A Televisa, todo
JENARO VILLAMIL
Consentida por la administración de Felipe Calderón, la empresa de Emilio Azcárraga Jean está a punto de obtener el refrendo de la concesión del Canal 46, bajo control de Cablevisión, pese a casi nueve años de incumplimiento de todos los compromisos y condiciones que le impuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy distinta es la actitud de la dependencia, por ejemplo, con Multivisión e Iusacell…
Privilegiada sexenalmente con refrendos de concesiones para mantener su dominio en televisión abierta, con permisos para operar casas de apuestas y con autorizaciones para ofrecer servicios de triple play, Televisa ha logrado saltar una barrera más: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) refrendará el uso del Canal 46 a Cablevisión, empresa filial del consorcio, a pesar de que se haya vencido el plazo para solicitar la renovación de esta señal restringida y la empresa no haya cumplido con ninguno de los requisitos que se le impusieron en febrero de 2008 para operar esta frecuencia de la banda UHF (televisión de alta definición).
La historia de privilegios en torno a Canal 46 contrasta con la política sostenida por la SCT para recuperar el “espectro no utilizado”; para posponerle el refrendo a otras empresas, como Multivisión; para negarle esta misma señal al Gobierno del Distrito Federal, que la solicitó a principios de 2007, y, de paso, contradecir el reciente compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de “impulsar una reforma al sector de telecomunicaciones”.
El 17 de noviembre de 2000, a escasos 13 días de concluir con su administración, el presidente Ernesto Zedillo le otorgó la concesión de la banda 662-668 Mhz (Canal 46) a Cablevisión “para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado”.
Sin embargo, el título de concesión se oficializó hasta el 10 de marzo de 2006, meses antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox, en medio del debate sobre la Ley Televisa.
De acuerdo con el título 4 de la concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, Cablevisión “deberá realizar las inversiones necesarias a fin de que en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de firma de la presente concesión, pueda prestar el servicio de televisión restringida en la totalidad de su zona de cobertura (Distrito Federal y su zona metropolitana), con las especificaciones técnicas señaladas en la condición 2 del presente título”.
La concesión por 10 años fue firmada por Leonel López Celaya, a nombre de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la SCT.
Los 180 días de plazo se vencieron y Cablevisión no cumplió con lo estipulado en el título de concesión, y debió revocarse, como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión.
Televisa incumplió también con otras obligaciones establecidas en la fracción IV del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Un expediente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, obtenido por Proceso, señala que Cablevisión debió presentar su solicitud de renovación “antes de que inicie la última quinta parte de su vigencia”. Esto tampoco ocurrió.
En enero de 2008, el especialista Gabriel Sosa Plata declaró a Proceso que el Canal 46 no había sido utilizado y que su reserva “significa un dispendio de frecuencias”, además de que el Estado pierde el pago de una participación equivalente al 9 por ciento de los recursos que se generen.
A pesar de estas irregularidades, el 13 de febrero de 2008, el pleno de los cinco comisionados de la Cofetel emitió una opinión favorable para que la SCT le autorizara a Cablevisión la realización de “pruebas experimentales con las tecnologías DVB-H, Media FLO y DMB, utilizando la frecuencia del canal 46 de UHF”.
La Cofetel le impuso cinco condiciones a Cablevisión para utilizar el canal 46 como señal:
“a) Las pruebas experimentales deberán ser por un tiempo determinado, no podrán exceder de dos años;
“b) garantizar que tanto la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones que actualmente tiene concesionados no se vean afectados;
“c) no podrán aprovechar o explotar comercialmente por sí o a través de terceros, los servicios experimentales, y
“d) deberá presentar un reporte completo de las pruebas realizadas, así como de los resultados obtenidos, al término de las pruebas experimentales.”
Fuentes de la Cofetel consultadas por el reportero señalan que Cablevisión tampoco cumplió con ninguno de estos cinco requisitos ni invirtió recursos ni impulsó nuevas tecnologías. A pesar de eso, solicitó la renovación.
Doble rasero
La postura de las autoridades de la SCT ante el incumplimiento de Cablevisión en Canal 46 contrasta con la actitud observada en la mayoría de las 146 prórrogas pendientes en materia de telecomunicaciones, de las cuales 50 ya estaban vencidas desde antes de 2009 y 86 están a punto de vencer, según informó el propio secretario Juan Molinar Horcasitas.
El 23 de agosto pasado, Molinar Horcasitas y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández, anunciaron la prórroga de sólo siete concesiones de telecomunicaciones y las modificaciones a dos títulos de concesión. La principal beneficiaria fueron la empresa Nextel, que podrá ofrecer servicios de telefonía celular, y el corporativo español Telefónica, dirigido por Francisco Gil Díaz, que podrá ofrecer servicios adicionales de radiolocalización por automóvil.
Algo le tocó a la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego: le prorrogaron 25 Mhz de los servicios de concesión de telefonía móvil en la región 9 (Distrito Federal y zona metropolitana), que habían vencido desde abril de 2007, pero no le renovó la concesión de la banda de 400 Mhz que explotaba la misma compañía.
El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, declaró el 31 de agosto pasado que la decisión de la SCT no es definitiva, ya que Iusacell cuenta con un fallo favorable del Séptimo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.
La subsecretaria Gabriela Hernández sostuvo el 23 de agosto que la negativa de prorrogarle a Iusacell parte de la concesión corresponde al “programa de recuperación del espectro”, y recordó que ninguno de los concesionarios es dueño de ese espacio.
“El espectro se concesiona para que se use, y si no es así, el concesionario no debe tener usufructo del mismo, por lo que deberá regresar al Estado”, afirmó Hernández.
El mismo criterio ha utilizado la SCT ante Multivisión para negarle el refrendo de ocho concesiones destinadas a establecer una red nacional inalámbrica con el sistema Wimax. Según Ernesto Vargas, jefe de MVS Telecomunicaciones, entre 500 y 700 millones de dólares en inversiones se encuentran paralizados.
En entrevista con la agencia Reuters, el 20 de agosto, Vargas afirmó que espera que a finales de este año se resuelva la disputa entre MVS y la SCT sobre los refrendos pendientes. “Nuestra intención es que el gobierno nos defina nuestras frecuencias para poder traer una red nacional de broadband (internet de alta velocidad) inalámbrica, lo que llaman ahora el cuádruple play: voz, video, datos y móviles”.
Una situación todavía más delicada es la pretensión de la SCT de cobrar por el refrendo de concesiones de radio que se vencieron antes de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa.
La guerra de los consorcios
El trato preferencial de la SCT a Televisa ha agudizado la tensión entre las grandes compañías de medios electrónicos y de telecomunicaciones.
Según varios especialistas consultados, existe una creciente disputa entre Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas de televisión abierta, agudizada a raíz de que la segunda no cuenta con concesiones de televisión restringida y decidió irse por la libre y ofrecer el servicio de HiTV, es decir, un paquete de señales de televisión de paga, a través de una caja decodificadora que se vende en las tiendas Elektra, propiedad también de Salinas Pliego.
En el marco del enfrentamiento creciente entre las empresas cableras cercanas a Televisa (Cablevisión, Cablemás y TVI), y la alianza comercial entre MVS-Telmex, la maniobra de HiTV fue bien vista por Televisa porque competía también con el nuevo paquete ofrecido por Dish, la nueva compañía de Multivisión, y podía frenar el ingreso de Telmex, el gigante telefónico de Carlos Slim, a los servicios de video.
Televisa y TV Azteca endurecieron sus posturas a partir de que ésta última contrató a Máximo Corrado, exdirector general de IBOPE, empresa medidora de ratings, en febrero de 2009. En respuesta, el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero, anunció en julio de este año el rompimiento del consorcio con IBOPE. Debido a la “gran cantidad de secretos industriales que posee” Corrado, su incorporación a la empresa de Salinas Pliego “genera serias dudas sobre la objetividad en la medición de audiencias”, argumentó Quintero.
El último capítulo de esta confrontación aún no se ha escrito. El presidente Felipe Calderón anunció en su tercer informe de gobierno que una de sus seis prioridades para 2010 será “una reforma al sector de telecomunicaciones”.
No es la primera vez que Calderón hace esta promesa, pero también elude el compromiso de abrir una tercera o cuarta cadena de televisión abierta. Cerrarle el paso a esta posibilidad es lo único que, por ahora, mantiene unidos los intereses de Televisa y TV Azteca.
Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.
Privilegiada sexenalmente con refrendos de concesiones para mantener su dominio en televisión abierta, con permisos para operar casas de apuestas y con autorizaciones para ofrecer servicios de triple play, Televisa ha logrado saltar una barrera más: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) refrendará el uso del Canal 46 a Cablevisión, empresa filial del consorcio, a pesar de que se haya vencido el plazo para solicitar la renovación de esta señal restringida y la empresa no haya cumplido con ninguno de los requisitos que se le impusieron en febrero de 2008 para operar esta frecuencia de la banda UHF (televisión de alta definición).
La historia de privilegios en torno a Canal 46 contrasta con la política sostenida por la SCT para recuperar el “espectro no utilizado”; para posponerle el refrendo a otras empresas, como Multivisión; para negarle esta misma señal al Gobierno del Distrito Federal, que la solicitó a principios de 2007, y, de paso, contradecir el reciente compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de “impulsar una reforma al sector de telecomunicaciones”.
El 17 de noviembre de 2000, a escasos 13 días de concluir con su administración, el presidente Ernesto Zedillo le otorgó la concesión de la banda 662-668 Mhz (Canal 46) a Cablevisión “para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado”.
Sin embargo, el título de concesión se oficializó hasta el 10 de marzo de 2006, meses antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox, en medio del debate sobre la Ley Televisa.
De acuerdo con el título 4 de la concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, Cablevisión “deberá realizar las inversiones necesarias a fin de que en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de firma de la presente concesión, pueda prestar el servicio de televisión restringida en la totalidad de su zona de cobertura (Distrito Federal y su zona metropolitana), con las especificaciones técnicas señaladas en la condición 2 del presente título”.
La concesión por 10 años fue firmada por Leonel López Celaya, a nombre de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la SCT.
Los 180 días de plazo se vencieron y Cablevisión no cumplió con lo estipulado en el título de concesión, y debió revocarse, como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión.
Televisa incumplió también con otras obligaciones establecidas en la fracción IV del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Un expediente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, obtenido por Proceso, señala que Cablevisión debió presentar su solicitud de renovación “antes de que inicie la última quinta parte de su vigencia”. Esto tampoco ocurrió.
En enero de 2008, el especialista Gabriel Sosa Plata declaró a Proceso que el Canal 46 no había sido utilizado y que su reserva “significa un dispendio de frecuencias”, además de que el Estado pierde el pago de una participación equivalente al 9 por ciento de los recursos que se generen.
A pesar de estas irregularidades, el 13 de febrero de 2008, el pleno de los cinco comisionados de la Cofetel emitió una opinión favorable para que la SCT le autorizara a Cablevisión la realización de “pruebas experimentales con las tecnologías DVB-H, Media FLO y DMB, utilizando la frecuencia del canal 46 de UHF”.
La Cofetel le impuso cinco condiciones a Cablevisión para utilizar el canal 46 como señal:
“a) Las pruebas experimentales deberán ser por un tiempo determinado, no podrán exceder de dos años;
“b) garantizar que tanto la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones que actualmente tiene concesionados no se vean afectados;
“c) no podrán aprovechar o explotar comercialmente por sí o a través de terceros, los servicios experimentales, y
“d) deberá presentar un reporte completo de las pruebas realizadas, así como de los resultados obtenidos, al término de las pruebas experimentales.”
Fuentes de la Cofetel consultadas por el reportero señalan que Cablevisión tampoco cumplió con ninguno de estos cinco requisitos ni invirtió recursos ni impulsó nuevas tecnologías. A pesar de eso, solicitó la renovación.
Doble rasero
La postura de las autoridades de la SCT ante el incumplimiento de Cablevisión en Canal 46 contrasta con la actitud observada en la mayoría de las 146 prórrogas pendientes en materia de telecomunicaciones, de las cuales 50 ya estaban vencidas desde antes de 2009 y 86 están a punto de vencer, según informó el propio secretario Juan Molinar Horcasitas.
El 23 de agosto pasado, Molinar Horcasitas y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández, anunciaron la prórroga de sólo siete concesiones de telecomunicaciones y las modificaciones a dos títulos de concesión. La principal beneficiaria fueron la empresa Nextel, que podrá ofrecer servicios de telefonía celular, y el corporativo español Telefónica, dirigido por Francisco Gil Díaz, que podrá ofrecer servicios adicionales de radiolocalización por automóvil.
Algo le tocó a la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego: le prorrogaron 25 Mhz de los servicios de concesión de telefonía móvil en la región 9 (Distrito Federal y zona metropolitana), que habían vencido desde abril de 2007, pero no le renovó la concesión de la banda de 400 Mhz que explotaba la misma compañía.
El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, declaró el 31 de agosto pasado que la decisión de la SCT no es definitiva, ya que Iusacell cuenta con un fallo favorable del Séptimo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.
La subsecretaria Gabriela Hernández sostuvo el 23 de agosto que la negativa de prorrogarle a Iusacell parte de la concesión corresponde al “programa de recuperación del espectro”, y recordó que ninguno de los concesionarios es dueño de ese espacio.
“El espectro se concesiona para que se use, y si no es así, el concesionario no debe tener usufructo del mismo, por lo que deberá regresar al Estado”, afirmó Hernández.
El mismo criterio ha utilizado la SCT ante Multivisión para negarle el refrendo de ocho concesiones destinadas a establecer una red nacional inalámbrica con el sistema Wimax. Según Ernesto Vargas, jefe de MVS Telecomunicaciones, entre 500 y 700 millones de dólares en inversiones se encuentran paralizados.
En entrevista con la agencia Reuters, el 20 de agosto, Vargas afirmó que espera que a finales de este año se resuelva la disputa entre MVS y la SCT sobre los refrendos pendientes. “Nuestra intención es que el gobierno nos defina nuestras frecuencias para poder traer una red nacional de broadband (internet de alta velocidad) inalámbrica, lo que llaman ahora el cuádruple play: voz, video, datos y móviles”.
Una situación todavía más delicada es la pretensión de la SCT de cobrar por el refrendo de concesiones de radio que se vencieron antes de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa.
La guerra de los consorcios
El trato preferencial de la SCT a Televisa ha agudizado la tensión entre las grandes compañías de medios electrónicos y de telecomunicaciones.
Según varios especialistas consultados, existe una creciente disputa entre Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas de televisión abierta, agudizada a raíz de que la segunda no cuenta con concesiones de televisión restringida y decidió irse por la libre y ofrecer el servicio de HiTV, es decir, un paquete de señales de televisión de paga, a través de una caja decodificadora que se vende en las tiendas Elektra, propiedad también de Salinas Pliego.
En el marco del enfrentamiento creciente entre las empresas cableras cercanas a Televisa (Cablevisión, Cablemás y TVI), y la alianza comercial entre MVS-Telmex, la maniobra de HiTV fue bien vista por Televisa porque competía también con el nuevo paquete ofrecido por Dish, la nueva compañía de Multivisión, y podía frenar el ingreso de Telmex, el gigante telefónico de Carlos Slim, a los servicios de video.
Televisa y TV Azteca endurecieron sus posturas a partir de que ésta última contrató a Máximo Corrado, exdirector general de IBOPE, empresa medidora de ratings, en febrero de 2009. En respuesta, el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero, anunció en julio de este año el rompimiento del consorcio con IBOPE. Debido a la “gran cantidad de secretos industriales que posee” Corrado, su incorporación a la empresa de Salinas Pliego “genera serias dudas sobre la objetividad en la medición de audiencias”, argumentó Quintero.
El último capítulo de esta confrontación aún no se ha escrito. El presidente Felipe Calderón anunció en su tercer informe de gobierno que una de sus seis prioridades para 2010 será “una reforma al sector de telecomunicaciones”.
No es la primera vez que Calderón hace esta promesa, pero también elude el compromiso de abrir una tercera o cuarta cadena de televisión abierta. Cerrarle el paso a esta posibilidad es lo único que, por ahora, mantiene unidos los intereses de Televisa y TV Azteca.
Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.
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