Un paquete mediático y recaudatorio
JESúS CANTú
El aterrizaje del cuarto de los puntos del decálogo que el presidente Felipe Calderón recetó al país con motivo de su tercer informe de gobierno refrenda el carácter mercadotécnico y poco (o nada) transformador de las medidas anunciadas. La prometida “reforma de las finanzas públicas”, que se concretó con la presentación del paquete económico del pasado martes 8, y el anuncio de la desaparición de tres secretarías, resultó ser más de lo mismo.
La supuesta desintegración de las tres dependencias (Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública) es un golpe mediático con muy poco impacto sobre las finanzas públicas, pues más allá de que el gasto total de esas secretarías representaba únicamente el 1.4% del gasto total programable del sector público federal, su disminución es sólo del 27%, es decir, a pesar de que las dependencias “desaparecen”, se mantiene el 73% del gasto que normalmente realizaban, por lo cual el ahorro en las finanzas públicas es de escasamente el 0.38% del presupuesto federal, una tercera parte de un punto porcentual; prácticamente nada.
De acuerdo con la información difundida por el diario Reforma en su edición del jueves 10, el presupuesto de las tres secretarías en el 2009 fue de 11 mil 920 millones de pesos, y para el 2010 se incluyen 8 mil 699 millones, es decir, una disminución de 3 mil 221 millones de pesos. Ese ahorro puede lograrse sin necesidad de desaparecer las dependencias, particularmente la de la Función Pública, que es la que menos aporta a dicha reducción (únicamente 333 millones de pesos) y que obligará a cambios importantes en la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues para efectos prácticos desaparecen los órganos de control interno de las dependencias federales, responsables de integrar el expediente y resolver los procedimientos administrativos que se fincan en contra de los servidores públicos.
Así, en realidad únicamente se fueron los titulares de las dependencias y sus equipos, pero en lo general se mantiene la burocracia y el excesivo gasto administrativo, sólo que ahora asignado a nuevas dependencias. El cambio es de adscripción y no de fondo, pero particularmente en el caso de la Función Pública este cambio ornamental obliga a modificaciones que pueden resultar todavía más costosas, pues resulta absurdo que quienes determinen las sanciones en contra de los servidores públicos dependan directamente del presidente de la república, a donde pasó la ahora contraloría general.
Y el sistema recaudatorio “que garantice finanzas públicas sólidas” es simplemente una propuesta que incluye la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, totalmente apartada de la idea de una reforma fiscal integral como la requiere el país.
En general, hay coincidencia en que el país requiere incrementar urgentemente el ingreso tributario, que hoy representa únicamente el 9.3% del Producto Interno Bruto (PIB), contra el 20% que recauda Estados Unidos; el 40%, de Francia; el 19%, de Chile, o el 15%, de Bolivia. México tiene la carga fiscal más baja en comparación con el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e, incluso, con países ajenos a este otrora denominado “club de los ricos”.
Sin embargo, también es cierto que la baja recaudación fiscal no se debe a bajas tasas impositivas, sino a la elevada evasión y elusión, es decir, el número de contribuyentes es bajo y los que pagan (desde luego, con excepción de los cautivos, fundamentalmente empleados y trabajadores asalariados) encuentran las formas legales para eludir el pago completo y pagar menos de lo que deberían. Así, la solución al problema no es elevar las tasas sino incrementar el número de contribuyentes y cerrar los vacíos legales que permiten, especialmente a los más ricos, reducir sus pagos mediante argucias legales.
Basta señalar que el padrón de contribuyentes incluye sólo a unos 18 millones de personas físicas, cuando la población económicamente activa de México es de aproximadamente 46 millones de mexicanos y mexicanas, es decir, escasamente registra al 40% de los contribuyentes potenciales. Así, como el INEGI únicamente registra 2 millones de desempleados, el total de mexicanos y mexicanas en edad de trabajar y que supuestamente realiza algún tipo de actividad productiva es de 44 millones, y de éstos el fisco no tiene ni siquiera registro de 26 millones. Son más los extraviados que los registrados.
La reforma fiscal integral debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: el incremento del padrón de contribuyentes; la simplificación del sistema impositivo, pues hoy es sumamente complejo; la inclusión del sistema impositivo como parte de la política económica y social del gobierno, es decir, debe contribuir a la promoción de las actividades productivas, al combate a la pobreza y la distribución del ingreso; y, desde luego, aumentar la recaudación tributaria. Pero la propuesta presidencial únicamente contempla esta última.
Y como último componente de esta “reforma de las finanzas públicas”, el paquete económico prevé un déficit fiscal del 0.5% del PIB, es decir, el crecimiento del endeudamiento público en esta cifra, lo cual también está muy por debajo de lo que otros países están haciendo, pues particularmente las economías desarrolladas recurren a esta variable como una vía para implementar sus políticas contracíclicas; entre esos países destaca Estados Unidos, que mantiene un déficit de casi el 10% de su PIB.
El manejo de los tres elementos de las finanzas públicas: ingresos, gastos y saldo (déficit o superávit) es inadecuado para un momento de recesión como el que vive el país. Y éste es apenas el primero de los diez puntos del decálogo presidencial.
La supuesta desintegración de las tres dependencias (Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública) es un golpe mediático con muy poco impacto sobre las finanzas públicas, pues más allá de que el gasto total de esas secretarías representaba únicamente el 1.4% del gasto total programable del sector público federal, su disminución es sólo del 27%, es decir, a pesar de que las dependencias “desaparecen”, se mantiene el 73% del gasto que normalmente realizaban, por lo cual el ahorro en las finanzas públicas es de escasamente el 0.38% del presupuesto federal, una tercera parte de un punto porcentual; prácticamente nada.
De acuerdo con la información difundida por el diario Reforma en su edición del jueves 10, el presupuesto de las tres secretarías en el 2009 fue de 11 mil 920 millones de pesos, y para el 2010 se incluyen 8 mil 699 millones, es decir, una disminución de 3 mil 221 millones de pesos. Ese ahorro puede lograrse sin necesidad de desaparecer las dependencias, particularmente la de la Función Pública, que es la que menos aporta a dicha reducción (únicamente 333 millones de pesos) y que obligará a cambios importantes en la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pues para efectos prácticos desaparecen los órganos de control interno de las dependencias federales, responsables de integrar el expediente y resolver los procedimientos administrativos que se fincan en contra de los servidores públicos.
Así, en realidad únicamente se fueron los titulares de las dependencias y sus equipos, pero en lo general se mantiene la burocracia y el excesivo gasto administrativo, sólo que ahora asignado a nuevas dependencias. El cambio es de adscripción y no de fondo, pero particularmente en el caso de la Función Pública este cambio ornamental obliga a modificaciones que pueden resultar todavía más costosas, pues resulta absurdo que quienes determinen las sanciones en contra de los servidores públicos dependan directamente del presidente de la república, a donde pasó la ahora contraloría general.
Y el sistema recaudatorio “que garantice finanzas públicas sólidas” es simplemente una propuesta que incluye la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, totalmente apartada de la idea de una reforma fiscal integral como la requiere el país.
En general, hay coincidencia en que el país requiere incrementar urgentemente el ingreso tributario, que hoy representa únicamente el 9.3% del Producto Interno Bruto (PIB), contra el 20% que recauda Estados Unidos; el 40%, de Francia; el 19%, de Chile, o el 15%, de Bolivia. México tiene la carga fiscal más baja en comparación con el resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e, incluso, con países ajenos a este otrora denominado “club de los ricos”.
Sin embargo, también es cierto que la baja recaudación fiscal no se debe a bajas tasas impositivas, sino a la elevada evasión y elusión, es decir, el número de contribuyentes es bajo y los que pagan (desde luego, con excepción de los cautivos, fundamentalmente empleados y trabajadores asalariados) encuentran las formas legales para eludir el pago completo y pagar menos de lo que deberían. Así, la solución al problema no es elevar las tasas sino incrementar el número de contribuyentes y cerrar los vacíos legales que permiten, especialmente a los más ricos, reducir sus pagos mediante argucias legales.
Basta señalar que el padrón de contribuyentes incluye sólo a unos 18 millones de personas físicas, cuando la población económicamente activa de México es de aproximadamente 46 millones de mexicanos y mexicanas, es decir, escasamente registra al 40% de los contribuyentes potenciales. Así, como el INEGI únicamente registra 2 millones de desempleados, el total de mexicanos y mexicanas en edad de trabajar y que supuestamente realiza algún tipo de actividad productiva es de 44 millones, y de éstos el fisco no tiene ni siquiera registro de 26 millones. Son más los extraviados que los registrados.
La reforma fiscal integral debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos: el incremento del padrón de contribuyentes; la simplificación del sistema impositivo, pues hoy es sumamente complejo; la inclusión del sistema impositivo como parte de la política económica y social del gobierno, es decir, debe contribuir a la promoción de las actividades productivas, al combate a la pobreza y la distribución del ingreso; y, desde luego, aumentar la recaudación tributaria. Pero la propuesta presidencial únicamente contempla esta última.
Y como último componente de esta “reforma de las finanzas públicas”, el paquete económico prevé un déficit fiscal del 0.5% del PIB, es decir, el crecimiento del endeudamiento público en esta cifra, lo cual también está muy por debajo de lo que otros países están haciendo, pues particularmente las economías desarrolladas recurren a esta variable como una vía para implementar sus políticas contracíclicas; entre esos países destaca Estados Unidos, que mantiene un déficit de casi el 10% de su PIB.
El manejo de los tres elementos de las finanzas públicas: ingresos, gastos y saldo (déficit o superávit) es inadecuado para un momento de recesión como el que vive el país. Y éste es apenas el primero de los diez puntos del decálogo presidencial.
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