Casi 5.000 niños en Pensilvania fueron hallados culpables, y 2.000 de ellos fueron encarcelados por dos jueces corruptos que recibieron sobornos de empresas constructoras y propietarias de cárceles privadas que se beneficiaron de los encarcelamientos. Ambos jueces se declararon culpables, en un sorprendente caso de avaricia y corrupción que apenas comienza a revelarse. Los jueces Mark A. Ciavarella Jr. y Michael T. Conahan recibieron 2,6 millones de dólares en sobornos por enviar a prisión a niños que, en la mayoría de los casos, no tenían acceso a un abogado. El caso ofrece una mirada extraordinaria a la vergonzosa industria de las cárceles privadas que está floreciendo en Estados Unidos.
Vean por ejemplo la historia de Jamie Quinn. Cuando tenía 14 años de edad, estuvo presa durante casi un año. Jamie, que ahora tiene 18, describió el incidente que causó su encarcelamiento:
“Me puse a discutir con una de mis amigas. Y todo lo que sucedió fue una simple pelea. Ella me dio una bofetada y yo se la devolví. No hubo marcas, ni testigos, nada. Fue solo su palabra contra la mía.”
Jamie fue llevada a una de las dos cárceles polémicas, PA Child Care y luego la pasearon por otros centros carcelarios. Estar en prisión durante 11 meses tuvo un impacto devastador en ella. Me dijo: “La gente me miraba diferente cuando salí, pensaban que era una mala persona, porque había estado en prisión por tanto tiempo. Mi familia comenzó a separarse … porque estaba fuera de casa y me encerraron, y estaba, pensé, ya sabes, que estaba siendo castigada por lo que había hecho, y creo que no debería haber sido así. Aún tengo dificultades en el colegio, porque el sistema escolar en este tipo de centros de detención es espantoso”.
Comenzó a hacerse cortes, y dijo que era resultado de la medicación que le obligaban a tomar: “Nunca estuve deprimida, nunca antes me habían dado medicación. Fui allí, y comenzaron a darme medicación y ni siquiera sabía lo que era. Dijeron que si no la tomaba, no estaba siguiendo mi programa”. Fue hospitalizada tres veces.
Jamie Quinn es tan solo una de miles de niños y niñas que fueron encerrados por los dos jueces corruptos. El Centro de Derecho de Menores (Juvenile Law Center) con sede en Filadelfia, se involucró en el caso cuando Hillary Transue fue enviada a prisión por tres meses por crear un sitio web que parodiaba al subdirector de su escuela. Hillary claramente indicó que la página era una broma. Aparentemente, el subdirector no lo halló divertido y Hillary tuvo que enfrentarse al juez Ciavarella, conocido por su severidad.
Como me dijo Bob Schwartz, del Centro de Derecho de Menores: “Hillary, sin saberlo, había firmado un documento, y su madre había firmado un documento, renunciando a su derecho a un abogado. Esto provocó que la audiencia de 90 segundos que tuvo ante el juez Ciavarella fuera una farsa”. El Centro de Derecho de Menores (JLC, por sus siglas en inglés), descubrió que en la mitad de los casos de menores en el Condado de Luzerne, los acusados habían renunciado a su derecho a un abogado. El Juez Ciavarella desconoció, en reiteradas ocasiones, las recomendaciones de indulgencia tanto de los fiscales como de los oficiales de libertad condicional. La Corte Suprema de Pensilvania oyó el caso de JLC y el FBI comenzó una investigación, que terminó la semana pasada con la firma de ambos jueces, de acuerdos para declararse culpables de evasión fiscal y fraude electrónico.
Está previsto que cumplan una condena de siete años en una cárcel federal. Se presentaron dos demandas colectivas independientes en representación de los niños y niñas encarcelados.
El escándalo involucra a tan solo un condado de Estados Unidos y a una cárcel privada relativamente pequeña. Según The Sentencing Project, “Estados Unidos es el líder mundial en encarcelamientos, actualemente hay 2,1 millones de personas en las prisiones o cárceles del país, lo que representa un aumento del 500% en los últimos treinta años”. El Wall Street Journal informa que “las empresas que gestionan cárceles privadas se están preparando para una ola de nuevos negocios, ya que la recesión económica dificulta cada vez más que los funcionarios del gobierno, tanto a nivel federal como estatal, construyan y administren sus propias cárceles”. Las empresas que gestionan cárceles con fines de lucro como Corrections Corporation of America y GEO Group (anteriormente conocida como Wackenhut) están posicionadas para obtener más ganancias. Aún no está claro qué impacto tendrá la ley de estímulo que se acaba de aprobar en la industria de las cárceles privadas (por ejemplo, la ley dispone 800 millones de dólares para la construcción de cárceles, pero recortó millones de dólares para la construcción de escuelas).
El Congreso aún está evaluando proyectos de ley para mejorar las políticas de la justicia de menores. La legislación propuesta, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, está “construida en base a pruebas claras de que los programas comunitarios pueden ser mucho más exitosos en la prevención de la delincuencia juvenil que las ya desacreditadas políticas de encarcelamiento excesivo”.
Nuestros niños necesitan educación y oportunidades, no encarcelamiento. Dejemos que los niños del Condado de Luzerne, que fueron encarcelados por jueces corruptos para obtener ganancias, nos den una lección. Como dijo la joven Jamie Quinn sobre [el juez corrupto y] los 11 meses que estuvo en prisión, “Me hace cuestionar realmente otras figuras del poder y a la gente a quien supuestamente deberíamos admirar y en quienes deberíamos confiar”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.
© 2009 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
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