Jacinta: justicia extraviada

Después de tres años y un mes de injusto encarcelamiento, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial fue liberada la madrugada de ayer, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció, a principios de este mes, que presentaría conclusiones no acusatorias” en su contra. Para poner el hecho en contexto, cabe recordar que Francisco Marcial y otras dos indígenas otomíes, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron detenidas y encarceladas en agosto de 2006, y posteriormente sentenciadas a 21 años de prisión, como consecuencia de una acusación absurda e inverosímil: haber secuestrado a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en el contexto de una protesta en el pueblo de Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro.

La excarcelación que se comenta es sin duda un hecho positivo y saludable por cuanto implica la rectificación de una profunda injusticia: a las irregularidades que prevalecieron en el momento de su detención –fue capturada por medio de engaños y trasladada a la ciudad de Querétaro en un vehículo no oficial, en una circunstancia que bien podría ser equiparada al secuestro– deben sumarse las violaciones procesales que sufrió posteriormente, como la falta de un traductor durante sus declaraciones ministeriales y las constantes contradicciones en que incurrieron los agentes supuestamente secuestrados. Por añadidura, la principal prueba empleada en contra de Jacinta fue una fotografía publicada en la portada de un diario local, en la que la indígena aparece detrás de los participantes de la protesta referida, y cuyo autor aseguró no haber visto nada parecido a un secuestro, mientras que otros supuestos testimonios inculpatorios fueron obtenidos “de oídas” y por medio de “falsos testigos”, según indicó en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo demás, la tardanza con que se produjo la liberación de la indígena otomí pone en evidencia el exasperante extravío de los aparatos de procuración e impartición de justicia en el país, en los que el abuso del poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las leyes, la impunidad, la corrupción, la discriminación y la violación a las garantías individuales son parte del patrón de conducta de las instituciones supuestamente encargadas de salvaguardar el estado de derecho.

Adicionalmente, y si se toma en cuenta el hecho de que la excarcelación de Jacinta no obedeció en esencia a un espíritu de esclarecimiento y justicia por parte de la autoridad, ni a una alegada “buena fe” de la parte acusadora sino, principalmente, a la presión de organismos humanitarios nacionales e internacionales, y a la exhibición del caso en los medios de comunicación, es pertinente preguntarse cuántas personas en el país se encuentran en una situación similar sin que sus casos hayan salido a la luz pública: por no ir más lejos, la propia PGR señaló ayer, a través de un comunicado, que mantendrá vigentes las pesquisas en contra de Alberta Alcántara y Teresa González “ya que existe imputación directa y categórica en cuanto a su participación en los delitos anunciados”, como si las acusaciones en su contra no fueran tan descabelladas como las que se imputaron a Jacinta.

Finalmente, mal haría el gobierno federal en considerar que el reconocimiento de la inocencia de la indígena otomí pone punto final al episodio: antes bien, este hecho debe ser la primera de una serie de acciones orientadas a reparar el daño causado a Jacinta y sus familiares, dentro de las cuales deberán incluirse las correspondientes investigaciones en contra de los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, que integraron el proceso con marcadas irregularidades, así como de los servidores públicos del Poder Judicial que no quisieron ver el despropósito que estaban cometiendo al encarcelar a una mujer manifiestamente inocente. Es exigible, en suma, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones legales a que dé lugar este atropello, como un primer paso para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la que sufrió Jacinta Francisco Marcial durante más de tres años.