¿Otra reforma electoral?

Alberto Aziz Nassif El Universal Martes 15 de septiembre de 2009

Mientras se decide qué pasará con el escenario económico, los impuestos y el presupuesto, también se ha empezado a discutir la posibilidad de tener otra reforma político-electoral. La necesidad es real porque, a pesar de tener tantas reformas, los huecos no terminan. El problema es el siguiente: una regla del sistema es que la clase política sólo modifica las reglas cuando existe un grave conflicto. Todas las reformas electorales importantes han sido antecedidas por una elección conflictiva o por un contexto político adverso. En esta ocasión las elecciones intermedias de 2009 no presentaron un problema grave; sin embargo, faltan piezas importantes que directamente afectan lo electoral y pueden llevar al país a una sucesión presidencial complicada, pero no sería la primera vez. Una parte fundamental de los cambios necesarios se encuentra en las piezas que le faltan al modelo de comunicación, y otra está en la necesidad de regular a la clase política y a las mismas televisoras, que ya encontraron la ruta fácil para hacer fraude a la ley. Algunas de las reformas que se necesitan son: 1. Nueva ley de medios que pueda abrir a la competencia el espectro radioeléctrico, establezca las condiciones de una oferta plural de medios, siga los cambios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de medios, rompa el dominio monopólico de las dos grandes cadenas de televisión comercial y construya el espacio regulador del Estado a través de un órgano autónomo constitucional para el establecimiento de concesiones. Este es, sin duda, uno de los retos más importantes del reciente decálogo que presentó Felipe Calderón en su punto sexto. 2. Completar la ley secundaria del artículo 134 de la Constitución, que tiene una grave trampa en el Cofipe, porque como en cualquier sistema punitivo que establecen los sujetos obligados, las conductas sancionables y las penalidades; en este caso todos los sujetos tienen penas (candidatos, partidos, asociaciones, medios), menos los servidores públicos, que no tienen penalidad. Así tenemos a un sujeto con conductas a sancionar, pero sin penalidad que aplicarle. De la misma forma, se necesita legislar sobre el derecho de réplica, porque hasta el momento sólo es un enunciado de nuestra Constitución, pero no tiene consecuencias y no se aplica porque falta la normatividad que lo regule. 3. La falta de una nueva ley de medios y la reglamentación del artículo 134 han provocado una de las trampas más importantes a la legalidad: los famosos paquetes de publicidad integrada o producto integrado, como la vía que han encontrado algunos políticos y las televisoras para la compraventa de tiempos. Este factor se ha vuelto un pesado lastre que golpea el corazón de la reforma electoral, lastima severamente el principio de equidad y da a la televisión comercial un mecanismo para vender productos engañosos. Gacetillas electrónicas, infomerciales y entrevistas que se venden como noticias, cuando en realidad sólo son propaganda disfrazada. El caso de Peña Nieto lo muestra ampliamente. 4. La aplicación del modelo de comunicación requiere una remodelación: a) Se necesita ir a un esquema mixto de propaganda que pueda combinar la propaganda de spots con espacios suficientes para el debate, porque la pura spotización es desgastante, inútil y no contribuye al debate ni a la calidad de la competencia. b) También urge elevar las penalidades para que las televisoras no incumplan sistemáticamente la ley en materia de tiempos del Estado en los procesos electorales. Hoy la máxima penalidad es de 20 millones, y se aplica por conductas violatorias de la legalidad ya sea por un spot, por 50 o por 5 mil; se debe establecer la posibilidad de individualizar las faltas y elevar las multas porque hasta la fecha a las televisaros les sale más barato violentar la ley que pagar la multa. Hay una completa desproporción entre impactos, audiencias, número de violaciones y montos por la falta. c) Al mismo tiempo, hay que hacer que en materia de sujetos sancionables (las televisoras) todos los días sean hábiles y así evitar las prórrogas de fin semana y la imposibilidad de hacer las notificaciones. 5. El tribunal. Hay una renuncia del actual Tribunal Electoral a ejercer sus capacidades jurisdiccionales. Al parecer se le dificulta resolver, emitir resolutivos y prefiere regresar los expedientes, lo cual resulta, como lo señaló el Comité Conciudadano para la Observación Electoral, oneroso e ineficiente, además de que vulnera el principio de una justicia pronta y expedita. Además, el tribunal debe tener plazos acotados como los del IFE para resolver los procedimientos especiales sancionadores. 6. Urge que los partidos tengan responsabilidad, una rendición de cuentas amplia y se acote su financiamiento. El nivel de responsabilidad de los partidos es muy bajo y su financiamiento sigue siendo muy alto. Los partidos necesitan una ley en la se establezcan sus responsabilidades, mecanismos de rendición de cuentas como sujetos obligados y requerimientos mínimos de responsabilidad a los que están obligados. La fórmula de financiamiento es muy onerosa; el gasto ordinario es excesivamente alto. Una reforma importante necesita una coalición política entre los tres grandes partidos. ¿Existe hoy esa coalición? No se ve. Investigador del CIESAS