel fue enviado a dar marcha atrás: se trata de Esteban Levín Basels, sobrino en segundo grado de Suárez Coppel e hijo del priista Oscar Levín Coppel, quien asumió el cargo de director corporativo de Finanzas de Pemex al principio del gobierno de Felipe Calderón.
En septiembre de 2008, Esteban Levín recompró las acciones vendidas y la paraestatal recuperó su derecho a voto en el consejo de Repsol, según informó Pemex mediante un boletín de prensa, aunque nunca mencionó el monto que perdió en aquella aventura.
Pero sobre todo, en los ámbitos político y financiero, los intereses de la dupla Suárez Coppel-Gil Díaz están alineados con los de Carlos Salinas de Gortari. Ambos autorizaron que personas allegadas al expresidente, como Pedro Aspe (quien fue su secretario de Hacienda) y Rubén Valdés Abascal (director jurídico de la Presidencia con Salinas) cobraran millonarias sumas en Pemex por concepto de asesorías.
Por ejemplo, el 11 de octubre de 2002 Suárez Coppel contrató a Pace Global Energy Services LLC –que acababa de establecer una alianza estratégica con Protego, la empresa de Pedro Aspe– para que elaborara un Análisis de alternativas de mejora en el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos. Hasta el momento se desconoce de cuánto fue el pago, pues la información se encuentra reservada por 12 años.
Posteriormente, el sobrino de Suárez Coppel, Esteban Levín, autorizó, al ser el director corporativo de Finanzas de la paraestatal, otro contrato con Protego y con la empresa Valdés Abascal y Brito Anderson, S.C., este con el fin de realizar el Análisis comparativo del impacto en Pemex y el sector hidrocarburos en general, por un monto de 3 millones 519 mil 715 dólares.
Al salir de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, Suárez Coppel fue contratado por el Grupo Modelo, que encabeza María Asunción Aramburuzabala. Ahí llevó las finanzas, formalmente hasta el mes pasado, cuando renunció para preparar su llegada a la dirección general de la paraestatal.
Regreso a la escena del crimen
Juan José Suárez Coppel también tiene en su haber una indagación realizada por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) adscritos a Pemex.
En 2005, los agentes interceptaron llamadas de teléfono fijo y de celular, así como mensajes de correo electrónico, cruzados entre el nuevo director de Pemex y Juan Marcos Issa, un asesor de los tres directores anteriores (Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo) y en ese entonces dueño del consorcio Blue Marine Technology Group, al cual pertenece Arrendadora Ocean Mexicana (AOM).
Se sospechaba –y se comprobó– que en las licitaciones ganadas por esta última empresa se habían diseñado las bases para beneficiarla, pero sobre todo que a AOM se le dio acceso a información privilegiada y que hubo simulación financiera.
A esta compañía también se le vincula con los negocios de los hijos de Marta Sahagún. En el resultado de la investigación del Cisen, dada a conocer en la edición 1615 de Proceso en octubre de 2007 y detallada en el libro Los hijos de Marta, historias de impunidad por esta reportera, se señala a Suárez Coppel como “líder de la organización interna” y a Juan Marcos Issa como “líder de la organización, pues él decide las acciones a seguir”.
En esas conclusiones, de más de 100 páginas, se establece que Suárez Coppel “presume que su presencia en PMX obedece al secretario de Hacienda” (Gil Díaz) y se transcribe uno de sus comentarios: “Directores vienen y van, pero a mí me puso Paco”. También se destaca que su función en esta “red criminal” –como la llaman los agentes– es diseñar “esquemas financieros para ocultar activos”.
Más allá de esos contratos de asesoría entregados a exfuncionarios salinistas, las licitaciones a modo o la colocación de bonos con pérdidas para Pemex, la oposición critica a Juan José Suárez Coppel porque durante su paso por Pemex en el sexenio pasado “la quebró”.
En entrevista, el senador Francisco Labastida Ochoa explica que Suárez Coppel “fue copartícipe del diseño de la Ley Federal de Derechos, capítulo 12, que tronó financieramente a Pemex”.
“Le impusieron un régimen fiscal que obligaba a Pemex a producir 3.5 millones de barriles diarios, y si no los producía, sobre el faltante de lo no producido le cobraba 75% del valor de lo no producido. No hay régimen fiscal más absurdo e irracional que ese, él (Suárez Coppel) era el (director corporativo) de Finanzas de Pemex y Gil el secretario de Hacienda. Él tuvo qué ver con la construcción y diseño del régimen.”
Agrega que también sufrieron daño los yacimientos de Cantarell, pues es bien sabido que un rápido aumento en la producción petrolera provoca luego una caída, y por eso Cantarell está en malas condiciones. Para Labastida Ochoa, al “quebrar” a Pemex se afectó el crecimiento de México y también es una de las causas de la crisis actual: “En la medida en que se dañe la producción petrolera, no vamos a tener energía; y en la medida en que se caiga la producción petrolera, se afectan los ingresos. A eso se debe el paquete fiscal que hoy nos están enviando”.
De hecho, en 2007 fue necesario modificar ese régimen fiscal impuesto a Pemex.
Labastida explica que la paraestatal “debe hoy, por cada peso de capital, más de 230 pesos de deuda”, lo que representa un retroceso. Y si se toma en cuenta que Suárez Coppel “tiene especialidad financiera y no petrolera, mandarlo a Pemex es una mala señal”, insiste. ¿Cuál es el riesgo? “No puedo asegurar que desean la privatización pero puedo suponer que hay intenciones”, señala.
Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.
El lunes 7, Felipe Calderón le devolvió el control financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Francisco Gil Díaz, al nombrar como nuevo director de la paraestatal a Juan José Suárez Coppel, quien ha servido tanto a los intereses del exsecretario de Hacienda como a los del empresarios Roberto Hernández –presidente del consejo de administración de Banamex– y Juan Marcos Issa, a quien se vinculó con los negocios de los hijos de Marta Sahagún el sexenio pasado.
El jueves 10, tres días después del anuncio presidencial, desde la tribuna del Senado de la República el legislador del PT Ricardo Monreal consideró que el nombramiento “más bien pareciera ser un pago de facturas. Sigue siendo el señor Calderón rehén de estos intereses nefastos y oscuros que al país lo tienen postrado y sometido”.
El mismo jueves, el legislador perredista Graco Ramírez exclamó desde la tribuna: “¡Este zar peligroso que es Francisco Gil Díaz, ahora empleado de Roberto Hernández, convertido en director de Pemex!” (a través de su allegado). Luego señaló que Juan José Suárez Coppel, como director corporativo de Finanzas de Pemex en el sexenio pasado, fue acusado de haber causado “un gravísimo daño patrimonial”.
Monreal y Ramírez expresaron lo que no se atrevieron a decir en esa tribuna los senadores del PAN.
“Antes, los priistas se servían de Pemex, pero como se dice coloquialmente, repartían para todos, incluyendo a la sociedad. Ahora, con lo que ha hecho Calderón, las ganancias irán directo a un grupo económico, encabezado por Francisco Gil Díaz y Roberto Hernández, para quienes trabaja Suárez Coppel”, comenta “en corto” un senador panista, tras advertir que jamás lo declarará directamente “pues el presidente Calderón es de nuestro partido”.
La tarde del lunes 7, cuando Felipe Calderón anunció el nombramiento de Suárez Coppel como sustituto de Jesús Reyes Heroles, mencionó que “conoce bien las fortalezas y debilidades de Petróleos Mexicanos”. En efecto, durante cinco años el funcionario hurgó las entrañas financieras de Pemex, ya que de 2001 a octubre de 2006 fungió como su director corporativo de Finanzas.
Su llegada a la empresa más importante del país no fue casual. Se debió a que desde entonces era operador de Francisco Gil Díaz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Desde que fue nombrado en ese alto cargo, el sinaloense Gil Díaz designó a Suárez Coppel como su jefe de asesores. En 2001, el entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, le pidió “un enlace con Hacienda” y entonces Suárez Coppel ocupó la Dirección Corporativa de Finanzas en la paraestatal.
Un funcionario del gobierno foxista, avezado en el área económica y financiera y que conoció de cerca a Gil Díaz y Suárez Coppel, relata que a partir de ese momento éste tomó posesión de los dineros de la paraestatal y todo lo discutía directamente con el entonces subsecretario de Hacienda, Alonso García Tamez, “sin tomar nunca en consideración el parecer de Muñoz Leos”.
En esa época seguían vigentes las investigaciones por el Pemexgate, como se conoció al desvío de mil 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, a través del sindicato petrolero. Vicente Fox determinó desactivar el caso y para ello recurrió a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, a cuyos miembros les ordenó declarar la improcedencia del desafuero contra los dirigentes sindicales y entonces diputados federales Ricardo Aldana y Carlos Romero Deschamps. Por otro lado, según el exfuncionario mencionado, Fox ordenó “cancelar las pruebas inculpatorias desde Pemex”.
Para ello, Juan José Suárez Coppel ideó la creación de un convenio administrativo mediante el cual la paraestatal emitió un pagaré por los mil 500 millones de pesos, que el sindicato hubo de firmar. El documento se libró con cargo a las cuotas sindicales, pero al estar estos recursos fuera del presupuesto autorizado para la empresa petrolera, Suárez Coppel consideró que se podían entregar como pago de gastos hospitalarios y de uniformes, entre otros rubros, narra la fuente.
“Con esa maniobra, la averiguación previa que se abrió en la Procuraduría General de la República en contra de los líderes sindicales se cayó, pues el daño patrimonial ya estaba siendo resarcido. Con esta maniobra, Suárez Coppel utilizó a Raúl Muñoz Leos, quien después fue acusado por la Secretaría de la Función Pública de haber causado un quebranto a Pemex, pues dicho convenio no fue autorizado por el Consejo de Administración”, continúa el exfuncionario.
Ya firmado el convenio, se ventiló en los medios de comunicación que Muñoz Leos pagó con dinero de la paraestatal 142 mil pesos por dos cirugías que se le hicieron a su esposa. Fue removido del cargo y en su lugar llegó Luis Ramírez Corzo. Con éste, Francisco Gil Díaz acordó darle todo el apoyo a cambio de que mantuviera a Suárez Coppel en la Dirección Corporativa de Finanzas.
El interés de Gil Díaz viene de años atrás; al morir su padre, lo acogieron dos familias sinaloenses: los Patrón Arregui y los Coppel. El exsecretario de Hacienda nunca olvidó ese respaldo. Incluso, Juan José Suárez Coppel llamaba a Gil “tío Paco” antes de llegar como asesor a la SHCP. El vínculo sigue vigente, y Gil Díaz visita semanalmente a la madre del nuevo director de Pemex.
La camarilla
Como director financiero de Pemex, Suárez Coppel ayudó a rehabilitar a la empresa Global Drilling como proveedora de la paraestatal. Su primo Alfredo Coppel se ubicó al frente de la compañía, y el Grupo Mazatlán, encabezado por la familia Coppel, le inyectó capital.
De esa manera, esa empresa que ya había incurrido en incumplimiento de contratos y por lo tanto no calificaba para participar en las licitaciones, pudo recibir recursos y procurarse nuevos contratos de Pemex. Apenas en 2008 recibió un contrato por 208 millones de pesos.
Pero Suárez Coppel ya le había asestado otro golpe a la empresa petrolera del Estado. En agosto de 2003, en acuerdo con Gil Díaz, decidió colocar en la bolsa de valores de Luxemburgo 4.5% de las acciones de la trasnacional Repsol que pertenecían a Pemex. Además, decidió crear un vehículo financiero para que en aquel principado se emitiera un bono por mil 373.738 millones de dólares, intercambiable en acciones de Repsol.
Como fue una operación realizada en un paraíso fiscal, Pemex nunca rindió cuentas sobre quién adquirió los bonos, quién fue el intermediario ni cuánto se pagó por comisión. Lo que sí se conoció fue un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, que al fiscalizar lo poco que le dejó ver la paraestatal, detectó que la operación generó una pérdida de 655 millones de dólares (Proceso 1677). La pésima maniobra implicó el riesgo de que Pemex perdiera su asiento en el consejo de administración de Repsol.
Ante los señalamientos de daño patrimonial, otro pariente de Suárez Coppel fue enviado a dar marcha atrás: se trata de Esteban Levín Basels, sobrino en segundo grado de Suárez Coppel e hijo del priista Oscar Levín Coppel, quien asumió el cargo de director corporativo de Finanzas de Pemex al principio del gobierno de Felipe Calderón.
En septiembre de 2008, Esteban Levín recompró las acciones vendidas y la paraestatal recuperó su derecho a voto en el consejo de Repsol, según informó Pemex mediante un boletín de prensa, aunque nunca mencionó el monto que perdió en aquella aventura.
Pero sobre todo, en los ámbitos político y financiero, los intereses de la dupla Suárez Coppel-Gil Díaz están alineados con los de Carlos Salinas de Gortari. Ambos autorizaron que personas allegadas al expresidente, como Pedro Aspe (quien fue su secretario de Hacienda) y Rubén Valdés Abascal (director jurídico de la Presidencia con Salinas) cobraran millonarias sumas en Pemex por concepto de asesorías.
Por ejemplo, el 11 de octubre de 2002 Suárez Coppel contrató a Pace Global Energy Services LLC –que acababa de establecer una alianza estratégica con Protego, la empresa de Pedro Aspe– para que elaborara un Análisis de alternativas de mejora en el gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos. Hasta el momento se desconoce de cuánto fue el pago, pues la información se encuentra reservada por 12 años.
Posteriormente, el sobrino de Suárez Coppel, Esteban Levín, autorizó, al ser el director corporativo de Finanzas de la paraestatal, otro contrato con Protego y con la empresa Valdés Abascal y Brito Anderson, S.C., este con el fin de realizar el Análisis comparativo del impacto en Pemex y el sector hidrocarburos en general, por un monto de 3 millones 519 mil 715 dólares.
Al salir de la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, Suárez Coppel fue contratado por el Grupo Modelo, que encabeza María Asunción Aramburuzabala. Ahí llevó las finanzas, formalmente hasta el mes pasado, cuando renunció para preparar su llegada a la dirección general de la paraestatal.
Regreso a la escena del crimen
Juan José Suárez Coppel también tiene en su haber una indagación realizada por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) adscritos a Pemex.
En 2005, los agentes interceptaron llamadas de teléfono fijo y de celular, así como mensajes de correo electrónico, cruzados entre el nuevo director de Pemex y Juan Marcos Issa, un asesor de los tres directores anteriores (Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo) y en ese entonces dueño del consorcio Blue Marine Technology Group, al cual pertenece Arrendadora Ocean Mexicana (AOM).
Se sospechaba –y se comprobó– que en las licitaciones ganadas por esta última empresa se habían diseñado las bases para beneficiarla, pero sobre todo que a AOM se le dio acceso a información privilegiada y que hubo simulación financiera.
A esta compañía también se le vincula con los negocios de los hijos de Marta Sahagún. En el resultado de la investigación del Cisen, dada a conocer en la edición 1615 de Proceso en octubre de 2007 y detallada en el libro Los hijos de Marta, historias de impunidad por esta reportera, se señala a Suárez Coppel como “líder de la organización interna” y a Juan Marcos Issa como “líder de la organización, pues él decide las acciones a seguir”.
En esas conclusiones, de más de 100 páginas, se establece que Suárez Coppel “presume que su presencia en PMX obedece al secretario de Hacienda” (Gil Díaz) y se transcribe uno de sus comentarios: “Directores vienen y van, pero a mí me puso Paco”. También se destaca que su función en esta “red criminal” –como la llaman los agentes– es diseñar “esquemas financieros para ocultar activos”.
Más allá de esos contratos de asesoría entregados a exfuncionarios salinistas, las licitaciones a modo o la colocación de bonos con pérdidas para Pemex, la oposición critica a Juan José Suárez Coppel porque durante su paso por Pemex en el sexenio pasado “la quebró”.
En entrevista, el senador Francisco Labastida Ochoa explica que Suárez Coppel “fue copartícipe del diseño de la Ley Federal de Derechos, capítulo 12, que tronó financieramente a Pemex”.
“Le impusieron un régimen fiscal que obligaba a Pemex a producir 3.5 millones de barriles diarios, y si no los producía, sobre el faltante de lo no producido le cobraba 75% del valor de lo no producido. No hay régimen fiscal más absurdo e irracional que ese, él (Suárez Coppel) era el (director corporativo) de Finanzas de Pemex y Gil el secretario de Hacienda. Él tuvo qué ver con la construcción y diseño del régimen.”
Agrega que también sufrieron daño los yacimientos de Cantarell, pues es bien sabido que un rápido aumento en la producción petrolera provoca luego una caída, y por eso Cantarell está en malas condiciones. Para Labastida Ochoa, al “quebrar” a Pemex se afectó el crecimiento de México y también es una de las causas de la crisis actual: “En la medida en que se dañe la producción petrolera, no vamos a tener energía; y en la medida en que se caiga la producción petrolera, se afectan los ingresos. A eso se debe el paquete fiscal que hoy nos están enviando”.
De hecho, en 2007 fue necesario modificar ese régimen fiscal impuesto a Pemex.
Labastida explica que la paraestatal “debe hoy, por cada peso de capital, más de 230 pesos de deuda”, lo que representa un retroceso. Y si se toma en cuenta que Suárez Coppel “tiene especialidad financiera y no petrolera, mandarlo a Pemex es una mala señal”, insiste. ¿Cuál es el riesgo? “No puedo asegurar que desean la privatización pero puedo suponer que hay intenciones”, señala.
Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.
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