Por un lado aboga por connacionales en EU; por otro, criminaliza aquí a extranjeros, señalan

La política migratoria mexicana, esquizofrénica y limitada, acusan

La ONG Sin Fronteras presenta informe sobre deficiencias detectadas en estaciones del INM

Deplora Emilio Álvarez Icaza la falta de interés oficial por el respeto a los derechos humanos

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Sábado 19 de diciembre de 2009, p. 3

La política mexicana hacia los migrantes es limitada y esquizofrénica, pues mientras por un lado aboga por los derechos de los connacionales en Estados Unidos, por otro criminaliza y discrimina a los extranjeros y solicitantes de asilo, a quienes las autoridades aseguran supuestamente para cuidar su integridad, pero en realidad violan sus derechos humanos, advierte el informe Situación de los derechos humanos de los migrantes en México, elaborado por la organización Sin Fronteras.

Junto con un grupo de madres de migrantes desaparecidos cuando intentaban llegar a Estados Unidos, la señora Emeteria Martínez, de 70 años, visitó la vieja estación ferroviaria ubicada en Lechería, estado de México. Informó que desde 1998 desconocía el paradero de su hija Ada Marlén.
Imagen de archivo
Foto Alfredo Domínguez

Al privar a los extranjeros de su libertad en las estaciones migratorias se vulneran sus garantías fundamentales, como el debido proceso y el acceso a la justicia, señaló Emilio Chávez, director ejecutivo de esa agrupación civil.

El argumento de cuidar la integridad del Estado no alcanza para justificar las irregularidades que se cometen contra los migrantes, centroamericanos en su mayoría, quienes padecen detenciones sistemáticas y violatorias de las garantías fijadas en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México, agregó.

Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante, con motivo del cual Sin Fronteras dio a conocer el informe con datos sobre la situación que prevalece en las estaciones dependientes del Instituto Nacional de Migración.

El documento se refiere en particular a los centros Siglo XXI, ubicado en Tapachula, Chiapas; y Las Agujas, en Iztapalapa, Distrito Federal, los cuales tienen la mayor capacidad instalada. Pueden recibir a 940 y 450 personas a la vez, respectivamente.

Aunque Chávez reconoció que hubo avances con la modernización de las instalaciones, principalmente en Tapachula, y ahora son menos indignas que antes, prevalecen deficiencias como falta de limpieza y cobertura de necesidades básicas de los migrantes.

Sin Fronteras consideró que más que un interés por mejorar las condiciones de estancia de los extranjeros, el objetivo de las obras es dar una mejor imagen pública de las estaciones migratorias, tratando de ocultar la indignidad inherente a la privación de la libertad de las personas que no son culpables de delito alguno, sino que son penalizadas por el simple hecho de migrar sin cumplir con los requisitos administrativos que establece la ley.

Para Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, la falta de interés de las autoridades por el respeto a las garantías individuales es un signo visible del cambio en la política exterior, en particular con Centroamérica.

Por ejemplo, dijo, en otro momento el presidente depuesto de Honduras Manuel Zelaya se hubiera metido a la embajada de México, no a la de Brasil.

El informe de Sin Fronteras resalta que en una década (1995-2005) el número de personas detenidas aumentó casi 150 por ciento, ya que pasó de 105 mil 902 –en el primer año– a 240 mil 269.

Aumento de la corrupción

En los años posteriores la cifra disminuyó a alrededor de 100 mil –en 2009 van casi 70 mil–, lo cual podría deberse a las variaciones en las condiciones socio-económicas que impulsan a los extranjeros a migrar a México o al aumento de la corrupción de las autoridades nacionales, que en vez de asegurar a los migrantes los dejan ir a cambio de algún beneficio o ceden su control a bandas del crimen organizado.

También podría haber incidido en la baja de migrantes detenidos el aumento en la violencia de la delincuencia organizada contra los extranjeros. El informe recuerda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó 9 mil 758 casos de secuestro en sólo cinco meses (septiembre de 2008 a febrero de 2009).

Además de las condiciones en que se encuentran las personas en las estaciones migratorias, para Sin Fronteras esas detenciones equivalen en la práctica a, por lo menos, las sanciones de prisión, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión o privación de derechos y vigilancia de la autoridad.

Más de 92 por ciento de los migrantes provienen de Guatemala (45 por ciento), Honduras (32.8) y El Salvador (14.6); y 75 por ciento de las detenciones se realizan en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca, afirmó.

Lo anterior se explica, apunta el informe, por el interés de México de detener a los centroamericanos lo más cerca posible de la frontera sur, con el fin de disminuir los costos de su expulsión

Una ciudadanía transterritorial

Miguel Concha

Ayer se conmemoró el Día Internacional de las y los Migrantes y sus Familias, y hace un mes las organizaciones civiles Enlace, Comunicación y Capacitación y Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) presentaron el original trabajo Sur, inicio de un camino. Ocasión propicia para referirnos ahora a él.

En la investigación se expone la compleja realidad de la frontera sur de México, como punto crucial y estratégico en el que convergen todas las condiciones migratorias: origen, retorno, tránsito y destino de mujeres, hombres, niñas y niños migrantes. A partir de las voces de los propios migrantes, el libro muestra un sinnúmero de historias de vida, que nos deja ver el amplio abanico de violaciones a los derechos humanos, a las que se enfrentan las y los migrantes en nuestra frontera sur. Una realidad, por cierto, sumamente dolorosa e injusta.

Más allá de ser un informe puramente académico, se trata de un instrumento de denuncia, en el que se toman en cuenta los diversos contextos que se desarrollan al unísono en ese mismo espacio geográfico, en el que se exacerban diversos intereses políticos y económicos. Para ello las autoras, Dafne Isis Cruz Monroy y Ana Elena Barrios Juárez Badillo, analizan el tema desde la perspectiva de la migración forzada por los efectos de la política neoliberal implementada en los países mesoamericanos, y es desde esa óptica como exponen las situaciones más complejas de las distintas realidades migratorias que convergen en esa frontera.

La crisis generalizada del campo y las crisis financieras recurrentes de las economías centroamericanas y mexicana, han ocasionado un incremento importante en la migración irregular, temporal y permanente a Estados Unidos, con el propósito de laborar en los mercados secundarios de trabajo en la industria y los servicios. Así las cosas, la migración se convirtió en nuestros países en una de las más importantes estrategias de disminución de la población campesina, y en algunas regiones la más importante. A pesar de la crisis y la política de contención de los flujos migratorios, las economías nacionales y regionales no pueden entenderse sin las remesas como una de sus primeras fuentes de ingreso.

En el caso nuestro, la frontera sur de México corresponde principalmente al estado de Chiapas, que en los recientes diez años se ha convertido en una entidad expulsora, cuya economía depende cada vez más de las remesas de los aproximadamente 330 mil chiapanecos que trabajan en Estados Unidos, y a los que cada año se suman otros 50 mil. En este contexto, la política social diseñada e implementada en las comunidades campesinas e indígenas posee un corte marcadamente asistencialista, que ha orillado a la población a buscar fuera de sus lugares de origen una mejor calidad de vida.

México es, además, uno de los países más importantes de tránsito de migrantes en el mundo. Son varios los puntos de cruce utilizados por las y los centroamericanos en la frontera sur, para entrar a territorio mexicano y caminar aproximadamente 10 días para llegar a Arriaga, donde abordan el tren de carga Chiapas-Mayab. Alrededor de 300 migrantes lo hacen cada tercer día, y sólo aproximadamente 10 por ciento llega a su destino. El resto es detenido, asaltado o resulta accidentado. Por eso el papel de la frontera sur es, entre otras cosas, servir de muro de contención para las y los transmigrantes centroamericanos. Como lo menciona el libro, la población que transita por nuestro país es víctima de innumerables y graves agresiones, principalmente cometidas por autoridades y grupos de la delincuencia organizada.

La frontera sur de México es también destino histórico de trabajadores y trabajadoras provenientes de las regiones más empobrecidas de Guatemala, que laboran en actividades relacionadas con la producción agrícola, sobre todo en la región del Soconusco. Se calcula que al año trabajan allí más de 150 mil jornaleros. Sus derechos laborales son ignorados, y es creciente la participación de mujeres y menores en condiciones todavía más injustas. La situación legal y el contrato laboral que se les otorga es de modo verbal, y los abusos contra ellos y sus familias son frecuentes. Los más comunes son el despido injustificado, la retención de salarios y documentos, sin mencionar las largas jornadas laborales, el maltrato y la discriminación racial, así como las condiciones inhumanas de vivienda, alimentación y salud en los lugares de trabajo. Son centroamericanas 98 por ciento de las mujeres que trabajan de meseras o en el servicio sexual en la frontera sur. Sus garantías fundamentales no existen, y su condición humana es reducida a la de meras mercancías. La explotación sexual, como forma más frecuente de trata de personas, es una de las realidades más lacerantes en esa frontera.

Luego de mostrar los diferentes momentos en los que los migrantes son objeto de abuso e incumplimiento de sus derechos, el libro nos plantea una noción que se contrapone y esboza un panorama reivindicativo distinto de la condición migratoria: las y los migrantes como sujetos de derecho, actores que emergen como protagonistas de su propia ciudadanía, una ciudadanía transterritorial. Sin embargo, este panorama es nuestro reto. Es una condición para la que tenemos que trabajar, uniendo esfuerzos desde nuestros distintos espacios. El documento se encuentra en su versión electrónica en el sitio de ALOP, en la siguiente liga: www.alop.or.cr/novedades/verDatosItem.phtml?pos=0

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